Hernán López detalló a los socios la hoja de ruta del Ministerio del Medio Ambiente en mercados de carbono, adaptación y cumplimiento de la Ley Marco, en un encuentro centrado en cómo movilizar la inversión privada hacia las metas del país.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, realizó la mesa redonda “Acción climática: prioridades de gobierno y oportunidades para el sector privado”, con la participación de Hernán López, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, quien expuso ante las empresas socias cómo se implementarán los instrumentos climáticos vigentes y qué espera la autoridad del mundo privado en ese proceso.

El encuentro se dio con un marco institucional ya instalado. Chile cuenta con la Ley Marco de Cambio Climático, una Estrategia Financiera frente al Cambio Climático y una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para 2025-2035, elaborada en diálogo con el sector privado, a lo que se suma la reciente consulta pública del anteproyecto de actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Con esos instrumentos definidos, la discusión se desplaza hacia su implementación y el papel que en ella cumplirán las empresas.

Ese papel es decisivo en términos de financiamiento. Según Climate Policy Initiative, en 2022 el 54% de los flujos globales destinados a mitigación provino de fuentes privadas, proporción que cae a 12% en los países emergentes y en desarrollo. Para Chile, un estudio del Ministerio de Hacienda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que entre 78% y 86% de la inversión necesaria para alcanzar los objetivos climáticos al 2050 debería provenir del sector privado.

López presentó la arquitectura que ordena la política climática. La Ley Marco, promulgada en 2022, fija la meta de neutralidad de emisiones y resiliencia al 2050 y la despliega en instrumentos de distinta escala, desde la NDC y la Estrategia Climática de Largo Plazo hasta siete planes sectoriales de mitigación, doce de adaptación y planes regionales y comunales. Sobre esa base, la División de Cambio Climático organiza su trabajo en tres líneas: facilitar el acceso a financiamiento climático para desbloquear inversión privada, asegurar el cumplimiento regulatorio y acelerar proyectos de adaptación en las comunidades y regiones más expuestas.

En materia regulatoria, la prioridad inmediata es actualizar la Estrategia Climática de Largo Plazo. El instrumento vigente se publicó en 2021, antes de la aprobación de la ley, y no incluye contenidos mínimos que esta exige. La actualización de la NDC en 2025 abrió la puerta a su revisión, con el objetivo de contar con una estrategia más operativa y coherente con el resto de los instrumentos. En paralelo, el Ministerio elabora el noveno inventario nacional de gases de efecto invernadero, que cubrirá el período 1990-2024 y formará parte del segundo Informe Bienal de Transparencia de Chile ante el Acuerdo de París, y prepara normas de emisión para metano e hidrofluorocarbonos. En el caso del metano, cuyas emisiones alcanzaron 566,7 kilotoneladas en 2022, con la mitad originada en residuos y un 36% en la agricultura, la División trabaja con iniciativas internacionales de monitoreo satelital como Carbon Mapper para fortalecer la medición y el seguimiento de las políticas de mitigación.

Los mercados de carbono concentraron buena parte de las oportunidades para las empresas. Chile ya cuenta con el reglamento nacional del Artículo 6 del Acuerdo de París, que permite transferir reducciones de emisiones entre países, y mantiene acuerdos bilaterales con Suiza, Singapur y Japón. Bajo el convenio con Suiza se han autorizado cinco proyectos, entre ellos sistemas de almacenamiento de energía en baterías, electromovilidad y un relleno sanitario. A esto se suma la transición de 30 proyectos del antiguo Mecanismo de Desarrollo Limpio al nuevo mecanismo de Naciones Unidas. López destacó la importancia de articular estos instrumentos internacionales con los nacionales, de modo que los certificados emitidos bajo el Artículo 6 sean reconocidos en el impuesto verde y en el programa HuellaChile, y subrayó la necesidad de dar mayor certeza a las tipologías de proyectos.

La colaboración público-privada ya muestra resultados en sectores específicos. López citó el acuerdo para la descarbonización de la minería, suscrito por los ministerios de Economía, Minería, Energía y Medio Ambiente junto al Consejo Minero, en una industria donde el 73,5% del consumo eléctrico provino de fuentes limpias en 2024, según Cochilco. También mencionó el acuerdo que abre los mercados de carbono a pequeños y medianos propietarios forestales, orientado a proyectos de forestación, reforestación y recuperación de bosques quemados.

Tras la exposición, López conversó con los socios sobre los desafíos que enfrentan sus empresas frente a esta agenda. La instancia se enmarca en el trabajo de la Mesa de Normativa Ambiental de AmCham Chile, espacio desde el cual la Cámara canaliza las inquietudes y propuestas de sus socios hacia el diseño e implementación de la política climática, desde un diálogo técnico y propositivo.