"A pocas semanas de que el gobierno de EE.UU. elabore su lista de países que no hacen respetar los derechos de propiedad intelectual, su Oficina de Comercio Exterior declaró que le preocupan el debilitamiento de las protecciones y la aplicación de esos derechos en Chile. Naturalmente, tales afirmaciones provocan bastante inquietud, pues podrían presagiar la inclusión de nuestro país en la lista y resultan contradictorias con lo realizado en Chile durante los últimos años para asegurar el respeto a dichos derechos".  Así se refiere una editorial de El Mercurio a este importante tema.

Domingo 12 de Abril de 2009
Propiedad intelectual

A pocas semanas de que el gobierno de EE.UU. elabore su lista de países que no hacen respetar los derechos de propiedad intelectual, su Oficina de Comercio Exterior declaró que le preocupan el debilitamiento de las protecciones y la aplicación de esos derechos en Chile. Naturalmente, tales afirmaciones provocan bastante inquietud, pues podrían presagiar la inclusión de nuestro país en la lista y resultan contradictorias con lo realizado en Chile durante los últimos años para asegurar el respeto a dichos derechos.

Ya en 2008, autoridades chilenas hicieron ver que consideraban injusto aparecer en la llamada "lista roja", porque se ha venido desarrollando en nuestro país un esfuerzo mantenido por controlar el pago de derechos. En enero de ese año se creó la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) en la Policía de Investigaciones, la que, además de investigar los ilícitos, desarrollaría un programa de prevención, creando conciencia con charlas educativas en los colegios.

Con posterioridad, en octubre del año pasado, el Senado aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y, logrado ese paso, las autoridades nacionales estimaron que con seguridad Chile debería salir de la lista roja.

Por eso, inquieta la apreciación de la Oficina de Comercio Exterior de EE.UU., y queda la impresión de que no ha considerado los avances alcanzados en el país. Las presiones de las empresas estadounidenses que sufren enormes pérdidas económicas por la falta de fiscalización en muchos lugares del mundo explican en parte la actitud del gobierno de ese país, pero también debe entenderse que la economía de EE.UU., en su conjunto, depende fundamentalmente de las creaciones intelectuales, más que de sus capacidades de manufacturar productos. La producción industrial se ha convertido en un sello de las economías asiáticas, y la producción intelectual ha pasado a ser clave en las economías de mayor desarrollo, por lo que cabe esperar una fuerte presión para conseguir el mayor respeto de parte de otros países.

Chile ha hecho los esfuerzos necesarios, y la diplomacia chilena debe realizar la gran tarea de dar a conocer estos cambios para contrarrestar la actividad de algunas empresas de EE.UU. Para éstas, sería ideal que la legislación de los países de mediano desarrollo, como el nuestro, pudiera dirigirse desde Washington, pero parece perfectamente posible convencer a éste de que debe revisar la mala califica-ción que hasta ahora le ha otorgado a nuestro país, en la medida en que Chile tenga normas razonables y las haga cumplir.

"A pocas semanas de que el gobierno de EE.UU. elabore su lista de países que no hacen respetar los derechos de propiedad intelectual, su Oficina de Comercio Exterior declaró que le preocupan el debilitamiento de las protecciones y la aplicación de esos derechos en Chile. Naturalmente, tales afirmaciones provocan bastante inquietud, pues podrían presagiar la inclusión de nuestro país en la lista y resultan contradictorias con lo realizado en Chile durante los últimos años para asegurar el respeto a dichos derechos".  Así se refiere una editorial de El Mercurio a este importante tema.

Domingo 12 de Abril de 2009
Propiedad intelectual

A pocas semanas de que el gobierno de EE.UU. elabore su lista de países que no hacen respetar los derechos de propiedad intelectual, su Oficina de Comercio Exterior declaró que le preocupan el debilitamiento de las protecciones y la aplicación de esos derechos en Chile. Naturalmente, tales afirmaciones provocan bastante inquietud, pues podrían presagiar la inclusión de nuestro país en la lista y resultan contradictorias con lo realizado en Chile durante los últimos años para asegurar el respeto a dichos derechos.

Ya en 2008, autoridades chilenas hicieron ver que consideraban injusto aparecer en la llamada "lista roja", porque se ha venido desarrollando en nuestro país un esfuerzo mantenido por controlar el pago de derechos. En enero de ese año se creó la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) en la Policía de Investigaciones, la que, además de investigar los ilícitos, desarrollaría un programa de prevención, creando conciencia con charlas educativas en los colegios.

Con posterioridad, en octubre del año pasado, el Senado aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y, logrado ese paso, las autoridades nacionales estimaron que con seguridad Chile debería salir de la lista roja.

Por eso, inquieta la apreciación de la Oficina de Comercio Exterior de EE.UU., y queda la impresión de que no ha considerado los avances alcanzados en el país. Las presiones de las empresas estadounidenses que sufren enormes pérdidas económicas por la falta de fiscalización en muchos lugares del mundo explican en parte la actitud del gobierno de ese país, pero también debe entenderse que la economía de EE.UU., en su conjunto, depende fundamentalmente de las creaciones intelectuales, más que de sus capacidades de manufacturar productos. La producción industrial se ha convertido en un sello de las economías asiáticas, y la producción intelectual ha pasado a ser clave en las economías de mayor desarrollo, por lo que cabe esperar una fuerte presión para conseguir el mayor respeto de parte de otros países.

Chile ha hecho los esfuerzos necesarios, y la diplomacia chilena debe realizar la gran tarea de dar a conocer estos cambios para contrarrestar la actividad de algunas empresas de EE.UU. Para éstas, sería ideal que la legislación de los países de mediano desarrollo, como el nuestro, pudiera dirigirse desde Washington, pero parece perfectamente posible convencer a éste de que debe revisar la mala califica-ción que hasta ahora le ha otorgado a nuestro país, en la medida en que Chile tenga normas razonables y las haga cumplir.