El asesor económico de la candidata presidencial defendió la solvencia fiscal del país y presentó una agenda centrada en inversión, exportaciones y empleo.

Mientras el debate público insiste en el concepto de "crisis fiscal", en AmCham Chile se presentó una tesis opuesta. Osvaldo Rosales —ex director de la Direcon y hoy asesor clave de la candidatura presidencial de Jeannette Jara— planteó que Chile habría corregido sus desequilibrios macroeconómicos sin recesión y cuenta hoy con espacio fiscal para impulsar una agenda de inversión, exportaciones y empleo.

La sesión, parte del ciclo de conversatorios con asesores de candidaturas presidenciales organizado por AmCham Chile, buscó ofrecer al sector empresarial una mirada directa a los lineamientos económicos del oficialismo y contrastarla con las prioridades de la Cámara: crecimiento, competitividad, certeza regulatoria e invariabilidad tributaria.

"Lo que está en juego no es la estabilidad de corto plazo, sino la capacidad del país de retomar un crecimiento robusto y sostenible", planteó el ex jefe de la División de Comercio Internacional de la Cepal.

El país que los mercados sí ven

El punto de partida de Rosales es que Chile llega a esta elección con un escenario macroeconómico más sólido de lo que sugiere el clima de opinión. Tras el shock de la pandemia, la política fiscal expansiva y los retiros previsionales, el país habría logrado corregir los principales desequilibrios sin caer en recesión.

La inflación se aproxima nuevamente a la meta del 3% anual del Banco Central. El déficit de cuenta corriente converge hacia el 3% del PIB, mientras el déficit fiscal se reduce significativamente. El tipo de cambio y las tasas de interés muestran niveles favorables para la inversión.

Un dato fue particularmente subrayado: al 15 de octubre de 2025, Chile exhibe la tasa de interés real de largo plazo más baja de Latinoamérica, con un rendimiento de 2,5% en los bonos de Tesorería a 10 años, por debajo de Perú, México, Colombia y Brasil. El CDS a 5 años se ubica en torno a los 40 puntos base, el menor de la región, y el EMBI llega a 106 puntos.

"Los mercados están diciendo algo muy claro: Chile es percibido como una economía solvente, con capacidad de pago y manejo fiscal prudente", resumió el asesor económico.

A partir de ese cuadro, Rosales cuestionó la idea de una deuda "fuera de control". Las proyecciones muestran que la Deuda Bruta del Gobierno General alcanzaría en torno al 43% del PIB en 2025, ubicando a Chile entre los países con menor endeudamiento de la OCDE. La deuda del Gobierno Central Total se proyecta en 42,4% del PIB, cerca de un umbral de 45% que el economista califica como "prudente, pero autoimpuesto".

Fitch Ratings sitúa la deuda chilena por debajo de la media de los países con calificación A, cuyo promedio bordea el 57,3% del PIB. El FMI ha destacado la "senda fiscal prudente que garantiza la sostenibilidad de la deuda". "Insistir en que Chile está al borde de una crisis fiscal es desconocer la evidencia internacional. El país tiene margen de endeudamiento responsable, si ese espacio se usa para financiar inversión que eleve el crecimiento", afirmó Rosales.

Con un gasto del Gobierno General proyectado en torno al 27% del PIB para 2026, Chile se ubica entre los Estados de menor tamaño relativo en América Latina, solo por encima de Paraguay y Perú, y muy por detrás de economías como Brasil, Argentina o Colombia, donde el gasto bordea o supera el 33% del PIB.

El cuadro es de estabilidad lograda y riesgo contenido, pero con un desafío evidente: un crecimiento potencial del PIB reducido a torno al 2%, una productividad prácticamente estancada y un mercado laboral con rezagos persistentes, especialmente en empleo femenino y juvenil.

Inversión, exportaciones y empleo: tres ejes concretos

La propuesta económica de Jara se ordena en tres grandes ejes. El primero apunta a acelerar la inversión mediante desburocratización, coordinación público-privada y foco sectorial. Las proyecciones de la Cámara Chilena de la Construcción hablan de un stock de inversión por US$ 67,6 mil millones entre 2025 y 2029, con un 81% de participación privada.

Para aprovechar ese potencial, el programa propone implementar con rigor la Ley Marco de Permisos Sectoriales, crear ventanillas únicas para permisos sectoriales y ambientales, y avanzar hacia procesos de evaluación simultáneos, no secuenciales. Un cambio simbólico pero de alto impacto político: eliminar el Comité de Ministros como instancia decisoria en proyectos ambientales, reemplazándolo por una Oficina Presidencial de Proyectos Estratégicos de Inversión.

"La lógica es simple: reglas claras, procesos previsibles y una institucionalidad que acompañe, no que bloquee", sintetizó Rosales. La propuesta incluye mesas técnicas interministeriales con participación del sector privado para resolver cuellos de botella en proyectos de infraestructura, energía, minería, litio, industria forestal, agricultura y acuicultura.

En vivienda, se plantea mantener el subsidio a la tasa de interés para viviendas bajo 4.000 UF y lanzar el programa "Hipotecazo", dirigido a personas entre 25 y 40 años, con metas de 260 mil nuevas construcciones y 140 mil mejoramientos en cuatro años.

El segundo eje busca reimpulsar las exportaciones tras más de una década de retroceso. Entre 2007 y 2019, la relación exportaciones sobre PIB cayó persistentemente y hoy se mantiene 12 puntos por debajo del nivel de 2007. La estrategia: acelerar la ratificación de acuerdos ya negociados (Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, la modernización con la Unión Europea, EFTA, México) y profundizar negociaciones con India, Indonesia y Corea del Sur.

La diversificación de la Inversión Extranjera Directa es otro componente central. Litio, tierras raras, servicios mineros, alimentos procesados, acuicultura y servicios digitales aparecen como sectores prioritarios. Se propone posicionar a Chile como un hub digital entre Asia y América Latina, junto con una Estrategia integral de Exportación de Servicios que incluya adecuación regulatoria, apoyo a spin-offs universitarios y promoción de contenidos audiovisuales.

El tercer componente se centra en empleo y capacitación. Se propone crear un Subsidio Unificado al Empleo para mujeres, jóvenes y personas mayores, que articule beneficios hoy dispersos. También la implementación efectiva de una Ley de Equidad Salarial bajo el principio de "igual trabajo, igual remuneración".

En materia institucional, se plantea una Agencia Nacional de Empleo que integre y modernice la red de capacitación, certificación e intermediación laboral. La meta para el próximo gobierno es capacitar 600.000 personas en cuatro años: 150.000 en cuidados y servicios sociales, 180.000 en competencias transversales y 180.000 en economía digital e inteligencia artificial aplicada.

"La discusión ya no puede ser solo cuántos recursos ponemos, sino qué capacidades generamos y qué tan bien conectamos esa formación con el mundo del trabajo", enfatizó Rosales.

La mirada del sector privado: certezas antes que promesas

El diagnóstico de Rosales converge en varios puntos con las prioridades que AmCham Chile viene planteando. En sus palabras de bienvenida, Kathleen Barclay, directora de AmCham, recordó que Estados Unidos es uno de los principales inversionistas extranjeros en Chile.

"El crecimiento económico debe volver a ser una prioridad país. Para que eso ocurra, la inversión y el comercio necesitan certezas jurídicas, procesos eficientes y condiciones habilitantes claras", señaló. Y añadió: "Chile tiene oportunidades únicas en energías limpias, hidrógeno verde, litio y cobre. Pero sin competitividad e invariabilidad tributaria, esos proyectos simplemente no se materializan en la escala que el país necesita".

La Cámara ha sido consistente en subrayar la necesidad de reglas tributarias estables y previsibles para inversiones de horizonte largo, especialmente en sectores intensivos en capital. La agilización de procesos, destacan, no sustituye la importancia de una estructura de incentivos clara y de una institucionalidad que reduzca la volatilidad regulatoria.