¿Se ve y sabe como Coca Cola, pero no es Coca Cola? Entonces es Coca Cola falsificada. Esa es la conclusión a la que llegó Patricio Bascuñan, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad Intelectual (BRIDEPI), luego que su unidad confiscara 40.000 botellas de la bebida falsificada, las que fueron importadas desde China el año pasado.

Y no son sólo bebidas las que están dando un dolor de cabeza a la brigada de Bascuñán. De todo desde juguetes hasta ropa de marca, DVD, CD y libros se venden en las calles de Santiago o por Internet, a una fracción del precio del original, porque son pirateados.

“Vamos tras los cerebros, los importadores y distribuidores, y estamos atrapando a muchos de ellos (…) la propiedad intelectual está mejor protegida en Chile gracias a nosotros”, sostiene Bascuñán.

BRIDEPI, que fue creada en el 2008, es la primera unidad policial especializada en propiedad intelectual de América Latina. El año pasado, la unidad confiscó productos falsificados avaluados en alrededor del US$ 6 millones y arrestó a 113 personas involucradas en la importación de estos productos.

Pero pese a los esfuerzos del equipo de Bascuñan, la reputación de Chile de país “pirata” sigue intacta. El no proteger de manera efectiva la propiedad intelectual, tanto en las calles como en Internet, es la razón por la que la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA, por su sigla en inglés) recomendó que Chile se mantuviera este año en la lista de observación del representante de comercio de Estados Unidos de los países que no entregan una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual por cuarto año consecutivo.

Otros países en la lista incluyen a Canadá, China y Rusia. Pero para un país que a menudo es alabado como un ejemplo económico, como lo ha sido Chile, la piratería sigue siendo una espina clavada. La industria de software por sí sola estima pérdidas por US$ 200 millones al año, lo que no incluye las pérdidas de empleo, la inversión perdida o el impacto negativo sobre la imagen internacional del país.

“Las industrias con derechos de autor siguen muy preocupadas el doble problema de una reforma legal inadecuada y los altos niveles de piratería en Chile”, sostuvo la IIPA en su informe Special 301 2010.

Hace siete años, Chile fue el primer país sudamericano en suscribir un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el que incluyó altos niveles de derechos de autor y obligaciones para aplicarlos. Pero los plazos se han cumplido y Chile no ha implementado muchas de estas obligaciones.

"El Gobierno de Estados Unidos reconoce las recientes medidas de Chile encaminadas a proteger la propiedad intelectual (…) Sin embargo, nos sigue preocupando que Chile aún no haya implementado del todo sus compromisos de propiedad intelectual en virtud del tratado de libre comercio”, señala Paul Watzlavick, vocero de la Embajada de Estados Unidos en Chile.

Es cierto. Chile ha logrado avances en atrapar a quienes importan y distribuyen productos falsificados. “Estamos trabajando con los sectores público y privado, incluida la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Servicio Nacional de Aduanas, para aumentar la protección de la propiedad intelectual”, comenta Bascuñán.

Pero Bascuñán admite que se necesitan más recursos, en especial para combatir la piratería en Internet. Miles de sitios web distribuyen música e imágenes ilegalmente, pero desbaratarlos y castigar a los responsables es complejo.


“Siempre necesitamos mejor tecnología para mantenernos un paso adelante de los delincuentes”, afirma.

También se requieren sentencias más duras. En virtud de la ley marco de propiedad intelectual de Chile aprobada en 1970, la mayoría de quienes son acusados de vender bienes falsificados salían librados con un tirón de orejas, dado que los jueces usaban un vacío en la ley para evitar entregar penas más severas.

Sin embargo, eso cambiará en virtud de la nueva legislación, que impone sentencias más duras a quienes son encontrados culpables de importar o distribuir materiales copiados de manera ilegal.

“Más que aumentar la cantidad de casos, esta ley mejorará la calidad de las sentencias que se emiten”, señala Daniel Álvarez, el arquitecto del proyecto y asesor jurídico de la ministra de Cultura del Gobierno de Michelle Bachelet.

Por primera vez en Chile, la ley también aborda el tema de la piratería en Internet directamente, limitando por un lado la responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet pero dando a los dueños de los derechos más opciones legales y mejorando por otro la eficiencia del sistema judicial.

Los representantes de las industrias cinematográfica y musical aún requerirán un recurso de protección para bloquear los sitios web que distribuyen su propiedad sin permiso, pero el proceso debiera tomar algunos días en lugar de semanas o meses, señala Álvarez.

“Es un sistema mejor y más eficiente que protege la propiedad intelectual y debiera convertirse en un modelo para el resto de América Latina (…) el desafío ahora es implementar la ley”, comenta Álvarez.

Excepciones de Uso Justo

La ley no sólo protege la propiedad intelectual, sino que también garantiza libre acceso a material protegido por derechos de autor para propósitos sin fines de lucro, incluida la educación, la investigación y el desarrollo, a través de una lista de las denominadas excepciones de uso justo.

En el pasado, fotocopiar un libro de una biblioteca era un delito en Chile aunque usualmente era un crimen no castigado, pero hoy en día extractos de libros, música, películas y software pueden copiarse legalmente en casos especiales.

“Estas excepciones aseguran el acceso a la cultura de estudiantes, profesores, investigadores y otros que no debieran tener que pagar por ello”, indica Álvarez.

Otra excepción, conocida como ingeniería inversa, permite a los desarrolladores locales de software ver el código fuente de un software con derechos de autor. A primera vista, esta excepción parece facilitar la piratería de software, que ya es un gran problema en Chile.

Según un estudio realizado por Business Software Alliance, un 67% de los software que se emplean en los computadores de los hogares y oficinas de Chile es ilegal, que es el doble de la tasa promedio de los países miembro de la OCDE.

Y el problema de la piratería está afectando a la inversión en investigación y desarrollo. “Si las empresas no sienten que su propiedad intelectual está protegida, simplemente no invertirán”, asevera el asesor jurídico de Microsoft Chile, Alex Pessó.

El proyecto de ley original presentado al Congreso era demasiado amplio en sus excepciones, sostiene Pessó, pero el lenguaje final asegura que el código fuente sólo puede ser visto para asegurar que el software desarrollado a nivel local sea compatible con otros programas, como Microsoft Windows.

“La ley equilibra los derechos de los dueños de la propiedad intelectual con el acceso a las obras culturales, pero el sistema de protección a la propiedad intelectual está fallando, porque no hay una aplicación efectiva de ella”, manifiesta Pessó.

Políticas para la Internet

Chile tiene una de las penetraciones de banda ancha más altas de la región con más de 8,36 millones de usuarios de Internet, o un 50,4% de la población, pero el crecimiento de la capacidad de banda ancha facilita la descarga ilegal, incluido el uso compartido de archivos de punto a punto o P2P.

La industria discográfica informa que la piratería en Internet es el mayor problema en Chile, con más de 400 millones de canciones descargadas al año. Los sitios web como Chilewarez, que permite a los usuarios subir e intercambiar archivos musicales gratuitamente, están afectando a las tiendas legítimas de música, las que están sufriendo por la caída de las ventas.

Sin embargo, cerrar estos sitios, o bloquear su contenido, requiere de la cooperación de los proveedores de servicios de Internet, los que permiten que los piratas usen sus servicios, pero no tienen el derecho de censurar el contenido sin una orden judicial.

Chile no es el primer país en tratar de proteger la propiedad intelectual de la piratería online. Estados Unidos aprobó la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en 1998, que obliga a los proveedores de servicios de Internet a bajar de manera inmediata los sitios web cuando se les notifica una violación de los derechos de autor. No obstante, legislaciones similares en Canadá y el Reino Unido se han visto frustradas por temores como que la regulación podría ser usada como censura.

Tal como la ley DMCA, la ley en Chile limita la responsabilidad legal de los proveedores de servicios de Internet, pero los dueños de los derechos de autor deben solicitar un recurso de protección para bajar sitios web ilegales, lo que puede ser un proceso costoso y que requiere mucho tiempo.

Los proveedores de servicios de Internet ahora están obligados a entregar notificaciones de violación a los usuarios, las que debieran traer como resultado, en la mayoría de los casos, que el contenido ilegal sea eliminado de manera voluntaria por el usuario, sostiene Claudio Magliona, socio de la firma de abogados de Santiago García Magliona & Cia.

Si eso fracasa, los tenedores de derechos de autor deben recurrir a tribunales. “La posibilidad de censura se elimina, porque hay un tribunal entre medio, es un sistema que protege la libertad de expresión así como la propiedad intelectual”, señala Magliona.

No obstante, la legislación da un paso en falso, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por su sigla en inglés), que representa a la industria discográfica a nivel mundial.

“La ley contiene errores (…) estamos muy decepcionados, no se puede proteger el acceso a la cultura a costo de despojar a los creadores de su justa compensación”, manifiesta Fernando Silva, abogado que representa a la IFPI en Chile.

Según Silva, la ley no cumple con el Artículo 17 del tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos que exige “incentivos legales de manera que los proveedores de servicios de Internet cooperen con los dueños de los derechos de autor para disuadir el almacenamiento ilegal o el uso compartido de material sujeto de derechos de autor”.

Sin la cooperación de los proveedores de servicios de Internet aplicar sanciones criminales será difícil en casos de piratería online debido a que se coloca la responsabilidad en los dueños de los derechos de autor para demostrar la cantidad de daños, señala Silva.

“Esta ley no nos protege (…) no tenemos los recursos para contratar a cientos de abogados”, asevera.

Aplicación y Educación

Los artistas y sus representantes locales como Silva están decepcionados con el nuevo sistema que afirman no protege sus derechos de manera adecuada, pero los expertos jurídicos indican que la ley está bien equilibrada.

“La ley coloca un adecuado equilibrio entre las excepciones de uso justo y la protección de los derechos de propiedad intelectual”, comenta Álvaro Arévalo, abogado del estudio jurídico de Santiago Federico Villaseca.

Sin embargo, sentencias más duras sirven de poco si no se aplican. La unidad policial BRIDEPI está atrapando a muchos de quienes trafican la propiedad intelectual, pero el sistema judicial debe fortalecerse a fin de asegurar que estos delincuentes sean castigados.

Una mejor aplicación de la ley también mejorará las relaciones entre Chile y Estados Unidos, señala el presidente de la AmCham, Ricardo García.
“Estas medidas para fortalecer las instituciones son necesarias y muy positivas, pero no son el término del trabajo de Chile (…) el ingrediente faltante es la voluntad de cumplir con el marco legal con fortaleza y determinación", sostiene García.
Arévalo concuerda en que la legislación sola no es suficiente. “Una buena ley no vale de nada si no están los recursos para implementarla de manera adecuada”.

Pero incluso con voluntad política, proteger la propiedad intelectual será una tarea difícil mientras la demanda de bienes pirateados siga siendo alta.

Según un reciente estudio de la IFPI, casi todos los chilenos consideran que comprar música pirateada es un delito, pero el 55% señaló que habían comprado música pirateada en los últimos seis meses.

“Este no es un problema que uno pueda resolver con leyes, se requiere educación”, asevera Claudio Ossa, jefe del Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) del Gobierno.

Una mejor educación ayudaría a los chilenos a apreciar el valor del arte como una ocupación legítima, dice Ossa. “Los artistas tienen derecho a ganarse la vida con su trabajo y pagar por el arte beneficia a toda la comunidad y la economía”.

La producción cultural de Chile -incluidas las industrias musical, editorial y audiovisual- corresponde al 1,3% del PIB, pero tiene el potencial de crecer con más inversión, señala Ossa.

Y la propiedad intelectual no sólo beneficia a artistas extranjeros, también beneficia a los artistas chilenos que quieren exportar sus creaciones. La DIBAM está haciendo su aporte mediante la digitalización de libros y grabaciones musicales originales, lo que hace más sencillo para los artistas transferir la propiedad y recibir compensación.

Aún hay algunos temas legales que deben resolverse, por ejemplo se requieren reglas claras para regir a las ‘obras huérfanas’ que son aquellas obras cuyos dueños no pueden encontrarse, pero la ley debiera aumentar la certeza para los inversionistas, comenta Ossa.

La legislación todavía está a la espera de la aprobación del Tribunal Constitucional de Chile antes de que pueda ser suscrita por el presidente, pero el 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, ocasión que Chile podría celebrar con una nueva ley.

Después de todo, no sólo la reputación de Chile está en juego: el desarrollo del país está estrechamente vinculado a su capacidad para producir propiedad intelectual y, más importante aún, a su capacidad para protegerla.

Julian Dowling, Editor de bUSiness CHILE