Además de nuevas oportunidades de mercado, el rápido envejecimiento de la población de Chile representa un importante desafío para las políticas públicas. ¿El país se dirige a un resplandeciente ocaso o a un grisáceo crepúsculo?

Según las nuevas cifras publicadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cantidad de adultos mayores de Chile supera ahora la marca de los dos millones de personas, o sea un 12% de la población. Esto representa un incremento respecto de los apenas 1,6 millones, o un 10% de la población, de comienzos de la década.

Esas cifras surgen tras un informe publicado este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, que concluyó que Chile es por mucho el país sudamericano que está envejeciendo más rápidamente. La proporción de personas sobre los 60 años ya es superior al promedio regional, destaca el informe, que proyecta que dicha cifra llegará al 28% para el 2050.

Esto refleja tanto una fuerte disminución de la tasa de nacimientos como un incremento de la expectativa de vida que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ahora asciende a los 78 años, similar a la tasa que ostenta Estados Unidos. En términos del porcentaje de la población que se espera supere los 60 para el 2050, Chile es seguido por Uruguay, Brasil y Argentina.

Por cierto, el envejecimiento no es nada nuevo en los países industrializados. Pero hay una diferencia clave en América Latina: está ocurriendo a una tasa mucho más rápida y a un nivel de ingresos mucho menor que cuando se dio en el mundo desarrollado, lo que da a los gobiernos menos tiempo para prepararse y menores recursos con los cuales hacerlo.

También implica que el denominado dividendo demográfico -el período en que la proporción de adultos en edad de trabajar alcanza su máximo nivel antes de comenzar a envejecer- será más breve en América Latina. Y esto es importante para el desempeño económico a largo plazo de la región, porque es el período en que, con las políticas adecuadas, las naciones pueden lograr los más rápidos aumentos en el ingreso per capita.

Éste es un desafío al que Chile recién está comenzando a enfrentarse, admite María Eugenia Arenas del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) del gobierno. "Mientras los países desarrollados tuvieron décadas para prepararse para el crecimiento de su población mayor, nosotros hemos tenido mucho tiempo para hacer lo mismo”, destaca.

Gracias a su sistema de pensiones basado en el ahorro privado, que se introdujo a comienzos de los años 80, Chile no se enfrenta a la bomba de tiempo fiscal de países que cuentan con sistemas de beneficio definido de reparto (o pay-as-you-go). Una reforma al sistema de pensiones que actualmente se encuentra en el Congreso también mejoraría significativamente las pensiones financiadas por el Estado para los ancianos pobres, que se financian en parte a través de un fondo en el que el gobierno está ahorrando parte de los excedentes que recibe como resultado de los precios récord del cobre, la principal exportación del país.

Pero en otras áreas, las provisiones para el fuerte aumento de los ciudadanos mayores y sus necesidades aún están “en pañales”. Un área clave de preocupación es el cuidado a largo plazo de quienes ya no son capaces de cuidarse por sí solos.

Cerca del 3% de las personas de más de 60 años de Chile, o unas 70.000 personas, están catalogadas como dependientes, señala Alicia Villalobos, quien está a cargo de las políticas para el adulto mayor del Ministerio de Salud. De ellos, sólo cerca de un tercio reciben atención en hogares privados o de beneficencia y, si bien la cifra se ha mantenido estable en los últimos años, es posible que aumente fuertemente a medida que las familias, y las casas que habitan, se reduzcan.

Hospedaje para Adultos Mayores

Aparte del aporte anual del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (Conapran), una organización sin fines de lucro que administra hogares y centros abiertos, actualmente el Gobierno central no provee fondos para el cuidado residencial de los adultos mayores. Éste es ofrecido principalmente por instituciones de beneficencia, tales como el Hogar de Cristo y el Ejército de Salvación, o por hogares privados que apuntan a los grupos de más altos ingresos.

Cerca de 600 de estos hogares cuentas con permisos oficiales, señala Villalobos, y tienden a ser pequeños, con un 60% de ellos atendiendo entre 12 y 25 residentes. La Casa de mis Papás en La Reina, una comuna de clase media de Santiago, es un ejemplo típico.

Fundada -tal como sugiere su nombre- para cuidar a los parientes ancianos de los dueños, se especializa en residentes que, si no están postrados, requieren de considerable ayuda. Con un arancel mensual de 600.000 pesos (cerca de US$1.150), sus precios son superiores al promedio, señala la dueña Luisa María Guzmán, pero tienen lista de espera y se están ampliando de 14 a 18 habitaciones individuales.

Si bien la mayoría de los hogares tienden a ser negocios familiares de pequeña envergadura, la última década ha sido testigo de inversiones en residencias de lujo. Senior Suites, por ejemplo, administra dos hogares residenciales en la zona oriente de Santiago, ofreciendo departamentos con servicio de alimentación además de otras actividades y comodidades.

No obstante, el precio a menudo no sirve como guía sobre la calidad de la atención, señala Guzmán. "Hay algunos hogares muy modestos donde se muestra mucho amor hacia los residentes y hay otros donde se puede pagar mucho dinero y estar abandonado", afirma.

Las regulaciones gubernamentales establecen estándares mínimos de infraestructura y atención, según los cuales los encargados de entregar las autorizaciones y realizar las inspecciones son las autoridades locales de salud. Sin embargo, los estándares se han vuelto un tema de preocupación pública, en especial cuando, en el 2004, un canal de televisión captó imágenes del impactante maltrato a los residentes de una serie de hogares.

"Sabemos a partir de historias o quejas ante el SENAMA que existen hogares no autorizados, pero no sabemos cuántos”, señala Arenas. El gobierno también podría hacer más por garantizar que los hogares autorizados satisfagan los estándares mínimos, admite, destacando que éstos a menudo están al final de la lista entre las muchas responsabilidades que tienen las autoridades de salud.

Si bien las autoridades tienden a ser rigurosas sobre el otorgamiento de nuevas certificaciones, las inspecciones una vez que los hogares están funcionando pueden ser poco frecuentes. "Nos tomó más de un año conseguir la autorización, pero desde entonces sólo nos han visitado dos veces [en tres años], en ambos casos cuando los invitamos a inspeccionar las nuevas habitaciones", comenta Guzmán.

Pero cuando los hogares no cumplen con los estándares, ponerlos en línea puede ser delicado. "Debiéramos cerrarlos, pero no podemos echar a los residentes a la calle", destaca Villalobos.

Con la mayoría de los hogares operados como negocios familiares, los recursos para las inversiones necesarias en rampas para sillas de rueda o personal adicional a menudo son escasos. De modo que, partiendo con un programa piloto el próximo año, SENAMA y el Ministerio de Salud planean proveer un subsidio único para ayudar a que los hogares mejoren su infraestructura.

Oportunidades Económicas

Sin embargo, la creciente expectativa de vida y la mejor salud también implican que los chilenos están viviendo de manera más activa más allá de la jubilación. En una apuesta por convertir esta situación en una ventaja económica, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) ha estado organizando desde el 2001 programas de vacaciones en temporada baja para los adultos mayores.

Este año, unos 32.000 adultos mayores usarán el programa, lo que se compara con los 27.000 del 2006, informa Álvaro Lizama de SERNATUR. Desde el 2005, el programa también se ha estado ampliando para atender a más ancianos enfermos, con alrededor de 9.000 beneficiados este año.

Al reunir a empresas que están dispuestas a entregar descuentos sobre la capacidad ociosa fuera de temporada con un aporte del gobierno, que actualmente financia un 40% del costo, el programa también ha ayudado a la industria turística a operar fuera de la tradicional temporada de verano, impulsando la actividad económica y el empleo en populares destinos. De hecho, ése era su principal objetivo, comenta Lizama.

Y su éxito ha ayudado a alertar a la industria sobre las oportunidades comerciales ofrecidas por este nuevo nicho de mercado. "Hoy en día, estamos viendo mucha más publicidad dirigida a este segmento y no sólo a un grupo muy pequeño en el extremo superior de la escala de ingresos, sino que a gente de todos los niveles", sostiene.

En los últimos años, también han aparecido cursos y talleres para adultos mayores, ofrecidos por municipios, universidades y otras organizaciones. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica en Santiago ofrece actividades que van desde programas de ejercicio hasta clases de teología y también entrega cursos para ayudar a los adultos mayores a formar sus propios negocios.

De hecho, la experiencia en países desarrollados muestra que a medida que la expectativa de vida aumenta, más y más gente no ve una razón para dejar de trabajar sólo porque llegaron a la edad de jubilar. Ello también agrada a los gobiernos, porque aligera la carga en seguridad social.

De hecho, hay una creciente visión en los países industrializados de que ha llegado el tiempo de elevar la edad de jubilación obligatoria. En Chile, también se sugirió -si bien la Presidenta Michelle Bachelet descartó la idea- que la edad de jubilación de las mujeres se elevara a los 65 años, la misma que la de los hombres.

No obstante, además del impacto fiscal del envejecimiento de la población, los países en vías de desarrollo también necesitan resguardarse en contra de su impacto sobre el crecimiento económico. Con ingresos per capita aún bajos, no pueden darse el lujo de ver una desaceleración del crecimiento, pero -a medida que el dividendo demográfico se contrae rápidamente- eso es ciertamente lo que ocurrirá a menos que tomen las medidas apropiadas.

Según la Cepal, una de las medidas que pueden tomar para contrarrestar esta tendencia es promover los empleos diseñados para las necesidades y preferencias de los trabajadores más viejos. En los países industrializados, organizaciones como al American Association of Retired Persons hacen esto precisamente y a menudo también ofrecen servicios de colocación.

Pero Latinoamérica, donde la edad con frecuencia es sinónimo de obsolescencia más que de experiencia, aún tiene un largo camino que recorrer si pretende unir a los adultos mayores al crecimiento económico. Según las encuestas de opinión, hasta el 70% de la población en algunos países cree que la gente mayor es discriminada.

Para sociedades con muchos otros problemas apremiantes, es fácil ver a la gente mayor como otro problema más, en lugar de verlos como una oportunidad. Sin embargo, y en especial en un país que está envejeciendo tan rápidamente como Chile, lo harán no sólo a riesgo de sus adultos mayores, sino que también al de sus posibilidades de crecimiento económico sostenido.

Tom Azzopardi trabaja como periodista freelance en Santiago.

According to new figures published recently by the National Statistics Institute (INE), the number of senior citizens in Chile has now breached the two million mark, or 12% of the population. That represents an increase from just 1.6 million, or 10% of the population, at the start of the decade.

These figures follow a report released by the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) earlier this year, which found that Chile is by far South America’s most rapidly ageing country. Already, the proportion of over-60s is above the regional average, the report noted, forecasting that it will reach 28% by 2050.

This reflects both a sharp drop in the birth rate and an increase in life expectancy which, according to the UN Development Programme (UNDP), is now running at 78 years, similar to that in the United States. In terms of the proportion of the population expected to be over-60 by 2050, Chile is followed by Uruguay, Brazil and Argentina.

Ageing is, of course, nothing new in industrialized countries. But there is a key difference in Latin America - it is happening much faster and at a lower level of income than occurred in the developed world, giving governments less time to prepare and fewer resources with which to do so.

It also means that the so-called demographic dividend - the period in the proportion of working-age adults peaks before they start to grow old - will be shorter in Latin America. And that is important for the region’s long-term economic performance because it is the period in which, with the right policies, countries can achieve the fastest gains in per capita income.

This is a challenge that Chile is only just beginning to come to terms with, admits María Eugenia Arenas at the government's National Service for Senior Citizens (SENAMA). "While developed countries had decades to prepare for the growth of their elderly population, we have had much less time to do the same,” she notes.

Thanks to its private savings-based pension system, introduced in the early 1980s, Chile does not face the fiscal time-bomb of countries with pay-as-you-go systems. A pension reform currently before Congress would also significantly improve state-funded pensions for poor senior citizens, partly financed through a fund in which the government is saving some of the windfall income it is receiving as a result of record prices for copper, the country’s main export.

But in other areas, provision for the surge in senior citizens and their needs is still in its infancy. One key area of concern is long-term care for those no longer able to look after themselves.

Around 3% of Chile's over-60s, or some 70,000 people, are classed as dependent, says Alicia Villalobos, who is in charges of policies for the elderly at the Health Ministry. Of those, only around a third are cared for in private homes or by charities and, although the figure has remained steady in recent years, it is likely to rise sharply as families, and the homes they inhabit, get smaller.

Accommodating senior citizens

Apart from an annual contribution to the National Council for the Protection of the Elderly (CONAPRAN), a non-profit organization that operates homes and day centers, the central government currently provides no funds for residential care for the elderly. This is offered mainly by charities, such as the Hogar de Cristo and the Salvation Army, or by privately-run homes that target higher income groups.

Around 600 such homes have official permits, reports Villalobos, and they tend to be small, with 60% caring for between 12 and 25 residents. La Casa de mis Papás in La Reina, a middle-class district of Santiago, is a typical example.

Founded - as the name suggests - to care for the owners’ ageing relatives, it specializes in residents who, if not bed-bound, require considerable help. Charging a monthly fee of 600,000 pesos (around US$1,150), its prices are above average, says owner Luisa María Guzmán, but it has a waiting list and is currently expanding from 14 to 18 individual rooms.

Although most homes tend to be small-scale family businesses, the last decade has seen investments in up-market sheltered accommodation. Senior Suites, for example, runs two residential homes in eastern Santiago, offering apartments with a meal service as well as other activities and amenities.

Price, however, is often no guide to the quality of care, says Guzmán. "There are some very modest homes where a lot of love is shown towards residents and others where you can be pay a lot of money and be abandoned," she argues.

Government regulations set down minimum standards of infrastructure and care, with the local health authorities responsible for authorizing and inspecting homes. However, standards have become an issue of public concern, especially when, in 2004, one television channel captured images of shocking mistreatment of residents at a number of homes.

"We know from anecdotes or complaints to SENAMA that unauthorized homes exist but we don’t know how many,” says Arenas. The government could also do more to ensure that authorized homes meet minimum standards, she admits, noting that they are often bottom of the list of health authorities’ many responsibilities.

While authorities tend to be rigorous about granting new certifications, inspections once the homes are operating can be infrequent. "It took us more than a year to obtain authorization but since then they have visited us just twice [in three years], in both cases when we invited them to inspect new rooms," reports Guzmán.

But when homes are found to fall short, bringing them into line can be tricky. "We should close them but we can’t throw the residents out on to the street," points out Villalobos.

With most homes run as family businesses, resources for the necessary investments in wheelchair ramps or extra staff are often scarce. So, starting with a pilot program next year, SENAMA and the Health Ministry are planning to provide one-off grants to help homes improve infrastructure.

Economic opportunities

However, increasing lifespans and better health also mean that Chileans are living more active lives beyond retirement. In a bid to turn this to economic advantage, the National Tourist Service (SERNATUR) has been organizing off-peak vacation programs for senior citizens since 2001.

This year, the scheme will be used by some 32,000 pensioners, up from 27,000 in 2006, reports SERNATUR’s Alvaro Lizama. Since 2005, it has also been expanding to cater for more infirm pensioners, with around 9,000 benefiting this year.

By bringing together companies that are willing to provide discounts on idle out-of-season capacity with a contribution from the government, which currently finances 40% of the cost, the scheme has also helped the tourist industry to operate outside the traditional summer season, boosting employment and economic activity in popular destinations. Indeed, that was its main aim, says Lizama.

And its success has helped to alert the industry to the business opportunities offered by this new niche market. "Today, we are seeing a lot more advertising directed at this segment, and not just at a very small group at the top end of the income scale but people from all levels," he says.

In recent years, courses and workshops for senior citizens have also burgeoned, offered by municipalities, universities and other organizations. The Catholic University in Santiago, for example, offers activities that range from exercise programs to theology classes and also provides courses to help senior citizens set up their own businesses.

Indeed, experience in developed countries shows that as life expectancy increases, more and more people see no reason to stop work just because they have reached retirement age. Governments like that too, because it lightens the social security burden.

There is, indeed, a growing view in industrialized countries that the time has come to raise the statutory retirement age. In Chile, it was also suggested - although President Michelle Bachelet dismissed the idea - that the retirement age for women should be raised to 65, the same as for men.

But, as well as the fiscal impact of an ageing population, developing countries also need to guard against its impact on economic growth. With still low per capita incomes, they cannot afford to see growth slow but, as their demographic dividend rapidly shrinks, that is surely what will happen unless they take appropriate action.

One of the measures they can take to counter this trend, according to ECLAC, is to promote jobs tailored to the needs and preferences of older workers. In industrialized countries, organizations such as the American Association of Retired Persons do precisely this, also often providing placement services.

But Latin America, where age is often equated with obsolescence rather than experience, still has a long road ahead if it is to harness its senior citizens to economic growth. According to opinion polls, up to 70% of the population in some countries believes that old people suffer discrimination.

For societies with so many other pressing problems, it is easy to view old people as just another problem, rather than an opportunity. But, especially in a country that is ageing as fast as Chile, they will do so not only at the peril of their senior citizens, but also of their prospects for sustained economic growth.

Tom Azzopardi is a freelance journalist based in Santiago.