¿Qué es lo que ganamos nosotros? Esa es la pregunta que las empresas chilenas se están haciendo sobre el convenio para evitar la doble tributación que suscribieron Chile y Estados Unidos en febrero.

También fue la interrogante abordada por funcionarios de Gobierno y expertos tributarios en un seminario que realizó AmCham el 29 de abril. Mediante la explicación de conceptos tales como la retención de impuesto en la fuente e impuestos en el país de residencia además de términos -algunos aún poco familiares en Chile- como establecimiento permanente y crédito back-to-back, quienes participaron en el seminario llegaron a dos conclusiones principales: los potenciales beneficios del acuerdo son enormes, pero sacar el máximo partido de ellos no será algo necesariamente fácil.

Durante los últimos 20 años, Chile ha suscrito convenios para evitar la doble tributación con la mayoría de sus socios comerciales -siendo Japón la significativa excepción- y Estados Unidos era, hasta febrero, una decepcionante laguna. Estados Unidos es, después de todo, uno de los mercados de exportación clave para Chile y su mayor fuente de importaciones además de su más importante inversionista extranjero.

El acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso de ambos países, destacó Ricardo García, presidente de AmCham. “Pero es un significativo avance en los vínculos entre ambos países”.

El Ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, se hizo eco de esa visión. Los convenios para evitar la doble tributación complementarán el tratado del libre comercio que las dos naciones suscribieron en el 2003, destacó, y también entregarán una importante mano de ayuda para las empresas chilenas que invierten o quieren invertir en Estados Unidos.

Es más, según Liselott Kana, jefa del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), Chile hizo un buen negocio. Lo que está en juego en cualquier convenio para evitar la doble tributación es cómo los dos países se reparten el pozo de impuestos a la renta que esperan recibir de sus empresas y ciudadanos, dijo a los asistentes al seminario.

Y, ahí, dos principios contrapuestos entran en juego: el principio de residencia, en virtud del cual a las empresas y los ciudadanos se les cobran impuestos en el país en el que están domiciliados, independientemente de dónde se genere su renta, y el principio de la fuente, según el cual es el país en el que operan y ganan dinero el que les grava.

Con muchas más empresas extranjeras operando en Chile que compañías chilenas operando en el extranjero, el principio de la fuente es obviamente la preferencia de Chile. No obstante,
el país se enfrenta al hecho de que las economías industrializadas del mundo, incluido la de Estados Unidos, tienden a aplicar el modelo de residencia.

Y, al negociar el convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Estados
Unidos, hubo otra complicación: el inusual “sistema integrado” de impuesto a la renta corporativa que tiene Chile. En la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, el impuesto a la retención aplicado a las remesas por ganancias es adicional al impuesto a la renta pagado por la empresa sobre esas utilidades, mientras que en Chile este último -que actualmente se grava a una tasa del 17%, pero que va a subir temporalmente al 20% en el 2011 como parte del plan de reconstrucción tras el terremoto- sirve como crédito contra el impuesto a la retención del 35%.

Uno de los objetivos de Chile en sus negociaciones tributarias con Estados
Unidos –así como en todos los demás convenios para evitar la doble tributación que ha negociado- era no tener que modificar este sistema. Y logró eso, al tiempo que también obtuvo algunas importantes exenciones para los inversionistas chilenos en Estados Unidos y para los usuarios locales de tecnología estadounidense.

Los Principales Logros

Dirigiéndose a los asistentes del seminario, Julio Pereira, director del SII, destacó la reducción en los impuestos que las empresas chilenas pagarán por la repatriación de dividendos desde inversiones en Estados Unidos. En la actualidad, estas están sujetas a un impuesto de retención del 30%, pero una vez que el convenio para evitar la doble tributación entre en vigencia, este caerá al 15% o, si mantienen al menos una participación del 10% en la empresa con sede en Estados Unidos, a un magro 5%.

Los dos aranceles distintos están diseñados para distinguir entre inversión financiera -o una posición pasiva muy pequeña en una empresa estadounidense existente- e inversión extranjera directa (IED) en virtud de la cual una compañía chilena establece su propia filial en Estados Unidos. Este es un importante logro, destacó Roberto Carlos Rivas, socio de la oficina chilena de PricewaterhouseCoopers, porque significará la eliminación o, al menos, una reducción de la doble tributación a la que están expuestos actualmente.

Pero, en el caso de los dividendos, ese no es el único logro. En virtud del convenio para evitar la doble tributación, las administradoras de fondos de pensión (AFP) de Chile estarán totalmente exentas del impuesto estadounidense a la retención aplicado a los dividendos los que eran un costo neto, debido a que están libres de impuestos en Chile y por tanto no pueden usar impuestos pagados en Estados Unidos como crédito en Chile.

En un beneficio a más largo plazo para el desarrollo económico de Chile, el convenio para evitar la doble tributación también promete impulsar la transferencia tecnológica. En la actualidad, una empresa chilena que paga regalías a Estados Unidos está sujeta a un impuesto de retención del 30% mientras que, en virtud del acuerdo, este porcentaje se reducirá al 10% o a un 2% en el caso del arriendo de equipo científico o industrial, a menudo una forma indirecta de transferencia tecnológica.

Luego, están los logros para las personas que, como destacó Ricardo García, han atraído menos atención que aquellos para las empresas. “Pero son igual de importantes”, indicó, “porque afectan la movilidad del talento”.

A medida que la gente se traslada de un país a otro por motivos de trabajo, fácilmente se pueden ver aprisionados en una trampa de doble tributación, enfatizó Felipe Yáñez de Allende Bascuñán y Cía., firma de abogados con sede en Santiago. Ello es particularmente un problema para los ciudadanos estadounidenses que trabajan en el extranjero, señaló en el seminario, porque -a diferencia de la mayoría de los demás países- Estados Unidos aplica impuestos a sus ciudadanos no residentes.

El convenio para evitar la doble tributación resuelve este problema estableciendo una regla de desempate para determinar dónde son considerados residentes para fines impositivos. Tanto en el caso de empleados a contrata como de profesionales independientes, esto dependerá ampliamente de cuántos días del año pasen en cada país y, para los empleados de nómina, de si su empleador tiene un denominado “establecimiento permanente” en el país en el que no está domiciliado.

Por supuesto, el convenio para evitar la doble tributación también incluye una serie de salvaguardas en una apuesta por evitar la triangulación de sus beneficios o “treaty shopping”. Hugo Hurtado de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, firma de abogados de Santiago, explicó que estos definen criterios según los cuales se puede acceder a los beneficios del convenio tales como el hecho de que, por ejemplo, un fondo de pensiones debe tener más del 50% de sus contribuyentes en uno de los países firmantes a fin de beneficiarse del convenio para evitar la doble tributación.

Más que Recaudación de Impuestos

No obstante, los convenios para evitar la doble tributación no tienen que ver sólo con cómo repartirse los ingresos por impuestos entre países. Hoy en día, son cada vez más un vehículo a través del cual las autoridades de impuesto buscan compartir información.

Esto adquirió nueva importancia, en particular para Estados
Unidos, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Fue también una de las razones por las que el convenio para evitar la doble tributación de Chile y Estados Unidos sólo se selló después de que Chile, como condición para su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), otorgó al SII nuevas facultades para acceder a información sobre transacciones a través de cuentas bancarias y compartirla con las autoridades tributarias de otros países.

Este aspecto del convenio para evitar la doble tributación de Chile y Estados Unidos inevitablemente generó algunas preocupaciones de parte de los contribuyentes chilenos. A juicio de Eduardo Lagos de Vincent & Asociados, su firma de abogados con sede en Santiago ha recibido muchas consultas de clientes sobre estas nuevas facultades y sobre con quién exactamente el SII puede compartir información.

Sin embargo, el mensaje de Julio Pereira, Lagos fue tranquilizador. Las nuevas facultades del SII y el convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Estados Unidos no significan que la entidad podrá “ir de cacería” y los contribuyentes tienen derecho a que se les avise que se ha solicitado información sobre su situación tributaria, indicó.

Pero los acuerdos para compartir información -formalizados en Tratados de Intercambio de Información Tributaria- aumentarán, advirtió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en parte con el fin de evitar el financiamiento del terrorismo, pero también para un propósito menos dramático como es el resguardarse contra la evasión tributaria. “Para evitar un mal uso de los convenios para evitar la doble tributación, es importante la celebración de tratados de intercambio de información para que efectivamente se utilicen bien los convenios para evitar la doble tributación”, insistió.

Más allá de los términos de intercambio de información de su convenio para evitar la doble tributación, Chile no tiene -en la actualidad- ningún acuerdo de intercambio de información tributaria, pero eso podría cambiar. El ministro Larraín anunció que la negociación de estos acuerdos será una prioridad para el nuevo Gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, quien asumió el mando de la nación el 11 de marzo.

“Porque los acontecimientos de los últimos años, y esto es un tema importante, revelan que hay grandes sumas de dinero en paraísos tributarios y estamos analizando iniciar negociaciones para la suscripción de tratados de intercambio de información, por ejemplo con (…) Bermuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Jersey, Lichtenstein y Panamá”, señaló el funcionario de Gobierno en el seminario de AmCham.

Sin embargo, el paso más inmediato, será que Chile ratifique su largamente esperado convenio para evitar la doble tributación con Estados Unidos, y mientras antes mejor, según el ex senador Guillermo Vásquez. “Esa es la mejor manera en que podemos presionar al Congreso de Estados Unidos para que siga el ejemplo”, dijo en el seminario.

Después de todo, eso daría a Chile acceso a incentivos tributarios con un socio clave a nivel comercial y de inversión. Y además el estatus de convenio para evitar la doble tributación con un país que es, según Liselott Kana, uno de los más “quisquilloso” en términos de los socios que elige para tener tratados tributarios.

Ruth Bradley es corresponsal en Santiago de The Economist.

What’s in it for us? That is the question Chilean businesses are asking about the double taxation avoidance agreement (DTAA) signed by Chile and the United States in February.

It was also the question addressed by government officials and tax experts at an AmCham seminar on April 29. Explaining concepts such as source taxation and residence taxation as well as terms - some still unfamiliar in Chile - like permanent establishment and back-to-back lending, the seminar’s participants reached two main conclusions: the potential benefits of the agreement are enormous, but making the most of them won’t necessarily be easy.

Over the past 20 years, Chile has signed DTAAs with most of its main trading partners - with the significant exception of Japan - and the United States was, until February, a disappointing gap. The U.S. is, after all, one of Chile’s key export markets and its largest source of imports as well as its most important foreign investor.

The agreement still has to be ratified by Congress in both countries, noted Ricardo García, president of AmCham. “But it is a significant step forward in ties between the two countries.”

That view was echoed by Finance Minister Felipe Larraín. The DTAA will complement the free trade agreement that the two countries signed in 2003, he pointed out, and will also give an important helping hand to Chilean companies investing, or wanting to invest, in the United States.

Moreover, according to Liselott Kana, head of international taxation at Chile’s National Tax Service (SII), Chile got a good deal. What’s at stake in any DTAA is how the two countries divide up the pool of tax revenues they can expect to receive from their businesses and citizens, she told the seminar.

And, there, two conflicting principles come into play - the residence principle, under which businesses and individuals are taxed in the country in which they are domiciled, independently of where their income is generated, and the source principle, under which it is the country where they operate and earn their money that gets to tax them.

With far more foreign companies operating in Chile than Chilean companies operating abroad, the source principle is obviously Chile’s preference. It is, however, up against the fact that the world’s industrialized economies, including the United States, tend to apply the residence model.

And, in negotiating the Chile-U.S. DTAA, there was another complication in the form of Chile’s unusual ‘integrated system’ of corporate income tax. In most countries, including the United States, withholding tax on profit remittances is additional to that on income tax whereas, in Chile, the latter - currently charged at a rate of 17% but due to increase temporarily to 20% in 2011 as part of an earthquake reconstruction plan - serves as a credit against a 35% withholding tax.

One of Chile’s aims in its tax talks with the United States - as in all the other DTAAs it has negotiated - was not to have to alter this system. And it achieved that, while also obtaining some important breaks for Chilean investors in the U.S. and for local users of U.S. technology.

The main gains

Addressing the seminar, Julio Pereira, director of the SII, highlighted the reduction in taxes Chilean companies will pay on repatriation of dividends from investments in the United States. At present, they are liable to a 30% withholding tax but, once the DTAA comes into force, this will drop to 15% or, if they hold at least a 10% stake in the U.S.-based company, to a mere 5%.

The two different rates are designed to distinguish between financial investment - or a very small, passive position in an existing U.S. company - and foreign direct investment (FDI) under which a Chilean company sets up its own subsidiary in the United States. This is an important gain, pointed out Roberto Carlos Rivas, a partner at the Chilean office of PricewaterhouseCoopers, because it will mean the elimination or, at least, reduction of the double taxation to which they are currently exposed.

But, in the case of dividends, that is not the only gain. Under the DTAA, Chile’s private pension funds (AFPs) will be totally exempt from U.S. withholding tax on dividends which, because they are tax-free in Chile and cannot, therefore, use taxes paid in the U.S. as a credit in Chile, was a net cost.

In a longer-term benefit for Chile’s economic development, the DTAA also promises to boost technology transfer. At present, a Chilean company paying royalties to the U.S. is subject to a withholding tax of 30% whereas, under the agreement, this will drop to 10% or, in the case of the leasing of industrial or scientific equipment - often an indirect form of technology transfer - to 2%.

Then, there are the gains for individuals which, as Ricardo García noted, have attracted less attention than those for businesses. “But they’re just as important,” he said, “because they affect the mobility of talent.”

As people move from one country to another for work reasons, they can easily become caught in a double-taxation trap, pointed out Felipe Yáñez of Allende Bascuñán y Cía, a Santiago law firm. That is particularly a problem for U.S. citizens working overseas, he told the seminar, because, unlike most other countries, the U.S. taxes its non-resident citizens.

The DTAA resolves this problem by establishing a “tie-break” rule to determine where they are considered resident for tax purposes. In the case of both company employees and independent professionals, this will depend largely on how many days of the year they spend in each country and, for payroll employees, on whether their employer has a so-called “permanent establishment” in the country in which it is not domiciled.

Of course, the DTAA also includes a number of safeguards in a bid to prevent triangulation of its benefits or ‘treaty shopping’. Explained by Hugo Hurtado of Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, a Santiago law firm, these define eligibility criteria such as the fact that, for example, a pension fund must, in order to benefit from the DTAA, have more than 50% of its contributors in one of the signatory countries.

More than tax collection

DTAAs are, however, not only about how to divide up tax revenues between countries. Nowadays, they are increasingly a vehicle through which tax authorities seek to share information.

This acquired new importance, particularly for the United States, after the 9/11 terrorist attacks in New York and Washington. It was also one of the reasons why the Chile-U.S. DTAA was only sealed after Chile, as a condition for its accession to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), gave the SII new powers to access information about transactions through bank accounts and share it with other countries’ tax authorities.

This aspect of the Chile-U.S. DTAA has inevitably raised some concerns on the part of Chilean taxpayers. According to Eduardo Lagos of Vincent & Asociados, his Santiago-based law firm has received many queries from clients about these new powers and with exactly whom the SII can share information.

Like Julio Pereira, he was, however, reassuring. The SII’s new powers and the Chile-U.S. DTAA don’t mean that it will be able to go on “fishing trips,” he said, and taxpayers are entitled to be told that information about their tax situation has been requested.

But information-sharing arrangements, formalized as Tax Information Exchange Agreements (TIEAs), will increase, warned Finance Minister Felipe Larraín, partly in order to prevent the financing of terrorism but also for the less dramatic purpose of guarding against tax evasion. “TIEAs are essential to prevent misuse of DTAAs,” he insisted.

Beyond the information-sharing terms of its DTAAs, Chile does not, at present, have any TIEAs, but that could change. Their negotiation will be a priority for the new government, headed by President Sebastián Piñera, which took office on March 11, announced Minister Larraín.

“Given the events of recent years and the large sums held in tax havens, we will analyze the possibility of TIEA talks with these countries,” he told the AmCham seminar. The candidates, he said, include Bermuda, the Cayman Islands, the Virgin Islands, Jersey, Lichtenstein and Panama.

The most immediate step, however, will be for Chile to ratify its long-awaited DTAA with the United States, and the sooner the better, according to former senator, Guillermo Vásquez. “That’s the best way we can pressure the U.S. Congress to follow suit,” he told the seminar.

That would, after all, give Chile access to tax breaks with a key trading and investment partner. And also the status of a DTAA with a country that is, according to Liselott Kana, one of the most “picky” in terms of its tax treaty partners.

Ruth Bradley is the Santiago correspondent of The Economist.