Un conversatorio organizado por AmCham Chile convocó a representantes del sector público y privado para analizar los principales avances regulatorios y las señales económicas que están acelerando la transición hacia la descarbonización.

Tres años después de la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, Chile entra en una etapa decisiva. Ya no se trata de declaraciones programáticas, sino de convertir compromisos en presupuestos de emisiones vinculantes, mercados de carbono operativos y financiamiento verde que empieza a transformar decisiones empresariales.

En un conversatorio organizado por AmCham Chile, representantes del sector público y privado coincidieron en un diagnóstico: la descarbonización dejó de ser una meta aspiracional y se ha integrado a la gestión y planificación de las empresas.

El marco que sostiene este proceso involucra a 17 ministerios y a los gobiernos regionales y locales. Carolina Urmeneta, Directora de Economía Circular y Residuos de Global Methane Hub, y Andrés Troncoso, Jefe de Sección Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, explicaron cómo esta arquitectura regulatoria se está ejecutando en terreno.

A la fecha, se han publicado 11 reglamentos, 14 planes sectoriales y 8 planes regionales. Solo el 10% de los 345 planes comunales está disponible, lo que revela el desafío de coordinación. Pero más relevante es que estos instrumentos definen límites de emisión que los sectores deberán cumplir.

El Presupuesto Nacional de Emisiones fija límites de 1.100 MtCO₂eq para 2020-2030 y 480 para 2031-2035. Transporte responde por el 29% del total, Energía por el 26% y Minería por el 16%. Son los sectores con mayor presión de reducción.

Para Energía, la trayectoria es clara. “Al menos el 80% de la energía eléctrica será generada a partir de renovables hacia 2030”, señaló Troncoso. Los avances lo sustentan: entre 2013 y 2024, la intensidad de emisiones del sector cayó 63%, mientras el carbón descendió de 45% a 14% de la matriz y las renovables subieron a 70%.

Desde AmCham Chile se enfatizó que la transición climática ya es un componente estructural de la competitividad. Se destacó el seguimiento legislativo que realiza la Mesa de Normativa Ambiental y el compromiso empresarial con una regulación moderna y predecible.

El primer mercado nacional de carbono, asociado al impuesto verde, opera desde 2023. Con un precio de referencia de US$5 por tonelada, ha movilizado cerca de US$20 millones en proyectos de mitigación, incluidos rellenos sanitarios y centrales renovables. Empresas como Central Kelar, Mina 0 y Eagon Lautaro ya alcanzaron la neutralización total de sus emisiones.

El programa voluntario HuellaChile complementa este ecosistema, con más de 600 organizaciones participantes y más de 1.900 sellos entregados, junto con 162.540 créditos de carbono adquiridos.

En materia internacional, Chile avanza en acuerdos bajo el Artículo 6.2 del Acuerdo de París, incluido un convenio con Suiza para reducir 20 millones de toneladas al 2030. Troncoso recalcó que estos esquemas requieren “contabilidad sólida y robusta” para evitar doble contabilización de reducciones.

El financiamiento también se alinea con la política climática. Según proyecciones del Ministerio de Hacienda, en tres a cuatro años un 50% de la deuda chilena será ESG. Además de los bonos verdes soberanos, destacan los bonos vinculados a sostenibilidad (SLB), cuyo cupón de 5,3% varía según el cumplimiento de la meta NDC de 95 MtCO₂eq al 2030.

La actualización de la NDC 2025 incorpora metas para contaminantes de vida corta: reducción del 20% del carbono negro hacia 2030 y del 10% del metano hacia 2035. Se suman a los objetivos de 95 MtCO₂eq para 2030 y 90 para 2035, consolidando un trayecto de descarbonización gradual.

La combinación de regulación predecible y señales económicas claras está modificando el comportamiento del mercado. Los presupuestos sectoriales se articulan con los instrumentos económicos, creando un entorno donde la descarbonización deja de ser un costo y se convierte en un determinante de competitividad.

Persisten desafíos —especialmente a nivel comunal y en la coordinación interministerial—, pero la arquitectura está instalada, los mecanismos funcionan y el capital verde avanza. Para las empresas, la pregunta ya no es si invertir en descarbonización, sino cómo hacerlo con eficiencia y alineación regulatoria. La Ley Marco dejó de ser un documento: hoy guía decisiones de inversión, modelos operativos y estrategia fiscal.