Todo comenzó durante la campaña electoral del año pasado. Nadie tiene claro quién echó a correr la bola, pero -para el final de la campaña presidencial- tanto el senador Eduardo Frei, el candidato de la coalición de centro izquierda Concertación, como Marco Enríquez-Ominami, candidato independiente, prometían a las mujeres un permiso posnatal pagado de seis meses, mientras que un más cauto Sebastián Piñera, el candidato de la derecha, hablaba de un permiso de “hasta seis meses”.

Fue sorprendente. Según los estándares internacionales, las mujeres chilenas -con un permiso prenatal de 6 semanas y un posnatal de 12 semanas, ambos a con pago completo del salario- están en una posición bastante confortable. Y, si bien los doctores elogiaron las promesas de los candidatos, los empleadores y algunas mujeres -atemorizadas por sus perspectivas laborales- se quejaron.

Una vez que la euforia de la campaña se disipó, comenzó a pensarse más seriamente el tema y Sebastián Piñera, el Presidente de Chile desde marzo, hizo lo que los mandatarios a menudo hacen cuando son asaltados por las dudas sobre la sabiduría de sus promesas: formó una comisión -la Comisión Presidencial para la Mujer, el Trabajo y la Maternidad- para estudiar el tema.

Se necesitan algunos cambios, señala María Gracia Cariola, abogada y gerente general de una empresa familiar de inversiones, quien presidió la comisión. Sin embargo, dichos cambios no son necesariamente los que la campaña electoral hizo que la opinión pública esperara, advierte.

Su principal preocupación, es que -en la actualidad- los costos de la maternidad pesan demasiado sobre la madre y su empleador en lugar de ser compartidos con el padre y su empleador, señala. Eso, por supuesto, pone un freno sobre las perspectivas laborales de las mujeres o, a lo menos, da a los empleadores un incentivo para pagarles menos.

Un estudio de Politeia, firma de consultoría con sede en Santiago, para una comisión del gobierno anterior estimó que los costos laborales adicionales de contratar a una mujer en edad fértil -incluidos factores como contratación de un reemplazo durante las licencias pre y posnatal, y el pago de sala cuna- alcanza entre un 5,4% y un 12,5% de su sueldo. Y ese es el promedio durante un período de 20 años; en el año en que una mujer tiene un bebé, la cifra es mucho más alta.

El actual sistema es además extremadamente regresivo, destaca Osvaldo Larrañaga, economista de la oficina en Santiago del Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro de la última comisión. Durante el permiso maternal, el salario de una mujer es pagado por el Estado y, pese al límite superior que se aplica al monto pagado, la encuesta socioeconómica CASEN del gobierno muestra que el 52% del gasto total se destina a las mujeres en el quintil más rico de la población -donde la participación en la fuerza laboral es mayor y los salarios son mejores- y un magro 5% al quintil más pobre.

Idear formas de compartir los costos de la maternidad de manera más equitativa fue, de hecho, uno de los objetivos clave de la comisión de 14 miembros, que además de abogados y economistas, incluyó a doctores y un sociólogo. Durante un período de tres meses, la comisión escuchó casi 30 presentaciones de organizaciones de los sectores público y privado, incluidas algunas de las principales asociaciones gremiales de Chile.

Su informe, presentado en agosto, está ahora en el escritorio del Gobierno y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), junto con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, está trabajando para convertir sus propuestas en un proyecto de ley que Cariola espera se presente al Congreso antes de fin de año.

¿Cuánta Licencia Posnatal?

Los doctores tienden a ser inflexibles en cuanto a que las mujeres no pueden tener suficiente permiso posnatal. Aparte de las ventajas del amamantamiento, señalan estudios que sugieren que el temprano regreso al trabajo de jornada completa puede tener consecuencias negativas para el desarrollo emocional e intelectual del bebé.

Pero, según Cariola, la comisión sintió mayoritariamente que el permiso posnatal de seis meses sería excesivo. Una consideración, señala, fue que colocaría a Chile a la par con países europeos que llegaron a ello sólo de manera gradual y que, en cualquier caso, son más ricos.

Chile, junto con Cuba y Venezuela, ya tiene uno de los permisos posnatales más largos de América Latina. Un estudio realizado este año por Trabajando.com, un servicio online de colocación laboral, concluyó que los 126 días de Chile (incluidos los permisos pre y posnatal) se comparan de manera favorable con los 84 días de México y Colombia; los 90 días de Perú y Argentina; y los 112 días de España.

Sólo Brasil tiene un período más largo. Según una reforma del 2008, aumentó el permiso posnatal para los empleados del sector público de cuatro a seis meses. Sin embargo, en el sector privado, los dos meses adicionales son opcionales y deben ser negociados con el empleador (quien puede determinar el salario de los dos meses que la empresa debe pagar con un beneficio tributario

Más aún, incluso los países europeos -con sus usualmente generosos y largos períodos de posnatal- a menudo no pagan los sueldos completos de las madres. El Reino Unido, por ejemplo, utiliza una escala variable que disminuye de forma gradual con el tiempo y otros imponen topes relativamente bajos.

Y, luego, está Estados Unidos. “Las mujeres chilenas no se dan cuenta de la fortuna que tienen”, nota una mujer estadounidense, que ha tenido hijos en su país y en Chile.

En Estados Unidos, a los nuevos padres se les garantizan 12 semanas de permiso, siempre y cuando trabajen en una empresa con al menos 50 empleados y durante un año por lo menos. No obstante, es un permiso sin goce de sueldo (si bien algunos estados y empleadores ofrecen apoyo financiero) y una encuesta del Departamento de Trabajo del 2000 concluyó que, entre los años 1999 y 2000, 3,5 millones de personas con licencia por razones familiares o médicas, incluido el nacimiento de un hijo, no se tomaron la licencia, en el 80% de los casos, aludiendo a que no podían afrontar ese costo.

Sin embargo, sobre el permiso posnatal, la comisión hizo dos recomendaciones. Uno -discutido a menudo- es permitir a las mujeres quedarse en el trabajo por más tiempo antes de tener al bebé y usar ese permiso prenatal “ahorrado” para extender su posnatal.

Según los términos de su propuesta, las mujeres podrían postergar hasta en dos semanas el inicio del permiso prenatal. Muchas mujeres hubieran querido más, pero incluso dos semanas fue un tema: a los doctores les preocupa su responsabilidad legal en el caso de que dieran su autorización y algo saliera mal con el embarazo. Para evitar ese obstáculo, según las recomendaciones de la comisión, la madre tendría que firmar un formulario asumiendo toda la responsabilidad por la decisión.

De manera más importante, la comisión también propuso la introducción de un sistema de permiso parental, también financiado por el Estado, el que podría tomar ya sea la madre o el padre una vez que el posnatal de la primera concluya. Las opiniones estuvieron divididas respecto a por cuánto debería extenderse el permiso parental y, en definitiva, la comisión presentó dos propuestas: seis semanas si su uso es voluntario o cuatro si es obligatorio.

A los padres también se les permitiría usar este permiso por medios días. Ello permitiría un regreso gradual al trabajo, algo que haría el permiso parental más atractivo para las empresas, afirma Cariola. En muchos casos, en realidad no reemplazan a la empleada durante el posnatal, comenta, sino que dividen el trabajo entre otros empleados, lo que hace más sencillo que la madre vuelva a trabajar de manera a gradual.

Un Uso Razonable de los Derechos

La participación de las mujeres chilenas en la fuerza laboral, si bien ha aumentado recientemente, está entre las más bajas de América Latina, lo que ha generado la pregunta obvia de si esto está relacionado con el permiso posnatal y sus costos para las empresas. Según Larrañaga, no hay evidencia clara de una relación; un permiso posnatal más largo, si bien poco atractivo para los empleadores, alienta a las mujeres a buscar trabajo, destaca.

Cariola también niega esta conexión. “La baja participación en la fuerza de trabajo tiene más que ver con la etapa de desarrollo de un país”, señala. En países muy pobres, la participación de las mujeres tiende a ser alta, simplemente porque las familias necesitan todo el dinero que puedan conseguir y posteriormente, a medida que los países se vuelven más prósperos, tiende a caer antes de comenzar a aumentar nuevamente.

Es difícil para las empresas reemplazar empleados de mayor nivel por 18 semanas; “uno no puede simplemente ir a Manpower y contratar a un contador jefe temporal”, se queja un empleador. No obstante, lo que tiende a preocupar mucho más a las empresas es qué ocurre en el lapso entre que una madre vuelve al trabajo y su bebé cumple un año de edad.

Ese es el período en el que las madres pueden tener licencia a sueldo completo para cuidar al bebé enfermo si el doctor lo estima necesario. Y los doctores lo hacen con más fuerza aún, normalmente por reflujo gástrico, afección que hace que el bebé devuelva la leche ingerida.

“Es porque realmente no creen que tres meses de permiso posnatal sea suficiente”, observa Larrañaga. No hay estadísticas epidemiológicas en ninguna parte del mundo coincidentes con la tasa en que los bebés chilenos parecen enfermarse, añade. En el 2009, según la Superintendencia de Salud del gobierno, las mujeres que volvieron a trabajar tras su permiso posnatal se tomaron un promedio de 109 días libres en los nueve meses siguientes.

De hecho, esto fue un argumento clave a favor de extender el permiso posnatal a seis meses, destaca Larrañaga, pero habría sido equivalente a “condonar la illegalidad”. La comisión además consideró reducir el pago que las madres reciben cuando dejan de trabajar para cuidar a bebés enfermos del 100% de su sueldo a, digamos, el 80% o dejarlo en una escala variable, pero con el tiempo rechazó esa idea porque penalizaba a las madres que realmente tenían niños enfermos.

Y la raíz del problema está en otro lado. Yace en la protección legal del despido de que disfrutan las mujeres desde el momento en que se quedan embarazadas hasta un año después del término de su permiso posnatal o, en otras palabras, un total de dos años.

Los empleadores a veces cuentan historias de terror sobre mujeres que eran empleadas con desempeños insatisfactorios pero madres prolíficas con las que, por tanto, estuvieron atascados por hasta una década. De hecho, la extensión de esta inmunidad al despido es inusual y, como destacó la comisión, hay pocos países en los que se extiende después del regreso de la madre al trabajo tras el permiso posnatal.

Es un anacronismo cuya intención original era proteger el ingreso familiar mientras el bebé era pequeño, pero que desde entonces ha sido superada por otras formas de protección social, argumenta Larrañaga. No obstante, como otro anacronismo -el pago de indemnización vinculado a los años de servicio- es visto en Chile como un derecho adquirido o, en otras palabras, un tema delicado en términos políticos que la comisión evitó, salvo por algunas sugerencias de ajuste.

Sin embargo, cualquiera sean los resultados cuando sus recomendaciones en definitiva se conviertan en un proyecto de ley ante el Congreso, la comisión subrayó dos puntos clave: no son sólo las mujeres quienes deberían pagar los costos económicos de tener bebés y los candidatos electorales a menudo hacen promesas que en realidad podría no ser tan sensatas.

Ruth Bradley es corresponsal en Santiago de The Economist.

It all started during last year’s election campaign. No-one is sure who set the ball rolling but, by the end of the campaign, both Senator Eduardo Frei, the nominee of the center-left Concertación coalition, and Marco Enríquez-Ominami, an independent candidate, were promising women six months’ paid postnatal leave while, more cautiously, the center-right’s Sebastián Piñera was talking about “up to six months.”

That was surprising. By international standards, Chilean women - with six weeks’ prenatal and 12 weeks’ postnatal leave, all on full pay - are pretty well-off. And, while doctors applauded the candidates’ promises, employers and some women - fearful of their job prospects - groaned.

Once the campaign euphoria faded, more serious thinking began and Sebastián Piñera, Chile’s president since March, did what presidents often do when assailed by doubts about the wisdom of their promises: he set up a commission - the Presidential Commission for Women, Work and Maternity - to study the issue.

Some changes are needed, says María Gracia Cariola, a lawyer and general manager of a family investment company, who chaired the Commission. But those changes are not necessarily the ones the election campaign led public opinion to expect, she warns.

Her main concern, she says, is that, at present, the costs of maternity weigh too heavily on the mother and her employer, rather than being shared by the father and his employer. That, of course, puts a damper on women’s job prospects or, at least, provides employers with an incentive to pay them less.

A study by Politeia, a Santiago-based consultancy firm, for an earlier government commission estimated that the additional labor costs of employing a woman of childbearing age - including factors such as hiring a replacement during maternity leave and paying for childcare - reaches between 5.4% and 12.5% of her wage. And that is the average over a period of 20 years; in the year when a woman has a baby, the figure is much higher.

The present system is also extremely regressive, points out Osvaldo Larrañaga, an economist at the Santiago office of the UN Development Programme and a member of the Commission. During maternity leave, a woman’s salary is paid by the state and, despite an upper limit on the amount, the government’s CASEN socioeconomic survey shows that 52% of total expenditure goes to women in the richest fifth of the population - where labor force participation is higher and salaries are better - and a mere 5% to the poorest fifth.

Devising ways to share the costs of motherhood more equitably was, in fact, one of the key objectives of the 14-strong Commission which, as well as lawyers and economists, included doctors and a sociologist. Over a period of three months, it listened to almost 30 presentations by organizations from the public and private sectors, including some of Chile’s principle business associations.

Its report, presented in August, is now on the government’s desk and the Ministry for Women (SERNAM), together with the Labor Ministry and the Ministry for the President’s Office, is working to convert its proposals into a bill that Cariola hopes will be presented to Congress before the end of the year.

How much maternity leave?

Doctors tend to be adamant that women cannot have enough maternity leave. Apart from the advantages of breastfeeding, they point to studies suggesting that an early return to full-time work can have negative consequences for a baby’s intellectual and emotional development.

But, according to Cariola, the Commission mostly felt that six months’ postnatal leave would be excessive. One consideration, she says, was that it would have put Chile on a par with European countries which got there only gradually and are, in any case, richer.

Chile, along with Cuba and Venezuela, already has one of the longest maternity leaves in Latin America. A study earlier this year by Trabajando.com, an online job placement service, found that Chile’s 126 days (including prenatal and postnatal leave) compares favorably with 84 days in Mexico and Colombia, 90 days in Peru and Argentina, and Spain’s 112 days.

Only Brazil has a longer period. Under a reform in 2008, it increased maternity leave for public-sector employees from four to six months. However, in the private sector, the additional two months are optional and must be negotiated with the employer (who can set the two month’s salary which the company must pay against taxes).

Moreover, even European countries, with their usually generous long periods of maternity leave, often don’t pay mothers’ full salaries. The UK, for example, uses a sliding scale that gradually decreases over time and others impose relatively low caps.

And, then, there is the United States. “Chilean women just don’t realize how good they have it,” observes one American woman who has had babies both back home and in Chile.

In the U.S., new parents are guaranteed 12 weeks of leave, providing they work in a company with at least 50 employees and have done so for at least a year. But that leave is unpaid (although some states and employers offer financial support) and a survey by the Department of Labor in 2000 found that, between 1999 and 2000, 3.5 million people entitled to leave for family or medical reasons, including the birth of a child, did not take it and, in 80% of cases, said they had been unable to afford it.

On maternity leave, the Commission did, however, make two recommendations. One - often discussed - is to allow women to stay at work longer before having a baby and use the ‘saved’ prenatal leave to extend their postnatal leave.

They would, under the terms of its proposal, be given two weeks leeway. Many women would have liked more but even two weeks was an issue, with doctors worrying about their legal responsibility if they gave authorization and then something went wrong with pregnancy. To avoid that hurdle, the mother would, under the Commission’s recommendations, have to sign a form taking full responsibility for the decision.

More importantly, the Commission also proposed the introduction of a system of parental leave, also financed by the state, which could be taken by either the mother or father once the former’s postnatal leave ends. Opinions were divided as to how long parental leave should last and, eventually, the Commission put forward two proposals: six weeks if its use is voluntary or four weeks if compulsory.

Parents would also be able to use this leave in half-days. That would permit a gradual return to work, something that would make parental leave more attractive to companies, says Cariola. In many cases, they don’t actually replace an employee out on maternity leave, she reports, but divide the work among other employees, making it easier for a mother to make a gradual return.

Using rights reasonably

The participation of Chilean women in the workforce, although recently increasing, is among the lowest in Latin America, raising the obvious question of whether this is related to maternity leave and its costs to businesses. According to Larrañaga, there is no clear evidence of a relationship; longer maternity leave, although off-putting for employers, encourages women to seek work, he points out.

Cariola also denies a link. “Low workforce participation has more to do with a country’s stage of development,” she says. In very poor countries, women’s participation tends to be high, simply because families need all the money they can get, and then, as countries become more prosperous, tends to drop before starting to increase again.

It is difficult for companies to replace senior employees for 18 weeks - “you can’t just go to Manpower and hire a temporary chief accountant,” complained one employer. But what tends to worry businesses much more is what happens between when a mother returns to work and her baby reaching its first birthday.

That is the period in which mothers can take leave on full pay to care for a sick baby if a doctor deems it necessary. And doctors do so with a vengeance, typically for gastric reflux, a complaint that prevents a baby from keeping its milk down.

“It’s because they don’t really believe that three months postnatal leave is enough,” observes Larrañaga. There are, he adds, no epidemiological statistics anywhere in the world consistent with the rate at which Chilean babies seem to get sick. In 2009, according to the government’s Health Superintendency, women returning to work after their postnatal leave took an average of 109 days off in the next nine months.

This was, in fact, a key argument for extending maternity leave to six months, notes Larrañaga, but would have been tantamount to “condoning illegality.” The Commission also considered reducing the pay that mothers receive when off work to care for sick babies from 100% of their salary to, say, 80%, or putting it on a sliding scale but eventually rejected that idea as penalizing mothers with really sick children.

And the root of the problem is elsewhere. It lies in the legal protection from dismissal that women enjoy from the moment they become pregnant through to one year after the end of their postnatal leave or, in other words, a total of two years.

Employers sometimes tell horror stories of women who are unsatisfactory employees but prolific mothers and with whom they have, therefore, been stuck for as much as a decade. The length of this immunity from dismissal is, indeed, unusual and, as the Commission noted, there are few countries in which it extends beyond a mother’s return to work after postnatal leave.

It’s an anachronism originally intended to protect a family’s income while a child is small but since superseded by other forms of social protection, argues Larrañaga. But, like another anachronism - redundancy pay tied to years of service - it is seen in Chile as an acquired right or, in other words, a political hot potato from which, barring some suggestions for fine-tuning, the Commission steered clear.

However, whatever the results when its recommendations are eventually shaped into a bill presented to Congress, the Commission
has underscored two key points: it is not only women who should pay the economic costs of having babies and election candidates often make promises that may not actually have been quite so sensible.

Ruth Bradley is the Santiago correspondent of The Economist.