Estudio AmCham y KPMG: 7 de cada 10 empresas ya incorpora tecnología para prevenir delitos económicos

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17 Noviembre 2026
Autor: AmCham Chile
La segunda versión de la encuesta sobre implementación de la Ley de Delitos Económicos muestra que el 82,4% de las empresas encuestadas cuenta con un modelo formal de prevención y que la mayoría ya incorpora herramientas tecnológicas, aunque persisten brechas en la gestión de terceros, la respuesta ante incidentes y la ejecución de los planes de mejora.

A más de dos años de la entrada en vigencia de los cambios que la Ley de Delitos Económicos introdujo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la mayoría de las empresas ya instaló los componentes formales de sus modelos de prevención de delitos (MPD), pero aún tiene trabajo pendiente para que esos modelos funcionen en la práctica. Así lo muestra la segunda versión del estudio “Modelo de Prevención de Delitos: Implementación Ley de Delitos Económicos”, desarrollado por el Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance de AmCham Chile junto a KPMG en Chile.

Según los resultados, el 82,4% de las empresas encuestadas declara contar con un MPD formal conforme a la normativa vigente, el 13,2% está en proceso de implementación y el 4,4% no tiene modelo. Los elementos más avanzados son los canales de denuncia y sistemas de sanciones internas, implementados o consolidados en el 93,1% de los casos, seguidos por las políticas y procedimientos (83,9%) y los programas de capacitación (82,8%).

Otro avance relevante está en la incorporación de tecnología. El 70,1% de las empresas con un MPD o en proceso de implementarlo ya incorporó o está incorporando herramientas tecnológicas, cifra que alcanza el 77,1% entre las empresas reguladas y el 65,4% entre las no reguladas. Con todo, solo el 35,2% combina dos o más soluciones especializadas, mientras que el 18,7% sigue operando exclusivamente con planillas o bases de datos.

“Las empresas ya hicieron la tarea de instalar la estructura de sus modelos de prevención. El desafío ahora es demostrar que esos modelos se ejecutan de verdad, porque un modelo que solo existe en el papel puede perder valor como defensa ante una investigación penal”, señaló Edmundo Varas, director de Legal Regulatory & Compliance Services de KPMG Law en Chile.

“Por segundo año, este estudio nos permite ver cómo han ido avanzando las empresas socias en la implementación de la ley. Es valioso ver que las áreas de compliance se han fortalecido y que muchas empresas han ido más allá, incorporando tecnología a sus procesos. Eso demuestra que el cumplimiento no se entiende solo como una obligación legal, sino como parte de la estrategia del negocio y una prioridad de la alta administración. El paso siguiente es que ese avance llegue también a proveedores y contratistas, y a las empresas de menor tamaño”, señala Roberta Valenca, Past President y Chair del Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance de AmCham Chile.

La encuesta fue respondida por 91 empresas socias de AmCham entre el 11 de agosto y el 21 de septiembre de 2026. El 67% corresponde a grandes empresas y el 39,6% está sujeto a la fiscalización de la CMF u otro organismo sectorial.

Brechas en la respuesta ante delitos y en la gestión de terceros


Uno de los hallazgos más relevantes es que el 35,2% de las empresas no está preparado, o lo está solo parcialmente, para actuar si se materializa un delito. Esto puede limitar su posibilidad de invocar atenuantes vinculadas con la reparación del daño, la prevención de consecuencias y la colaboración sustancial.

“Prepararse para el momento en que algo ocurre es tan importante como prevenir. Una empresa que ya tiene definido cómo contener el daño, preservar la evidencia y colaborar con la autoridad queda en mucho mejor posición para hacer valer las atenuantes que contempla la ley”, agregó Varas.

La gestión de proveedores, contratistas y socios también muestra rezagos. Aunque el 76,9% de las empresas incluye cláusulas contractuales especiales y el 63,7% aplica una debida diligencia general, solo el 26,4% exige a sus terceros contar con un MPD propio y el 24,2% les entrega capacitación. Además, el 49,4% no ha evaluado, o lo ha hecho solo parcialmente, el riesgo penal que pueden generar los servicios prestados por terceros.

Recursos, gobernanza y mejora continua


El estudio también detecta una brecha según tamaño. Desde la reforma, el 44,1% de las grandes empresas aumentó el tamaño o presupuesto de su área de cumplimiento, frente al 26,7% de las medianas y el 14,3% de las pequeñas, mientras que ninguna microempresa registró aumentos.

En materia de gobernanza, el directorio designa al responsable del modelo en el 73,6% de los casos. Sin embargo, en el 44,8% de las empresas el responsable pertenece a la gerencia media, a una jefatura operativa o es un prestador externo.

Por último, el 40,2% ya sometió su MPD a una evaluación de terceros independientes y el 32,2% planea hacerlo en los próximos seis meses. El 55,5% cuenta con mecanismos formales de mejora continua, pero solo el 42,5% ejecuta efectivamente sus planes de mejora, una diferencia de 13 puntos porcentuales entre el diseño y la práctica.

Los resultados fueron presentados este lunes en las oficinas de AmCham Chile, en una actividad que contó con palabras de bienvenida y cierre de Roberta Valenca, Past President de AmCham Chile y Chair del Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance; la exposición de Edmundo Varas, y un panel sobre los principales desafíos de las empresas en la aplicación de la ley, con Sebastián Segovia, socio de APS Abogados, y Rebeca Zamora, socia de HD Compliance Consulting, moderado por Margarita Walker, Co-Chair del Comité.

El estudio está disponible para descarga en el siguiente enlace: Modelo de Prevención de Delitos 2026: Implementación Ley de Delitos Económicos.


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