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En Chile, 85% de los adultos mayores es autovalente, pero sólo un tercio de ellos mantiene un trabajo remunerado. Una situación que, sumada a la decreciente tasa de natalidad nacional, en el largo plazo podría afectar la cobertura de todas las plazas laborales necesarias para el desarrollo del país, y que plantea el reto, tanto a los generadores de las políticas públicas como a la sociedad en su conjunto, de definir nuevas y mejores formas de inclusión de este segmento en el mercado laboral.

Por Claudia Marín

Los 60 años marcan en Chile una línea definitiva: comienza la tercera edad. A las seis décadas de vida, las mujeres ya pueden jubilar y los hombres, que deben esperar a los 65 años, se aprontan a hacerlo también. Sin embargo, las bajas pensiones y el alto costo de vida que enfrentan los adultos mayores están llevando a cada vez más personas a permanecer en el mercado laboral, generando a su vez una serie de desafíos para lograr su inclusión.

Pero no sólo eso. La necesidad del país, en el mediano plazo, debería llevar a estimular a un número creciente de adultos mayores a postergar su retiro o a seguir trabajando luego de él: los cálculos indican que en 2050 un cuarto de los habitantes será adulto mayor, proyección que abre las puertas a una realidad desconocida para Chile, que hasta hace poco gozaba de una población creciente y principalmente joven. En 1960, una mujer tenía en promedio poco más de cinco hijos y ahora, en cambio, nacen menos niños y la vida se extiende por más años.

Durante 2014 se contabilizaron casi 251 mil nacimientos y la tasa de fecundidad llegó a 1,85, mientras que la esperanza de vida en el país, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se elevó a 80,5 años, encabezando la longevidad en la región y ubicándose por sobre la media del mundo, que alcanza los 71,4 años.

Es más, según la directora del área incidencia de Fundación Oportunidad Mayor, Consuelo Moreno, hacia 2025 en Chile habrá un millón más de jubilados que en la actualidad, puntualizando que, si se toma la tasa de ocupación promedio a 2014, “podríamos inferir que en los próximos diez años se abrirán 680 mil nuevos puestos de trabajo que el mercado deberá ser capaz de cubrir. Pero si consideramos las tasas de creación de empleo actuales y los bajos índices de natalidad, lo más probable es que se alcance a llenar sólo un tercio de las vacantes que dejarán las personas que se jubilen en esta década”.

Por eso, la integración de la tercera edad es clave. Actualmente, de los poco más de tres millones de adultos mayores que tiene Chile, según la Encuesta Casen 2015, casi un tercio se encuentra ocupado. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el trimestre móvil mayo-julio de este año, en el rango etario que va entre los 60 y 64 años, donde casi 62% de ellos trabaja (cifra que se incrementó 10% en un año). Luego, este número llega a 42% en los individuos de entre 65 y 70 años, con un incremento de casi 8% en el último año, y a 16,4% entre los mayores de 70, grupo que mostró un crecimiento de poco más de 3%. Y si se observa que, a nivel general, la tasa de participación subió sólo de 58,3% a 59,5%, se constata que este es uno de los segmentos poblacionales que más está elevando su presencia en el mercado laboral.

El director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rubén Valenzuela, explica que esta situación responde, por una parte, a las bajas pensiones que alcanzarían a menos de 40% del sueldo que las personas tenían antes de jubilar, y que configuran la necesidad de complementar la jubilación con otros ingresos. Pero, además, delinea otra razón que va más allá de lo material: la necesidad de mantenerse activos, continuar siendo independientes y sostener sus redes de contactos.



“Está demostrado que mientras las personas mayores se mantienen en el mercado laboral, sus enfermedades físicas y mentales disminuyen por la capacidad que genera continuar en estos espacios y mantener los vínculos entre las personas”, señala Valenzuela.

Al respecto, son esclarecedores los datos que mostró la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez, realizada en 2016 por la Universidad Católica y la Caja Los Andes: 66% de los adultos mayores señaló trabajar por una necesidad económica, pero un alto porcentaje (69,2%) de quienes trabajan dijo que seguirían haciéndolo, incluso si no tuvieran la necesidad económica de hacerlo, y 79,4% afirmó que lo que hace en su trabajo actual le agrada mucho.

Sin embargo, el asociado de Ossandón Abogados y especialista en temas laborales, Jorge Alfaro, advierte que una persona que empieza a ser considerada de la tercera edad tiene la mayor barrera en su propia vejez, “ya que, de una forma u otra, existe una concepción que proviene incluso de lo institucional, y que considera a priori que una persona sobre los 60 años está en el ocaso de su vida productiva, lo que finalmente es una discriminación. Se ha aceptado que el sistema no está pensado para acceder al trabajo, sino que para jubilar. El adulto mayor parecería dejar de ser sujeto, sino que es, más bien, el objeto de la asistencia estatal”.

En ese sentido, es importante destacar la labor de Fundación Las Rosas, que recibe a los ancianos de los percentiles más pobres del país y que aborda su labor desde otra óptica. La entidad, que acoge a personas de la tercera edad con diversos problemas de salud y cuya gran mayoría (95% de 2.200 residentes) tiene algún grado de dependencia, ha encarado el trabajo siguiendo la visión de la OMS de “envejecimiento activo”: un proceso que busca optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de una persona, con el fin de mejorar la forma en que envejece.

En esa línea, la directora de salud de Fundación Las Rosas, Claudia Ríos, explica que, atendiendo su realidad, buscan que sus residentes tengan una vejez con calidad. “Cada uno de los adultos mayores que vive en nuestros hogares tiene un programa de actividades, individual, que busca potenciar sus habilidades físicas e intelectuales y estimularlo a hacer cosas que llenen su espíritu, mejoren su autoestima y aumenten sus capacidades”, comenta.

Capacitación es clave

No obstante, el ingreso o mantención de los adultos mayores en el mercado laboral enfrenta varias complejidades. Por una parte, ellos están buscando jornadas más flexibles o más cortas. Y por otra, hay temas de educación y capacitación que los dejan en desventaja frente a los más jóvenes.

De acuerdo a las cifras del Ministerio del Trabajo, obtenidas sobre la base de la nueva encuesta nacional de empleo, la mayor parte de los trabajos de la tercera edad se realiza en el área de comercio, sector en el cual se desempeña 28% de las mujeres mayores de 60 años y 16,3% de los hombres de más de 65 años. En tanto, 18,5% de las mujeres trabaja en servicio doméstico en hogares privados y 21,2% de los hombres se desenvuelve en el rubro de la agricultura.



“La mayoría de los ancianos que trabajan, lo hace en el sector informal desempeñándose como trabajadores independientes o en puestos de trabajo de bajos salarios. Una situación que, por supuesto, no es exclusiva de Chile y que es la regla en la mayoría de los mercados emergentes, donde los jóvenes suelen ser mucho mejor educados que los mayores”, explica el presidente de la organización estadounidense Global Aging Institute, Richard Jackson. Detalla que mientras 84% de los chilenos de entre 20 y 39 años ha completado al menos los últimos años de la educación básica, sólo 44% de los mayores de 65 años lo ha hecho.

“En Brasil, las cifras comparables son 67% y 22%, mientras que en México, 71% y 16%. La buena noticia es que esta brecha de habilidades se irá cerrando gradualmente a medida que los segmentos más jóvenes y mejor educados de trabajadores suban la escala de edad. Mientras tanto, los gobiernos pueden ayudar financiando programas de capacitación laboral para trabajadores mayores”, agrega.

En el Senama complementan que hasta hace poco existían algunas barreras para la capacitación de la tercera edad, referidas a algunos requisitos adicionales que las instituciones pedían para que pudieran estudiar, como seguros que sólo entregaban cobertura hasta los 60 años y que eran indispensables para cualquier curso del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Hoy, en cambio, las empresas aseguradoras cubren mucho más que los 60 años originales, explica Valenzuela.

“Para un curso Sence, una aseguradora ofrece alternativas para personas de hasta 70 años o 75 años, que era algo que encarecía anteriormente la capacidad de las personas de capacitarse”, especifica.

Sin embargo, en opinión de Consuelo Moreno de Fundación Oportunidad Mayor, el tema de la capacitación aún no está resuelto, ya que, a su juicio, existe una “grave discriminación” por edad en casi todos los programas de formación que ofrece el Sence, “pues tienen topes de edad que dejan fuera a las personas mayores de nuestro país”. Los programas Bono Trabajador Activo y de Certificación de Competencias Laborales, ejemplifica, benefician a mujeres hasta los 60 y a hombres hasta los 65 años; mientras que los programas Formación para el Trabajo y Transferencias al Sector Público favorecen a personas hasta los 65 años.

Temas pendientes

Este escenario evidencia que algunos de los desafíos por resolver son generar espacios laborales para las personas mayores, avanzar en romper la brecha digital y superar ciertas rigideces en el mercado laboral que impiden, por ejemplo, una mayor flexibilidad horaria.

“La falta de flexibilidad en el marco regulatorio laboral impide que se contrate por menos de 20 horas, cuando lo que el adulto mayor busca es contar –en la mayoría de las ocasiones– con un incremento de lo que percibe como pensión”, comenta Jorge Alfaro, de Ossandón Abogados. Además, señala, existen subsidios para la contratación de jóvenes, pero no para la de adultos mayores.

En ese sentido, según Consuelo Moreno, una de las grandes barreras que obstaculizan el ingreso de este grupo al trabajo es la posible pérdida de la Pensión Básica Solidaria. Si una persona con este beneficio cuenta con un empleo formal, se arriesga a perder el puntaje exigible para recibirlo, “desincentivando la búsqueda de trabajo y estimulando la realización de labores informales en condiciones muy precarias con bajos ingresos”, argumenta.

Además, el salario mínimo legalmente menor al del resto de los trabajadores requiere, a su juicio, modificar la Ley 20.935 para aumentar este ingreso y así equipararlo al de cualquier persona mayor de 18 años.



En cuanto a la legislación, el investigador senior del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), Juan Bravo, suma la arista de las nuevas tecnologías: “una ley de teletrabajo es un desafío clave que no ha sido abordado, no se ha priorizado crear un marco legal que genere certidumbre en el caso de los formatos de trabajo remoto. Hay una serie de aspectos que deben ser regulados para evitar vacíos legales que inhiban estos tipos de contratación”.

A nivel internacional, Estados Unidos ha dado muestras de avances en este sentido. Para Richard Jackson del Global Aging Institute, hay dos acontecimientos que han impulsado el aumento constante de la participación de la población activa de ese país en los últimos dos decenios: la aplicación de una sólida legislación contra la discriminación por edad y la adopción, por parte de los empleadores, de normas de trabajo más flexibles adaptadas a las necesidades de los trabajadores de más edad.

“También ha ayudado, por supuesto, que la generación de trabajadores que ahora alcanzan la vejez es la más educada en la historia de Estados Unidos. La brecha de habilidades que complica el contratar a los empleados de más edad en Chile y otros mercados emergentes no es un obstáculo tan grande en Estados Unidos y otros países desarrollados”, aclara Jackson.

En Chile, en tanto, según el abogado Jorge Alfaro, un programa de integración adecuada debe incluir el incentivo al empleador y al trabajador, quien también podría ser un emprendedor, de manera que pueda mantener su actividad más allá de los 60 años. También debería considerar la flexibilidad de jornada y de forma de pago de las remuneraciones, así como la creación de programas de capacitación y potenciación de sus habilidades laborales y tecnológicas.

Asimismo, hay que mejorar el acceso al mercado financiero para darles la posibilidad de independizarse desarrollando negocios propios.

Cambio de mirada

Lo cierto es que la incorporación de la tercera edad en el mercado laboral exige no sólo cambios legales, sino también culturales, puesto que “hay una especie de estigma instalado en nuestra sociedad, de asociar la vejez con aspectos negativos y que se traduce en los temas de la cotidianeidad, como el abandono, por ejemplo”, analiza el director del Senama. Añade que, en este sentido, se requiere que esta mirada de la vejez vaya cediendo paso a un envejecimiento activo en las comunidades donde se desenvuelven los adultos mayores, “con familias que los cuidan y con un Estado presente cuando se requiere, frente a personas que están abandonadas y más vulnerables que otras”.

En este punto, la directora del Programa Adulto Mayor de la Universidad Católica, Macarena Rojas, hace notar la importancia de comprender que como país “debemos avanzar en cambiar la mirada que tenemos sobre las personas mayores, quienes hoy cada vez están más presentes y empoderadas en muchos ámbitos, entre ellos, el laboral”. Precisa que la apertura de las posibilidades laborales de los mayores debe ser vista como una oportunidad de desarrollo, más que sólo como una solución económica. Por ello, llama a no dejar de lado los desafíos pendientes que como sociedad tenemos respecto al desarrollo de la seguridad social y “que nos permita jubilar con mayor tranquilidad económica”.

Como parte de este necesario cambio de perspectiva, un estudio desarrollado por la OTIC de la Cámara Nacional de Comercio junto con la Universidad de Santiago y el Sence, arrojó que 96% de las empresas de retail, servicios y turismo está dispuesto a contratar adultos mayores, destacando atributos como su compromiso, responsabilidad, orientación a la excelencia, puntualidad, bajo nivel de ausentismo y, sobre todo, su optimismo, entre los aspectos más valorados.

Y es que, poco a poco, la tercera edad va ganando espacios y derribando barreras, cimentando un camino que en pocas décadas los tendrá como protagonistas de un mercado laboral totalmente diferente, que tendrá que dar un giro a la inclusividad y renovarse ya no con los más jóvenes, sino con la experiencia de los mayores. Los desafíos para eso, sin embargo, tienen que resolverse hoy.




Bajos ingresos

El Senado chileno acaba de ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, documento que establece y resguarda los derechos de la tercera edad y que, de hecho, señala en su artículo 18 que “la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”, obligando a los Estados que lo suscriben a adoptar medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor.

En esa línea, el acuerdo precisa que “el empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades”.

Sin embargo, la realidad en el país es otra: la ley establece un sueldo mínimo para las personas mayores de 65 años de $ 192.230, es decir, 25% menos que el sueldo mínimo del resto de los trabajadores. Y, aunque en promedio los hombres mayores de 65 años ganan $ 510 mil al mes, lo cierto es que la mitad de ellos obtiene mensualmente menos de $ 256 mil. La situación de las mujeres es todavía más preocupante: mientras su sueldo promedio es de $ 263 mil, la mitad de ellas gana $ 160 mil o menos, una diferencia que hace patente la brecha salarial entre ambos géneros, la cual está presente en el mercado del trabajo chileno en general. La justificación para este nivel de sueldos radica en las necesidades especiales que los adultos mayores tienen respecto a su jornada laboral, en la que buscan mayor flexibilidad horaria, entre otros aspectos. Sin embargo, se contrapone con el alto costo de vida que afecta a este segmento de forma particular. Según el IPC de la tercera edad, que elabora el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), en julio de este año este indicador aumentó 2% anual, mientras que la inflación a nivel agregado fue de 1,7%, lo que significa que el aumento de precios ha sido ligeramente mayor para el grupo de 60 años o más.

“Uno de los elementos clave que distingue la canasta de los adultos mayores es que la ponderación del gasto que hacen en salud es alrededor del doble que el resto de la población. Y la inflación anual de la división salud en el último año fue 4%, superior al 1,7% promedio. Por lo tanto, esta alza de precios afecta en mayor medida a los adultos mayores”, acota el investigador senior de Clapes UC, Juan Bravo.

Tal situación es crucial en el empobrecimiento de los adultos mayores, quienes son jefes de un tercio de los hogares del país, cifra que ha aumentado en más de 10% desde 1990, según la encuesta Casen 2015. De ellos, casi 20% se encuentra en situación de pobreza multidimensional, es decir, que va más allá de la falta de ingresos, abarcando también carencias en educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y en su nivel de vida en general.

Retail a la vanguardia

El sector comercio es uno de los que más ha avanzado en la incorporación de la tercera edad. Walmart Chile, por ejemplo, cree en la integración y en la diversidad, entendiéndolas como el valor de contar con colaboradores de distintos orígenes, culturas, perspectivas, ideas, naciones, grupos étnicos, generaciones, orientaciones sexuales “y todas las características que hacen a cada uno de nosotros ser único”. Por eso, dicen tener espacio y oportunidades para todos, valorando y aceptando las diferencias individuales independientes de las condiciones personales. Esto “permite otorgar a cada colaborador, la oportunidad de aprender, crecer y avanzar, contando con el mayor potencial de cada uno”.

La Política de Diversidad e Inclusión de Walmart Chile se ha visto reflejada en un caso particular: en el supermercado Líder de Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina, José Sáez, de 92 años, trabaja en la sección frutas y verduras, siendo parte de la política de Diversidad Generacional de Walmart. “Con la ayuda de todos he salido adelante”, comenta Sáez con gratitud, ya que en su opinión el adulto mayor no es bien acogido en el ámbito laboral, porque “creen que no va a ser capaz de desarrollar el cargo que le van a dar”. El gerente de Ventas Príncipe de Gales, Francisco Eguiguren, en cambio, cree que la contribución del adulto mayor –que ve representado en José–, es que “ellos traen un aporte que muchas veces no hemos sido capaces de valorar y de integrar. José nos entrega conocimientos, sabiduría y experiencia. Nos da una visión de la vida de que no hay que tirarse al suelo y hay que reinventarse”.

En Cencosud, por otro lado, 20% de sus colaboradores tiene actualmente más de 50 años, 11% más de 55 años y 4%, más de 60 años, con la meta de tener 5% de personas mayores de 60 años a 2018. Una iniciativa que partió hace dos años y que contempla beneficios en salud y la disposición para que los mayores ocupen todo tipo de cargos.

“Contar con más de 3.700 trabajadores seniors o mayores de 50 años, no sólo enriquece los equipos de trabajo por la experiencia que aportan, sino que genera ambientes complementarios, colaborativos y con una fuerte conciencia social, ya que de la interacción entre las nuevas generaciones –los llamados millennials–, y nuestros trabajadores adultos mayores, se genera un puente que nos conecta con la realidad de una sociedad actual que trabaja junta por entregar igualdad de oportunidades, independiente de muchos factores, como puede ser la edad”, cuenta la subgerente de Cultura e Inclusión de Jumbo, María Paz Franzani.[:en]

While 85% of senior citizens in Chile are self-reliant, only a third are actively engaged in paid employment. This situation, in conjunction with the decreasing national birth rate, may affect the number of workers available to fill the jobs that are required for the long-term development of the country. It also poses a challenge to public policymakers and society as a whole regarding the need to create new and improved ways to boost the inclusion of older persons in the labor market.

By Claudia Marín

Turning 60 marks a significant milestone in Chile: the beginning of senior citizenship.  Chilean women are able to retire at the age of 60 and men can follow suit at 65, although thoughts about retirement among the latter often begin at the six-decade landmark. Nevertheless, the low pensions and high costs of living that older persons face in Chile are resulting in increasing numbers remaining in the job market, which in turn is generating numerous challenges related to inclusion.

In the medium term, the needs of the country mean that efforts must be geared towards encouraging a growing number of senior citizens to either postpone their retirement or remain in employment post-retirement. Projections indicate that, by 2050, one quarter of the population will be senior citizens. This requires Chile, which until relatively recently was home to a growing and primarily youthful population, to confront an entirely new demographic reality. In 1960, for example, women gave birth to an average of just over five children, whereas nowadays this number is falling in tandem with growing numbers of people living longer.

In 2014, there were almost 251,000 births and the birth rate was 1.85. Additionally, life expectancy reached 80.5 according to the World Health Organization (WHO), which ranks Chile number one in the region and well over the global average of 71.4.

The Director of Advocacy at Fundación Oportunidad Mayor, Consuelo Moreno, states that by 2025 there will be one million more retirees than at present. By taking the average rate of employment from 2014 into account, she asserts that “we can infer that 680,000 new jobs will become available in the next ten years and that all of these must be filled. Yet, if we consider the current rate of job creation, as well as the low birth rate, the most likely scenario is that only a third of the vacancies that arise from people retiring will be filled during the coming decade”.



That is why the integration of senior citizens into the labor market is so fundamental. Currently, almost a third of the more than three million older persons in Chile are in some form of employment, according to the 2015 CASEN Survey which provides a socioeconomic breakdown of the country. Data from the Instituto Nacional de Estadísticas (National Institute of Statistics) for the rolling quarter of May to July 2017 shows that 62% of individuals aged between 60 and 64 were working (a 10% increase from the same period in 2016). The figure for the 65 to 70 age range was 42%, up 8% from the previous year, while for the over 70s it was 16.4%, which marks an annual increase of just over 3%. Furthermore, since the general employment rate only rose from 58.3% to 59.5% over this period, it can be seen that senior citizens constitute one of the fastest growing sections of society in terms of their workplace presence.

Rubén Valenzuela, Director of the Servicio Nacional del Adulto Mayor (National Service for Older Persons), or Senama, states that this phenomenon can be partly explained by low pensions which can amount to less than 40% of retirees’ pre-retirement salaries: a reality which creates the need for senior citizens to generate additional income to complement their pensions. However, he also notes that another reason for their post-retirement work goes beyond simple material gain and relates to the need for some older persons to remain active, independent and to maintain a network of contacts. He adds that, “it has been shown that physical and mental illnesses reduce among senior citizens who stay in the labor market, primarily due to their ongoing activity and links with other people”.

Accordingly, data collected in the Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez (National Quality of Life in Old Age Survey), which was carried out in 2016 by the Universidad Católica and the family compensation fund Caja Los Andes, is highly revealing. It found that 66% of senior citizens surveyed claimed to work due to economic necessity. Interestingly, a significant proportion (69.2%) of those who are working claimed that they would continue to do so even in the absence of this economic need. In addition, 79.4% stated that they feel very content to be doing their respective work.

Despite these findings, Jorge Alfaro, associate of Ossandón Abogados legal firm and specialist in employment affairs, warns of the most significant barrier of all confronted by those classified as a senior citizen: “one way or another, there is a prevailing belief, including from the State and an a priori assumption in general, that a person over the age of 60 is in the twilight of their productive life. This is, ultimately, a form of discrimination which leads to older persons accepting that the system is designed for their retirement rather than for them to engage in employment. As such, senior citizens seem to cease to be subjects of, and instead become objects of, State assistance”.

In this sense, it is important to note the efforts of Fundación Las Rosas residential care foundation which houses senior citizens from the lowest income percentiles of the country and which conducts its work for an alternative perspective. The foundation cares for older persons with a range of health difficulties, the large majority of whom (95% of the 2,200 residents) have some degree of dependency. The foundation pursues its work in adherence with the WHO approach of “active aging”, a process that seeks to optimize opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of life as people age.

Claudia Ríos, the Director of Health at Fundación Las Rosas, explains that the foundation aims to ensure that its residents enjoy a good quality of life during their old age while simultaneously taking their circumstances into account. “Each one of the senior citizens living in our care homes has a schedule of individual activities designed to improve their physical and intellectual abilities and to stimulate them to do different things that nourish their spirit, enhance their self-esteem and increase their potential”, she adds.

Training is key

In terms of the workplace, the ability of senior citizens to enter and remain in the labor market is confronted with a range of difficulties. On one hand, older persons tend to prefer shorter or more flexible working hours. On the other, issues of education and training can mean they are at a disadvantage compared to younger competitors.

According to figures from the Ministerio del Trabajo (Ministry of Labor) obtained from the latest national employment survey, the majority of jobs undertaken by senior citizens relates to the commercial sector, which accounts for 28% of working women over 60 and 16.3% of working men over 65. Additional findings from the survey show that 18.5% of women from the aforementioned age group are employed as domestic workers in private homes, while 21.2% of men over the age of retirement work in the agriculture sector.



“The majority of senior citizens who work do so in the informal economy as independent workers or in low-paid jobs. This situation is not unique to Chile of course and it is the general rule in emerging markets, where young persons tend to be far more educated than older people”, says Richard Jackson, President of the U.S. organization, Global Aging Institute. He states that while 84% of Chileans between 20 and 39 have completed at least elementary school, the figure for over 65s is just 44%.

“In Brazil, the comparable figures are 67% and 22%, while in Mexico they are 71% and 16%. The good news is that this skills gap is gradually closing as the younger and better-educated sectors are getting older. Meanwhile, governments can help by funding workplace training programs for senior citizens”, says Jackson.

Officials from Senama state that until recently there were certain barriers to training among senior citizens related to different additional requirements imposed by institutions prior to older persons being permitted to study. This includes insurance that only covered individuals up to the age of 60 and which was mandatory for any course provided by the Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (National Service of Training and Employment), or Sence. In contrast, Rubén Valenzuela explains that insurance companies now cover well beyond the original limit of 60 years old.

“For a Sence course, an insurer will offer several alternatives for people up to 70 or 75, which was something that previously impeded the ability of older persons wishing to undertake training”, he notes.

However, according to Consuelo Moreno from Fundación Oportunidad Mayor, the issue of training remains unresolved. In her opinion, there is “serious discrimination” against older persons in almost all Sence training programs, “since they have upper age limits that exclude senior citizens”. For example, the Bono Trabajador Activo (Active Worker Bonus) and Certificación de Competencias Laborales (Workplace Competency Certification) programs benefit women only up to the age of 60 and men up to 65; and the Formación para el Trabajo (Training for Work) and Transferencias al Sector Público (Transfers to the Public Sector) programs are aimed at people only up to 65.

Pending issues

This situation demonstrates that several of the pending challenges relate to generating workplace positions for older persons, narrowing the prevailing digital divide, and overcoming certain rigidities in the labor market that impede, for example, more flexible working hours.

Regarding the latter, “the lack of flexibility in the labor market framework impedes the recruitment of senior citizens for less than 20 hours, despite the fact that most of these older persons are simply looking to increase the amount they receive from their pension”, says Jorge Alfaro, from Ossandón Abogados. He adds that while there are subsidies for the recruitment of young persons, this is not the case for senior citizens.

Moreover, Consuelo Moreno contends that one of the main barriers impeding greater numbers of older persons from taking up work is the possible loss of the Pensión Básica Solidaria (Basic Solidarity Pension). If a senior citizen takes on formal employment, they risk losing the necessary conditions required to access this pension. In turn, this “disincentivizes the search for work and encourages the rise of informal, unstable and low-paid jobs” she argues.

In addition, Moreno states that law 20.935, which establishes the minimum monthly wage of older persons as lower than other groups, should be amended to raise this amount and bring it in line with the rest of the adult working population.



Regarding legislation, Juan Bravo, senior researcher at the Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Latin American Center for Economic and Social Policy), or Clapes UC, looks at the issue from the perspective of new technology: “a law on teleworking is a big challenge that has not been addressed and neither has priority been given to devising a legal framework to clarify matters in relation to remote forms of employment. A number of aspects need to be regulated in this regard to avoid the legal gaps that are hindering contracts being drawn up for this type of work”.

At the international level, the United States has made progress in this area. Richard Jackson from Global Aging Institute believes that two developments in particular have helped to foster a growing rate of senior citizens in the labor market in the country over the past two decades: the enactment of clear anti-age discrimination legislation, and the adoption among employers of more flexible standards adapted to the needs of older workers.

“Of course, it also helps that the senior citizens reaching old age are the most educated in the history of the United States. Indeed, the skills gap that impedes the recruitment of older workers in Chile and other emerging markets is not such a big obstacle in America and other developed nations”, says Jackson.

The lawyer Jorge Alfaro maintains that a suitable program of integration in Chile should focus on incentivizing both employer and worker, who could also be an entrepreneur, in such a way as to enable the latter to continue his or her employment beyond the age of 60 or 65. A program of this type should also take account of flexible working hours and pay conditions, as well as the creation of training schemes and ongoing workplace and technological skills development initiatives.

Similarly, it is important to improve access to financial markets to provide senior citizens with the chance to become more independent in terms of starting their own business.

Changing the outlook

What is certain is that the incorporation of senior citizens into the labor market requires not only legislative but also cultural changes. According to Rubén Valenzuela, Director of Senama, this is because “there is a certain type of stigma attached to old age in Chilean society, and this negative perception can be felt in daily life in terms of practices such as abandonment, for example”. He adds that, as a result, this outlook needs to evolve in the direction of active aging across the communities in which senior citizens play a role, “whereby their families provide them with care and the State is present when needed, rather than them being abandoned and becoming more vulnerable than other sections of society”.

In this regard, the Director of the Programa Adulto Mayor (Senior Citizens Program) of the Universidad Católica, Macarena Rojas, notes the importance of understanding how Chile as a country “must change its outlook towards older persons, who are playing an increasingly active and empowered role in different areas, including the labor market”. She says that the opening up of workplace possibilities for senior citizens should be seen as a development opportunity rather than simply an economic solution. As such, she stresses the need not to ignore the pending challenges facing Chilean society in terms of the development of social security and other related aspects “which enable us to retire with greater economic peace of mind”.

As part of the required change in perspective, research conducted by the OTIC of the Cámara Nacional de Comercio (National Chamber of Commerce), in conjunction with the Universidad de Santiago and Sence, has shown that 96% of companies in the retail, services and tourism sectors are open to recruiting senior citizens. The research found that the most highly valued attributes by these sectors were senior citizens’ commitment, responsibility, vocation for excellence, punctuality, low levels of absenteeism and, above all, optimism.

Gradually, senior citizenship is opening up new spaces and knocking over old barriers, carving a fresh path that in a few decades will lead older persons to act as key protagonists in a completely different labor market; one that will have to give way to greater inclusivity and seek renewal not only through young persons, but also through the knowledge accrued over the years of their older, more experienced counterparts. However, to ensure that such a tomorrow is possible in the future, the pressing challenges need to be resolved today in the present.

Low salaries

The Chilean Senate has recently ratified the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, which establishes and safeguards the rights of senior citizens. Article 18 of the Convention stipulates that “older persons have the right to dignified and decent work and to equal opportunity and treatment on the same terms as other workers, whatever their age”. Therefore, the document obliges signatory States to adopt measures to prevent employment discrimination against senior citizens.

Furthermore, the Convention states that “the same guarantees, benefits, labor and union rights, and pay should apply to all workers in the same employment or occupation and for similar tasks and responsibilities”.

Despite these assertions, the reality in Chile is very different. The law establishes a minimum monthly salary of CLP$192,230 for persons over 65, i.e., 25% less that the minimum salary of all other adult workers. And although men over 65 earn, on average, CLP$510,000 a month, half earn under CLP$256,000. The situation among women is even more concerning. While their average salary is CLP$263,000, half earn CLP$160,000 or less. Such statistics clearly demonstrate that the gender wage gap is present among senior citizens as well as the national labor market in general.

Justification for these wage discrepancies relates to the special needs of senior citizens in terms of their working hours, whereby they generally seek a more flexible timetable, among other aspects. However, this contrasts with the high costs of living that affect this age group particularly acutely. According to the senior citizen Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index), or IPC, which is compiled by Clapes UC, in June of this year prices rose by 2%, compared to general inflation of 1.7%. This means that the price increase has been slightly higher for persons aged 60 or over.

“One of the key elements distinguishing the basket of consumer goods for older persons is that the expenditure weighting for their healthcare is around double that of the general population. And annual inflation in the health sector over the last year was 4%: much higher than the general average of 1.7%. Therefore, this price rise adversely affects senior citizens”, warns Juan Bravo from Clapes UC.

This reality is crucial in the impoverishment of older persons in Chile, who are the head of a third of all households in the country (an increase of more than 10% since 1990, according to the 2015 CASEN Survey). Of this group, almost 20% are classified as being in multidimensional poverty, i.e., poverty that goes beyond a simple lack of income and includes wide-ranging deficiencies related to education, health, work, social security, housing and general standards of living.

Retail at the vanguard

Commerce is one of the sectors to have taken the biggest strides in the inclusion of senior citizens in the workplace. Walmart Chile, for example, believes in integration and diversity and safeguards these principles closely, since they enable the company to recruit associates from different backgrounds, cultures, nationalities, ethnicities and generations with distinct perspectives, ideas and sexual orientations, “and all the characteristics that make each of us unique”. That is why Walmart Chile claims to afford space and opportunity for everyone, valuing and accepting individual differences regardless of personal conditions. This approach “allows us to provide all associates with the opportunity to learn, grow and progress, according to the potential of each and every one”.

The following case can be used to illustrate the Diversity and Inclusion Policy of Walmart Chile in action. At the Príncipe de Gales Líder supermarket in the Santiago district of La Reina, 92-year-old José Sáez works in the fruit and vegetable section as part of the company’s Generational Diversity Policy. “With everyone’s help, I have kept on going” says Sáez, gratefully, despite his belief that senior citizens are not generally well treated in the workplace. This, he contends, is because “people think that they (older persons) won’t be able to fulfil their responsibilities”. On the contrary, Francisco Eguiguren, Sales Manager at the Príncipe de Gales store believes that the contribution of older persons, represented by José, is that “they provide support that we have not always been able to value and integrate. José brings us knowledge, wisdom and experience. He gives us an outlook on life which says that rather than just giving up and walking away, you’ve got to reinvent yourself and push ahead”.

Similarly, 20% of all associates at Cencosud are aged over 50, with 11% over 55 and 4% over 60. Overall, the company goal is to have 5% of the workforce aged over 60 by 2018. This pro-senior citizen initiative was launched two years ago and includes a range of health benefits for workers and a provision that older persons can occupy any type of position in the company.

“Having more than 3,700 workers over the age of 50 not only enriches work teams in terms of the experience they bring, but it also gives rise to a complementary and collaborative workplace environment with a strong social conscience. This is because the interaction between the younger generation, the so-called ‘millennials’, and our older workers forms a bridge that connects everyone with the reality of modern society which seeks to ensure people work together to guarantee equal opportunities for all, regardless of differentiating factors such as age”, affirms María Paz Franzani, Deputy Manager of Culture and Inclusion at Jumbo.[:]