En una mesa redonda de la Mesa de Normativa Ambiental, Tomás Saratscheff detalló el reparto de funciones que fijó la nueva institucionalidad, defendió con los casos de Costa Rica y Nueva Zelanda que el aporte empresarial va más allá del financiamiento y advirtió que el servicio no operará en régimen antes de 2029.

Una pareja de pelo blanco se sale del sendero y escudriña entre las plantas. Están en el parque nacional Abel Tasman, en Nueva Zelanda, y lo que revisan es una trampa para especies invasoras. Son jubilados del pueblo vecino. Hacen turnos todo el año y nadie les paga. Tomás Saratscheff, director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), los vio y los trajo a la mesa redonda "Colaboración público-privada para la conservación", organizada por la Mesa de Normativa Ambiental, el grupo de trabajo de AmCham Chile que sigue la regulación en esa materia. Lo advirtió en su primera frase: no hablaría mucho de reglamentos, porque primero quería hacer una invitación.

Fernanda Soza, gerente general de la Cámara, abrió la sesión recordando que el organismo nace de una recomendación que la OCDE formuló en sus evaluaciones de desempeño ambiental de 2005 y 2016, cuando advirtió que la gobernanza chilena de la biodiversidad estaba repartida entre múltiples entidades. La Ley 21.600, aprobada en 2023, creó la institución que reúne esas funciones y que opera desde febrero de este año. "Chile es uno de los países con mayor riqueza de biodiversidad del planeta y, por primera vez, contamos con un servicio público con un rol técnico, fiscalizador y, sobre todo, articulador, capaz de coordinar con el sector privado, la academia y la sociedad civil", señaló. Robert Currie, secretario ejecutivo de la Mesa y moderador del encuentro, apuntó que la Ley 20.417 de 2010, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, suponía que el SBAP partiría casi al mismo tiempo que ambos. Hubo que esperar largo tiempo.

El director viene de la conservación y de una familia empresaria, y desde esa doble pertenencia formuló un diagnóstico incómodo para su propio gremio. "Siempre me ha llamado la atención que la conservación es un círculo a veces un poco cerrado: los seminarios que hay de conservación, en general, son siempre los mismos, muy academia o algunos representantes más de la sociedad civil, y el sector productivo en general se ve más en otro círculo", dijo.

Para romper ese círculo se apoyó en dos países que, según explicó, inspiraron la ley chilena. Costa Rica, sin minería a la que echar mano, apostó su economía a la naturaleza. Según las cifras que expuso Saratscheff, la cobertura forestal costarricense había caído a un 25% del territorio en las décadas de los 70 y 80, subió a 42% en 1997 y hoy ronda el 60%, mientras las llegadas internacionales por vía aérea saltaron de unos 800.000 visitantes anuales en 1997 a cerca de 3 millones. Ese sistema de áreas protegidas, agregó, se gestiona junto a concesionarios turísticos y universidades, entre otros actores privados. "Ningún Estado puede hacerse cargo de algo tan colosal: tiene que abrirse a la colaboración público-privada", sostuvo.

De Nueva Zelanda tomó el manual de operaciones. El Department of Conservation —el DOC, el equivalente neozelandés del SBAP— fue creado en 1987, administra cerca del 30% del territorio y desde 2012 se propuso incorporar a las 530.000 empresas del país al cuidado de sus áreas protegidas. Hoy, según el director, declara más de mil convenios vigentes. El de Air New Zealand le sirvió para desarmar una idea instalada, la de que colaborar equivale a firmar un cheque. La aerolínea entrega US$500.000 anuales en dinero y otros US$250.000 en vuelos para las operaciones del servicio. A eso suma el equivalente a US$1 millón en marketing y campañas conjuntas, y gracias a ese acuerdo 45.000 hectáreas están hoy bajo monitoreo y control de especies invasoras. "Traer al sector productivo y a las empresas a la conservación no se trata simplemente de que nos financien (...). Se trata de hacerlos parte del desafío que tenemos como país para la conservación de la naturaleza", afirmó. Ese país mantiene además el programa de control de plagas más grande del mundo, con 4 millones de trampas que alguien debe atender cada mañana. La pareja de Abel Tasman, con su ronda diaria, era el ejemplo extremo de lo mismo. "Esto es una colaboración público-privada que no implica montos grandes de recursos, no implica empresas detrás", comentó.

Ese modelo tiene traducción legal en Chile, y Saratscheff la explicó desde el conflicto que la parió. Durante la tramitación circuló la acusación de que el proyecto privatizaba los parques nacionales, y los sindicatos de CONAF —la corporación que administró esas áreas durante décadas— la levantaron con fuerza. El director admitió que el texto original daba pie a esa lectura. "Si bien esto no era el espíritu de la ley, la verdad es que tan lejos de la verdad no estaba, porque cuando uno lee los artículos de la ley, efectivamente generaban un espacio de duda", reconoció. Una reunión entre CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente en 2019 fijó como principio que los parques seguirían en manos públicas, y de ahí salieron los artículos 67 y 68.

¿Dónde termina, entonces, el Estado?

El artículo 67 le reserva la administración de las áreas protegidas, un concepto que el director desglosó: los planes de manejo, los planes de uso público en zonas de alta visitación como Torres del Paine, la entrega de permisos, concesiones y cesiones de uso, la firma de convenios de participación con terceros y la facultad de caducar cualquiera de ellos cuando no se cumplen las cláusulas. "La administración de las áreas protegidas del Estado es exclusiva del Estado. Es algo indelegable", subrayó. El artículo 68 regula la gestión, donde sí cabe un privado, y la acota a lo que contribuye a los objetivos del plan de manejo de cada unidad, el instrumento que fija qué se quiere conservar allí y cómo. Ahí entran el control de especies exóticas invasoras, los cortafuegos, el monitoreo biológico, la construcción y mantención de senderos e infraestructura y la operación de campings y cabañas. Para un socio interesado, ese plan es el documento que hay que leer antes de proponer cualquier cosa.

La franqueza alcanzó también al estado del propio servicio. Desde el 1 de febrero el SBAP fiscaliza y emite pronunciamientos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y en terreno ya ejecuta medidas de conservación. Pero los equipos siguen incompletos y hay herramientas de la ley que no entrarán en vigencia hasta dentro de un par de años. "Este servicio va a entrar en régimen por ahí por el año 2029, 2030, según cómo se vayan dando los escenarios fiscales", estimó Saratscheff. Por falta de tiempo pasó rápido por ese capítulo y alcanzó a mencionar dos instrumentos: el Fondo Nacional de Biodiversidad, un mecanismo concursable para financiar proyectos que fundaciones y ONG llevan años esperando, y el Inventario Nacional de Humedales, en elaboración y que por su complejidad técnica tomará al menos un año más.

Al cerrar, Saratscheff resumió lo que sus contrapartes neozelandesas le transmitieron como condiciones para que una colaboración dure. Cultivar el vínculo, para que quien se acerca a la institución con buena voluntad no reciba una respuesta ingrata, y funcionarios que entiendan qué mueve al sector privado. "Si uno entiende mejor con quién está hablando, obviamente esa relación va a ser más exitosa", dijo. Su antídoto contra la acusación de greenwashing fue breve. "Estas alianzas miden resultados y saben contar estas historias", afirmó. El lineamiento que bajó a sus equipos cabe en una frase: "Sería bastante el colmo que, por crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ahora hacer conservación sea más difícil. Nosotros tenemos que hacer que la conservación sea más fácil".

En Abel Tasman, mientras él hablaba, alguien ya había revisado las trampas.