Subiendo por un camino de ripio que conduce a la mina de cobre y oro San José, camina un grupo de cerca de 40 mineros. Usan overoles azul oscuro y cascos, parecen listos para iniciar sus turnos. Sin embargo, estos hombres no tienen trabajo que hacer. Desde el 5 de agosto, cuando colapsó un túnel en la mina atrapando a 33 de sus colegas bajo tierra, han estado sin trabajar.

Y la jefa del grupo es Evelyn Olmos, la presidenta del sindicato de mineros locales. Ella explica por qué están ahí.

“Estamos viviendo en la incertidumbre”, señala. “Aún estamos contratados por la compañía que posee esta mina y, mientras eso sea así, no podemos encontrar trabajo en otro lado. Necesitamos que el G




obierno intervenga”.

Olmos, cuyo sindicato representa a más de la mitad de los 140 mineros empleados en la mina, afirma que el accidente no fue un incidente aislado. Algo similar podría suceder en otras minas chilenas en cualquier momento, advierte.

“Hemos estado hablando con los sindicatos en otras partes de la región y dicen que los estándares de seguridad en sus minas son tan malos como acá”, sostiene. “Este accidente era previsible”.

El accidente y el enorme interés de los medios de comunicación que ha generado, han mostrado una fuerte falla en los estándares de seguridad de las minas de Chile. Recordó a los chilenos que la minería en este país no tiene que ver sólo con Codelco, BHP Billiton, Anglo American, Barrick y Xstrata, enormes empresas con registros de seguridad relativamente buenos. También se trata de empresas de pequeña y mediana envergadura, esparcidas por el desierto de Atacama, donde los mineros a menudo escarban para ganarse el sustento en precarias condiciones.

Negocios Riesgosos

La minería es, por supuesto, una profesión inherentemente riesgosa y, afortunadamente, ya pasaron hace muchos los días en que la industria lloraba las vidas de cientos de chilenos cada año.

Los estándares de seguridad han mejorado, tanto así que Miguel Ángel Durán, presidente del Consejo Minero de Chile que agrupa a 15 empresas multinacionales privadas y la estatal Codelco, hace la siguiente y memorable afirmación: “En su totalidad, la minería tiene las tasas de accidentes más bajas de cualquier industria en el país, incluyendo la de la construcción, banca, comercio minorista, agricultura y transporte”.

Las estadísticas respaldan su afirmación. Según la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, hubo casi 234.000 accidentes laborales el año pasado y, de ellos, sólo 1.289 correspondieron al sector minero comparado con casi 39.000 registrados en el manufacturero y más de 26.000 en la construcción. Por cada 100 trabajadores en la industria minera, hubo 2,2 accidentes, comparado con los 5,7 de la construcción y los 7,2 de la agricultura y la pesca.

Pero esas cifras cuentan sólo la mitad de la historia. En primer lugar, como reconoce Durán, los accidentes mineros tienden a ser más graves que aquellos que se registran en otros sectores. Cuando el trabajador de una tienda o el cajero de un banco sufren un accidente, pueden sufrir un esguince de muñeca o torcerse un tobillo. Cuando un minero sufre un accidente, se arriesga a terminar muerto.

En segundo lugar, la afirmación enmascara enormes discrepancias al interior de la industria. Codelco y las empresas multinacionales representadas por el Consejo Minero ostentan todas registros de seguridad mejores al promedio. No obstante, “dentro de la industria claramente hay un fuerte contraste entre los estándares de seguridad de las grandes empresas y los de las firmas de pequeña y mediana envergadura”, reconoce Durán.

Aún así, la tendencia general a la baja de los accidentes mineros en Chile es alentadora. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el ente estatal encargado de la regulación de la industria minera del país, hubo un promedio de 0,41 muertes en las minas chilenas por cada un millón de horas trabajadas durante la década de los 80. En la década de los 90, esa cifra había caído a 0,28 y durante la última década a 0,13. Durante los últimos 10 años, la industria promedió 34 muertes por año, la tasa más baja de cualquier década pasada.

Las comparaciones uno a uno con otros países son difíciles, pero Durán sostiene que los estándares de seguridad de Chile son mejores que en otras partes de América Latina y están a la par con los de Australia, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, las cifras del gobierno de Estados Unidos sugieren que Chile aún tiene algo de espacio para avanzar antes de que ello sea así.

Según la Administración de Salud y Seguridad de Minas de Estados Unidos (MSHA, por su sigla en inglés), hubo 0,06 muertes por millón de horas trabajadas en las minas de Estados Unidos el año pasado, menos de la mitad de las que hubo en Chile. La cantidad de mineros muertos en Estados Unidos y en Chile el año pasado fue casi idéntica: 34 y 35, respectivamente. Pero cuando se considera que en la industria estadounidense trabaja casi el doble de las personas que en Chile, queda claro que los estándares de seguridad chilenos están rezagados. Entre el 2000 y el 2009, la cifra de heridos en las minas estadounidenses cayó al 41%. En Chile, declinó, pero no tan marcadamente.

Andrew King, coordinador nacional de salud y seguridad del enorme sindicato norteamericano United Steelworkers, sostiene que el equipamiento, el conocimiento y las capacidades en las minas chilenas son similares a aquellos de Canadá y Estados Unidos, y así también son los estándares de seguridad a los que se supone que las empresas deben adherir.

“La diferencia yace en cuán serios son los países respecto a hacer que los empleadores cumplan con esos estándares”, señala King, cuyo sindicato tiene más de un millón de miembros asociados y activos en Canadá y EEUU.

King recientemente visitó la mina San José además de varias otras minas chilenas y es muy crítico de sus estándares de seguridad.

“Desafortunadamente, hay una cultura de no regulación, no supervisión y no reconocimiento de los derechos de los trabajadores, lo que da chipe libre para que se critique a las empresas mineras por hacer lo que sea que quieran”.

Pero la seguridad no preocupa tanto en las grandes minas de Chile como en las pequeñas. Sernageomin divide a las empresas mineras de Chile en cuatro categorías: empresas categoría A que tienen cerca de 400 trabajadores o más; categoría B con entre 80 y 400 trabajadores; categoría C con entre 12 y 80 trabajadores; y categoría D, con menos de 12 trabajadores. En el 2009, las empresas del primer grupo emplearon de manera directa a unas 27.000 personas y sólo una de ellas resultó muerta en un accidente minero. En el otro extremo del rango, las empresas categoría D emplearon a poco más de 1.000 personas y 13 de ellas fallecieron. El contraste difícilmente podría ser más marcado.

Un factor significativo en la tasa de accidentes de Chile es el precio del cobre. Cuando el precio es alto, los mineros -algunos de ellos con sólo una experiencia limitada- se encaminan al desierto y a los faldeos de la cordillera de los Andes en búsqueda de mineral. Las minas que estuvieron cerradas por largo tiempo porque ya no podían obtener una ganancia repentinamente se dan cuenta que sí pueden hacerlo. Reabren la mina, a menudo sin ningún estándar de seguridad mejor al que había el día en que fue cerrada. No es una coincidencia que en el 2007 y el 2008, en la cúspide del auge de los precios del cobre, hubiera más fallecidos en las minas chilenas que en cualquier otro año durante esa década.

En el 2007, cuando el precio del cobre promedió un récord de US$ 3,24 la libra, 40 mineros murieron en accidentes. En el 2008, cuando el cobre estaba en US$ 2,88 la libra, la lista de fallecidos sumó 43. En contraste, el año más seguro en la historia de la minería de Chile fue 1999, cuando sólo hubo 0,09 muertes por cada millón de horas trabajadas. Sería bueno pensar que esto se debió a mejoras en los procedimientos de seguridad, pero la principal razón es que en ese año, el precio promedio del cobre cayó a apenas 72 centavos de dólar, su nivel más bajo en más de 10 años, como consecuencia de la crisis asiática. Para los actores más pequeños de la industria, cuyos estándares de seguridad tienden a ser los más deficientes, simplemente no había ningún incentivo para explotar el cobre.

Haciendo que la Minería Sea Más Segura

Entonces, ¿qué se está haciendo para mejorar la seguridad de las minas de Chile?

De cara al accidente en la mina San José, el Gobierno anunció lo que describió como “una completa modernización” de Sernageomin. Esto incluye más del doble de la cantidad de inspectores de mina, los que pasarán de 18 a 45 para fines del próximo año, e incrementar su presupuesto de US$ 24,7 millones a US$ 57,6 millones. El gobierno señaló que esto debería asegurar que, en promedio, las minas de Chile sean inspeccionadas cada ocho meses, una mejora respecto de la situación actual.

“Este accidente ocurrió quizás porque las medidas no se tomaron de manera apropiada”, dijo a bUSiness CHILE el ministro de Minería Laurence Golborne en una entrevista en la mina San José. “Estamos revisando todas las regulaciones de la industria minera incluyendo la inspección de las medidas de seguridad, en particular en las minas de pequeña y mediana envergadura”.

Además de reestructurar el Sernageomin, el Presidente Sebastián Piñera ha establecido una comisión para revisar los estándares de seguridad laboral de Chile, no sólo en la minería sino que en toda la economía. La comisión tiene 90 días para presentar propuestas con el fin de mejorar la seguridad y debe revelar sus conclusiones el 22 de noviembre.

“La comisión está analizando tres áreas básicas: inspección, estándares y prevención”, sostiene María Elena Gaete, secretaria ejecutiva de la comisión. “Está claro que la inspección es un área de particular preocupación”.

Gaete indicó que la comisión está conversando con los trabajadores y empleadores a lo largo del país para recabar sus opiniones respecto de cómo se puede mejorar al seguridad, pero también buscará respuestas en el extranjero. Ya ha mantenido conversaciones con funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y hablará con expertos de la Unión Europea y Estados Unidos.

“Chile aún se encuentra rezagado respecto de las naciones desarrolladas en términos de estándares de seguridad, pero no por mucho”, afirma Gaete. “En minería, la razón por la que la tasa de accidentes es tan baja es precisamente porque mucha gente en la industria es empleada por multinacionales extranjeras que tienen los más altos estándares de seguridad”.

No obstante, el representante sindical Andrew King cuestiona la validez de la comisión.

“Es un panel de expertos que excluye a los representantes de los trabajadores, de modo que es difícil ver cómo tendrá alguna credibilidad o logrará algún avance en términos de proteger las vidas de los trabajadores”, comenta King.

Durán del Consejo Minero sugiere que se requiere un cambio cultural y que las empresas mineras de Chile deberían darse cuenta que una mina segura es una mina exitosa. Las empresas no sólo tienen la responsabilidad moral de proteger a sus trabajadores, también tienen un incentivo comercial, señala.

“Mientras más se gaste en seguridad y capacitación, mejor se vuelve la fuerza laboral”, afirma Durán. “las tasas de accidente caen y el negocio también mejora”.

Los avances en tecnología también pueden ayudar. Un buen ejemplo es la introducción de camiones telecomandados en algunas minas chilenas. Estas máquinas monstruosas, desarrolladas por la empresa japonesa Komatsu, rugen a lo largo de caminos sin pavimentar trasladando toneladas de mineral. Pero no tienen conductores, son operados de manera remota por técnicos sentados a buen resguardo en sus oficinas. Al sacar trabajadores de la primera línea, este tipo de tecnología ayuda a salvar vidas.

Un área en donde se requieren mejoras es en la capacitación de trabajadores subcontratados, quienes se han convertido en una parte cada vez más grande de la fuerza laboral, en especial cuando la demanda de cobre es alta. En el 2007, por ejemplo, cuando el negocio estaba en auge, muchas compañías mineras contrataron trabajadores adicionales, algunos de los cuales sólo contaban con una experiencia limitada. No es de sorprender que usualmente fueran ellos los que tuvieran problemas. Durante ese año, de los 1.912 trabajadores involucrados en accidentes mineros en Chile, más de la mitad -1.040– fueron trabajadores subcontratados.

“Los estándares de seguridad para empleados de jornada completa en las minas chilenas son buenos, pero eso no siempre es el caso cuando se trata de los proveedores de servicios”, señala Durán.

Sin embargo, cada vez son más las mineras que exigen los mismos estándares de seguridad a los subcontratistas que demandan a sus propios trabajadores. “La brecha se está cerrando”, añade Durán.

El Canario de la Mina de Carbón

La minería en Chile sigue siendo un negocio riesgoso. En los primeros ocho meses de este año, 31 mineros murieron en accidentes causados por derrumbes, electrocución, explosiones, asfixia y caídas desde alturas.

Afortunadamente, todo salió como estaba planeado en la mina San José y la operación de rescate fue exitosa de modo que los nombres de los 33 mineros que estuvieron atrapados por más de dos meses bajo tierra no se sumarán a este lamentable número de fallecidos.

No obstante, de todos modos, el accidente tendrá importantes repercusiones para la industria minera chilena. Nunca antes los ojos del mundo habían estado puestos así en el sector.

“Las compañías están asustadas, están revisando frenéticamente sus estándares de seguridad y tratando de mejorarlos”, asevera la líder sindical Olmos. “Es una pena que se necesitara algo tan dramático como esto para que lo hicieran”.

Gideon Long se desempeña como periodista freelance en Santiago. Además trabaja para la BBC.

Nota del editor: Al momento en que esta edición se enviaba a imprenta, la operación de rescate en la mina San José concluía con éxito. Esta historia tuvo un final feliz para las familias involucradas, pero la seguridad de las minas chilenas sigue siendo una preocupación para la industria en general.

Up the dirt road that leads to the San José gold and copper mine, a group of around 40 miners come walking. Dressed in dark blue overalls and hard hats, they appear ready to start their shifts. But these men have no work to do. Since August 5, when a tunnel collapsed at the mine trapping 33 of their colleagues below ground, they have been idle.

At the head of the group is Evelyn Olmos, the president of the local miners’ union. She explains why they are there.

“We’re living in uncertainty,” she says. “We’re still under contract to the company that owns this mine and, while that’s the case, we can’t find work elsewhere. We need the government to intervene.”

Olmos, whose union represents over half of the 140 miners employed at the mine, says the accident was not an isolated incident. Something similar could happen at other Chilean mines at any time, she warns.

“We’ve been talking to unions elsewhere in the region and they say the safety standards at their mines are just as bad as here,” she says. “This was an accident waiting to happen.”

The accident, and the enormous media interest it has generated, has shone a harsh spotlight on safety standards at Chile’s mines. It has reminded Chileans that mining in this country is not just about Codelco, BHP Billiton, Anglo American, Barrick and Xstrata – huge companies with relatively good safety records. It is also about the small and medium-sized companies, dotted around the Atacama Desert, where miners often scratch out a living in precarious conditions.

Risky business

Mining is, of course, an inherently risky profession and, thankfully, the days are long gone when the industry claimed hundreds of Chilean lives each year.

Safety standards have improved, so much so that Miguel Ángel Durán, president of Chile’s Mining Council which groups 15 private multinational companies and state-owned Codelco, makes the following remarkable claim: “Taken in its entirety, mining has the lowest accident rates of any industry in the country including construction, banking, retail, agriculture and transport.”

The statistics support his claim. According to Chile’s Department of Social Security, there were nearly 234,000 accidents in the workplace last year and, of those, just 1,289 were in mining compared to nearly 39,000 in manufacturing and more than 26,000 in construction. For every 100 workers in the mining industry, there were 2.2 accidents, compared to 5.7 in construction and 7.2 in agriculture and fishing.

But those figures tell only half the story. Firstly, as Durán acknowledges, mining accidents tend to be more serious than those in other sectors. When a shop worker or a bank clerk suffers an accident, they might sprain a wrist or twist an ankle. When a miner suffers an accident, he risks ending up dead.

Secondly, the claim masks huge discrepancies within the industry. Codelco and the multinational companies represented by the Mining Council all boast better-than-average safety records. But, as Durán accepts, “within the industry there is clearly a sharp contrast between safety standards at big companies and those at small and medium-sized firms.”

Even so, the overall downward trend in mining accidents in Chile is encouraging. According to the National Geology and Mining Service (Sernageomin), the state body tasked with regulating the country’s mining industry, there was an average of 0.41 deaths in Chilean mines for every one million hours worked during the 1980s. By the 1990s that figure had dropped to 0.28 and over the past decade to 0.13. During the past 10 years, the industry has averaged 34 deaths per year, lower than in any previous decade.

Like-for-like comparisons with other countries are difficult, but Durán says Chile’s safety standards are better than elsewhere in Latin America and on a par with those in Australia, Canada and the United States. Figures from the U.S. government, however, suggest that Chile still has some way to go before that is the case.

According to the U.S. Mine Safety and Health Administration (MSHA), there were 0.06 deaths per million hours worked in U.S. mines last year – less than half as many as in Chile. The number of miners killed in the United States and in Chile last year was almost identical – 34 in the U.S. and 35 in Chile. But when you consider that twice as many people work in the industry in the U.S. than in Chile, it is clear that Chilean safety standards lag behind. Between 2000 and 2009, the number of injuries at U.S. mines fell by 41%. In Chile, it fell, but not so sharply.

Andrew King, national coordinator for health and safety at the massive North American trade union, United Steelworkers, says the equipment, knowledge and skills at Chilean mines are similar to those in Canada and the United States, and so are the safety standards companies are supposed to adhere to.

“The difference lies in how serious countries are about making employers comply with those standards,” said King, whose union has over a million active and associate members in Canada and the United States.

King recently visited the San José mine as well as several other Chilean mines, and is deeply critical of their safety standards.

“Unfortunately, there’s a culture of non-regulation, non–enforcement and non-recognition of workers’ rights, making it open season for mining companies to do whatever they want.”

But safety is less of a concern at Chile’s big mines than at the little ones. Sernageomin divides Chile’s mining companies into four categories: category A companies have around 400 workers or more; category B between 80 and 400; category C between 12 and 80; and category D, less than 12. In 2009, companies in the first group directly employed some 27,000 people and only one of them was killed in a mining accident. At the other end of the spectrum, category D companies employed just over 1,000 people and 13 of them were killed. The contrast could hardly be starker.

One significant factor in Chile’s accident rate is the price of copper. When the price is high, miners - some of them with only limited experience - head out into the desert and the foothills of the Andes in search of the mineral. Mines long-since closed because they could no longer turn a profit suddenly find they can. They reopen, often with no better safety standards than those in place on the day they closed. It is no coincidence that in 2007 and 2008, at the height of the boom in copper prices, there were more deaths in Chilean mines than in any other year during that decade.

In 2007, when the copper price averaged a record US$3.24 per pound, 40 miners died in accidents. In 2008, when copper was US$2.88/lb, the death toll hit 43. In contrast, the safest year in the history of Chilean mining was 1999, when there were just 0.09 deaths for every million hours worked. It would be nice to think that this was due to improvements in safety procedures, but the main reason is that in that year the average copper price fell to just 72 cents, it’s lowest level in over 10 years, as a consequence of the Asian crisis. For the industry’s smaller players, whose safety standards tend to be the poorest, there was simply no incentive to mine copper.

Making mining safer

So, what is being done to improve safety at Chile’s mines?

In the wake of the San José accident, the government announced what it described as “a complete overhaul” of Sernageomin. This includes more than doubling the number of mine inspectors from 18 to 45 by the end of next year, and increasing its budget from US$24.7 million to US$57.6 million. The government said this should ensure that, on average, mines in Chile are inspected every eight months, an improvement on the current situation.

“This accident happened because maybe measures were not taken properly,” Mining Minster Laurence Golborne told bUSiness CHILE in an interview at the San José mine. “We’re reviewing all regulations in the mining industry including the inspection of safety measures, particularly in small and medium-sized mines.”

In addition to reorganizing Sernageomin, President Sebastian Piñera has established a commission to look into safety standards at Chilean workplaces, not just in mining but across the economy. The commission has 90 days to come up with proposals to improve safety and is due to report its findings on November 22.

“The commission is examining three basic areas: inspection, standards and prevention,” said Maria Elena Gaete, the commission’s executive secretary. “It’s clear that inspection is an area of particular concern.”

She said the commission is talking to workers and employers across the country to get their thoughts on how safety can be improved, but will also look abroad. It has already held talks with officials from the International Labor Organization (ILO), and will talk to experts from the European Union and the United States.

“Chile still lags behind developed nations in terms of safety standards, but not by much,” Gaete said. “In mining, the reason the accident rate is so low is precisely because so many people in the industry are employed by foreign multinationals that have the very highest safety standards.”

But union official Andrew King questions the commission’s validity.

“It’s an expert panel that excludes worker representatives, so it’s hard to see how it will have any credibility or make any progress in terms of protecting workers’ lives,” said King.

The Mining Council’s Durán suggests a change of culture is needed, and that Chile’s mining companies should realize that a safe mine is a successful mine. Not only do companies have a moral responsibility to protect their workers, they also have a business incentive, he said.

“The more that you spend on safety and training, the better your workforce becomes,” said Durán. “Accident levels fall and your business also improves.”

Advances in technology can help too. One good example is the introduction of remote-controlled trucks at some Chilean mines. These monster machines, developed by Japanese company Komatsu, rumble along dirt tracks carrying tons of mineral. But they have no drivers – they are operated remotely by technicians sitting safely in their offices. By taking workers out of the front line, this kind of technology helps save lives.

One area where improvement is needed is in the training of subcontracted workers who have become an increasingly large part of the workforce, especially when demand for copper is high. In 2007, for example, when business was booming, many mining companies hired extra workers, some of whom with only limited experience. Unsurprisingly, they were often the ones who got into trouble. During that year, of the 1,912 workers involved in mining accidents in Chile, more than half – 1,040 – were subcontractors.

“Safety standards for full-time employees in Chilean mines are good, but that’s not always the case when it comes to service providers,” said Durán.

Increasingly, however, mining companies are demanding the same safety standards from subcontractors as from their own workers. “The gap is closing,” added Durán.

Canary in the coal mine

Mining in Chile remains a dangerous business. In the first eight months of this year, 31 miners died in accidents caused by cave-ins, electrocution, explosions, asphyxiation and falls from heights.

Fortunately, everything went according to plan at the San José mine and the rescue effort was successful so the names of the 33 miners who were trapped there for more than two months
will not be added to this lamentable death toll.

But, even so, the accident will have major repercussions for the Chilean mining industry. Never have the eyes of the world been upon the sector in such a way.

“Companies are frightened, they’re frantically reviewing their safety standards and trying to improve them,” union leader Olmos said. “It’s just a shame that it took something as dramatic as this to make them do it.”

Gideon Long is a freelance journalist based in Santiago. He also works for the BBC.

Editor’s Note: At the time this issue went to press, the rescue operation at the San José mine was successfully completed. This story has had a happy ending for the families involved but safety in Chilean mines remains a concern for the industry in general.