Chile, país que tan a menudo es indicado como un modelo de rectitud económica, ha sido marcado. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea -dos de sus principales socios comerciales- estiman que el país presenta fallas en materia de protección a la propiedad intelectual.

En enero, Estados Unidos anunció que había incorporado a Chile a su Priority Watch List de países donde considera que los derechos de propiedad intelectual (DPI) se están infringiendo seriamente. Apenas unos meses antes, la Unión Europea llegó a una conclusión similar, si bien ésta causó menos agitación que el anuncio estadounidense.

Sobre la base de un sondeo a empresas de la UE, la Comisión Europea identificó a Chile -junto con Rusia, Turquía y Ucrania- como su segunda mayor prioridad en esta materia, después de China. Según señala el informe, Chile fue “uno de los países mencionados más frecuentemente por los encuestados como incapaz de proteger y hacer cumplir sus derechos de manera eficiente”.

Las principales quejas en ambos casos se centran en la violación de patentes, particularmente en el sector farmacéutico, la piratería de música, películas, libros y software. Según el gobierno estadounidense, esta última va en crecimiento -situación que también ha sido detectada por la Fiscalía Nacional de Chile-, mientras que la Comisión Europea sugirió que Chile está desarrollando una nueva exportación no tradicional: libros pirateados.

Pero ésos son sólo los síntomas. El tema subyacente, dicen los críticos, es que Chile simplemente no está haciendo lo suficiente para abordar el problema. Tanto la legislación chilena sobre DPI como su aplicación son insatisfactorias, argumenta el representante comercial adjunto de Estados Unidos, John K. Veroneau (ver entrevista página 14).

Funcionarios del gobierno chileno rebaten esta afirmación. “Sentimos que el gobierno estadounidense no ha reconocido el avance sustancial que hemos hecho en materia de DPI”, señala Carlos Furche, director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, según Rodrigo Cooper, presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI), organización privada que promueve la protección de los DPI, Chile -de hecho- está avanzando lentamente, cumpliendo sólo parcialmente con sus obligaciones y sólo cuando se ve forzado a hacerlo. “La política del gobierno es hacer lo mínimo posible”, sostiene.

Y a menudo lo hace tardíamente. Chile, por ejemplo, debiera haber modificado su legislación de manera acorde con los estándares del ADPIC de la Organización Mundial de Comercio el 2000, pero no lo hizo sino hasta el 2005, destaca Cooper.

José Manuel Cousiño, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile (CIF), es aún más crítico. Sostiene que, en el 2004, el gobierno modificó la redacción de la ley que define las responsabilidades del Instituto de Salud Pública (ISP) -la entidad responsable de verificar la seguridad y efectividad de los nuevos fármacos- en una apuesta por saltarse las obligaciones que asumió con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos.

“Chile está violando el TLC y no cumple adecuadamente su acuerdo comercial con la UE ni el ADPIC”, señala Cousiño, cuya organización representa a las farmacéuticas internacionales que operan en Chile. “Los tratados están para respetarse, no para burlarlos”.

“Chile no está burlando de ninguna manera [los acuerdos] y no tiene necesidad de hacerlo”, responde el embajador Furche. “Podemos tener desacuerdos sobre los instrumentos usados para proteger los DPI, pero no sobre los principios”, insiste.

LÍNEAS DE BATALLA

Si bien destaca que los artículos falsificados se venden en las calles de ciudades de todo el mundo -“incluidas las de Estados Unidos”-, Furche admite que Chile necesita hacer más a este respecto. Y el gobierno, de hecho, está en proceso de elaborar un proyecto de ley y de introducir sanciones más estrictas.

Pero se enfrenta a la actitud pública. En un sondeo publicado en diciembre por CERC, firma de encuestas de opinión con sede en Santiago, el 21% consideraba que la adquisición de artículos pirateados no era un acto de corrupción, mientras que otro 37% pensaba que sí lo era, pero que no justificaba un castigo.

Más aún, la evidencia anecdótica sugiere que las ventas callejeras de artículos pirateados son apenas la punta de un iceberg mucho más grande. En prósperos barrios de Santiago, los lectores de medidores de servicios públicos, por ejemplo, ofrecen entregar DVD pirateados a edificios de departamentos, mientras que equipos de ventas visitan oficinas en centros de negocios de la ciudad con catálogos de películas y música pirateada.

Sin embargo, sobre el otro principal reclamo de Estados Unidos -la falta de protección a las patentes farmacéuticas- el gobierno chileno sostiene que ya está cumpliendo con sus obligaciones. Admite que hubo quejas de las empresas farmacéuticas cuando el TLC recién entró en vigencia, pero afirma que ahora éstas han cesado, si bien, según Cousiño, actualmente se venden 63 drogas que usan 14 moléculas protegidas por patentes.

En Chile, una empresa que lanza un nuevo fármaco debe obtener la autorización del ISP, pero esta entidad, que forma parte del Ministerio de Salud, no verifica con el Departamento de Propiedad Industrial -agencia responsable de registrar las patentes y dependiente del Ministerio de Economía- para ver si la droga está protegida por patentes. Esto significa que el único recurso de los dueños de las patentes es acudir a tribunales, con el tiempo y el costo que esto involucra.

Para resolver este problema, Estados Unidos quisiera que Chile implemente su sistema de “linkage” mediante el cual la situación de patentes de un nuevo fármaco es revisada simultáneamente con su idoneidad médica. “Cuando suscribió el TLC, Estados Unidos entendía que Chile era un estado y que las patentes entregadas por el Departamento de Propiedad Industrial serían respetadas por el ISP”, comenta Cousiño.

Pero, al parecer, eso no es necesariamente lo que el gobierno chileno entendía o pretendía. Según un informe no confirmado, Ricardo Lagos, presidente de Chile en ese entonces, escribió al presidente Bush señalando que Chile no tenía ninguna intención de implementar el “linkage”.

“El origen de la actual discrepancia podría radicar en la relativa ambigüedad de esta parte del texto del TLC”, sugiere Carlos Furche. Sin embargo, cualquiera sea la causa de la discrepancia, el gobierno chileno parece decidido a mantenerse firme respecto del “linkage”.

Desde el 2004, Chile ha aprobado dos leyes para fortalecer la protección a los DPI, destaca Bernardita Escobar, titular del Departamento de Propiedad Industrial. Además de la ley diseñada para conciliar a Chile con los estándares del ADPIC, que entró en vigencia el 2005, éstas incluyen una ley, vigente a partir de este año, que hace los ajustes requeridos por el TLC Chile-Estados Unidos, señala.

“Creemos que, en lo que respecta a las patentes farmacéuticas, estamos cumpliendo el TLC”, insiste Furche. “Lo que tenemos es una diferencia de opinión; Estados Unidos cree que el linkage es la única respuesta, mientras que nosotros pensamos que tenemos un sistema que es igualmente efectivo”.

¿Y AHORA QUÉ?

Haciendo énfasis en su renuencia a colocar a un socio de un TLC en la Priority Watch List, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos ha manifestado que espera seguir trabajando con Chile para resolver la discrepancia. Ha negado cualquier vinculación con las posibilidades de Chile de acelerar las reducciones arancelarias contempladas en el TLC y señala que espera no tener que recurrir al mecanismo de resolución de disputas del TLC.

Según fuentes cercanas al gobierno chileno, eso se debe a temores de que podría perder. En privado, también sugieren que sería difícil para Estados Unidos emprender una medida de ese tipo en contra de una economía modelo en Latinoamérica y que ello lo expondría al cargo de actuar en favor de los intereses de las compañías farmacéuticas internacionales.

Más aún, el gobierno chileno afirma que no está excesivamente preocupado por el riesgo al comercio bilateral y la inversión entre Chile y Estados Unidos. Aún si se descuenta el impacto de los altos precios del cobre, las exportaciones de Chile a Estados Unidos se están incrementando de buena forma y auque la inversión estadounidense en Chile se ha reducido fuertemente en los últimos años, sigue siendo su mayor inversionista individual, recalca Furche.

“Y sostener que la caída de la inversión se debe a los DPI no resiste análisis”, insiste. “Basta mirar a dónde se dirigen las inversiones: países con un registro mucho peor en materia de DPI”

No obstante, la aparición de Chile en la Priority Watch List -donde podría permanecer por algún tiempo- es un golpe para el país. Es cierto que otros países latinoamericanos (incluidos Argentina, Brasil y Venezuela) también están en la lista, pero la incorporación de Chile lo coloca junto a naciones como China, que son reconocidas como algunas de las más flagrantes infractoras de los derechos de propiedad intelectual en el mundo.

Y los empresarios chilenos junto con los defensores de una mejor protección de los DPI no están tan optimistas como el gobierno respecto del impacto sobre las relaciones económicas de Chile. “No creo que el gobierno entienda las consecuencias de su posición”, advierte Rodrigo Cooper.

Temen que no sólo el comercio pueda verse afectado. “¿Cuál es la idea de tener una comisión de innovación si no vas a proteger los DPI?”, se pregunta Cousiño.

De hecho, no son sólo Estados Unidos o los fabricantes internacionales de fármacos los que están instando a que se realicen mejoras. Eso, por ejemplo, están pidiendo los productores de semillas del país, cuyas exportaciones ahora asciende a USD 170 millones anuales y que desde hace tiempo identificaron a los DPI como una de las principales barreras para el crecimiento de la industria.

“Se ha dicho mucho respecto del impacto sobre los productos farmacéuticos, la música, las películas, los libros y los software, pero poco sobre los productos agrícolas, como las semillas y árboles frutales patentados, que se venden ilegalmente”, resalta la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), entidad que advierte que “en una situación como ésta, no habrá incentivos para desarrollos genéticos locales y Chile seguirá dependiendo de nuevas variedades importadas”.

“Chile aún está a medio camino del desarrollo (...) y necesita tecnología, diversificación, inversión e innovación”, reconoce el embajador Furche. “La protección de los DPI no es una imposición; es por el bien de Chile”.

Efectivamente. Y la gracia estará en convertir la actual discrepancia con Estados Unidos en una oportunidad, más que en permitir que degenere en una disputa que perjudique su imagen. Puede que eso no sea fácil, pero ciertamente será lo mejor para todos.

ENTREVISTA: EMBAJADOR JOHN K. VERONEAU

Durante una visita a Santiago en enero, el embajador John K. Veroneau, representante comercial adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, conversó con bUSiness CHILE sobre la importancia que Estados Unidos asigna a los derechos de propiedad intelectual (DPI) y sobre por qué colocó a Chile en la Priority Watch List.

Embajador, la USTR destacó dos preocupaciones sobre los DPI en Chile: la violación de patentes farmacéuticas y la piratería. ¿Cuál de ellas encuentra más preocupante?

Ambas son importantes. La perspectiva de Estados Unidos es que el régimen de propiedad intelectual (PI) de Chile necesita mejorar en general; no se trata de un sector en particular.

Los productos falsificados se venden en las calles de las principales ciudades del mundo. ¿De verdad Chile se está comportando tan mal?

No debiéramos aspirar a estar a la par de países que tienen problemas en materia de respeto a la propiedad intelectual. Tenemos un Tratado de Libre Comercio (TLC) que eleva el nivel de ambición sobre una serie de cosas, incluida la protección de la PI. Chile, Estados Unidos, Europa y otros países que asignan una prima a la PI están invirtiendo una cantidad energía considerable en mejorar la protección. En este sentido, Chile no ha sido señalado de una forma que sugiera que es el único país con un problema. Sin embargo, es un país con el que tenemos un TLC y, por lo tanto, tenemos obligaciones mutuas de hacerlo mejor que otros países.

¿Por qué Estados Unidos colocó a Chile en la Priority Watch List, en lugar de emplear el mecanismo de resolución de disputas del TLC?

En virtud de la legislación estadounidense, si un país muestra un desempeño menor a los estándares establecidos en el Estatuto 301, tenemos la obligación de actuar. De modo que ya sea que hubiéramos tomado o no medidas formales por la disputa en virtud del TLC, habríamos tenido que seguir igual con su incorporación en la Priority Watch List. Esperamos poder resolver este tema sin recurrir al mecanismo formal de resolución de disputas, pero el tiempo dirá si eso es posible.

¿Les preocupa el marco legal de Chile o su aplicación de las leyes existentes?

Ambos. Claramente hay ciertos vacíos en la ley, pero también es importante su aplicación.

Respecto de su aplicación, Chile tiene escasos recursos y muchas otras prioridades...

En cada régimen de aplicación, deben hacerse juicios de valor, pero al evaluar el costo de hacer valer la PI, es importante que esto esté equilibrado respecto del costo que representa no respetarla, y uno de esos costos es una menor inversión extranjera directa. Estados Unidos no es el único país que concluye que el régimen de protección de la PI de Chile es inadecuado; Europa llegó a la misma conclusión el otoño pasado. La importancia de la PI para las empresas aumenta todos los años de manera que la forma en que se vea el régimen de PI de un país afecta cómo la gente ve el clima de inversión.

¿De modo que ése es el principal costo que tiene para Chile no cumplir?

Es uno de los principales costos; otro costo es que creo que habrá menos innovación en Chile. Hay muchas mentes buenas mentes en Chile que innovan, pero la innovación se verá desalentada si sus frutos no son protegidos, en la misma forma que los agricultores no van a cosechar sus cultivos si la gente puede tomarlos sin pagar. Finalmente, puede haber una conexión entre piratería y delincuencia, porque las actividades clandestinas de distintos tipos a menudo son realizadas por la misma gente.

¿El gobierno de Estados Unidos ha presentado a su símil chileno una lista de medidas de cumplimiento?

Hemos tenido extensas discusiones con Chile respecto de los problemas específicos que tenemos. El propósito de mis conversaciones en Santiago ha sido transmitir la importancia que tiene lograr avances reales. Creo que el gobierno chileno entiende que éste es un problema serio y hay un compromiso para concentrarse en él y ver qué progresos pueden lograrse en el mediano plazo. Al mismo tiempo, quería transmitir que el TLC ha sido muy bueno para ambas partes y que la relación es muy sólida y constructiva.

¿Hay un cronograma para los avances?

No establecimos un plazo específico, porque no consideramos que eso fuera de ayuda, pero manifestamos un fuerte sentido de que se necesitan avances reales en el mediano plazo.

Chile, so often held up as a model of economic rectitude, has got a black mark. Both the United States and the European Union - two of its main free trade partners - have found it wanting on protection of intellectual property.

In January, the U.S. announced that it was adding Chile to its Priority Watch List of the countries where it considers intellectual property rights (IPR) to be seriously infringed. Only a few months earlier, the European Union - although causing less stir than the U.S. announcement - had reached a similar conclusion.

On the basis of a survey of EU businesses, the European Commission identified Chile, along with Russia, Turkey and the Ukraine, as its second most important concern, after China. Chile was, it reported, “one of the countries more frequently mentioned by stakeholders as being unable to effectively protect and enforce their rights”.

The main complaints in both cases center on patent violation, particularly in the pharmaceutical sector, and piracy of music, films, books and software. According to the U.S. government, the latter is on the increase - a situation also detected by Chile’s Public Prosecutor’s Office - while the European Commission suggested that Chile is developing a new non-traditional export - pirated books.

But those are just the symptoms. The underlying issue, say critics, is that Chile is simply not doing enough to tackle the problem. Both Chilean legislation on IPR and its enforcement are lacking, argues Deputy U.S. Trade Representative John K. Veroneau (see interview on page 14).

Chilean government officials dispute this. “We feel the U.S. government hasn’t recognized the substantial progress we’ve made on IPR,” says Carlos Furche, director general of international economic relations at the Foreign Ministry.

But, according to Rodrigo Cooper, president of the Chilean Intellectual Property Association (ACHIPI), a private organization that promotes IPR protection, Chile is, in fact, dragging its feet, complying only partially with its obligations and only when forced to do so. “The government’s policy is to do the minimum possible,” he argues.

And it often does so belatedly. Chile should, for example, have modified its legislation in line with the World Trade Organization’s TRIPS standards by 2000, but didn’t do so until 2005, points out Cooper.

José Manuel Cousiño, executive vice-president of the Chilean Pharmaceutical Industry Chamber (CIF), is still more critical. He argues that, in 2004, the government changed the wording of the law that defines the responsibilities of the Public Health Institute (ISP) - the agency responsible for verifying the safety and effectiveness of new drugs - in a bid to skirt the obligations it had undertaken in the Chile-U.S. Free Trade Agreement (FTA).

“Chile is violating that FTA and doesn’t comply properly with its trade agreement with the EU or TRIPS either,” says Cousiño, whose organization represents international drug companies operating in Chile. “Treaties are there to be respected, not to play tricks with.”

“Chile is emphatically not playing tricks and has no need to do so,” retorts Ambassador Furche. “We may have disagreements about the instruments used to protect IPR, but not about the principle,” he insists.

BATTLE LINES

Although pointing out that counterfeit goods are on sale on the streets of cities around the world - “including the United States” - Furche admits that Chile needs to do more. And the government is, in fact, in the process of drawing up a bill to tighten the law and introduce stiffer penalties.

But it is up against public attitudes. In a poll published in December by CERC, a Santiago-based opinion research organization, 21% considered that purchasing pirated goods was not an act of corruption while a further 37% thought it was but didn’t warrant punishment.

Moreover, anecdotal evidence suggests that street sales of pirated goods are just the tip of a much larger iceberg. In prosperous neighborhoods of Santiago, meter readers for utility services, for example, offer to deliver pirated DVDs to apartment buildings while sales teams visit offices in the city’s business centers with catalogues of pirated music and films.

However, on the other main complaint of the U.S. - a lack of protection for pharmaceutical patents - the Chilean government maintains that it is already complying with its obligations. It admits there were complaints from drug companies when the FTA first came into force but says these have now ceased, although, according to Cousiño, 63 drugs using 14 patent-protected molecules are currently on sale.

In Chile, a company releasing a new drug must obtain authorization from the ISP but this agency, which forms part of the Health Ministry, does not check with the Economy Ministry’s Department of Industrial Property (DPI) - the agency responsible for registering patents - to see whether the drug is patent-protected. This means that patent holders’ only recourse is to the courts, with the time and expense this involves.

To resolve this problem, the U.S. would like Chile to implement its system of ‘linkage’ whereby a new drug’s patent situation is reviewed simultaneously with its medical suitability. “When it signed the FTA, the U.S. understood that Chile was one state and that a patent awarded by the DPI would be respected by the ISP,” says Cousiño.

But that, it appears, is not necessarily what the Chilean government understood or intended. According to one unconfirmed report, Ricardo Lagos, Chile’s president at the time, actually wrote to President Bush stating that Chile had no intention of implementing linkage.

“The origin of the present discrepancy may be in the relative ambiguity of this part of the FTA text,” suggests Carlos Furche. But, whatever the cause of the discrepancy, the Chilean government appears determined to stick to its guns on linkage.

Since 2004, Chile has passed two laws to strengthen IPR protection, points out Bernardita Escobar, head of the DPI. As well as the law designed to bring Chile into line with TRIPS standards, which came into force in 2005, these include a law, which came into effect this year, making adjustments required by the Chile-U.S. FTA, she reports.

“We believe that, as regards pharmaceutical patents, we’re in compliance with the FTA,” insists Furche. “What we have is a difference of opinion; the U.S. thinks linkage is the only answer while we think we have a system that is equally effective.”

WHERE NOW?

Emphasizing its reluctance to put an FTA partner on the Priority Watch List, the U.S. Trade Representative’s Office has indicated that it looks forward to continuing to work with Chile to resolve the discrepancy. It has denied any tie-in with Chile’s chances of accelerating the tariff reductions envisaged in the FTA and says that it hopes to avoid resort to the FTA’s dispute settlement mechanism.

According to sources close to the Chilean government, that is because it fears it could lose. Privately, they also suggest it would be difficult for the U.S. to take that sort of action against Latin America’s model economy and would expose it to the charge of acting in the interests of international drug companies.

Moreover, the Chilean government claims not to be unduly concerned about the risk to bilateral trade and investment between Chile and the U.S. Even discounting the impact of high copper prices, Chile’s exports to the U.S. are rising nicely and although U.S. investment in Chile has fallen sharply in recent years, it is still the largest single investor, notes Furche.

“And to argue that the drop in investment is related to IPR doesn’t bear analysis,” he insists. “Just look at where investment is going - to countries with a far worse record on IPR.”

But Chile’s placement on the Priority Watch List - where it could remain for some time - is a blow. True, other Latin American countries, including Argentina, Brazil and Venezuela, are also on the List, but Chile’s inclusion puts it together with countries, like China, that are identified as some of the world’s most blatant infringers of intellectual property.

And Chilean businesspeople and advocates of better IPR protection are not as sanguine as the government about the impact on Chile’s economic relations. “I don’t think the government understands the consequences of its position,” warns Rodrigo Cooper.

And they fear that not only trade could be affected. “What’s the point of having an innovation commission if you’re not protecting IPR?” wonders Cousiño.

Indeed, it is not only the U.S. or international drug manufacturers that are calling for improvements. So, for example, are the country’s seed producers whose exports now reach US$170 million a year and who have long identified IPR as one of the main barriers to the industry’s growth.

“A lot has been said about the impact on pharmaceutical products, music, films, books and software, but little about the agricultural products, like patent-protected fruit trees and seeds, that are sold illegally,” noted the National Association of Seed Producers (ANPROS), warning that “in a situation like this, there won’t be incentives for domestic genetic developments and Chile will continue to depend on new imported varieties.”

“Chile is still halfway to development…and it needs technology, diversification, investment and innovation,” agrees Ambassador Furche. “IPR protection is not an imposition; it’s in Chile’s best interests.”

Indeed. And the trick will be to turn the present discrepancy with the U.S. into an opportunity, rather than allowing it to degenerate into an image-denting dispute. That may not be easy, but it would certainly be very much in everyone’s best interests.

INTERVIEW: AMBASSADOR JOHN K. VERONEAU

During a visit to Santiago in January, Ambassador John K. Veroneau, the Deputy U.S. Trade Representative responsible for Latin America, talked to bUSiness CHILE about the importance the United States attaches to intellectual property rights (IPR) and why it put Chile on its Priority Watch List.

Ambassador, the USTR has highlighted two concerns about IPR in Chile - patent-infringing pharmaceuticals and piracy. Which do you find more worrying?

Both are important. The U.S. view is that Chile’s intellectual property regime needs to be improved across the board; this isn’t about a particular sector.

Counterfeit products are sold on the streets of major cities around the world. Is Chile really behaving so badly?

We shouldn’t aspire to be on a par with countries that have IP enforcement problems. We have a Free Trade Agreement (FTA) that raises the level of ambition on a whole host of things including IP protection. Chile, the United States, Europe and other countries that put a premium on IP are putting considerable energy into improving protection. In this sense, Chile isn’t being singled out in a way that suggests it is the only country with a problem. However, it is a country with which we have an FTA and, therefore, we have mutual obligations to do better than other countries.

Why did the U.S. put Chile on the Priority Watch List, rather than using the FTA’s dispute resolution mechanism?

Under U.S. law, if a country is performing below the standards set out in the 301 Statute, we are obliged to act. So whether or not we took formal dispute action under the FTA, we would still have moved forward with the Priority Watch List designation. It is our hope that we can resolve this issue without resorting to the formal dispute mechanism, but time will tell whether that’s possible.

Is your concern Chile’s legal framework or its enforcement of existing laws?

Both. There are clearly some holes in the law, but also significant holes in enforcement.

On enforcement, Chile has scarce resources and many other priorities...

In every enforcement regime, value judgments must be made but, when assessing the cost of enforcing IP, it’s important that this be balanced against the cost of not enforcing it, and one of those costs is less foreign direct investment. The U.S. is not the only country to conclude that Chile’s IP protection regime is inadequate; Europe reached the same conclusion last fall. The importance of IP for companies rises every year so how a country’s IP regime is viewed affects how people view its investment climate.

So that’s the main cost to Chile of not complying?

It’s one of the main costs; another cost is that I think there will be less innovation in Chile itself. There are many fine minds in Chile that innovate but innovation will be discouraged if its fruits are not protected, in the same way that farmers won’t grow crops if people can just help themselves. And lastly, there may be a link between piracy and crime because underground activities of different types are often conducted by the same people.

Has the U.S. administration presented the Chilean government with a list of measures that would constitute compliance?

We’ve had very extensive discussions with Chile as to the specific problems we have. The scope of my discussions in Santiago has been to convey the importance of making real progress. I believe there is an understanding in the Chilean government that this is a serious problem and there is a commitment to focus on it and see what progress can be made in the near term. At the same time, I wanted to convey that the FTA has been very good for both sides and the relationship is very strong and constructive.

Is there a timescale for progress?

We didn’t set a specific deadline because we didn’t see that as helpful, but we have conveyed a strong sense that real progress is needed in the near term.