El centro de Santiago se ha convertido en un campo de batalla en los últimos meses. Cansados con lo que ven como una falta de avances en áreas que van desde la educación hasta el medio ambiente y los derechos de los homosexuales, miles de chilenos han marchado frente al Palacio Presidencial de La Moneda en demanda de cambios. La mayoría de los manifestantes han tenido una actitud pacífica, pero una minoría ha aprovechado la oportunidad para enfrentarse a la policía y destruir la propiedad pública.

Esto difícilmente era lo que el presidente Sebastián Piñera tenía en mente cuando asumió el mando de la nación hace unos 16 meses. Desde entonces, su tasa de aprobación ha caído y su Gobierno ha enfrentado una serie de contratiempos que han agotado la energía de sus ministros.

Sin embargo, en el desayuno de AmCham celebrado el 30 de junio, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, aseguró a los miembros de la Cámara que aún en estos tiempos difíciles el Gobierno no ha perdido de vista su meta y sigue trabajando en una serie de reformas económicas, sociales y políticas.

Algunas reformas clave corresponden a educación. Muchos estudiantes universitarios están fuertemente endeudados debido a los altos costos de los aranceles y, el mismo día del desayuno, miles de ellos marcharon en Santiago exigiendo una educación gratuita. No obstante, Larroulet señaló que esta demanda es poco realista en un país con un salario promedio que equivale a menos del 50 por ciento del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Hay aspiraciones, deseos de caminar mucho más rápido de lo que se puede”, afirmó el ministro.

El problema es que Chile recién está despertando tras una “siesta” de 10 años, luego de la crisis económica de 1998. Durante ese período el crecimiento de la productividad se estancó, mientras que el crecimiento económico se redujo a la mitad de la tasa de crecimiento promedio de un 6 por ciento anual observada durante mediados de la década de los 90.

Esto ha conducido a un “juego de suma cero” dañino en términos políticos, dijo Larroulet. “Cuando los países no crecen (…) empieza la discusión en la sociedad sobre cómo se reparte la torta que está estática”.

El presidente Piñera prometió en mayo del año pasado que Chile se convertirá en un país desarrollado para fines de esta década. Pero escapar de la trampa del “ingreso medio” que impide que los países salten a las grandes ligas de la economía mundial, significa que Chile debe promover el emprendimiento al tiempo que mejora la distribución del ingreso, indicó el funcionario de gobierno.

Desde el siglo XIX, cuando Chile era el segundo país más importante de América Latina después de Argentina, los académicos han escrito sobre el caso del “desarrollo frustrado” del país. Hace una década, el ex presidente Ricardo Lagos predijo que Chile alcanzaría el desarrollo para el Bicentenario, el año pasado. No obstante, el ingreso per cápita de Chile en torno a los US$15.000 se ubica US$7.000 por debajo de su meta.

Ahora el presidente Piñera tomó el bastón de mando, pero su período tuvo un comienzo volátil. Larroulet recordó a los miembros de la Cámara el devastador impacto del terremoto del 27 de febrero del 2010, que azotó al país días antes de que el presidente Piñera asumiera como mandatario. Las pérdidas totales se estimaron en US$30.000 millones, o un 18 por ciento del PIB, y tuvo un alto costo político.

La redistribución de recursos para ayudar a las áreas más golpeadas por el desastre significó que las regiones pobres del norte, responsables de la mayor parte de la producción de cobre de Chile, recibieran menos financiamiento que el contemplado originalmente, manifestó el ministro, refiriéndose a las recientes protestas en la ciudad de Calama.

Sin embargo, pese a los desafíos de la reconstrucción, se espera que la economía de Chile registre en el 2011 la mayor tasa de crecimiento de los países miembros de la OCDE, cerca del 6,5 por ciento frente al promedio mundial del 4,2 por ciento. Esto es posible gracias a los sólidos fundamentos económicos de Chile basados en altos niveles de inversión, particularmente en minería y energía, y con un énfasis en la innovación.

A fin de promover el emprendimiento, el Gobierno aprobó una ley este año que redujo el tiempo que se necesita para que una empresa inicie sus actividades en Chile de 27 a 16 días. Y Larroulet aseveró que el Gobierno planea reducir este lapso a “entre uno y dos días” como en Nueva Zelanda, que encabeza los rankings mundiales en materia de mayor facilidad para crear una empresa.

El desempleo ha caído de manera sostenida, en parte debido a una ley que exime a las pequeñas empresas de pagar impuesto a la renta si reinvierten sus ganancias. “No hay bala de plata, hay un conjunto sistemático de pequeñas reformas todas orientadas en la misma dirección”, sostuvo Larroulet.

Pero mejorar la educación pública, que afecta de manera directa la inequidad en la distribución de los ingresos, sigue siendo “la madre de todas las batallas”, destacó el ministro.

Chile no puede costear una educación universitaria gratuita para todos, pero los fondos se podrían distribuir mejor. Por ejemplo, deberían incrementarse los subsidios para los institutos profesionales de Chile que reciben mucho menos financiamiento por alumno que las universidades públicas. “Entonces hay una inequidad en el acceso a los recursos enorme”, afirmó Larroulet.

Y no todo tiene que ver con el dinero. Pese al enorme incremento en la inversión pública en educación y la mayor cobertura en la última década, los resultados académicos de los estudiantes siguen siendo débiles comparados con los estándares internacionales, en particular en áreas clave como ciencias y matemáticas.

El Gobierno ha logrado algunos avances. Un paquete de reformas aprobadas el año pasado apunta a mejorar la calidad del aprendizaje en la sala de clases al facultar a los rectores de los colegios a despedir a los malos profesores y recompensar a los buenos. Una segunda reforma creará un nuevo regulador de los colegios y cerrará aquellos que no logren los estándares mínimos.

Estos no son tiempos sencillos, pero el Gobierno de Chile está enfrentando los desafíos de un país aún en desarrollo, en lugar de ponerlos “debajo del colchón”, aseveró Larroulet.

El ministro concluyó su intervención señalando que se ha avanzado mucho en un año, pero que aún hay mucho por hacer.

Julian Dowling es editor de bUSiness CHILE

Downtown Santiago has become a battleground in the last few months. Fed up with what they see as lack of progress in areas ranging from education and the environment to gay rights, thousands of Chileans have marched past the La Moneda presidential palace demanding change. Most of the protests have been peaceful, but a minority has seized the opportunity to fight with police and destroy public property.

This is hardly what President Piñera had in mind when he took office some 16 months ago. Since then his approval ratings have dropped and his government has faced a series of setbacks that have sapped the energy from his ministers.

But at an AmCham breakfast on June 30, the Minister Secretary-General of the Presidency, Cristián Larroulet, reassured AmCham members that even in these difficult times the government has not lost sight of its goal and is continuing to work on a series of economic, social and political reforms.

Some key reforms are in education. Many university students are heavily in debt due to high tuition costs and, on the same day as the breakfast, thousands of them marched in Santiago calling for free education. But in a country with an average wage less than 50 percent of the OECD average, this demand is unrealistic, said Larroulet.

“There is the desire to walk much faster than we really can,” he said.

The problem is that Chile is just waking up after a decade-long “siesta” following the 1998 economic crisis. During this period productivity growth stalled while economic growth shrank to half the average growth rate of 6 percent annually seen during the mid-1990s.

This has led to a politically damaging “zero sum game”, said Larroulet. “When countries stop growing, they start fighting over how to share the pie.”

President Piñera promised in May last year that Chile will become a developed country by the end of this decade. But escaping the “middle-income trap” that impedes countries from making the jump to the big leagues of the world economy, means Chile must promote entrepreneurship while improving income distribution, said Larroulet.

Ever since the 19th century, when Chile was the second most important country in Latin America after Argentina, academics have written about the country’s case of “frustrated development”. A decade ago, former President Ricardo Lagos predicted Chile would be developed by its Bicentennial last year. But Chile’s per capita income of around US$15,000 remains US$7,000 short of its goal.

Now President Piñera has taken up the baton, but he got off to a shaky start. Larroulet reminded members of the devastating impact of the February 27, 2010 earthquake, which struck just days before President Piñera took office. The total losses were estimated at US$30 billion, or 18 percent of GDP, and it had a huge political cost.

The reorganization of resources to help the worst-hit areas meant that poor northern regions, responsible for most of Chile’s copper output, have received less funding than originally envisioned, said Larroulet, referring to recent protests in the city of Calama.

Despite the reconstruction challenges, however, Chile’s economy is expected to grow at the highest rate of OECD countries in 2011, around 6.5 percent versus the world average of 4.2 percent. This is possible thanks to Chile’s solid economic foundation based on high levels of investment, particularly in mining and energy, and an emphasis on innovation.

To promote entrepreneurship, the government passed a law this year that has reduced the time needed to open a new business in Chile from 27 days to 16 days. And Larroulet said the government is planning to reduce this to “between one and two days” like New Zealand, which leads world rankings in the ease of opening a business.

Unemployment has also fallen steadily, partly due to a law that exempts small companies from paying income tax if they re-invest their profits. “There is no silver bullet, but there is a series of systematic small reforms all aimed in the same direction,” said Larroulet.

But improving public education, which directly impacts income inequality, remains the “the mother of all battles”, noted the Minister.

Chile can’t afford free university education for all but funds could be better distributed. For example, subsidies should be increased for Chile’s technical colleges which receive much less funding per student than public universities. “There is huge inequality in access to resources,” said Larroulet.

And it’s not just about money. Despite a massive increase in public investment in education and expanded coverage in the last decade, students’ academic results remain poor compared to international standards, particularly in key areas such as science and math.

The government has made some progress. A reform package approved last year aims to improve teaching quality in the classroom by empowering school principals to fire bad teachers and reward good ones. A second reform will create a new schools regulator and close those that do not achieve minimum standards.

These are not easy times but Chile’s government is facing the challenges of a still developing country, rather than putting them back “under the mattress”, said Larroulet.

“We have done a lot in one year, but there is plenty more to do,” he concluded.

Julian Dowling is editor of bUSiness CHILE