La riqueza de un país no sólo se mide por la cantidad de recursos naturales que posee o su capacidad para producir bienes a bajo costo. En el mundo altamente globalizado de hoy en día, donde el conocimiento desempeña un papel clave, el crecimiento económico y el desarrollo de un país dependen en gran medida de la innovación. Sin embargo, la historia muestra que para que la creatividad y la innovación se desarrollen, la propiedad intelectual debe protegerse en un marco económico que promueva la competencia, la transparencia y la inversión en capital humano.
Desde el siglo XVIII, la revolución industrial demostró el importante papel de los inventos y descubrimientos como motores del crecimiento económico. Junto con el auge del comercio internacional a fines del siglo XIX, esto dio lugar a una de las primeras iniciativas de un sistema de protección de la propiedad intelectual, la que culminen la suscripción de la Convención de París en 1883. El objetivo básico de este acuerdo era asegurar que los inventos ideados en un país no fueran robados y usados por otros. En la historia más reciente, Estados Unidos representa un ejemplo claro de los beneficios económicos generados por la protección de la propiedad intelectual.
Desde el comienzo de Estados Unidos como nación, el país diseñó un sistema legal que alentara la innovación a través de la protección de inventos patentados. El Artículo I, Sección 8, de la Constitución otorga facultades al Congreso para “fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”.
Respaldada por sólidas instituciones, esta cláusula dio paso a la legislación que creó un riguroso sistema de protección a la propiedad intelectual que gradualmente se mejoró y modificó, por ejemplo para permitir que los inventores en áreas rurales enviaran por correo las solicitudes de patentes sin pagar el franqueo. Una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce a las patentes como uno de
“los derechos más apreciados y valiosos que reconoce la sociedad” (Corte Suprema de los Estados Unidos, ex parte Wood & Brundage, 22 U.S. 603, 1824). Aun cuando el progreso fue más lento en algunas áreas de la propiedad intelectual, hoy en día Estados Unidos aplica principios legales similares a las patentes, derechos de autor y marcas.
Los resultados de la efectiva protección de la propiedad intelectual en Estados Unidos no tardaron mucho en reflejarse en su productividad económica y crecimiento. Es verdad, otras instituciones contribuyeron a su crecimiento, pero los estudios destacan el importante rol de una adecuada protección de la propiedad intelectual.
Los sectores que requieren altos niveles de desarrollo de propiedad intelectual crean empleos muy bien remunerados y fomentan el crecimiento económico producto de las inversiones en investigación y desarrollo. Además impulsan las exportaciones estadounidenses. Según el Global Intellectual Property Center, los sectores que requieren altos niveles de desarrollo de propiedad intelectual corresponden a cerca del 60% del total de las exportaciones estadounidenses, las que subieron de un total de US$665.000 millones en el 2000 a US$910.000 millones en el 2007. La industria de películas y televisión por sí sola representa casi un 10% del superávit comercial en servicios del sector privado en Estados Unidos.
En el 2006, Estados Unidos adjudicó 173.770 patentes, equivalentes al 24% de la totalidad de las patentes entregadas a nivel mundial ese año. En el 2007, científicos estadounidenses crearon el 70% de todos los nuevos medicamentos. Y muchos de los dispositivos tecnológicos que hoy nos resultan tan comunes -la ampolleta, el teléfono, el computador y el automóvil, por nombrar a algunos- se inventaron en Estados Unidos.
No obstante, el otro lado de la dependencia que tiene la economía estadounidense de la propiedad intelectual es que no tolera la piratería en otros países. Esto explica por qué Chile, que durante años ha luchado contra la piratería con un éxito limitado, fue incluido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) en su Priority Watch List (lista de observación prioritaria) por cuarto año consecutivo.
La nueva Ley de Propiedad Intelectual de Chile, aprobada en abril, es un importante paso hacia el mejorar la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de los compromisos del país en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. Sin embargo, la ley en sí misma no es suficiente dado que hay otros temas pendientes como la protección de datos y el linkage, o vinculación. Lo mejor para Chile es que aborde estos temas rápidamente. Después de todo, Estados Unidos es un gran ejemplo de cómo la propiedad intelectual puede impulsar la innovación y el crecimiento.
A country’s wealth is not only measured by its quantity of natural resources or its capacity to produce goods at a low cost. In today’s highly globalized world, where knowledge plays a key role, a country’s economic growth and development depends to a large extent on innovation. But history shows that for creativity and innovation to flourish, Intellectual Property must be protected in an economic framework which promotes competition, transparency and investment in human capital.
Beginning in the 18th century, the industrial revolution demonstrated the important role of inventions and discoveries as drivers of economic growth. Coupled with the boom in international trade towards the end of the 19th century, this gave rise to one of the first efforts at a system for the protection of Intellectual Property, culminating in the signing of the Paris Convention in 1883. The basic aim of this agreement was to ensure that inventions in one country would not be stolen and used by another. More recently, the United States is a clear case of the economic benefits of IP protection.
Since the United States’ beginning as a nation, it designed a legal system to encourage innovation through the protection of patented inventions. Article I, Section 8, of the Constitution gives Congress the power to “promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”
Supported by strong institutions, this clause gave rise to legislation that created a rigorous system of IP protection which was gradually improved and modified, for example by allowing inventors in rural areas to mail patent applications without paying postage. A ruling by the U.S. Supreme Court recognized patents as one of the “dearest and most valuable rights which society acknowledges” (U.S. Supreme Court, ex parte Wood & Brundage, 22 U.S. 603, 1824). Even though progress was slower in other areas of intellectual property, today the U.S. applies similar legal principles to patents, copyrights and trademarks.
The results of effective IP protection in the U.S. did not take long to be reflected in its economic productivity and growth. It’s true, other institutions contributed to this growth, but studies point to the important role of adequate IP protection.
IP-intensive industries create high-paying jobs and spur economic growth resulting from investments in research and development. And they drive American exports. According to the Global Intellectual Property Center, IP-intensive industries generate approximately 60% of total U.S. exports - rising from a total of US$665 billion in 2000 to US$910 billion in 2007. The film and TV industry alone accounts for about 10% of the U.S. private sector trade surplus in services.
In 2006, the U.S. awarded 173,770 patents, equivalent to 24% of all patents awarded worldwide that year. In 2007, U.S. scientists created 70% of all new medications. And many of the technological gadgets we take for granted – the light bulb, the telephone, the computer, the automobile to name a few – were invented in the U.S.
The flip side of the U.S. economic dependence on intellectual property, however, is that it does not tolerate piracy in other countries. This explains why Chile, which has battled piracy for years with limited success, has been included by the Office of the United States Trade Representative (USTR) on its Priority Watch List for a fourth consecutive year.
Chile’s new IP law passed in April is an important step towards improving IP protection and complying with its obligations under its Free Trade Agreement with the U.S. But the law alone is not enough as there are other pending issues like data protection and linkage. It’s in Chile’s best interests to address these issues quickly. After all, the United States is a great example of how intellectual property protection can drive innovation and growth.