En el seminario “Seguridad Pública en Chile: Perspectivas sobre el Contexto País”, organizado por la Mesa de Seguridad Pública de la Cámara, se analizaron los cambios en la morfología delictual, el impacto social y económico de la inseguridad, y las reformas institucionales necesarias para enfrentar la nueva criminalidad.

La criminalidad en Chile ya no es la de hace una década. Así lo dejaron en claro Pía Greene, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, y Ronald von der Weth, coordinador legislativo del Senado y miembro de la Unidad Consultiva para las Reformas de Seguridad del Gobierno, durante el seminario "Seguridad Pública en Chile: Perspectivas sobre el Contexto País", organizado por la Mesa de Seguridad Pública de AmCham Chile.

Ambos expertos coincidieron en que Chile enfrenta hoy una nueva morfología delictual, caracterizada por un aumento sostenido de la violencia y la consolidación del crimen organizado. Aunque Greene fue enfática en que el país aún no está al borde del abismo como otras naciones de la región, Von der Weth advirtió que Chile ofrece un ecosistema perfecto para el desarrollo de organizaciones criminales: un país desorganizado, con alta burocracia, baja interoperabilidad institucional y escasa articulación.

La evolución del delito ha sido profunda. Los homicidios han crecido de forma acelerada desde 2012, y su naturaleza ha cambiado. Si antes se trataba de crímenes entre conocidos y con arma blanca, hoy predominan los asesinatos en la vía pública, entre desconocidos y con armas de fuego. A esto se suman delitos antes marginales como el secuestro y la extorsión, que han aumentado más de un 1000% en el último tiempo. “Nos vamos acercando a otros países”, señaló Greene, aludiendo a la transformación del crimen en el país.

Uno de los aspectos más alarmantes es la expansión del crimen organizado. Chile ha descendido 28 puestos en el Índice Global de Crimen Organizado y, según datos presentados, un 80% de los encuestados percibe que su presencia ha aumentado. "Y finalmente... más influyente. Y esto es el tema de la corrupción", subrayó Greene, destacando que la corrupción es la puerta de entrada para estas organizaciones, que afectan a instituciones públicas y privadas.

Von der Weth complementó este análisis apuntando a la falta de interoperabilidad del Estado: “El Estado no interopera, y eso nos genera un problema". A modo de analogía, comparó la falta de preparación frente al crimen organizado con lo ocurrido en el tsunami de 2010: señales de advertencia ignoradas y ausencia de coordinación institucional. “Si no gestionamos esto hoy día... nos vamos a terminar convirtiendo en un país con las realidades que no deseamos”, advirtió.

Los impactos de esta nueva criminalidad se extienden más allá de las cifras policiales. En el ámbito social, nueve de cada diez personas declara sentir miedo, y más del 50% estaría dispuesto a renunciar a parte de sus libertades a cambio de mayor seguridad. Este fenómeno erosiona la cohesión social, socava la confianza en las instituciones y debilita la democracia. “Cuando empezamos a desconfiar de nuestras instituciones, empieza a caer la democracia”, alertó Greene.

En el plano económico, el costo de la criminalidad es creciente. Las empresas deben redestinar recursos a medidas de seguridad, se frena la inversión y cae la productividad. "Eso también podría generar un mayor crecimiento si efectivamente nos tomamos esta tarea en serio", añadió Von der Weth, refiriéndose a la necesidad de abordar la seguridad como un eje transversal de la política pública.

Ambos expositores coincidieron en que el abordaje actual, centrado en la "última milla" del delito, es insuficiente. “Lo que ha hecho el Estado en el último tiempo es que ha combatido... los delitos de lo que se le llama la 'última milla'", criticó Greene, llamando a enfocarse en las estructuras logísticas y financieras que sostienen al crimen organizado. En este sentido, destacaron la persecución económica como una herramienta central.

El fortalecimiento de la inteligencia es otro eje clave. Pese a que existe capacidad técnica en las policías y Fuerzas Armadas, se carece de un sistema integrado que permita alertas tempranas. Von der Weth fue crítico con la propuesta legislativa en curso, advirtiendo sobre su excesiva burocracia y fallas técnicas.

Como respuesta, presentó dos iniciativas: el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, para una gestión eficiente de emergencias ciudadanas, y el CICPOL, un centro de coordinación policial macrozonal con liderazgo rotativo entre Carabineros y PDI. Además, enumeró una serie de proyectos legislativos urgentes en inteligencia, gestión de datos y protección de infraestructura crítica.

Finalmente, se abordó la necesidad de adoptar medidas complementarias, como mejorar la interoperabilidad digital, concientizar a los consumidores sobre la cadena logística del crimen, fomentar la formalización laboral y reforzar la cooperación internacional. “No podemos seguir abordando la criminalidad como lo hacíamos antes. Punto”, concluyó Greene, resumiendo el llamado transversal a una política de seguridad pública moderna, sistémica y basada en evidencia.