Chile, con razón, está orgulloso de su clima de negocios. Caracterizado por su franqueza, le valió a Chile ubicarse en el lugar número 37 de los 185 países que compusieron el ranking Doing Business 2013 del Banco Mundial, el nivel más alto para un país latinoamericano.

No obstante, Chile tiene un problema, uno que tradicionalmente ha estado envuelto en un velo de vergüenza. Comenzar una empresa es fácil -un proceso casi tan rápido como en Estados Unidos, según el Banco Mundial-, pero cerrar una empresa que está en dificultades financieras es otro cuento.

En el indicador “Resolución de la Insolvencia” del ranking Doing Business, Chile alcanzó solo la ubicación número 98. La quiebra es, en otras palabras, un proceso que no es solo doloroso sino que también largo, costoso y con una tasa de recuperación para los acreedores que el Banco Mundial estima en solo un 30%, lo que se compara con la tasa de más del 80% en Estados Unidos.

La mayoría de los demás países latinoamericanos están en el mismo barco. Brasil, en el puesto 143, y Perú, en el 106, tuvieron un desempeño peor que el de Chile y Argentina, en el lugar 94, fue apenas levemente superior.

No es ese el caso de Colombia. Tras una reforma de su ley de bancarrota en el 2006, la nación subió al puesto número 21 en este indicador, el lugar más alto en América Latina, sentando un ejemplo que ahora Chile está tratando de emular.

A diferencia de, digamos, Estados Unidos con su Código de Quiebras, Chile no cuenta con una ley de quiebras como tal, destaca la superintendenta de Quiebras del Gobierno, Josefina Montenegro. Es más, las normas de Chile, contenidas en el Libro IV de su Código de Comercio, se remontan a 1982 -cuando las necesidades del país, en medio de una crisis bancaria, eran muy diferentes a las de hoy en día- y han cambiado poco desde entonces. 

La reforma de estas normas anticuadas se ha debatido por largo tiempo, pero no fue hasta principios de este año que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera tomó el toro por las astas. En mayo, como parte de un programa más amplio de medidas diseñadas para impulsar la competitividad internacional de Chile, el Gobierno presentó un proyecto de ley -la propuesta Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas- que representaría, según dice, una modernización radical del sistema de quiebras del país.

Basada muy de cerca en la reforma colombiana, este busca aumentar la eficiencia con la que se puede poner fin a una compañía insolvente, incrementar la tasa de recuperación de los acreedores y liberar al dueño más rápidamente para nuevos emprendimientos. Montenegro pone de relieve además que facilitará la reorganización de empresas en problemas pero viables y que, para personas en dificultades financieras -quienes en la actualidad están sometidos a los mismos procedimientos engorrosos que las compañías- ofrece una solución administrativa nueva y mucho más simple.

Más Rápido y Más Barato

Independientemente de que una compañía necesite reorganizarse o cerrarse, la rapidez es esencial. No obstante, esto es precisamente lo que la actual legislación de Chile parece no ofrecer. De acuerdo con el Banco Mundial, transcurren un promedio de 3,2 años entre el incumplimiento de una empresa y el momento en que sus acreedores reciben al menos algo de pago, lo que compara con los 1,3 años en Colombia y los 1,5 años en Estados Unidos.

Sin embargo, estas cifras son engañosas, sugiere Juan Esteban Puga, abogado experto en derecho concursal quien participó en un consejo asesor sobre la reforma a la ley de quiebras, convocado por el gobierno anterior. Los activos de la mayoría de las empresas en quiebra se venden y la recaudación se distribuye a sus acreedores dentro de un año, sostiene. Lo que demora más, afirma, y que probablemente explica la cifra del Banco Mundial, usualmente son solo cabos sueltos tales como la presentación al síndico de quiebras de sus cuentas formales o detalles legales menores.

Puga además advierte sobre los peligros de tratar de acelerar demasiado el proceso. Es cierto que dejar los activos de la compañía ociosos puede disminuir su valor, pero ello también puede ocurrir por tratar de venderlos demasiado rápidamente, subraya.

Sin embargo, al menos al comienzo del proceso, la acción expedita es crucial y el actual sistema reacciona demasiado lento, insiste la superintendenta Montenegro. Sin plazos establecidos legalmente o tribunales especializados, conseguir simplemente una declaración de quiebra puede tardar meses, señala.

El proyecto de ley abordaría esto no solo mediante el establecimiento de plazos claros, sino también por medio de la designación de tribunales particulares, cuyos jueces recibirían entrenamiento especial, para ver los casos de quiebra. Asimismo ello tendría la ventaja de reducir las diferencias que actualmente pueden darse en los fallos, dependiendo del tribunal en el que caiga un caso.

No obstante, además de largo, la quiebra es también un procedimiento costoso. Simplemente publicar todos los avisos necesarios en el Diario Oficial de Chile puede costar hasta 500.000 pesos (poco más de US$1.000), afirma Montenegro, un gasto que -en virtud de la propuesta nueva ley- se eliminaría por medio de la creación de un sistema de notificación gratuito y electrónico.

Dado el contexto de la crisis bancaria en el que fue redactada, la actual ley fue diseñada principalmente para cerrar empresas y el nuevo proyecto de ley aspira a cambiar esto, dando prioridad a su reorganización como una primera opción. La reorganización está contemplada en el actual sistema como convenios supervisados por la corte, pero rara vez se usan.

Esto se debe principalmente a que hay pocos incentivos para que los deudores celebren un convenio mientras crean que aún tienen una posibilidad de mantenerse a flote y después, tradicionalmente, es demasiado tarde. El proyecto de ley busca remediar esto, por ejemplo, mediante la provisión de un período de protección al deudor de 30 días. Asimismo, dividiría a los síndicos en dos grupos: veedores o supervisores, quienes se especializarían en guiar a las empresas a través de los procesos de reorganización, y liquidadores, quienes efectuarían el cierre.

¿Incentivos Correctos?

Sin embargo, el desafío clave será lograr que las compañías usen el nuevo sistema. Un estudio del consejo asesor del gobierno anterior sugiere que solo cerca del 7% de las compañías insolventes en realidad atraviesan por procedimientos formales de bancarrota, mientras que cerca del 54% simplemente cierra el negocio y el 39% restante logra cierto tipo de reorganización informal con sus acreedores.

Y, según Puga, eso no parece haber cambiado demasiado en Colombia tras su reforma. Los resultados de las compañías que usan el sistema pueden ser mejores, pero aún parece que muchas no están usándolo, sostiene.

Y hay mucho en contra del propuesto nuevo sistema de Chile. Para empezar, una actitud fuertemente arraigada hacia la quiebra como vergonzosa y un temor sobre las posibles consecuencias penales de involucrarse con el sistema formal.

En términos prácticos, el nuevo sistema propuesto no sería de mucha ayuda para los emprendedores que se encuentren en una etapa inicial, comenta Cristián López, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH). La mayor parte de su financiamiento inicial proviene de familiares, amigos y tontos, y por lo tanto -casi por definición- caen fuera del alcance de los procedimientos formales de quiebra, pero cualquier cosa que ayude a reducir el estigma del fracaso sería extremadamente bienvenida, añade. 

En un esfuerzo en esa dirección, el proyecto de ley cambiaría parte del lenguaje de la bancarrota. En lugar de quiebra, usaría liquidación. Y ya no se haría referencia al deudor como fallido.

Además definiría más claramente los delitos que el dueño de una compañía en problemas puede cometer y reduciría el riesgo de hacerlo de manera inadvertida, destaca Daniel Montalva, abogado del centro de estudios Libertad y Desarrollo y asesor de política legislativa. Y, en un esfuerzo adicional por cambiar actitudes, la Superintendencia de Quiebras ya no sería parte del Ministerio de Justicia, sino que pasaría al Ministerio de Economía.

No obstante, existe cierta preocupación en cuanto a que las barreras de entrada al sistema, diseñadas para protegerse de su abuso por parte de deudores interesados simplemente en el período de protección de 30 días, podrían ser muy altas, al menos en la actual forma del proyecto. A diferencia del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, con su simple presentación ante un juez, los deudores en Chile tendrían que presentarse armados con estudios de contadores, abogados, etcétera, destaca Montalva.

La preocupación sobre el efecto disuasivo de ese requerimiento es compartida por Puga. “¿Va a reunir todo ese papeleo alguien que está desesperado?”, se pregunta. “Y, en cualquier caso, mientras más demores en volverte insolvente, menos vales”.

Luego está el tema de los acreedores relacionados, añade. En una apuesta desesperada por mantenerse a flote, los dueños de empresas a menudo les prestan dinero cuando nadie más lo hará, pero cuentan como acreedores relacionados quienes, en virtud del nuevo sistema propuesto, pasarían al final de la lista, lo que implica una perspectiva poco apetecible de no solo de perder su sustento y capital, sino que también de una baja y, quizás, inexistente recuperación de estos préstamos. 

El tema clave que esto presenta, sugiere Montalva, es si el nuevo sistema como está propuesto en la actualidad simplemente será más eficiente para gente que de todos modos hubiera optado por los procedimientos formales o si también alentará a más personas a hacerlo. Y, añade, es imposible estar seguro de eso hasta que el sistema comience a operar.

El Gobierno espera, con cierta razón, que el proyecto de ley complete su paso por el Congreso el próximo año, pero -en un año electoral- es difícil estar seguro. Y, de no ser así, recaerá sobre otro gobierno el decidir si Chile obtiene un nuevo sistema de quiebras y la forma que este toma.

Ruth Bradley trabaja como periodista freelance en Santiago y es ex editora de bUSiness CHILE.

Chile is justifiably proud of its business climate. Characterized by its straightforwardness, it earned Chile 37^th position out of 185 countries in the World Bank’s Doing Business 2013 ranking, the highest for a Latin American country.

But Chile has a problem, one that has traditionally been shrouded in shame. Starting a business is easy - almost as fast a process as in the United States, according to the World Bank - but closing a business that has run into financial difficulties is another story.

On the Doing Business ranking’s “Resolving Insolvency” indicator, Chile managed only 98^th position. Bankruptcy is, in other words, a process that is not only painful but also long, costly and with a recovery rate for creditors that the World Bank estimates at only 30% as compared to over 80% in the United States. 

Most other Latin American countries are pretty much in the same boat. Brazil, in 143^rd position, and Peru, at 106^th, performed even worse than Chile and Argentina, at 94^th, only slightly better.

But not Colombia. Following a reform of its bankruptcy legislation in 2006, it has climbed to 21^st place on this indicator, the highest position in Latin America, setting an example that Chile is now seeking to emulate.

Unlike, say, the United States with its Bankruptcy Code, Chile doesn’t have a bankruptcy law as such, points out the government’s Superintendent for Bankruptcies, Josefina Montenegro. Moreover, Chile’s norms, contained in Book IV of its Commercial Code, date back to 1982 - when the country’s needs, in the midst of a banking crisis, were very different from those of today - and have changed little since then. 

Reform of these outdated norms has long been mooted but it wasn’t until earlier this year that the government of President Sebastián Piñera took the bull by the horns. In May, as part of a broader program of measures designed to boost Chile’s international competitiveness, it presented a bill - the proposed Law on the Reorganization and Liquidation of Companies and Individuals - that would, it claims, represent a radical overhaul of the country’s bankruptcy system.

Based closely on the Colombian reform, it seeks to increase the efficiency with which an insolvent company can be wound up, increasing creditors’ recovery rate and freeing the owner more quickly for new undertakings. In addition, points out Montenegro, it would also facilitate the reorganization of troubled but viable companies and, for individuals in financial difficulties - currently subject to the same cumbersome procedures as companies - offer a new and much simpler administrative solution.

Faster and cheaper

Regardless of whether a company needs to reorganize or be wound up, speed is of the essence. Yet this is precisely what Chile’s current legislation does not seem to offer. According to the World Bank, an average 3.2 years elapse between a company’s default and at least some payment being received by its creditors as compared to 1.3 years in Colombia and 1.5 years in the United States.

Those figures are, however, misleading, suggests Juan Esteban Puga, a bankruptcy lawyer who served on an advisory council on bankruptcy reform, convened by the previous government. The assets of most bankrupt companies are sold and the proceeds distributed to its creditors within a year, he maintains. What takes longer, he says, and probably explains the World Bank figure, are usually only loose ends such as the bankruptcy trustee’s presentation of its formal accounts or minor legal details.   

Puga also warns against the dangers of trying to accelerate the process too much. True, leaving a company’s assets idle can diminish their value but so too can trying to sell them too quickly, he notes.

But, at least at the start of the process, prompt action is crucial and the present system is too slow off the mark, insists Superintendent Montenegro. Without legally-established deadlines or specialized courts, simply getting a declaration of bankruptcy can run into months, she points out.  

The bill would address this not only by establishing clear deadlines but also by earmarking particular courts, whose judges would receive special training, to see bankruptcy cases. That would also have the advantage of reducing the differences that can currently occur in rulings, depending on the court before which a case happens to fall.

But, as well as lengthy, bankruptcy is also a costly procedure. Simply putting all the required notices in the Diario Oficial - Chile’s legal gazette - can cost up to 500,000 pesos (just over US$1,000), says Montenegro, an expense that, under the proposed new law, would be eliminated through the creation of a free, electronic notification system.

Given the context of the banking crisis in which it was written, the existing law was designed principally for winding up companies and the new bill aims to change that, giving priority to their reorganization as a first option. Reorganization is envisaged in the present system in the form of court-supervised convenios (agreements) but they are rarely used.

That is mainly because there are few incentives for debtors to enter into a convenio as long as they believe they still have a chance of staying afloat and then, typically, it is too late. The bill seeks to remedy this by, for example, providing the debtor with a 30-day protection period. In addition, it would divide bankruptcy trustees into two groups - veedores or supervisors who would specialize in guiding companies through reorganization processes and liquidators who would do the winding up.

Right incentives?

The key challenge will, however, be to get companies to use the new system. A study by the previous government’s advisory council suggests that only around 7% of insolvent companies actually go through formal bankruptcy proceedings while some 54% simply shut up shop and the remaining 39% reach some sort of informal reorganization arrangement with their creditors.

And, according to Puga, that doesn’t seem to have changed much in Colombia after its reform. The results for companies using the system may be better but many still appear not to be using it, he says.

And there is a lot stacked against Chile’s proposed new system. To start with, a deeply embedded attitude towards bankruptcy as shameful and a fear of the possible penal consequences of getting entangled with the formal system.

In practical terms, the proposed new system wouldn’t be much help to early-stage entrepreneurs, says Cristián López, executive director of the Chilean Association of Entrepreneurs (ASECH). Most of their initial financing comes from the so-called three Fs - family, friends and fools - and so, almost by definition, they fall outside the scope of formal bankruptcy proceedings but, he adds, anything that helps to reduce the stigma of failure would be extremely welcome.

In an effort in that direction, the bill would change some of the language of bankruptcy. Instead of quiebra - which roughly translates as “breakage” - it would use liquidación. And the debtor would no longer be referred to as fallido or “failed one”.

It would also define more clearly the criminal offences that the owner of a company in difficulties can commit and reduce the risk of doing so inadvertently, points out Daniel Montalva, a lawyer at the Libertad y Desarrollo think tank and a legislative policy advisor. And, in a further effort to change attitudes, the Superintendency of Bankruptcies would no longer be part of the Justice Ministry, but be moved to Economy.

There is, however, some concern that entry barriers to the system, designed to guard against its abuse by debtors interested simply in the 30-day protection period, may be too high, at least in the bill’s present form. Unlike Chapter 11 of the US Bankruptcy Code, with its simple filing to a judge, debtors in Chile would have to go armed with studies from accountants, lawyers and so on, points out Montalva.

Concern about the deterrent effect of that requirement is echoed by Puga. “Is someone who’s desperate going to assemble all that paperwork?” he wonders. “And, in any case, the longer you take to become insolvent, the less you’re worth.”

Then there’s the issue of related creditors, he adds. In a desperate bid to stay afloat, companies’ owners often lend them money when no-one else will, but they count as related creditors who, under the proposed new system, would go to the back of the line, implying an unappetizing prospect of not only losing their livelihood and capital but also of low and, perhaps, inexistent recovery of these loans. 

The key question this raises, suggests Montalva, is whether the new system as currently proposed would merely be more efficient for people who would have opted for formal proceedings anyway or whether it will also encourage more people to do so. And, he adds, it’s impossible to be sure of that until the system starts operation. 

The government hopes, with some reason, that the bill will complete its passage through Congress next year but, in an election year, it’s difficult to be certain. And, if that is not the case, it will fall to another government to decide whether Chile gets a new bankruptcy system and the shape it takes. 

Ruth Bradley is a freelance journalist based in Santiago and a former editor of bUSiness CHILE.