Durante un conversatorio organizado por el Comité de Tecnología, Innovación y Data de AmCham Chile, autoridades, expertos y representantes del sector privado coincidieron en la necesidad de actualizar los marcos regulatorios frente al crecimiento de la economía digital y el tratamiento de datos personales.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través de su Comité de Tecnología, Innovación y Data, organizó el conversatorio “El Desafío Regulatorio de la Era Digital: Protección de Datos Personales”, en el que se abordaron los desafíos legislativos en torno a la protección de datos personales, las implicancias para la economía digital y el impacto potencial de nuevas regulaciones en la innovación y la inversión.

La gerente general de AmCham Chile, Paula Estévez, abrió el encuentro señalando: “Desde AmCham, creemos que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de marcos regulatorios modernos, que resguarden los derechos de las personas y entreguen certeza para fomentar la innovación y la inversión”.

Uno de los focos principales fue el funcionamiento de la recientemente promulgada Ley 21.719, que crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Ana María Muñoz, directora jurídica del Consejo para la Transparencia, explicó que actualmente el Consejo es el órgano encargado de la protección de datos personales dentro del Estado, aunque con atribuciones limitadas. “El Consejo tiene facultades de fiscalización y sanción en materia de transparencia y acceso a la información, pero no así en protección de datos personales”, detalló.

Muñoz también señaló que con la entrada en vigencia de la nueva normativa, las competencias pasarán a la nueva Agencia Nacional: “A contar del 1 de diciembre de 2026, el Consejo para la Transparencia dejará de tener esta atribución y estas facultades pasarán en plenitud a la nueva Agencia Nacional de Protección de Datos”.

En la instancia, Enzo Napoli, Public Policy Manager de Uber Chile, expuso el caso de la Ley 21.553 y su reglamento, conocido como “Ley Uber”, como un ejemplo de regulación que podría afectar gravemente la operación de plataformas tecnológicas. “Vemos un apetito creciente por regular las aplicaciones y extraer la mayor cantidad de datos posible, al costo que sea”, advirtió.

Napoli criticó que se exijan datos sensibles como coordenadas exactas, género del pasajero y horarios de viaje, señalando que existe un riesgo de reidentificación incluso con datos anonimizados. “El reglamento solicita un catálogo extenso de datos: hora exacta de inicio y término del viaje, coordenadas con cuatro decimales... aunque no se solicite el RUT, existe evidencia empírica de que, combinando ciertos datos, se puede identificar a una persona”, puntualizó.

Desde una perspectiva económica, David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, advirtió sobre el impacto laboral de este tipo de normativas. “Estimamos que hasta 100.000 o incluso 200.000 personas podrían verse afectadas. Y eso, en un contexto de bajo dinamismo del mercado laboral, es gravísimo”, afirmó.

Bravo también explicó que el 83% de quienes han trabajado como conductores en los últimos tres años no cumple con los requisitos exigidos por la nueva ley. “El 50% de las personas que conducen lo hacen menos de 15 horas semanales. Es una actividad secundaria, intermitente”, indicó.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una regulación moderna, equilibrada y basada en evidencia. “Un proyecto de ley que regule y proteja los datos personales es sumamente necesario”, afirmó Paula Estévez. “Por eso, desde los inicios de su tramitación participamos activamente en su discusión, presentando documentos posicionales y solicitando audiencias”.

Ana María Muñoz enfatizó que la nueva legislación también impone nuevas exigencias al Estado: “Se incorporan tres nuevos principios que deben informar la acción del Estado al tratar datos personales: coordinación, eficiencia y probidad”.

Por su parte, Napoli planteó la necesidad de que el Estado modernice sus procedimientos, evitando la solicitud de documentos que ya obran en poder de otras instituciones: “¿Por qué deberíamos enviar esos documentos si el Estado puede obtenerlos directamente de otra institución pública? ¿No sería más eficiente que nos pidieran un dato y no un documento?”.

El encuentro permitió visibilizar los distintos ángulos que involucra la protección de datos personales en Chile, así como los riesgos de aplicar enfoques regulatorios desalineados con las nuevas dinámicas tecnológicas. La entrada en vigencia de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales será una oportunidad clave para establecer criterios claros y fortalecer la confianza digital en el país.