En ese contexto, la Mesa de Seguridad Pública de AmCham Chile reunió a representantes del sector con la División de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el organismo a cargo de hacer funcionar la nueva ley. La apertura estuvo a cargo de Francisco del Campo, Secretario Ejecutivo de la Mesa, y la exposición técnica la condujeron Rodrigo Rojas, jefe de la División, y Catalina Mejía, de su área de Atención Ciudadana.

Del Campo fijó temprano la posición de la Cámara. "No hay crecimiento sostenible ni atractivo para la inversión sin un entorno seguro en el país", señaló. Y describió cómo se siente ese costo cuando algo falla: "Cuando la violencia escala, aumentan los costos operacionales, se tensionan las cadenas logísticas, se debilita la confianza necesaria para hacer proyectos". Lo que aporta el sector privado a esta discusión, planteó, es conocimiento técnico y datos, sobre todo de cara a las compañías estadounidenses que evalúan dónde instalar operaciones. "Estamos convencidos de que esta colaboración público-privada es lo que permite transformar una buena ley en una buena implementación", resumió.

El sector que la ley busca ordenar no es menor. De acuerdo con la presentación de la Subsecretaría, supera los 300.000 trabajadores y creció más de 350% en la última década, con 5.651 empresas activas. Opera, además, sobre instalaciones que el propio Estado considera infraestructura crítica, lo que explica que su regulación termine incidiendo en la seguridad pública del país.

Rojas fue franco con el diagnóstico. "La ley que se implementó, las normas, los decretos y otros reglamentos, tanto de seguridad privada como de eventos masivos, quedaron muy confusos", reconoció. Y definió la prioridad de su equipo sin rodeos: "Nuestra misión hoy en día es poder operativizar y socializar estos reglamentos y esta ley". En esa línea anunció una ley corta que extiende en 18 meses el plazo para que las entidades obligadas presenten sus estudios de seguridad y prorroga las autorizaciones vigentes del personal del rubro. Aprobada en el Congreso al momento del encuentro, la norma se publicó pocos días después en el Diario Oficial como la Ley N° 21.825. El objetivo, explicó, es dar aire a la industria sin retroceder en los estándares.

El dato más duro de la jornada salió de esa misma franqueza. La División cuenta con 30 personas para asumir una carga que antes se distribuía entre cerca de 460 funcionarios de Carabineros, la institución que fiscaliza la seguridad privada, con atrasos de entre 45 y 50 días en las solicitudes. "Esta ley lleva a que 30 personas tengan que hacer el trabajo de 460 personas, y es una realidad que nos toca vivir", dijo Rojas. Frente a esa estrechez, su apuesta es sumar al sector como aliado operativo, y para eso ofreció una credencial: "El equipo que hay en la División de Seguridad Privada, en su gran mayoría, son personas que han estado al otro lado, o sea, donde están ustedes ahora. Entonces conocen muy bien el rubro".

Catalina Mejía recorrió el estado de la Plataforma de Seguridad Privada, el sistema digital por el que empresas y personas naturales deberán tramitar sus autorizaciones. De las 29 solicitudes que contempla, 20 ya operan al 100%; las nueve restantes se habilitarán durante el año, y mientras tanto esos trámites siguen pasando por las autoridades fiscalizadoras. La plataforma incorpora convenios con el Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos para chequear la veracidad de los antecedentes, y debe estar completamente operativa a más tardar el 28 de noviembre de 2026. Mejía apuntó al sentido de fondo del cambio: "Lo que nosotros tratamos de buscar es que ya no sea solamente seguridad privada como un giro comercial, sino que sea coadyuvante y pueda apoyar a la seguridad pública".

El mecanismo concreto para esa colaboración es una fuerza de tarea público-privada que ya sumó cuatro sesiones de trabajo y cerca de 40 participantes, y que el regulador se comprometió a convocar cada quince o veinte días durante el resto del año. Rojas lo planteó sin matices: "Esto no es privado y público: es una alianza entre lo privado y lo público". Es la misma idea que del Campo había puesto sobre la mesa al abrir, desde la vereda de AmCham.

Rojas dejó planteado lo que viene una vez cerrada la implementación. Toda la materia de seguridad privada quedará radicada en la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la sola excepción de la fiscalización, que seguirá en manos de las autoridades fiscalizadoras. Falta para eso. Por ahora, el plazo que corre es el del 28 de noviembre, cuando la plataforma debe estar funcionando completa.