El 18 de octubre del 2010, apenas cuatro días después de que los 33 mineros de Chile fueran acarreados a la seguridad en medio de asombrosas escenas en la mina San José, el presidente Sebastián Piñera hizo el siguiente compromiso durante una visita a Londres: “No podemos garantizar que no tendremos accidentes en el futuro, pero podemos garantizar que haremos todo lo necesario para tener una industria minera más segura en nuestro país”.

Un año más tarde, el compromiso del presidente parece estar dando fruto. La cantidad de fallecidos en accidentes mineros en Chile se ha reducido casi a la mitad: 17 en los primeros nueve meses de este año frente a los 32 del mismo período del 2010. El Gobierno señala que ha cumplido con su promesa de duplicar con creces la cantidad de inspectores mineros empleados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la entidad estatal encargada de regular a la industria minera del país. Había apenas 18 al momento del accidente del año pasado y ahora hay 45.

En julio, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para modernizar la normativa de seguridad en las minas, la que describió como la más importante legislación del área en 30 años. La regulación llevará a la creación de una nueva Superintendencia de Minería dedicada exclusivamente a la seguridad minera.

"Después de lo que ocurrió en la mina San José, la seguridad minera se ha convertido en un objetivo clave para el Gobierno”, sostiene el ministro de Minería de Chile, Hernán de Solminihac.

Nueva Legislación

En virtud de los términos del proyecto de ley, las minas chilenas a futuro serán categorizadas según sus estándares de seguridad y codificadas por color como “excelente” (azul), “bueno” (verde), “suficiente” (amarillo) o “condicional” (rojo). Los dueños de las minas serán obligados a colocar una placa en la entrada de su mina que indique con qué color se les calificó.

Las multas por violar las regulaciones de seguridad se incrementarán. Los dueños de minas que sean encontrados culpables de violaciones “muy graves” recibirán multas de hasta 10.000 UTM (US$775.000). Las “graves” tendrán una multa de hasta 5.000 UTM y las “menos graves”, de hasta 1.000 UTM.

Quien sea declarado culpable de reabrir una mina que fue cerrada debido a sus deficientes estándares de seguridad se enfrenta a una multa de hasta 6.000 UTM.

Toda mina que emplee a más de 100 trabajadores tendrá la obligación de contar con un experto en prevención de riesgos de jornada completa en la faena. Las minas de ese tamaño además deben realizar una completa auditoría de seguridad cada tres años.

El proyecto de ley además aborda los procedimientos de reclamos, una de las demandas clave de los trabajadores mineros. Algunos de los 33 mineros rescatados el año pasado dijeron que nunca se atrevieron a reclamar por la seguridad debido al temor a perder sus empleos. Describieron una “cultura del silencio” en la mina San José.

En virtud de la nueva legislación, todos los trabajadores de las minas de Chile podrán hacer “reclamos ciegos” sobre sus condiciones de trabajo sin temor a ser identificados o recriminados. Estas quejas serán investigadas por la nueva superintendencia.

La legislación también hace énfasis en la necesidad de prevenir además de castigar. Se alentará a los dueños de minas a asistir a cursos de capacitación sobre procedimientos de seguridad. Habrá más capacitación para los propios mineros: sobre prevención de riesgos, manejo de explosivos y peligros de electrocución.

“Este proyecto de ley propone un cambio completo en la institucionalidad del sector”, afirma De Solminihac.

No obstante, pese a este avance, aún hay trabajo por hacer.

Estándares Internacionales

El mismo día en que el presidente Piñera se comprometió a hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de trabajo en las minas chilenas, el mandatario señaló además que Chile ratificaría la Convención 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad minera. Ha pasado un año, y aún debe hacerlo. El Gobierno sostiene que todavía está estudiando la convención.

“El Gobierno tiene el deber y la responsabilidad de analizar cada uno de los detalles, de modo de precisar si hay concordancias con nuestra legislación, y si esta es coherente con el espíritu de lo que se persigue”, afirma De Solminihac.

Pero es difícil escapar a la sensación de que el Gobierno está dando marcha atrás a su promesa de ratificarla.

La Convención 176 de la OIT existe desde hace más de una década y ha sido adoptada por 25 países. Defiende los derechos de los trabajadores de negarse a un trabajo que consideren inseguro, dejar una mina que estimen peligrosa y elegir sus propios representantes de seguridad y salud. La convención busca proteger a los trabajadores en cado de que presenten quejas sobre sus condiciones de trabajo.

Estados Unidos ratificó la convención en el 2001, pero muchas importantes naciones mineras no lo han hecho, donde las que más destacan son Canadá y Australia. El argumento en contra de la ratificación es que da a los trabajadores demasiado poder y lleva a un aumento de las huelgas relacionadas con las condiciones de seguridad.

“Chile ha logrado ciertos avances en la modernización de sus anticuadas regulaciones y leyes de seguridad minera”, sostiene Tom Grinter, portavoz de la International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions (ICEM), entidad con sede en Ginebra con más de 20 millones de miembros. “Pero no puede afirmar que es una nación minera de clase mundial hasta que adopte los estándares contenidos en la OIT 176”.

Grinter señala que aún tiene la esperanza de que el presidente Piñera cumpla con su promesa.

“Tuvimos una reciente reunión tripartita en Perú sobre la Convención 176 y un funcionario del Gobierno chileno dejó en claro que la convención aún estaba en la mesa”, indica. “Están mostrando una voluntad de diálogo con un posible avance hacia ratificarla”.

Más Inspecciones

De cara al accidente del año pasado, el Estado cerró minas que tenían registros de seguridad inferiores a los estándares.

Según el Ministerio de Minería, funcionarios del Sernageomin han llevado a cabo más de 3.800 inspecciones en lo que va de este año, lo que se compara con menos de 2.600 en todo el 2010. Para fines del 2011 esperan haber realizado 4.500 y que la cifra aumente a 6.600 en el 2012.

“En los meses inmediatamente posteriores se produjo una gran inquietud en los productores de la pequeña minería, ya que efectivamente aumentó la fiscalización del Sernageomin, lo que derivó en el cierre de algunas faenas”, recuerda Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI).

“Sin embargo, el cierre afectó a una cantidad menor de faenas, las que volvieron a la actividad en la medida que iban cumpliendo con lo solicitado por la autoridad fiscalizadora”, añade

SONAMI, que representa a más de 3.000 pequeñas operaciones mineras, reconoce que muchos de sus productores “presentaban problemas de orden administrativo”, pero asevera que ha trabajado junto con el Sernageomin para resolverlos. Cerca de 800 de sus productores se inscribieron en un programa para mejorar sus procedimientos administrativos.

“Hemos logrado la regularización de 300 de un total de 800, esperando concluir el proceso a fines de este año”, indica Salas.

SONAMI sostiene que además está siguiendo con detención el paso por el Congreso del proyecto de ley sobre seguridad minera y ya ha hecho algunas observaciones respecto a cómo puede mejorarse.

No obstante, pese a las buenas intenciones del Gobierno y las meritorias acciones de SONAMI, algunos líderes sindicales en Chile se quejan de que no han visto una mejora notable en la seguridad desde el accidente del año pasado.

Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Minera de Chile, que agrupa a más de 60 sindicatos mineros, cuestiona las cifras de fallecidos compiladas por el Sernageomin. Afirma que más de 50 trabajadores mineros han muerto en accidentes en el último año, si bien reconoce que el deceso de algunos de ellos se ha producido fuera de las propias minas, mientras manejaban explosivos o en accidentes viales en camino al trabajo.

Y mientras el precio del cobre siga alto, así se mantendrá también la probabilidad de accidentes.

El año pasado fue el más fatal para las minas de Chile en una década: 45 mineros murieron en su trabajo. No es ninguna coincidencia que también fuera el año en que el precio del cobre promediara un máximo récord de más de US$3,40 la libra.

Los mayores precios del cobre siempre han llevado a que los mineros asuman más riesgos. Cuando el precio sube, un ejército de mineros de jornada parcial sin supervisión busca los beneficios del auge dirigiéndose al desierto de Atacama en busca del mineral. Ellos son los que más riesgo tienen de sufrir un accidente.

Este año promete ser otro año récord para el cobre. El metal rojo ha promediado más de US$4,00 la libra durante el 2011 y alcanzó un máximo de US$4,60 la libra en febrero.

“No debería ser que cuando los precios del cobre están altos, la cantidad de accidentes aumente”, sostiene Jorquera. “Debería ser al revés. Cuando el precio está alto, es precisamente cuando las empresas tienen el dinero extra para gastar en seguridad”.

El rescate de “Los 33” en la mina San José hace un año podría haber terminado muy fácilmente en un desastre y sirve como recordatorio a los chilenos del peligro inherente a la principal industria de su país.

El Gobierno ha tomado medidas concretas para mejorar la seguridad desde entonces, pero claramente aún hay mucho más que se puede hacer.

“Nuestro objetivo es asegurar que incluso si nuestros mineros ganan unos pocos pesos menos, lleguen a sus casas con las dos manos, ambos ojos y caminando con sus dos piernas”, asevera Jorquera. “No vamos a sacrificar la seguridad por dinero.”

Gideon Long trabaja como periodista freelance en Santiago

Nota: Parte del material empleado en este artículo fue publicado en el artículo “Chilean mines: Safety still an issue, a year on from 'Los 33'”[Minas Chilenas: La Seguridad Sigue Siendo un Problema, a un Año de 'Los 33'”] por Gideon Long, el que apareció en el sitio web de la BBC el 13 de octubre de 2011

On October 18, 2010, just four days after Chile’s 33 miners had been hauled to safety amid astonishing scenes at the San José mine, President Sebastián Piñera made the following pledge during a visit to London: “We cannot guarantee that we will not have accidents in the future but we can guarantee one thing -- that we will do whatever is necessary to have a more secure mining industry in our country.”

A year on, and the President’s pledge appears to be bearing fruit. The number of deaths from mining accidents in Chile has nearly halved – to 17 in the first nine months of this year from 32 in the same period in 2010. The government says it has kept its promise to more than double the number of mine inspectors employed by the National Geology and Mining Service (Sernageomin), the state body tasked with regulating the country’s mining industry. There were just 18 at the time of last year’s accident and there are now 45.

In July, the government sent a draft bill to Congress to overhaul mine safety regulation, describing it as the most important legislation in the area in 30 years. It will lead to the creation of a new Mining Superintendence dedicated exclusively to mine safety.

"After what happened at the San José mine, mine safety became a key objective for the government,” says Chile’s Mining Minister, Hernán de Solminihac.

New legislation

Under the terms of the bill, Chilean mines will in future be categorized on the basis of their safety standards and color-coded as either “excellent” (blue), “good” (green), “sufficient” (yellow) or “conditional” (red). Mine owners will be obliged to display a plaque at the entrance to their mine indicating which color they have been graded.

Fines for breaches of safety regulations will be increased. Mine owners found guilty of “very serious” breaches will be fined up to 10,000 UTM (US$775,000). “Serious” breaches will carry a fine of up to 5,000 UTM and “less serious” breaches, up to 1,000 UTM.

Anyone found guilty of reopening a mine that has been closed due to its poor safety standards faces a fine of up to 6,000 UTM.

Any mine that employs more than 100 workers will be obliged to have a full time risk prevention expert on site. Mines of that size must also produce a full safety audit every three years.

The draft bill also addresses complaints procedures, one of the key demands of mine workers. Some of the 33 miners rescued last year said they never dared complain about safety due to fear of losing their jobs. They described a “culture of silence” at the San José mine.

Under the new legislation, all workers at Chile’s mines will be entitled to make “blind complaints” about their working conditions without fear of being identified or of recrimination. These complaints will be investigated by the new Superintendence.

The legislation also stresses the need for prevention as well as punishment. Mine owners will be encouraged to attend training courses on safety procedures. There will be more training for miners themselves -- on risk prevention, on how to handle explosives and on the dangers of electrocution.

“It’s a complete change in the institutions of the sector,” says de Solminihac.

But despite this progress, there is still work to be done.

International standards

On the same day that President Piñera vowed to do everything possible to improve working conditions at Chile’s mines, he also said Chile would ratify International Labor Organization (ILO) Convention 176 on mining safety. One year on, it has yet to do so. The government says it is still studying the convention.

“The government has a duty and a responsibility to analyze every detail to see if [the convention] fits with our own legislation and if it makes sense, given what we’re trying to achieve,” says de Solminihac.

But it is difficult to escape the feeling that the government is back-tracking on its promise to ratify.

ILO 176 has been in existence for over a decade and has been adopted by 25 countries. It upholds the rights of workers to refuse work they consider unsafe, to leave a mine they consider dangerous and to elect their own health and safety representatives. It seeks to protect the rights of workers if they complain about their working conditions.

The United States ratified the convention in 2001 but many major mining nations have not – notably Canada and Australia. The argument against ratification is that it gives workers too much leverage and leads to an escalation in strikes related to safety conditions.

“Chile has made some progress in revamping its antiquated mine safety laws and regulations,” says Tom Grinter, spokesman for the International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions (ICEM), a Geneva-based organization with over 20 million members. “But it cannot claim to be a world class mining nation until it adopts the standards contained in ILO 176.”

Grinter says he is still hopeful that President Piñera will keep his promise.

“We had a recent tripartite meeting in Peru on Convention 176 and an official from the Chilean government made clear that the convention was still on the table,” he says. “They’re showing a willingness for dialogue with a possible move to ratify.”

More inspections

In the wake of last year’s accident, the state cracked down on mines with sub-standard safety records.

According to the mining ministry, Sernageomin officials have carried out more than 3,800 inspections so far this year, compared to less than 2,600 in the whole of 2010. By the end of 2011 they expect to have carried out 4,500, rising to 6,600 in 2012.

“In the months immediately afterwards there was a lot of concern among small producers because it’s certainly true that Sernageomin increased the number of inspections, and that led to some mines closing down,” recalls Alberto Salas, president of Chile’s National Mining Society (SONAMI).

“However, the closures only affected a few mines, and they reopened once they had met the standards required of them.”

SONAMI, which represents over 3,000 small mining operations, acknowledges that many of its producers were guilty of “administrative problems” but says it has worked alongside Sernageomin to sort them out. Around 800 of its producers signed up to a program to improve their administrative procedures.

“We’ve resolved about 300 cases out of a total of 800, and we hope to complete the process by the end of the year,” says Salas.

SONAMI says it is also following closely the passage through Congress of the draft legislation on mining safety, and has already made some suggestions for how it can be improved.

Yet, despite the government’s good intentions and SONAMI’s laudable actions, some union leaders in Chile complain they have seen no notable improvement in safety since last year’s accident.

Néstor Jorquera, president of the Chilean Mining Confederation, which groups more than 60 mining unions, questions the fatality figures compiled by Sernageomin. He claims more than 50 mine workers have died in accidents in the past year, although he acknowledges that some of them been killed outside the mines themselves – while handling explosives or in road accidents on their way to work.

And while the price of copper remains high, so will the likelihood of accidents.

Last year was the deadliest in Chile’s mines for a decade – 45 miners were killed at work. It is no coincidence that it was also the year in which the copper price averaged a record high of over US$3.40 per pound.

Higher copper prices have always led miners to take greater risks. When the price rises, an army of part-time, unsupervised miners seeks to benefit from the boom by heading out into the Atacama Desert in search of the mineral. They are the ones who are most at risk from accidents.

This year promises to be another record year for copper. It has averaged over US$4.00/lb during 2011 and hit an all-time high of US$4.60/lb in February.

“It shouldn’t be the case that when the price of copper is high, the number of accidents rises,” says Jorquera. “It should be the other way round. When the price is high, that’s precisely when companies have the extra money to spend on safety.”

The rescue of “Los 33” at the San José mine a year ago could so easily have ended in disaster, and serves as a reminder to Chileans of the danger inherent in their country’s leading industry.

The government has taken concrete steps to improve safety since then, but there is still clearly a lot more that can be done.

“Our aim is to ensure that even if our miners earn a few pesos less, they get home with both hands, both eyes and walking on their two legs,” says Jorquera. “We won’t sacrifice security for money.”

Gideon Long is a freelance journalist based in Santiago