Discusiones apasionadas despierta
el proceso de reforma
al sistema previsional que ya
está en marcha. Imposible
esperar algo distinto de un
tema tan sensible e importante como las
pensiones. La tendencia es creciente en el
mundo y Chile no escapa a ella. La revisión
de los sistemas de pensiones es una de
las tareas que diversos gobiernos están
llevando a cabo desde hace varios años.
En Chile, el nuevo examen al sistema
llegó de la mano del Gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet el 11 de marzo
pasado. El tema era parte de sus compromisos
de campaña. Es más, el proyecto
de creación de una Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) estatal y la
creación de una comisión de 25 expertos
locales e internacionales para estudiar el
desempeño del sistema fueron incluidos
dentro de los 50 compromisos que el
Gobierno se propuso cumplir durante
sus primeros 100 días.
Cuando se lanzó en 1981 para sustituir
a un sistema de reparto estatal en
quiebra, el sistema de AFP de Chile fue
pionero en su rubro y se ha transformado
en una exportación no tradicional. Más de
30 países han implementado uno similar
y la experiencia chilena ha sido objeto
de estudios en diversas universidades
extranjeras.
Lo que el modelo de AFP hizo, en
la práctica, fue la introducción de las
pensiones de prepago. En lugar de ser
financiadas con los ingresos tributarios
del año en curso, las pensiones podrían en
el futuro ser pagadas con los ahorros que
las personas habían acumulado durante
su vida laboral, gestionados e invertidos
en su nombre por la AFP de su elección.
Ello tenía un número de ventajas
importantes. No sólo aumentó la sostenibilidad
de las pensiones, si no que como
los ahorros administrados por las AFP
aumentaron gradualmente, se impulsó el
desarrollo del mercado de capitales y, de
esta forma, se contribuyó al crecimiento
económico. De hecho, un estudio realizado
por los economistas Vittorio Corbo y Klaus
Schmidt-Hebbel, concluyó que 20% del
crecimiento del PIB entre 1982-2001 y un
5% del nivel del PIB en 2001, se debió al
sistema de pensiones.
Pero, tres décadas después de su lanzamiento,
el sistema se está enfrentando
a una prueba diferente: el monto de las
pensiones que está pagando es cada vez
a un mayor número de personas. Y es
por ahí donde ha sido objeto de críticas.
Como dice el diputado de la Democracia
Cristiana, Patricio Vallespín, integrante
de la Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados, “mucha gente siente que
cuando jubila se empobrece”.
Expectativas y resultados
Éste es, parcialmente, un problema
de expectativas. Cuando fue creado, el
sistema prometió una tasa de reemplazo
-la pensión que recibe una persona como porcentaje de sus últimas rentas- de un
70%. Y, aunque las cifras varían dependiendo
de la fuente, eso parece no estar
ocurriendo.
De acuerdo a Pensions at a Glance
2013, un informe elaborado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la tasa de reemplazo
para una persona de ingreso medio en
Chile es 54,1% en el caso de los hombres
(y solamente 44,1% para las mujeres),
comparado con el promedio de la OCDE
de 65,8% para los hombres y 65% para
las mujeres. Pero, según el informe, Chile
supera a países como Estados Unidos
(47,3%), Reino Unido (41,8%) y México
(31,5%).
Y no es que se mintió cuando se creó
el sistema. El problema es doble: hay
cosas que han cambiado en 30 años y
algunos de los supuestos en que se basó
la promesa de 70% no se han cumplido.
Primero, está la expectativa de vida.
En la medida que Chile ha progresado en
su desarrollo, la expectativa de vida de su
población ha aumentado y ahora alcanza
alrededor de 78,5 años comparado con
los 70,7 años de principios de la década
de los 80. O sea, los mismos ahorros se
tienen que estirar casi diez años más.
Con el desarrollo, los salarios también
han aumentado -sólo en los últimos cuatro
años, ha habido un incremento real de
12%-. Eso ha elevado las expectativas de
los jubilados en relación a sus pensiones
-después de todo, ellos quieren mantener
su nivel de vida-, pero por desgracia, una
pensión se determina fundamentalmente
por los aportes en la primera etapa de la
vida laboral de una persona, cuando sus
ingresos fueron menores, al igual que lo
que estaba pagando en su AFP.
También se supuso que las personas
contribuirían a su AFP constantemente
durante una vida laboral de 40 años. Y,
por diversas razones, no ha sido así.
De acuerdo a un estudio de la Subsecretaría
de Previsión Social en 2012,
los hombres habían aportado al sistema
de pensiones en promedio durante 21,8
años y las mujeres solamente 15,4 años.
Eso refleja factores que incluyen períodos
de desempleo o trabajos independientes
-sólo recientemente se ha obligado a cotizar
a los trabajadores independientes- y,
en el caso de las mujeres, ausencias del
mercado laboral por maternidad u otras
razones familiares.
Donde el sistema no ha defraudado
es en el retorno que ha logrado para los
ahorros de sus afiliados. Inicialmente,
se calculó un retorno promedio de 4%
anual, pero desde 1981, ha promediado
alrededor de 8%, lo que de acuerdo a
Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de
la Asociación de AFP, lo sitúa entre los
tres sistemas de pensiones más rentables
del mundo. Hoy, dice, de cada $10 que
recibe un trabajador que se pensiona,
$7, corresponden a rentabilidad y $3, a
aporte de capital.
Y las comisiones que cobra la industria
-que incluye el costo de un seguro de invalidez
y sobrevivencia que las AFP compran
en nombre de sus afiliados- han bajado significativamente desde la introducción
en 2009 de un sistema de subasta para la
administración de los ahorros de nuevos
contribuyentes que entrarán al mercado
durante los siguientes dos años. A partir
de agosto, después de la tercera subasta,
varían de 1,54% a 0,47% del monto
aportado, comparado con 2,36% a 1,36%
antes de la primera subasta.
Las posiciones
Las visiones expuestas ante la Comisión
Asesora Presidencial, encabezada por el
economista de la Universidad Católica, David
Bravo, han sido diversas y han incluido a
las AFP, académicos, centros de estudios
y gremios. Algunos han sugerido volver al
antiguo sistema de reparto. Esa es, por
ejemplo, la postura de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), que aboga por un
nuevo modelo de reparto solidario y una
tasa de reemplazo garantizada de 70%.
Sin embargo, más allá de las diferentes
propuestas, hay bastante consenso en
cuanto a que es necesario que el sistema
de pensiones actualice los parámetros con
los cuales fue creado para alinearlos con
la realidad actual. Para el diputado de
Renovación Nacional, Cristián Monckeberg,
miembro de la Comisión de Trabajo
de la Cámara, una de las fortalezas del
sistema chileno es que los afiliados son
dueños de su jubilación y las pensiones no
dependen de decisiones del Estado; pero
el parlamentario sostiene que el sistema
se puede mejorar.
Un tema que ha emergido claramente
en la comisión es el monto que, por ley,
los afiliados tienen que depositar en su
cuenta de ahorro cada mes, actualmente
fijado en 10% de sus ingresos hasta un
tope de aproximadamente $1,7 millones.
Este porcentaje está entre los más bajos
en la OCDE y parece haber consenso en
que debería subir.
El economista de la Universidad
Católica y director de AFP Habitat, Klaus
Schmidt-Hebbel, por ejemplo, propuso un
aumento gradual a través de tres años a
13%, incluyendo un aporte del empleador.
El hecho que las comisiones que cobran
las AFP han bajado en los últimos años
ha creado espacio para un aumento, dijo,
aunque reconoció que podría tener un
pequeño impacto negativo en el empleo
formal.
Eso está en línea con las conclusiones
de la OCDE en su informe, Pensions at a
Glance 2013. Éste determinó que para
lograr la tasa de reemplazo promedio de los
países que la integran, Chile tendría que
aumentar las cotizaciones en 3,3 puntos
porcentuales si la gente aporta constantemente
por 40 años, y en 4,6 puntos si tiene
una “laguna” de 10 años y, en 7 puntos si
tiene una “laguna” de 20 años.
Otro tema que ha acaparado la
atención es la edad de jubilación. La ex
Superintendenta de Pensiones, Solange
Berstein, propuso aumentar gradualmente
la edad de jubilación de las mujeres
a 65 años, desde los actuales 60 años,
mientras Schmidt-Hebbel fue más allá y
recomendó un aumento a 67 años, tanto
para hombres -actualmente en 65 añoscomo
mujeres.
Sin embargo, el impacto de tal medida
es menos claro, ya que aparte de las políticas
internas que puedan tener empresas
e instituciones, la jubilación a la edad
legal no es obligatoria y, en la práctica,
muchos chilenos siguen trabajando. De
hecho, de acuerdo a la OCDE, los hombres
dejan de trabajar en promedio a los
69,4 años y las mujeres a los 70,4 años
(lo que representa la mayor diferencia
con respecto a la edad legal en la OCDE,
después de una diferencia de 11,1 años
para los hombres en Corea del Sur).
La Comisión Asesora presidencial tiene
hasta octubre próximo para presentar su
diagnóstico y hasta enero de 2015 para
entregar a la presidenta sus recomendaciones,
y puede también sugerir otros
ajustes a los parámetros del sistema.
Sin embargo, cualesquiera que sean
sus conclusiones -no serán vinculantes para el Gobierno- es evidente que, a medida
que la población envejece, las pensiones
pagadas por las AFP de Chile serán un
tema social y político cada vez más prominente
que -a través de la capacidad de
gasto de un cada vez mayor número de
pensionados- también tendrá importantes
implicaciones económicas.
AFP estatal:
las dudas
El 16 de junio pasado, la presidenta
Bachelet firmó el proyecto de ley que
crea una AFP estatal y que deberá ser
discutido en una primera instancia en
la Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados. La mandataria señaló
en ese momento que la iniciativa busca dar mayor competencia al sector. “Las
AFP tendrán que esforzarse en reducir
sus costos de administración, mejorar
la calidad de servicio y aumentar los
beneficios para sus afiliados”, sostuvo
la mandataria y argumentó que la AFP
estatal se haría cargo de las personas
que hoy no son prioritarias para las
administradoras: trabajadores independientes,
las de menores rentas y
quienes viven y trabajan en sectores
alejados de las grandes urbes.
Sin embargo, no son pocos los que han
criticado el proyecto. Quienes están
en contra de las administradoras de
fondos de pensiones en general, señalan
que la creación de la AFP estatal
valida y eterniza el sistema. Desde la
otra vereda, sostienen que no solucionará
el tema de fondo: el monto de
las pensiones. Klaus Schmidt-Hebbel
ha señalado que la única forma que
la AFP estatal ofrezca mayores tasas
de rentabilidad y mejores servicios
que los de la competencia privada, es
recibiendo subsidios del Estado, lo que
desplazaría la competencia privada.
En tanto, el diputado de Renovación
Nacional, Cristián Monckeberg, sostiene
que es un contrasentido enviar
el proyecto de ley sin antes conocer
las conclusiones a las que llegará la
Comisión Asesora Presidencial sobre
el sistema de pensiones.
La opinión del sector privado
Si en algo coinciden Víctor Hassi, presidente
de ProVida AFP, y Pedro Atria,
country head de Principal Group Chile,
es que uno de los grandes problemas
del sector es que los actuales niveles
de ahorro previsional son insuficientes.
A ello, se suman otros factores como
el desconocimiento de cómo opera el
sistema, la evasión, la mayor expectativa
de vida de los chilenos y la falta de
toma de conciencia de la importancia
del ahorro previsional.
Por ello, el gran desafío, puntualiza
Hassi, es “cómo aumentamos el ahorro
previsional para mejorar las pensiones”.
Entre las propuestas para mejorarlas,
menciona “incrementar la tasa de cotización
de manera gradual y con cargo al
empleador; generar incentivos que permitan
a las personas que así lo quieran,
retrasar su pensión y seguir cotizando,
y establecer un mecanismo técnico que
permita actualizar permanentemente
los parámetros del sistema”.
En esta misma línea, Pedro Atria, señala
que el gran desafío que tiene el
sistema previsional chileno “es entregar
mejores pensiones, esto es urgente
y prioritario”. Comenta que la única
forma sustentable de lograr pensiones
adecuadas es aumentar el volumen de
ahorro -obligatorio y voluntario- de las
personas; que las empresas también
contribuyan, y que el Estado financie a
quienes no tienen capacidad de ahorro”.
Junto con ello, indica que es necesario
que las personas tomen conciencia de la
necesidad de ahorrar para su pensión.
“Nuestras propuestas entonces apuntan
a tres ejes fundamentales: el pilar contributivo
voluntario, el pilar contributivo
obligatorio y a la educación”, expresa
Atria. Entre sus propuestas concretas,
está la creación de un APV Colectivo.
APF estatal, ¿una solución?
Frente a la propuesta del Gobierno de
crear una AFP estatal, Hassi expresa
que la competencia siempre es buena
y, por ello, es crucial que ésta “compita
con las mismas reglas del juego”. No
obstante, sostiene que la “creación de
una AFP estatal no responde al problema
más importante que tenemos hoy
y que es cómo aumentamos el ahorro
para mejorar las pensiones. Y eso es
algo que el mismo Gobierno también
ha planteado”.
Para Atria, ésta “no es parte de la solución.
No creemos que ayudará a mejorar
las pensiones y si no tiene subsidios,
tampoco mejorará los precios. Es importante
eso sí, que compita en igualdad
de condiciones, y el proyecto de ley tal
como está no deja a la AFP estatal en
igualdad de condiciones con el resto
de las AFP”.
Discusiones apasionadas despierta
el proceso de reforma
al sistema previsional que ya
está en marcha. Imposible
esperar algo distinto de un
tema tan sensible e importante como las
pensiones. La tendencia es creciente en el
mundo y Chile no escapa a ella. La revisión
de los sistemas de pensiones es una de
las tareas que diversos gobiernos están
llevando a cabo desde hace varios años.
En Chile, el nuevo examen al sistema
llegó de la mano del Gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet el 11 de marzo
pasado. El tema era parte de sus compromisos
de campaña. Es más, el proyecto
de creación de una Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) estatal y la
creación de una comisión de 25 expertos
locales e internacionales para estudiar el
desempeño del sistema fueron incluidos
dentro de los 50 compromisos que el
Gobierno se propuso cumplir durante
sus primeros 100 días.
Cuando se lanzó en 1981 para sustituir
a un sistema de reparto estatal en
quiebra, el sistema de AFP de Chile fue
pionero en su rubro y se ha transformado
en una exportación no tradicional. Más de
30 países han implementado uno similar
y la experiencia chilena ha sido objeto
de estudios en diversas universidades
extranjeras.
Lo que el modelo de AFP hizo, en
la práctica, fue la introducción de las
pensiones de prepago. En lugar de ser
financiadas con los ingresos tributarios
del año en curso, las pensiones podrían en
el futuro ser pagadas con los ahorros que
las personas habían acumulado durante
su vida laboral, gestionados e invertidos
en su nombre por la AFP de su elección.
Ello tenía un número de ventajas
importantes. No sólo aumentó la sostenibilidad
de las pensiones, si no que como
los ahorros administrados por las AFP
aumentaron gradualmente, se impulsó el
desarrollo del mercado de capitales y, de
esta forma, se contribuyó al crecimiento
económico. De hecho, un estudio realizado
por los economistas Vittorio Corbo y Klaus
Schmidt-Hebbel, concluyó que 20% del
crecimiento del PIB entre 1982-2001 y un
5% del nivel del PIB en 2001, se debió al
sistema de pensiones.
Pero, tres décadas después de su lanzamiento,
el sistema se está enfrentando
a una prueba diferente: el monto de las
pensiones que está pagando es cada vez
a un mayor número de personas. Y es
por ahí donde ha sido objeto de críticas.
Como dice el diputado de la Democracia
Cristiana, Patricio Vallespín, integrante
de la Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados, “mucha gente siente que
cuando jubila se empobrece”.
Expectativas y resultados
Éste es, parcialmente, un problema
de expectativas. Cuando fue creado, el
sistema prometió una tasa de reemplazo
-la pensión que recibe una persona como porcentaje de sus últimas rentas- de un
70%. Y, aunque las cifras varían dependiendo
de la fuente, eso parece no estar
ocurriendo.
De acuerdo a Pensions at a Glance
2013, un informe elaborado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la tasa de reemplazo
para una persona de ingreso medio en
Chile es 54,1% en el caso de los hombres
(y solamente 44,1% para las mujeres),
comparado con el promedio de la OCDE
de 65,8% para los hombres y 65% para
las mujeres. Pero, según el informe, Chile
supera a países como Estados Unidos
(47,3%), Reino Unido (41,8%) y México
(31,5%).
Y no es que se mintió cuando se creó
el sistema. El problema es doble: hay
cosas que han cambiado en 30 años y
algunos de los supuestos en que se basó
la promesa de 70% no se han cumplido.
Primero, está la expectativa de vida.
En la medida que Chile ha progresado en
su desarrollo, la expectativa de vida de su
población ha aumentado y ahora alcanza
alrededor de 78,5 años comparado con
los 70,7 años de principios de la década
de los 80. O sea, los mismos ahorros se
tienen que estirar casi diez años más.
Con el desarrollo, los salarios también
han aumentado -sólo en los últimos cuatro
años, ha habido un incremento real de
12%-. Eso ha elevado las expectativas de
los jubilados en relación a sus pensiones
-después de todo, ellos quieren mantener
su nivel de vida-, pero por desgracia, una
pensión se determina fundamentalmente
por los aportes en la primera etapa de la
vida laboral de una persona, cuando sus
ingresos fueron menores, al igual que lo
que estaba pagando en su AFP.
También se supuso que las personas
contribuirían a su AFP constantemente
durante una vida laboral de 40 años. Y,
por diversas razones, no ha sido así.
De acuerdo a un estudio de la Subsecretaría
de Previsión Social en 2012,
los hombres habían aportado al sistema
de pensiones en promedio durante 21,8
años y las mujeres solamente 15,4 años.
Eso refleja factores que incluyen períodos
de desempleo o trabajos independientes
-sólo recientemente se ha obligado a cotizar
a los trabajadores independientes- y,
en el caso de las mujeres, ausencias del
mercado laboral por maternidad u otras
razones familiares.
Donde el sistema no ha defraudado
es en el retorno que ha logrado para los
ahorros de sus afiliados. Inicialmente,
se calculó un retorno promedio de 4%
anual, pero desde 1981, ha promediado
alrededor de 8%, lo que de acuerdo a
Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de
la Asociación de AFP, lo sitúa entre los
tres sistemas de pensiones más rentables
del mundo. Hoy, dice, de cada $10 que
recibe un trabajador que se pensiona,
$7, corresponden a rentabilidad y $3, a
aporte de capital.
Y las comisiones que cobra la industria
-que incluye el costo de un seguro de invalidez
y sobrevivencia que las AFP compran
en nombre de sus afiliados- han bajado significativamente desde la introducción
en 2009 de un sistema de subasta para la
administración de los ahorros de nuevos
contribuyentes que entrarán al mercado
durante los siguientes dos años. A partir
de agosto, después de la tercera subasta,
varían de 1,54% a 0,47% del monto
aportado, comparado con 2,36% a 1,36%
antes de la primera subasta.
Las posiciones
Las visiones expuestas ante la Comisión
Asesora Presidencial, encabezada por el
economista de la Universidad Católica, David
Bravo, han sido diversas y han incluido a
las AFP, académicos, centros de estudios
y gremios. Algunos han sugerido volver al
antiguo sistema de reparto. Esa es, por
ejemplo, la postura de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), que aboga por un
nuevo modelo de reparto solidario y una
tasa de reemplazo garantizada de 70%.
Sin embargo, más allá de las diferentes
propuestas, hay bastante consenso en
cuanto a que es necesario que el sistema
de pensiones actualice los parámetros con
los cuales fue creado para alinearlos con
la realidad actual. Para el diputado de
Renovación Nacional, Cristián Monckeberg,
miembro de la Comisión de Trabajo
de la Cámara, una de las fortalezas del
sistema chileno es que los afiliados son
dueños de su jubilación y las pensiones no
dependen de decisiones del Estado; pero
el parlamentario sostiene que el sistema
se puede mejorar.
Un tema que ha emergido claramente
en la comisión es el monto que, por ley,
los afiliados tienen que depositar en su
cuenta de ahorro cada mes, actualmente
fijado en 10% de sus ingresos hasta un
tope de aproximadamente $1,7 millones.
Este porcentaje está entre los más bajos
en la OCDE y parece haber consenso en
que debería subir.
El economista de la Universidad
Católica y director de AFP Habitat, Klaus
Schmidt-Hebbel, por ejemplo, propuso un
aumento gradual a través de tres años a
13%, incluyendo un aporte del empleador.
El hecho que las comisiones que cobran
las AFP han bajado en los últimos años
ha creado espacio para un aumento, dijo,
aunque reconoció que podría tener un
pequeño impacto negativo en el empleo
formal.
Eso está en línea con las conclusiones
de la OCDE en su informe, Pensions at a
Glance 2013. Éste determinó que para
lograr la tasa de reemplazo promedio de los
países que la integran, Chile tendría que
aumentar las cotizaciones en 3,3 puntos
porcentuales si la gente aporta constantemente
por 40 años, y en 4,6 puntos si tiene
una “laguna” de 10 años y, en 7 puntos si
tiene una “laguna” de 20 años.
Otro tema que ha acaparado la
atención es la edad de jubilación. La ex
Superintendenta de Pensiones, Solange
Berstein, propuso aumentar gradualmente
la edad de jubilación de las mujeres
a 65 años, desde los actuales 60 años,
mientras Schmidt-Hebbel fue más allá y
recomendó un aumento a 67 años, tanto
para hombres -actualmente en 65 añoscomo
mujeres.
Sin embargo, el impacto de tal medida
es menos claro, ya que aparte de las políticas
internas que puedan tener empresas
e instituciones, la jubilación a la edad
legal no es obligatoria y, en la práctica,
muchos chilenos siguen trabajando. De
hecho, de acuerdo a la OCDE, los hombres
dejan de trabajar en promedio a los
69,4 años y las mujeres a los 70,4 años
(lo que representa la mayor diferencia
con respecto a la edad legal en la OCDE,
después de una diferencia de 11,1 años
para los hombres en Corea del Sur).
La Comisión Asesora presidencial tiene
hasta octubre próximo para presentar su
diagnóstico y hasta enero de 2015 para
entregar a la presidenta sus recomendaciones,
y puede también sugerir otros
ajustes a los parámetros del sistema.
Sin embargo, cualesquiera que sean
sus conclusiones -no serán vinculantes para el Gobierno- es evidente que, a medida
que la población envejece, las pensiones
pagadas por las AFP de Chile serán un
tema social y político cada vez más prominente
que -a través de la capacidad de
gasto de un cada vez mayor número de
pensionados- también tendrá importantes
implicaciones económicas.
AFP estatal:
las dudas
El 16 de junio pasado, la presidenta
Bachelet firmó el proyecto de ley que
crea una AFP estatal y que deberá ser
discutido en una primera instancia en
la Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados. La mandataria señaló
en ese momento que la iniciativa busca dar mayor competencia al sector. “Las
AFP tendrán que esforzarse en reducir
sus costos de administración, mejorar
la calidad de servicio y aumentar los
beneficios para sus afiliados”, sostuvo
la mandataria y argumentó que la AFP
estatal se haría cargo de las personas
que hoy no son prioritarias para las
administradoras: trabajadores independientes,
las de menores rentas y
quienes viven y trabajan en sectores
alejados de las grandes urbes.
Sin embargo, no son pocos los que han
criticado el proyecto. Quienes están
en contra de las administradoras de
fondos de pensiones en general, señalan
que la creación de la AFP estatal
valida y eterniza el sistema. Desde la
otra vereda, sostienen que no solucionará
el tema de fondo: el monto de
las pensiones. Klaus Schmidt-Hebbel
ha señalado que la única forma que
la AFP estatal ofrezca mayores tasas
de rentabilidad y mejores servicios
que los de la competencia privada, es
recibiendo subsidios del Estado, lo que
desplazaría la competencia privada.
En tanto, el diputado de Renovación
Nacional, Cristián Monckeberg, sostiene
que es un contrasentido enviar
el proyecto de ley sin antes conocer
las conclusiones a las que llegará la
Comisión Asesora Presidencial sobre
el sistema de pensiones.
La opinión del sector privado
Si en algo coinciden Víctor Hassi, presidente
de ProVida AFP, y Pedro Atria,
country head de Principal Group Chile,
es que uno de los grandes problemas
del sector es que los actuales niveles
de ahorro previsional son insuficientes.
A ello, se suman otros factores como
el desconocimiento de cómo opera el
sistema, la evasión, la mayor expectativa
de vida de los chilenos y la falta de
toma de conciencia de la importancia
del ahorro previsional.
Por ello, el gran desafío, puntualiza
Hassi, es “cómo aumentamos el ahorro
previsional para mejorar las pensiones”.
Entre las propuestas para mejorarlas,
menciona “incrementar la tasa de cotización
de manera gradual y con cargo al
empleador; generar incentivos que permitan
a las personas que así lo quieran,
retrasar su pensión y seguir cotizando,
y establecer un mecanismo técnico que
permita actualizar permanentemente
los parámetros del sistema”.
En esta misma línea, Pedro Atria, señala
que el gran desafío que tiene el
sistema previsional chileno “es entregar
mejores pensiones, esto es urgente
y prioritario”. Comenta que la única
forma sustentable de lograr pensiones
adecuadas es aumentar el volumen de
ahorro -obligatorio y voluntario- de las
personas; que las empresas también
contribuyan, y que el Estado financie a
quienes no tienen capacidad de ahorro”.
Junto con ello, indica que es necesario
que las personas tomen conciencia de la
necesidad de ahorrar para su pensión.
“Nuestras propuestas entonces apuntan
a tres ejes fundamentales: el pilar contributivo
voluntario, el pilar contributivo
obligatorio y a la educación”, expresa
Atria. Entre sus propuestas concretas,
está la creación de un APV Colectivo.
APF estatal, ¿una solución?
Frente a la propuesta del Gobierno de
crear una AFP estatal, Hassi expresa
que la competencia siempre es buena
y, por ello, es crucial que ésta “compita
con las mismas reglas del juego”. No
obstante, sostiene que la “creación de
una AFP estatal no responde al problema
más importante que tenemos hoy
y que es cómo aumentamos el ahorro
para mejorar las pensiones. Y eso es
algo que el mismo Gobierno también
ha planteado”.
Para Atria, ésta “no es parte de la solución.
No creemos que ayudará a mejorar
las pensiones y si no tiene subsidios,
tampoco mejorará los precios. Es importante
eso sí, que compita en igualdad
de condiciones, y el proyecto de ley tal
como está no deja a la AFP estatal en
igualdad de condiciones con el resto
de las AFP”.