En un nuevo encuentro del ciclo de asesores presidenciales, el diputado Raúl Leiva presentó las bases del programa de seguridad de la candidata del oficialismo. El diagnóstico advierte el avance del crimen organizado y propone un enfoque integral sustentado coordinación institucional y colaboración público-privada.

El deterioro de la seguridad pública dejó de ser un problema sectorial para convertirse en un desafío transversal que afecta la competitividad, la inversión y la cohesión social. Bajo esa premisa, AmCham Chile realizó una nueva sesión del ciclo de conversatorios con asesores de los candidatos presidenciales, enfocada en las principales propuestas en materia de seguridad. La exposición estuvo a cargo del diputado Raúl Leiva, asesor en seguridad pública de la candidata Jeannette Jara, y fue moderada por Felipe Ramírez, Director de AmCham Chile y Country Manager Chile de Amazon Web Services.

La instancia forma parte del compromiso de la Cámara con un diálogo informado y constructivo sobre políticas públicasque inciden directamente en la estabilidad del entorno empresarial. En representación de AmCham Chile, Felipe Ramírezsubrayó la importancia de abordar la seguridad desde una mirada integral: “La violencia y el crimen organizado son hoy una amenaza directa a la competitividad del país. Afectan la confianza, elevan los costos operacionales y limitan la inversión y la generación de empleo.”

Durante su presentación, el diputado Leiva expuso un panorama preocupante. Según el Índice Paz Ciudadana 2025, un 30,5% de los chilenos declara un alto temor al delito y más de un tercio de los hogares ha tenido a alguno de sus miembros víctima de robo o intento de robo. Seis de cada diez personas creen probable ser atacadas en los próximos doce meses, una percepción coherente con el aumento sostenido de delitos graves. Entre 2016 y 2024, las extorsiones crecieron más de 780%, los secuestros 92% y los homicidios 42,8%, de acuerdo con cifras del Ministerio Público y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Este deterioro ha cambiado la vida cotidiana. La mayoría de los ciudadanos evita usar objetos de valor en público o salir a ciertas horas. La inseguridad ya no solo se refleja en cifras, sino también en hábitos y decisiones que transforman la forma en que las personas se relacionan con el espacio público. Frente a este escenario, la propuesta de Jara busca establecer un modelo de gestión basado en evidencia, capaz de medir resultados y sostener políticas de largo plazo.

El enfoque, explicó Leiva, descansa sobre una visión sistémica de la seguridad: una red de actores públicos, privados y comunitarios que deben coordinarse para prevenir, controlar y perseguir el delito. En este marco, la colaboración público-privada adquiere un papel central. “El combate al crimen organizado requiere coordinación, información compartida y una mirada territorial”, señaló el asesor, destacando la necesidad de generar sinergias que fortalezcan la capacidad del Estado y el entorno de negocios.

La propuesta contempla consolidar una institucionalidad moderna y coherente, capaz de actuar sobre todo el ciclo delictual: desde la prevención temprana hasta la reinserción social. En 2025 entró en funcionamiento el nuevo Ministerio de Seguridad, encargado de coordinar la política nacional y evaluar resultados. En abril de 2026 se implementará la Fiscalía Supraterritorial, que concentrará la persecución de delitos complejos con alcance nacional. A esto se suma un proyecto para crear un Sistema Integrado de Atención de Emergencias, que homologue los niveles de respuesta en todo el país y permita medir el desempeño operativo.

Un segundo eje se vincula con la transparencia y la trazabilidad financiera como herramientas para desarticular las estructuras del crimen organizado. La creación de un Registro Único de Beneficiarios Finales para cargos críticos del Estado, la incorporación del sistema carcelario 41 BIS y el alzamiento administrativo del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero buscan desmantelar las redes económicas que sustentan a las organizaciones criminales. Son medidas que, además de fortalecer la probidad pública, refuerzan la confianza institucional y el principio de rendición de cuentas.

El encuentro concluyó con un consenso transversal: la seguridad es una tarea colectiva. AmCham Chile continuará promoviendo espacios de diálogo que integren la agenda de seguridad con la de desarrollo económico, impulsando políticas que fortalezcan la institucionalidad y la confianza como bases del crecimiento sostenible del país.