Para un país rico en recursos naturales como Chile, parece extraño que la electricidad tenga que ser tan cara y controversial. Pero en la última década, apretar el interruptor se ha vuelto cada vez más costoso y la futura competitividad económica de Chile está amenazada. Hay diferentes opiniones sobre cómo Chile debería ajustar su variedad de fuentes energéticas para reducir los costos y mejorar la seguridad del suministro, pero un debate nacional en curso está arrojando una luz sobre futuros escenarios.
Entonces, ¿cuán costosa es la electricidad en Chile?
Bueno, depende. La mayor parte de los consumidores residenciales y comerciales pagan, en promedio, más del doble que los vecinos de Chile y un 50 por ciento más que los consumidores de Estados Unidos. Pero los costos para los clientes no regulados -que incluyen a muchas industrias- son aún mayores y algunos deben pagar volátiles precios en el mercado a la vista para cubrir sus necesidades energéticas no satisfechas a través de contratos de largo plazo. Los precios del cobre -que están por las nubes- han permitido que las compañías mineras contrarresten este incremento, pero otros exportadores están enfrentando dificultades para pagar sus cuentas.
Un problema estructural clave es la falta de hidrocarburos de Chile. A diferencia de sus vecinos con amplios recursos de gas, la nación tiene muy poco gas y nada de petróleo, lo que significa que importa cerca del 90 por ciento de sus necesidades de combustibles fósiles para la generación energética. En la década de los 90, Chile resolvió este problema transportando en tuberías por la cordillera de los Andes gas natural barato y abundante desde Argentina. Sin embargo, esto no perduró debido a que Argentina redujo las exportaciones casi a cero en la última década.
En ausencia de gas natural entubado, Chile se volcó al diésel, el carbón y, desde el 2009, el gas natural licuado (GNL), todos combustibles que deben ser importados a precios internacionales muy volátiles y que liberan CO2, entre otros gases, a la atmósfera.
“Los combustibles fósiles importados traen con ellos problemas ambientales, pero sus precios también son muy volátiles, lo que afecta la estabilidad de los costos”, afirma Marcelo Tokman, ex ministro de Energía de Chile.
Esto no sería un problema tan grande si Chile pudiera depender de la hidroelectricidad, que domina la matriz energética del país. En el 2008, que fue un año relativamente seco, el 40% de la generación eléctrica total de Chile correspondió a hidroelectricidad, el 27% provino del petróleo, el 24% del carbón, el 5,2% de la biomasa, el 3,7% del gas y el 0,06% de la energía eólica, según cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Hoy en día, la capacidad hidroeléctrica representa cerca del 55% de la matriz.
Pero las sequías debido a los cambios en los patrones climáticos han llevado a Chile al borde del racionamiento eléctrico varias veces en la última década. Las generadoras a diésel de emergencia y las medidas de eficiencia energética ayudaron a la nación sudamericana a evitar el racionamiento durante la severa sequía del período 2007-2008, y el horario de verano se extendió este año para ayudar a conservar energía durante otra sequía en el verano del Hemisferio Sur.
Estas medidas han contribuido a evitar apagones hasta ahora, pero -a medida que la economía de Chile crece- los consumidores inevitablemente compran más electrodomésticos y las industrias necesitarán más electricidad.
En la actualidad, los chilenos usan relativamente poca energía en comparación con los países desarrollados. En promedio, Chile consume cerca de 3.300 kilovatios hora (kWh) per cápita anualmente, lo que es menos de la mitad del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 8.500 kWh. Incluso los países escandinavos, conocidos por su eficiencia energética, emplean mucha más energía que Chile.
“De una manera realista, dadas las tecnologías disponibles, es imposible considerar que Chile se unirá al mundo desarrollado sin usar más energía”, sostiene Tokman.
En otras palabras, Chile tendrá que duplicar aproximadamente su capacidad instalada de generación para fines de esta década a fin de satisfacer la demanda promedio proyectada de energía de un 5 por ciento anual.
Pero ¿de dónde provendrá esta energía?
Chile no está solo en este dilema. Muchos países -incluido Estados Unidos- enfrentados a los crecientes precios de los combustibles fósiles y las preocupaciones sobre el calentamiento global, están revaluando sus políticas energéticas.
La meta común es que haya fuentes de energías que sean limpias, baratas y seguras, pero encontrar fuentes que cumplan con todos estos requerimientos es difícil, afirma Nicola Borregaard, gerente de energía y cambio climático de Fundación Chile.
“Hay una permanente tensión entre estos objetivos y todos los países están tratando de encontrar el equilibrio correcto”, sostiene.
Eficiencia Energética
Mientras los países desarrollados han invertido en eficiencia energética durante décadas para hacer frente a las preocupaciones sobre seguridad energética y el crecimiento de la demanda, Chile llegó tarde a la fiesta.
Chile sólo comenzó a tomar el tema de la eficiencia energética seriamente en los últimos años después de que el gas argentino dejara de fluir, pero está haciendo esfuerzos por ponerse al día, señala Borregaard.
En el 2008, el Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet lanzó una campaña nacional de eficiencia energética que incluyó la entrega de ampolletas eficientes, certificación de electrodomésticos y financiamiento de auditorías energéticas. Como resultado la demanda de electricidad de Chile, excluido el sector minero, cayó pro primera vez en el 2008 aún cuando la economía creció.
Sin embargo, Chile aún tiene un largo camino por recorrer. Por ejemplo, cada dólar del PIB generado en Santiago requiere un 60 por ciento más de energía que un dólar generado en la mucho más helada capital de Finlandia, Helsinki, según un informe de competitividad de McKinsey Global Institute.
La Comisión Nacional de Energía de Chile estima que disminuir el consumo gradual en un 20 por ciento hasta el 2020 reducirá la capacidad instalada adicional que se necesita en 1.600 MW, o poco más del 11% del total.
“Desde el punto de vista costo-beneficio, no hay una opción energética más segura, más barata o ambientalmente más amigable que la eficiencia energética”, asevera Tokman.
Pero dado que las inversiones usualmente sólo dan frutos en el largo plazo, requieren incentivos adicionales.
Tokman, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Energía desde el 2007 hasta el 2010, señala que Chile ha logrado avances -por ejemplo, con la creación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética- pero admite que se podría hacer más.
“Se suponía que la eficiencia energética iba a ser una meta de largo plazo, pero el actual gobierno ha tenido otras prioridades desde el año pasado”, destaca.
Energías Renovables
Usar la energía de manera más eficiente mitigará el crecimiento de la demanda, pero Chile también necesita diversificar sus fuentes de energía para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
Afortunadamente, la geografía de Chile ha sido dotada de un significativo potencial de energías renovables no convencionales (ERNC), incluidas las energías hidroeléctrica, de biomasa, geotérmica, eólica y solar.
Estas fuentes -principalmente energía hidráulica de pequeña escala, biomasa y eólica- hoy en día representan cerca del 4 por ciento de la capacidad de generación del país, pero el plan del gobierno -conocido como 20/20- es incrementar esta cifra en un 20 por ciento para el 2020.
Sin embargo, sigue habiendo significativas barreras a estos proyectos en Chile, señala Tokman, ahora director regional para Sudamérica excluyendo Brasil del productor danés de turbinas eólicas Vestas.
El costo de las tecnologías limpias ha caído en la última década debido a que los subsidios en Europa y Estados Unidos han hecho caer los precios. En Chile, el Centro de Energías Renovables (CER) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) ayudan a respaldar las iniciativas de ERNC en sus etapas iniciales, pero hasta ahora son principalmente las generadoras dominantes las que han invertido.
“Los proyectos renovables se están volviendo más competitivos, pero necesitamos eliminar otras barreras para su desarrollo”, afirma Tokman.
Estas incluyen dificultades y altos costos asociados a la obtención de derechos de agua, servidumbre de terrenos y la conexión al sistema de transmisión, indica Jonathan Bensted, consultor y desarrollador independiente de proyectos de energías renovables.
“En muchos casos, los costos de transmisión por sí solos pueden hacer inviables los proyectos”, asevera.
Eso porque los desarrolladores de proyectos de ERNC en emplazamientos remotos a menudo necesitan desplegar líneas y costosos transformadores con el fin de conectarse al sistema de transmisión de Chile.
Otro problema es la falta de estabilidad de precios. “El mercado se vería beneficiado con un mecanismo más simple y predecible para vender energías renovables, preferiblemente con un precio específico para cada tecnología", señala Bensted.
Otros incentivos podrían incluir el facilitar que los desarrolladores de proyectos vendan a la red. Por ejemplo, en muchos países desarrollados, la gente puede instalar paneles solares en sus propios techos y vender su excedente de energía, indica Borregaard.
De todos modos, no todos concuerdan en que las ERNC sean una solución milagrosa para la crisis energética de Chile.
“Todos hablan sobre las energías renovables, pero nadie sabe realmente los verdaderos costos involucrados”, indica Jaime Vela, director gerente del desarrollador chileno de proyectos de energía South World Consulting.
Dado que las ERNC dependen de las oscilantes lluvias o vientos, o de las horas de radiación del día en el caso de la energía solar, el sistema necesita contar con el respaldo de fuentes de combustibles fósiles para satisfacer la demanda en las horas peak, señala Vela.
Además, tanto los proyectos solares como los eólicos requieren de grandes áreas de terreno que luego no pueden usarse para otros propósitos como la agricultura o la minería.
“Para reducir los costos de la energía, Chile necesita energía más eficiente, la que -en las condiciones del mercado actual- es proporcionada por el carbón”, manifiesta Vela.
Carbón más Limpio
Dada la gran cantidad de proyectos en distintas etapas de desarrollo, la participación del carbón en la matriz energética de Chile se dispone a crecer, pero muchos de estos se han visto perjudicados por preocupaciones ambientales y problemas con la obtención de permisos.
La principal ventaja del carbón es su costo. A un valor cercano a los US$85 por MWh, es más barato que el GNL y el diésel, al tiempo que no está sujeto a la misma volatilidad de precios de ninguno de estos combustibles.
No obstante, el mineral negro ha obtenido una mala reputación en Chile debido a plantas más antiguas que son sucias e ineficientes. Las nuevas tecnologías de carbón, si bien son más costosas, tienen filtros especiales que reducen las emisiones en hasta un 90 por ciento en cumplimiento con las nuevas normas para las centrales termoeléctricas, señala Vela.
“Necesitamos reemplazar las unidades más antiguas con tecnología más eficiente y ambientalmente amigable”, argumenta.
Pero esto toma tiempo. Las centrales deben ubicarse en la costa Pacífico de Chile cerca de los puertos que reciben los embarques de carbón, pero la cantidad de sitios es limitada y la construcción de las centrales demora un promedio de cuatro años.
Varios proyectos de carbón en la zona central de Chile -Campiche, Santa María y Bocamina II que estaban desarrollando AES Gener, Colbún y Endesa Chile, respectivamente- se han visto retrasados por problemas regulatorios así como también, en el caso de Santa María y Bocamina, por los daños causados por el terremoto del 2010.
“Se requieren regulaciones ambientales claras para hacer el proceso de obtención de permisos transparente y eficiente”, asevera Vela.
Construir plantas cercanas a los puertos puede evitar la oposición ambiental y social, pero los desarrolladores de proyectos tienen dificultades en la obtención de permisos debido a que, en muchas áreas, los niveles de polución están saturados.
Una solución es ofrecer incentivos para que las industrias vendan sus cuotas de emisiones a terceros que, a su vez, reducen los niveles de contaminación y mejoran las condiciones de vida en las comunidades cercanas, señala Vela.
Sin embargo, incluso nuevos proyectos a carbón aumentarán las emisiones de carbono de Chile y por tanto contribuirán al calentamiento global. Según cifras de la AIE, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía de Chile se duplicaron entre los años 1994 y 2007 a cerca de 4,2 toneladas per cápita a medida que la economía crecía, pero si bien esta cifra se ubica entre las más altas de América Latina, aún corresponde a menos de la mitad del promedio de la OCDE.
“Incluso con cinco centrales más a carbón, de todos modos produciremos menores emisiones per cápita que Nueva Zelanda”, argumenta Vela.
Participación Social
Sin embargo, poco importa qué fuente de energía es la más limpia o la más eficiente si es rechazada por la mayor parte de los chilenos, destaca Tokman.
La oposición social ya ha tenido un impacto en la matriz energética de Chile. El proyecto a carbón Barrancones de Suez GDF, en el norte de Chile, fue bloqueado el año pasado luego que el presidente Sebastián Piñera solicitara a la compañía detener su desarrollo cerca de una reserva natural, e HidroAysén ha sido el blanco de protestas generalizadas.
En este escenario, ya no basta con que Chile genere energía al mínimo costo; también tiene que asegurar que los proyectos respetan las normas ambientales y sean socialmente aceptables, señala Tokman.
“Necesitamos un sistema que sea socialmente legítimo, no basta con que el Estado aplique normas adecuadas y vele por su cumplimiento”, comenta.
La educación pública también es importante. Si, pese a su susceptibilidad a terremotos, Chile decide desarrollar energía nuclear, esto requerirá un amplio consenso nacional. Pero después de la casi debacle que recientemente sufrió Japón podría ser más fácil decirlo que hacerlo, admite Tokman.
Si bien algunos chilenos parecen oponerse a todos los proyectos, otros entienden que el país necesita más energía, pero tienen dudas respecto de si los nuevos proyectos están siendo evaluados de manera apropiada. Para darles garantías, el proceso de aprobación ambiental debe ser más transparente, asevera Tokman.
Borregaard concuerda en que los proyectos de energía tienen que conectarse más con un sentimiento más amplio de “injusticia social” en Chile. Para hacer frente a este problema, sugiere que debería alentarse a las comunidades locales a participar en el debate energético de manera que se sientan parte de las decisiones relacionadas con el futuro energético del país.
Este es precisamente el objetivo de Escenarios Energéticos, organización no gubernamental fundada en el 2009 con la participación de la asociación chilena de distribuidores Empresas Eléctricas, Fundación Chile, ONG ambientales y universidades, entre otros.
En su primera etapa, la organización elaboró un informe de 40 páginas con propuestas técnicas para la matriz energética de Chile hasta el 2030.
“Al comienzo pensamos que podríamos definir la matriz energética óptima para el país, pero nos dimos cuenta que esto no es factible”, señala Borregaard, quien es miembro del comité técnico de Escenarios Energéticos.
En cambio, afirma que la iniciativa se ha convertido en una plataforma permanente para el intercambio de ideas y opiniones.
Algunas de estas están siendo analizadas por la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, convocada por el presidente Piñera en mayo para estudiar mejoras al sistema energético. La comisión debe presentar su informe en septiembre.
Tanto Tokman como Borregaard, que forman parte de la comisión, concuerdan en que su labor no es sencilla dado que todas las opciones energéticas de Chile implican hacer concesiones y sacrificios que la sociedad chilena como un todo debe estar dispuesta a realizar.
Con las normas e incentivos correctos, sin embargo, Chile tiene la oportunidad de colocar las fundaciones para una matriz energética sustentable que equilibre costos, protección ambiental y seguridad de suministro.
For a country rich in natural resources like Chile, it seems odd that electricity should be so costly and controversial. But flicking the switch has become increasingly expensive over the last decade and Chile’s future economic competitiveness is threatened. There are different opinions about how Chile should adjust its mix of energy sources to reduce costs and improve supply security, but a national debate is shining a spotlight on future scenarios.
So how expensive is electricity in Chile?
Well, it depends. Most residential and commercial consumers pay, on average, more than double Chile’s neighbors and 50 percent more than US consumers. But the costs for non-regulated clients including many industries are even higher and some must pay volatile spot prices to cover their energy needs. Soaring copper prices have enabled mining firms to offset this increase, but other exporters are struggling to pay their bills.
A key structural problem is Chile’s lack of hydrocarbons. Unlike its gas-rich neighbors, it has very little gas and no oil which means it imports around 90 percent of its fossil fuel needs for power generation. In the 1990s, Chile solved this problem by piping cheap, abundant natural gas over the Andes from Argentina. This did not last, however, as Argentina has cut exports to near zero in the last decade.
In the absence of piped natural gas, Chile has turned to diesel, coal and, since 2009, liquefied natural gas (LNG) – all fuels that must be imported at volatile international prices and that release CO2, amongst other gases, into the atmosphere.
“Imported fossil fuels bring environmental problems, but their prices are also very volatile which affects cost stability,” says Marcelo Tokman, who served as energy minister in the final months of the Bachelet government in 2010 and who is now director of South America ex-Brazil for the Danish wind turbine producer Vestas.
This wouldn’t be such a problem if Chile could rely on hydropower, which dominates the country’s energy matrix. In 2008, which was a relatively dry year, 40% of Chile’s total power generation output was hydro, 27% came from oil, 24% from coal, 5.2% from biomass, 3.7% from gas, and 0.06% from wind, according to figures from the International Energy Agency (IEA). Today, hydro capacity represents about 55% of the matrix.
But droughts due to changing weather patterns have brought Chile to the brink of power rationing several times in the last decade. Emergency diesel generators and energy efficiency measures helped Chile avoid rationing during a severe drought in 2007-2008, and Daylight Savings Time was extended earlier his year to help conserve energy during another drought in the Southern Hemisphere summer.
These measures have helped avoid blackouts so far but, as Chile’s economy grows, consumers will inevitably buy more appliances and industries will need more power.
Currently, Chileans use relatively little energy compared to developed countries. On average, Chile consumes around 3,300 kilowatt hours (kWh) per capita annually, which is less than half the OECD average of 8,500 kWh. Even Scandinavian countries, known for their energy efficiency, use much more energy than Chile.
“Realistically, given the available technologies, it’s impossible to consider that Chile will join the developed world without using more energy,” says Tokman.
In other words, Chile will have to approximately double its installed generation capacity by the end of this decade to meet average projected energy demand growth of 5 percent annually.
But where will this energy come from?
Chile is not alone in this dilemma. Many countries including the United States faced with rising fossil fuel prices and concerns about global warming are re-evaluating their energy policies.
The common goal is energy supplies that are clean, cheap and secure, but finding sources that meet all three requirements is difficult, says Nicola Borregaard, manager of energy and climate change at Fundación Chile.
“There is a permanent tension between these objectives and all countries are trying to find the right balance,” she says.
Energy efficiency
While developed countries have invested in energy efficiency for several decades to address energy security concerns and demand growth, Chile has arrived late to the party.
Chile only began taking energy efficiency seriously in the last few years after Argentine gas stopped flowing, but it is making efforts to catch up, says Borregaard.
In 2008, the government of then President Michelle Bachelet launched a national energy efficiency campaign that included handing out efficient light bulbs, certifying appliances and financing energy audits. As a result Chile’s electricity demand, excluding the mining sector, fell for the first time in 2008 even as the economy grew.
But Chile still has a long way to go. For example, every dollar of GDP generated in Santiago requires 60% more energy than a dollar generated in Finland’s much colder capital, Helsinki, according to a competitiveness report by the McKinsey Global Institute.
Chile’s National Energy Commission estimates that reducing incremental consumption by 20% through 2020 will reduce the additional installed capacity needed by 1,600 MW, or slightly more than 11% of the total.
“From the cost-benefit viewpoint, there is no safer, cheaper or more environmentally friendly energy option than energy efficiency,” argues Tokman.
But since investments usually only pay off in the long term, they require additional incentives.
Tokman, who was president of the National Energy Commission from 2007 to 2010, says Chile has made progress – for example, by creating the Chilean Energy Efficiency Agency – but admits more could be done.
“Energy efficiency was supposed to be a long-term goal but the current government has had other priorities since last year,” he points out.
Non-conventional renewable energy
Using energy more efficiently will mitigate demand growth, but Chile also needs to diversify its energy sources to reduce dependence on imported fossil fuels.
Fortunately, Chile’s geography has endowed it with significant non-conventional renewable energy (NCRE) potential including hydro, biomass, geothermal, wind and solar.
These sources – mainly small hydro, biomass and wind - currently represent about 4% of the country’s generation capacity, but the government’s plan, known as 20/20, is to increase this to 20% by 2020.
But there remain significant barriers to these projects in Chile, says Tokman.
The cost of clean technologies has fallen in the last decade as subsidies in Europe and the United States have pushed prices down. In Chile the Center for Renewable Energy (CER) and the Chilean Economic Development Agency (CORFO) help to support NCRE initiatives in their early stages, but so far it is mainly the incumbent generators that have invested.
“Renewable projects are becoming more competitive but we need to remove other barriers to their development,” says Tokman.
These include difficulties and high costs associated with obtaining water rights, land easements and connecting to the transmission system, says Jonathan Bensted, an independent renewable energy project developer and consultant.
“In many cases the transmission costs alone can make projects unviable,” he says.
That’s because NCRE project developers in remote locations often need to build lines and costly transformers in order to connect to Chile’s transmission system.
Another problem is the lack of price stability. “The market would benefit from a simpler and predictable mechanism to sell renewable energy, preferably with a specific price for each technology," says Bensted.
Other incentives could include making it easier for project developers to sell to the grid. For example, in many developed countries people can install solar panels on their roofs and sell their surplus energy, says Borregaard.
Still, not everyone agrees that NCRE is a silver bullet for Chile’s energy crisis.
“Everyone talks about renewable energy, but no-one really knows the true costs involved,” says Jaime Vela, managing director of the Chilean energy project developer, South World Consulting.
Since NCRE is dependent on varying rainfall and wind, or daytime radiation in the case of solar, the system needs to be backed up with fossil fuel sources to meet demand at peak hours, says Vela.
In addition, both solar and wind projects require large areas of land that then cannot be used for other purposes such as farming or mining.
“To lower energy costs, Chile needs more efficient energy which, as of today’s market conditions, is provided by coal,” says Vela.
Cleaner coal
Given the large number of projects in different stages of development, the participation of coal in Chile’s energy matrix is set to grow. But many of these projects have been hampered by environmental concerns and permitting problems.
Coal’s main advantage is its cost. At around US$85 per MWh, it is cheaper than LNG and diesel while not being subject to the same price volatility as either of these fuels.
But the black rock has received a bad rap in Chile due to older plants that are dirty and inefficient. New coal technologies, while costlier, have special filters that reduce emissions by up to 90 percent in compliance with new norms for thermoelectric plants, says Vela.
“We need to replace older units with more efficient, environmentally friendly technology,” he argues.
But this takes time. Plants must be located on Chile’s Pacific coast near ports to receive coal shipments, but the number of sites is limited and plants take an average of four years to build.
Several coal projects in central Chile – Campiche, Santa María and Bocamina II being developed by AES Gener, Colbún and Endesa Chile respectively - have been delayed by regulatory problems as well as, in the case of Santa María and Bocamina, damage caused by the 2010 earthquake.
“Clear environmental regulations are needed to make the permitting process transparent and efficient,” says Vela.
Building plants close to ports can avoid environmental and social opposition, but project developers have difficulty obtaining permits because, in many areas, pollution levels are saturated.
One solution is to offer incentives for industries to sell their emissions quotas to third parties that would, in turn, reduce pollution levels and improve living conditions in nearby communities, says Vela.
But even new coal projects will increase Chile’s carbon emissions thereby contributing to global warming. According to IEA figures, Chile’s energy-related CO2 emissions doubled between 1994 and 2007 to around 4.2 tons per capita as the economy took off, but while this is amongst the highest in Latin America, it is still less than half the OECD average.
“Even with five more coal plants we will still produce lower emissions per capita than New Zealand,” argues Vela.
Social participation
But it matters little which energy source is the cleanest or most efficient if it is rejected by most Chileans, points out Tokman.
Social opposition has already had an impact on Chile’s energy matrix. Suez GDF’s Barrancones coal-fired project in northern Chile was blocked last year after President Piñera asked the company to halt its development near a nature reserve, and HidroAysén has been the target of widespread protests.
In this scenario, it is no longer enough for Chile to produce energy at the minimum cost; it must also ensure that projects respect environmental norms and are socially acceptable, says Tokman.
“We need a system that is socially legitimate, it’s not enough that the state applies adequate norms and enforces them,” he says.
Public education is also important. If, despite its susceptibility to earthquakes, Chile decides to develop nuclear energy, this will require a broad national consensus. But after the recent near meltdown in Japan this could be easier said than done, admits Tokman.
While some Chileans seem to oppose all projects, others understand the country needs more energy but have doubts about whether new projects are being evaluated properly. To reassure them, the environmental approval process must be more transparent, says Tokman.
Borregaard agrees energy projects have become linked to a broader feeling of “social injustice” in Chile. To address this problem, she suggests local communities should be encouraged to participate in the energy debate so they feel part of decisions related to the country’s energy future.
This is precisely the aim of Energy Scenarios, a non-governmental organization founded in 2009 with the participation of Chile’s power distributors’ association Empresas Eléctricas, Fundación Chile, environmental NGOs and universities among others.
In its first stage, the organization produced a 40-page report with technical proposals for Chile’s energy matrix through 2030.
“In the beginning we thought we could define the optimum energy matrix for the country, but we realized this is not feasible,” says Borregaard who is a member of Energy Scenarios” technical committee.
Instead, she says the initiative has become a permanent platform for the exchange of ideas and opinions.
Some of these are being considered by the National Energy Advisory Commission, convened by President Piñera in May to study improvements to the energy system, which is due to present its report in September.
Both Tokman and Borregaard, who are members of the Commission, agree their task is not easy since all of Chile’s energy options imply trade-offs and sacrifices that Chilean society as a whole must be willing to make.
With the right rules and incentives, however, Chile has the opportunity to lay the foundation for a sustainable energy mix that balances cost, environmental protection and supply security.