[:es]
Faltan 12 meses para que esté lista la norma, y las empresas, más que certezas, tienen dudas sobre su aplicación: cuáles serán las metas; cómo se formalizará la industria y qué incentivos se otorgarán para desarrollar un mercado que demande material reciclado.
El pasado 17 de mayo la presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley de Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productor, un importante paso para disminuir la cantidad de residuos que se generan en el país -los que hoy alcanzan los 17 millones de toneladas- y lograr que no terminen en rellenos sanitarios o vertederos.
La normativa obligará al reciclaje y valorización de seis productos prioritarios -aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, neumáticos, envases y embalajes, y pilas- fijando metas de recolección a las empresas productoras, fabricantes e importadoras a recuperar un porcentaje de ellos, al fin de su vida útil.
Esta disposición -que actúa bajo la premisa de que “el que contamina paga”- hará que la industria del reciclaje se formalice y deje de componerse de acciones voluntarias, además de “asegurar un volumen suficiente de residuos recuperados para las firmas que se dedican a reciclar o valorizar productos”, señala Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente.
Pablo Badenier, Ministro del Medio Ambiente
Para la recolección de los residuos prioritarios existirá una meta fijada anualmente por esta cartera. Y en caso de incumplimiento, las sanciones serán de hasta 10 UTA (Unidades Tributarias Anuales), el equivalente a aproximadamente $ 5.400 millones.
A poco tiempo de su promulgación, aún restan12 meses para que se elaboren los decretos respectivos para cada producto, sus metas de recuperación y valorización, obligaciones sobre etiquetado, entrega separada, ecodiseño e instalaciones de recepción y almacenamiento, entre otras.
Por ello, hoy existen más dudas que certezas entre los sectores involucrados. Por ejemplo, no saben qué aspectos se considerarán para establecer las metas de recolección, de qué forma se apoyará el desarrollo del mercado de productos reutilizados y cómo será el rol de los municipios en la gestión de los desechos domiciliarios. Esto, considerando que las metas son ambiciosas, ya que esperan escalar de 10% de residuos domiciliarios reciclados a 30%.
Desde la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA) señalan que la ley posiciona a Chile a la vanguardia en Latinoamérica y que podría, a mediano plazo, hacer de nuestro país un líder en tasas de reciclaje de productos prioritarios. No obstante, Santiago Muzzo, presidente de Asipla, señala que se debe estar atento a los objetivos que se estipulen en las metas de recolección.
Santiago Muzzo, presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA)
“Es clave para el éxito de esta ley que todos los envases, diferenciados por sus materiales e incluyendo las diversas categorías de plástico, sean considerados en la ley con metas individuales y no agregadas por tipo de envase. Así se aseguraría que de aquí a cinco años sólo perduren los envases medioambientalmente más eficientes”, explica Muzzo. Advierte que una meta mal establecida podría “ponerle la soga al cuello a la ley”.
Otro punto importante, plantea, es la creación de la demanda de material reciclado. Un aspecto que la ley no resuelve del todo. Para el dirigente gremial, la normativa debería contemplar el surgimiento de nuevos mercados o la demanda agregada de estos materiales para nuevas aplicaciones o productos. Esto generaría un impulso a los recicladores en nuevas tecnologías para responder a estas demandas.
“Si esto no se desarrolla, probablemente la mayor parte del plástico recolectado sea valorizado energéticamente, es decir como combustible para centrales de generación eléctrica, lo cual no es la mejor alternativa”, precisa.
El desafío que imponen las metas
Otro actor que ve con grandes expectativas las precisiones que considere la ley, es la Cámara de la Industria del Neumático de Chile A.G. (CINC), dado que, contrario a sus esfuerzos permanentes en este ámbito, la tasa de reciclaje del sector es baja.
“En Chile se producen entre 150 y 160 mil toneladas de neumáticos fuera de uso al año. Desde los destinados a bicicletas, que sólo pesan gramos, hasta los que se utilizan en minería y que pesan más de cuatro toneladas. Sin embargo, no se valorizan (reciclan) más de siete mil toneladas al año, lo que significa 5% del total”, sostiene José Browne, gerente general de la asociación gremial.
Esta realidad contrasta con la de los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), donde se recicla el 100% de los desechos de la industria.
Por esta razón, Browne ve con preocupación el futuro y le parece un punto crítico lo que va a ocurrir en la práctica, ya que muchas leyes se convierten desde el punto de vista de las normas “en algo inaplicable”.
Para el ejecutivo, lo importante es que las metas sean realistas, pero al mismo tiempo que promuevan el desarrollo de la industria del reciclaje de neumáticos.
“Si las metas son demasiado bajas con lo poco que tenemos se va a poder cumplir y nadie va a tener interés en invertir porque no va a haber demanda. Por otro lado, si fueran muy altas nadie las va a poder cumplir y probablemente los pocos que puedan reciclar o manejar neumáticos van a cobrar lo que quieran”, explica.
José Browne, gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile A.G. CINC
Con incentivos adecuados, estos desechos podrían aportar a otras industrias relevantes en la economía, tal como ocurre en países desarrollados, donde más de la mitad de los neumáticos se reciclan como combustible, expone Browne. En Chile no debiera ser distinto porque las cementeras están interesadas en el tema. “En el país tenemos una tremenda industria de celulosa y papel cuyo proceso aceptaría el neumático como combustible. La ley sería el incentivo para que éstas hagan rentable usar neumáticos para estos efectos. Hoy, por su costo, no lo es”.
Browne no es el único preocupado por las metas. El abogado Patricio Leyton, socio de Ferrada Nehme y especializado en Medio Ambiente y Recursos Naturales, estima que la ley, una vez que comience a operar, tiene “un buen pronóstico”.
El experto, estima que la fase inicial será menos compleja, pero una vez que las metas de reciclaje vayan aumentando, la tarea se irá tornando más difícil, sobre todo, si se considera que los residuos peligrosos -por su naturaleza- deberían ser los primeros en lograr una tasa de reciclaje de 100%, por ejemplo, las pilas, las baterías y los aceites lubricantes.
“La puesta en marcha de la ley se dará en un plazo de entre dos a cuatro años. Va a ser muy sencillo recoger los productos malos, antiguos y viejos, el problema se puede dar cuando la obligación no sea del 10% ni el 20% ni el 30%, sino del 50%”, sostiene. En países como Alemania reciclan el 100% de sus residuos y hoy trabajan en prevención”, comenta.
La visión de los recicladores industriales
Los productores o importadores están obligados por la ley a dar un destino diferente a sus productos, pero también hay otros actores que serán afectados de una u otra forma por la ley, como los municipios, y las plantas de reciclaje industrial.
Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR)
Desde la vereda de quienes se encargan del pre tratamiento, tratamiento y valorización de los residuos sólidos reciclables, Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G, ANIR, comenta que la regulación es positiva para ellos en el sentido que aumentará el volumen de algunos residuos que no podían recolectar porque estaban en el área municipal, totalmente contaminados, al no haber sido separados desde su origen.
No obstante, advierte de ciertos riesgos en algunos temas que la ley aún no precisa. “Si en las mesas de trabajo con el ministerio se decide que hay una sola meta nacional de recolección que integra productos industriales y domiciliarios, los productores querrán intervenir con los sistemas de gestión en el mundo industrial donde este tema está básicamente solucionado. Si no hay metas diferenciadas con trazabilidad separadas hay un riesgo enorme que los sistemas de gestión se interpongan a los modelos comerciales actuales. ¿Por qué agregar intermediarios cuando ya se tiene un trato directo?”, cuestiona Navech.
La recolección domiciliaria también preocupa a la ANIR, pues si se deja sólo en manos de los municipios sin posibilidad de ingreso de otros actores, la concentración de elementos sólidos reciclables -por ejemplo, manteniéndolos por un tiempo indeterminado en recintos de acopio- podría implicar un riesgo de “manipulación” en los precios de compra y venta de estos productos.
Los actores tendrán que esperar, al menos, un par de años para tener certezas respecto de las metas, efectos y aplicaciones prácticas de la Ley de Fomento al Reciclaje, que recién comienza a debatir una normativa.
Sodimac apuesta por reciclaje domiciliario
Adelantándose a los desafíos que considera la promulgación de la Ley de Reciclaje, el gerente general de Sodimac Chile, Eduardo Mizón, sostiene que los deberes de la firma considerarán “la recolección y gestión de los residuos de los productos prioritarios de acuerdo a las metas específicas que se establezcan, pero también revisar ciertos aspectos de los envases y embalajes, para hacer cambios que nos permitan disminuir los residuos que generamos en ese ámbito”.
No obstante, Mizón agrega que continuarán con una tarea que asumieron hace algunos años, y que tiene que ver con su iniciativa de una red nacional de puntos limpios junto a la firma chilena TriCiclos. “El año pasado 330 mil personas visitaron los puntos limpios, a lo largo del país y con ellos se reciclaron 2.100 toneladas”, detalla.
En esta línea, este año iniciaron un plan piloto de reciclaje domiciliario en las comunas de Las Condes y Quilicura, que incluye capacitación, kit de contenedores y retiro en los hogares.
Dell: ambiciosas metas a 2020
La fabricante y comercializadora de productos electrónicos, Dell, ya lleva camino recorrido en el mundo del reciclaje. La multinacional tiene políticas ambientales que estudian el impacto de sus productos en su ciclo de vida y específicamente su plan “2020 legacy of good” que tiene como objetivo implementar estrategias de reciclaje.
Al respecto, Carolina Quadri, Latam Producer Responsibility & Environmental Affairs Manager, comenta que alrededor del mundo recuperan “726 kg de electrónicos usados al año desde 2007 y está en camino de alcanzar los 1.000 millones de kg para 2020”. Y, en Chile, cuentan con un programa para recibir equipos en desuso de usuarios. Sobre la ley, Quadri señala que está optimista, pero advierte sobre la importancia de establecer estándares de reciclado para asegurar que los materiales se gestionen de manera correcta y buscar nuevas formas de hacer las cosas, donde el concepto de “residuo” queda fuera del sistema, dando paso una economía circular.
El fomento al reciclaje en EE.UU.
En este país los esfuerzos de reciclaje domiciliario son distintos en cada estado. Por ejemplo, California desde los años 90´ tiene políticas de reciclaje para estimular el desarrollo de un mercado y en 2010 crearon el departamento de reciclaje (CalRecycle).
El estado estableció programas de préstamos directos para los nuevos negocios en torno al reciclaje y la generación de nuevos productos, como The Recycling Market Development Zone (RMDZ) Loan Program. En materia de regulación cuenta con una lista de productos prioritarios y en 2011, aprobó la legislación AB 341 que contempla que el 75% de los residuos sólidos generados sean reducidos, reciclados o compostados a 2020.
Otro ejemplo es el estado de Massachussets que implementó su primer plan maestro de residuos sólidos en los 90`s. Desde entonces, diversas iniciativas públicas y privadas han permitido lograr una tasa de 47% de reciclaje, una de las más altas de la nación. También cuentan con programas de incentivos monetarios para gestores de reciclaje orientados a la investigación y desarrollo, siendo un ejemplo el Recycling Industries Reimbursement Credit (RIRC) grant program o el Recycling Loan Fund.
Y en Houston, en Texas, la Urban Sustainability Directors Network (USDN) estableció una subvención para herramientas de reducción de desechos que ayuden a las comunidades, gestores de residuos y a empresas a buscar métodos para bajar los costos, responsabilidad ambiental, uso de la tierra y planificaciones asociados a la gestión de residuos comerciales.[:en]
There are 12 months to go until the legislation is ready, and rather than certainties, businesses have doubts about its application: what will its objectives be; how will it regulate the sector; and what incentives will it provide for developing a market that demands recycled material?
On 17 May, President Michelle Bachelet enacted the Promotion of Recycling and Extended Responsibility of Production Act. This represents an important step towards reducing the amount of waste generated in Chile, which today accounts for 17 million tonnes a year, as well as ensuring that this waste does not end up in landfills or dumps.
The legislation will oblige the recycling and recovery of six priority products: lubricating oils, electric and electronic devices, primary and secondary cell batteries, tires, and packaging. Collection criteria will apply to producers, manufacturers and importers of these products who will be required to recover a certain percentage thereof at the end of their useful lives.
This provision, which acts under the premise of “the polluter pays” will bring an end to the practice of voluntary actions by formalizing the recycling industry, in addition to, “ensuring that an adequate amount of waste retrieved from companies will be directed towards recycling or recovering products”, says Pablo Badenier, Minister of the Environment.
Pablo Badenier, Ministro del Medio Ambiente
For the retrieval of the priority waste products, an annual target will be determined by the Ministry of the Environment. In the case of non-compliance, fines will reach up to 10 UTA (Unidades Tributarias Anuales or Annual Tax Units), equivalent to approximately CLP$5.4 billion.
Only a short period of time has passed since the enactment of the legislation, but there are still 12 months in which to determine the regulations relating to each product, their retrieval and recovery targets, obligations regarding labelling, separate delivery, eco-design and facilities for housing and storage, among others.
Accordingly, more doubts than certainties exist among the sectors involved. For example, they are unaware of the aspects that will be considered for establishing the collection targets, in what way these will support the development of a market of reused products, and what the role of municipalities will be in managing household waste. Furthermore, targets are ambitious with the goal of increasing recycled household waste from 10% to 30%.
The Plastics Industry Association of Chile (ASIPLA) has stated that the legislation is positioning the country at the cutting edge of Latin America and that it could, in the medium term, make it a leader in terms of recycling rates of priority products. Nevertheless, Santiago Muzzo, Chairman of ASIPLA, points out the need to pay close attention to the objectives stipulated within the collection targets.
“Key to the success of this Act is for all packaging, separated according to its constituent material and including the different types of plastic, to be considered by the legislation with individual targets and not lumped together according to the type of packaging. That way it will help to ensure that in five years’ time only the most environmentally efficient packaging will endure in Chile”, says Muzzo. He goes on to warn that a badly devised target could “signal the death knell for the legislation”.
A further important point he makes is creating the demand for recycled material. This is one aspect that the Act does not resolve in a comprehensive manner. Muzzo believes that the legislation should take account of the rise of new markets or the aggregate demand of these materials for new applications or products. This would encourage recyclers in terms of new technologies for responding to such demands.
Santiago Muzzo, presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA)
“If this does not occur, the majority of the retrieved plastic will be used for energy recovery, i.e., as fuel for electricity power stations, which is not the best alternative”, he clarifies.
The challenge arising from the targets
Another important stakeholder paying close attention to the provisions of the legislation is the Tire Industry Chamber in Chile (CINC), due to the low recycling rates in the industry, despite its ongoing efforts to the contrary.
“Between 150,000 and 160,000 tonnes of unused tires are produced in Chile every year. From this total, some are used for bicycles, weighing just a few grams, while others are destined for use in mining, which weigh more than four tonnes. However, more than 7,000 tonnes a year are not recovered (recycled), which represents 5% of the total”, notes José Browne, General Manager of the trade association.
This reality is in contrast to certain other OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) member states, in which 100% of industrial waste is recycled.
That is why Browne is cautious about the future and will view what materializes in practice as crucial, since many laws subsequently become “rather irrelevant” from the point of view of their regulations.
The important point for Browne is that the targets are realistic and that they simultaneously encourage the development of the tire recycling industry.
“If the targets are too low compared to the current state of affairs, they will be easily met and no one will be interested in investing due to a lack of demand. On the other hand, if they are too high, no one will be able to meet them and, probably, the few who are able to recycle or manage tires will simply charge what they like”, he states.
With the appropriate incentives in place, this kind of waste could be used to support other important economic industries, which is precisely what has happened in developed countries, where over half of tires are recycle as fuel, notes Browne. It should be no different in Chile due to interest shown from the cement industry. “There is a huge pulp and paper industry in Chile whose processes would readily accept tires as fuel. The legislation could act as the incentive so that such companies make profitable use of tires to this effect. Today, due to their price, it is not”.
José Browne, gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile A.G. CINC
Browne is not alone in his concern regarding these issues. The lawyer Patricio Leyton, partner at Ferrada Nehme and specialist in the environment and natural resources believes the legislation, once in force, will have “a good outlook”.
The expert claims that the initial phase will be less complicated, but that once the recycling targets begin increasing, things will become more difficult, especially in regard to dangerous waste products which, by their nature, should be the first to undergo a 100% rate of recycling, including batteries and lubricating oils.
“The law will enter into force over a period of between two and four years. It will be very simple to retrieve the bad and old products (but) the problem could arise when the obligations are not 10%, 20% or 30% but 50%”, he states. “Countries such as Germany recycle 100% of their waste and are nowadays working on the prevention side”, he adds.
The view of industrial recyclers
Producers and importers are obliged by the legislation to ensure that their products are reused in some way, but there are also other stakeholders who will be affected one way or another by the law, including municipalities and industrial recycling plants.
From the perspective of stakeholders responsible for the pre-treatment, treatment and recovery of solid recycled waste, Alejandro Navech, General Manager of the National Association of Recycling Industries (ANIR) states that the legislation is positive for them. He explains that this is because it will increase the volume of certain waste that they are currently unable to collect, due to its control falling to municipal authorities, and which is completely contaminated having not been separated since its point of origin.
Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR)
However, he warns of certain risks in particular areas not yet specified by the legislation. “If the conclusion coming out of the roundtable meetings conducted with the ministry is that there is just a single national collection target covering industrial and household products, producers will want to intervene with the management systems from the industrial sphere in which this issue is basically resolved. If there are no distinct targets with separate traceability there is a large risk that the management systems will block the current commercial models. Why add intermediaries when a direct deal already exists?” asks Navech.
Household collection is also of concern to ANIR, because if it is left in the hands of the municipalities without the possibility of involvement from other actors, the concentration of solid recyclable elements, for example keeping them stored somewhere for an indefinite period, could imply a risk of price “manipulation” for the purchasing and selling of the products.
Actors will have to wait for at least a couple of years to gain certainty in terms of the targets, the purpose and the practical applications of the Promotion of Recycling Act, which only recently began to undergo the legislative consultation stage.
Sodimac backing household recycling
Anticipating the challenges stemming from the enactment of the Recycling Act, the General Manager of Sodimac Chile, Eduardo Mizón, claims that the responsibilities of the company will include, “the collection and management of waste from the priority products in line with the specific targets established, in addition to the revision of certain aspects of packaging, in order to implement changes to reduce the amount of waste we produce in this area”.
Nevertheless, Mizón adds that the company will continue to pursue a task that was adopted a number of years ago and that relates to their initiative which consists of a national network of recycling points implemented in collaboration with the Chilean firm, TriCiclos. “Last year, 330,000 people recycled at our recycling points up and down the country, recycling 2,100 tonnes in total”, he explains.
Similarly, this year they executed a pilot household recycling scheme in the Santiago districts of Las Condes and Quilicura, which includes training, container kits and home collection.
Dell: ambititious targets to 2020
Dell, the manufacturer and retailer of electronic products, is already an adherent to the world of recycling. The multinational company pursues environmental policies that investigate the impact of its products across their life cycles, as well as its, “2020 Legacy of Good Plan”, which aims to oversee the implementation of recycling strategies.
Accordingly, Carolina Quadri, Latin America Producer Responsibility & Environmental Affairs Manager for Dell, says that they have recovered “726kg of used electronics a year since 2007 and are on course to reach 1 billion kg by 2020”. Furthermore, in Chile they have a program for receiving unused equipment.
Regarding the legislation, Quadri comments that she is optimistic, but warns of the importance of establishing recycling standards that ensure materials are managed correctly and that seek new ways of doing things, in which the concept of “waste” is removed from the system in place of a circular economy.
Promoting recycling in the US
Household recycling efforts in the US vary from state to state. For example, since the 1990s California has implemented recycling policies that promote the development of a market and in 2010 it created a recycling department (CalRecycle).
The state has also established direct loan programs for new businesses relating to recycling and the creation of new products, such as The Recycling Market Development Zone (RMDZ) Loan Program. Regarding regulation, California has a list of priority products and in 2011 approved the AB 341 Act which stipulates that 75% or all solid waste generated must be reduced, recycled or composted to 2020.
Another example is the state Massachusetts, which implemented its first solid waste master plan in the 1990s. Since then, diverse public and private initiatives have given rise to a 47% recycling rate, which is one of the highest in the country. The state also has distinct monetary incentive programmes for recycling managers aimed at research and development, including the Recycling Industries Reimbursement Credit (RIRC) Grant Program and the Recycling Loan Fund.
In Houston, Texas, the Urban Sustainability Directors Network (USDN) has established a subsidy for waste reduction tools that assist communities, waste managers and businesses to seek ways of reducing costs, improving environmental responsibility, land use and planning related to commercial waste management.[:]