Con miras a las elecciones presidenciales que se realizarán en Chile en noviembre, los impuestos han surgido como un tema clave. Azuzado por protestas estudiantiles que han captado la atención mundial en los últimos años, el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera ha convertido en una prioridad el mejorar el acceso a la educación. Pero los candidatos concuerdan en que es necesario hacer más, en especial en términos de mejorar la calidad de la educación pública. No obstante, cómo debería financiarse esto es un tema más polémico.

A un lado del debate, algunos candidatos han argumentado que la reforma tributaria es necesaria no solo para pagar por la educación, sino que también para hacer que el sistema tributario sea más equitativo. Pero no todos concuerdan en que incrementar la carga impositiva sea la respuesta. Abogados expertos en impuestos sostienen que mientras la eficiencia de la recaudación podría mejorarse, un aumento de los impuestos haría más daño que bien. Entonces, ¿quién tiene la razón?

El sistema tributario de Chile ha experimentado varias reformas en los últimos 40 años. La más reciente se hizo hace apenas un año. En septiembre del 2012, el Congreso de Chile aprobó un proyecto de ley de reforma tributaria diseñada para mejorar el acceso a las becas y créditos para estudiantes. Entre otras medidas, volvió permanente un incremento a la tasa de impuesto corporativo, conocido como impuesto de Primera Categoría, que se había elevado de manera temporal desde un 17% a un 20% para pagar la reconstrucción después del terremoto de 2010.

La reforma además introdujo nuevas normas para combatir la evasión tributaria. Se esperaba que recaudara US$1.000 millones en ingresos tributarios adicionales. El presidente Sebastián Piñera dijo que después de la reforma “uno de cada cinco pesos” del gasto gubernamental se invertiría en educación.

Esto dará el derecho a “todos nuestros niños y jóvenes a acceder a una educación de calidad”, sostuvo el mandatario en esa misma ocasión.

No obstante, los críticos afirman que la reforma no fue suficientemente lejos. Dadas ciertas excepciones y una reducción del impuesto a las estampillas, la cantidad final recaudada no será suficiente para cubrir los costos de la propuesta reforma educacional, señala Alejandro Micco, profesor de economía de la Universidad de Chile y asesor de la ex presidenta y actual candidata presidencial, Michelle Bachelet.

A juicio de Micco, se necesita una reforma tributaria más profunda por dos razones. La primera es para financiar una reforma educacional más amplia. La propuesta reforma de Bachelet, que llama al acceso universal a la educación pública, requerirá un gasto permanente de entre un 1,5% y un 2% del PIB. “Gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes”, asevera.

Pero Chile también enfrenta un déficit fiscal, indica. Durante gran parte de la última década Chile tuvo un superávit fiscal -en otras palabras, los ingresos del gobierno superaron el gasto- principalmente gracias a los altos precios del cobre, su exportación más importante. No obstante, los precios del cobre han caído este año debido a la desaceleración económica de China y el nuevo gobierno heredará un déficit fiscal efectivo en el 2014 de 1,2% del PIB, sostiene Micco.

“En el pasado no tenía sentido elevar los impuestos con un superávit fiscal tan grande, pero ese no es el caso hoy en día”, dice.

Carga Tributaria

En el 2012, el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) recaudó un récord de 22.770 millones de pesos -cerca de US$44.600 millones- de manos de los contribuyentes del país. Eso correspondió a un alza del 4,8% respecto del año anterior, lo que reflejó principalmente un crecimiento del PIB, que alcanzó un 5,6%.

Sin embargo, pese al aumento de los ingresos, la carga tributaria de Chile se ha mantenido relativamente estable en las últimas dos décadas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la carga tributaria ronda el 18% del PIB, excluyendo las contribuciones a la seguridad social. Esto es muy similar al promedio de Latinoamérica y el Caribe, que es una región de bajos impuestos, pero muy inferior al promedio de la OCDE (38% del PIB) e inferior a los niveles de países desarrollados recientemente, como Corea (33%).

Estudios recientes indican que hay espacio, aunque limitado, para incrementar la carga tributaria en Chile. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo concluyó que la carga tributaria de la nación latinoamericana es un 2% menor a lo que correspondería a su nivel de desarrollo.

De modo que la propuesta de Bachelet de incrementar la carga tributaria en 3% del PIB no es irracional, dice Micco. Cerca de la mitad de esto provendría de un incremento al impuesto a las estampillas y mayores impuestos a cuestiones como el tabaco, así como también a medidas para reducir la evasión, señala. Pero el resto provendría de impuestos corporativos.

Además de elevar la tasa de impuesto corporativo, otra propuesta apunta a eliminar un mecanismo que difiere el pago de impuestos denominado Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el que fue creado en el año 1984.

Repensando el FUT

A comienzos de la década de los 80, Chile estaba saliendo de su peor crisis económica desde la Gran Depresión. Los bancos tuvieron que ser rescatados por el gobierno, el mercado de capitales era prácticamente inexistente y las compañías no podían conseguir financiamiento en el extranjero. Pero el FUT dio a las empresas acceso a la liquidez al permitirles diferir el pago del impuesto a la renta aplicado a las ganancias que se retuvieran en lugar de distribuirse a los accionistas.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el sistema tributario chileno es integrado, lo que significa que para fines tributarios las ganancias de una compañía forman parte del ingreso personal del dueño. En virtud del FUT, los dueños pueden reducir sus ingresos tributables, los que en Chile están sujetos a una tasa máxima del 40%, al retener parte de sus ganancias. Como resultado, solo tienen que pagar impuesto a la renta sobre los dividendos. 

Por casi 30 años, este mecanismo ha sido beneficioso para Chile. Ha alentado la inversión y es gran parte de la razón por la que las compañías chilenas están muy bien capitalizadas si se las compara con empresas en otros países de América Latina, afirma Francisco Klapp, economista del centro de estudios santiaguino Libertad y Desarrollo y asesor de Evelyn Matthei, la candidata presidencial de la Alianza, la coalición gobernante.

“Siempre y cuando el dinero esté en la compañía, y genere inversión y empleo, la empresa solo paga un avance de lo que el dueño tiene que pagar”, señala. “Hay un incentivo para dejar el dinero en la compañía”.

Pero Chile ha cambiado desde el año 1984. El mercado de capitales se ha vuelto más desarrollado y la mayoría de las grandes empresas tienen suficientes opciones de financiamiento, ya sea vendiendo papeles comerciales, emitiendo acciones u obteniendo créditos a bajas tasas de interés en Chile o en el extranjero. En este contexto, sus críticos dicen que el FUT actúa como un “préstamo gratuito” para las empresas. También se usa, en algunos casos, para evitar el pago de impuestos.

“El sistema provee de una serie de ventajas a las personas que generan ingresos bajo la forma de empresas”, sostiene Andrea Repetto, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez. Combinado con una serie de excepciones, esto reduce la base impositiva y hace que el sistema tributario de Chile sea menos progresivo, añade. 

El impuesto a la renta se considera progresivo, porque sube en proporción a los ingresos. Pero el sistema tributario de Chile es regresivo, sostiene Repetto, porque más de la mitad de los ingresos tributarios provienen del impuesto al valor agregado (IVA) del 19%. “Chile necesita una reforma tributaria para hacer más simple, más eficiente y también más equitativo el sistema”, señala.

Una forma de hacer esto, dice, es reducir la brecha entre las tasas de impuestos a las personas y las empresas. En este sentido, Bachelet planea elevar de manera gradual la tasa de impuesto corporativo a un 25%, mientras que reduciría el máximo de impuesto a la renta a un 35%. “Al tiempo que la brecha se reduce, no hay razón para que exista el FUT”, dice Micco.

Pero desechar el FUT significaría que los dueños de empresas tendrían que pagar impuestos por la totalidad de las ganancias de sus empresas, independientemente de si estas se retiran o se retienen.

Impacto sobre la Inversión

A juicio de Klapp, deshacerse del FUT podría tener un efecto contraproducente. “Crearía un incentivo para retirar dinero y no mantenerlo en la compañía”, indica. Esto podría reducir la inversión y el ahorro interno, añade, obligando a Chile a pedir más créditos en el extranjero.

También podría crear un problema de flujo de efectivo para los inversionistas, afirma Guillermo Infante, abogado experto en temas tributarios de la firma Philippi Abogados, quien maneja las cuentas de varios inversionistas extranjeros. 

“Efectivamente estaríamos sacando dinero del mundo productivo al mundo de las personas”, sostiene.

Los inversionistas extranjeros también se verían afectados. En la actualidad, pagan un impuesto de retención del 35%, conocido como impuesto Adicional, pero su filial local solo paga un gravamen del 20% sobre las ganancias que se quedan en Chile. Sin embargo, en virtud del nuevo sistema, tendrían que pagar un 35% tan pronto se declaren las ganancias, ya sea que el dinero se quede o no en Chile.

“La tasa general, del 35%, sería la misma, pero los tiempos serían muy diferentes”, dice Klapp. “No es lo mismo pagar impuestos hoy que en 20 años”.

Sin embargo, la propuesta de Bachelet no debería atemorizar a los inversionistas, señala Micco, quien sostiene que cualquier impacto en la inversión sería “marginal”. Micco menciona un estudio del 2005 realizado por el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el jefe de asesores de esa cartera, Rodrigo Cerda. El estudio concluyó que el efecto de un alza del 10% a la tasa de impuesto corporativo reduciría la inversión en hasta un 1% del PIB, con un efecto potencialmente mayor en las pequeñas y medianas empresas.

De manera más importante, si el dinero recaudado se empleara para mejorar la educación y el capital humano, esto compensaría con creces el efecto sobre la inversión en el largo plazo, afirma.

Además, Bachelet ha propuesto un mecanismo de “depreciación instantánea” para alentar la inversión, indica. Pero el mecanismo beneficiaría mayoritariamente a las compañías con inversiones en activos físicos, tales como los sectores de minería y energía, asevera Infante.

En cuanto a incrementar la carga tributaria, hacerlo sin determinar primero cuánto dinero se necesita para los programas públicos es “poner la carreta delante de los bueyes”, comenta Infante. Más importante aún, podría tener un efecto negativo sobre la economía que podría ser mayor que su beneficio, señala.

“En una economía en que el capital es extremadamente móvil, no puede ser que elevando la carga tributaria en Chile hagamos que sea más competitivo invertir en Perú o Colombia”, asevera.

Cerrar los Vacíos Legales

Pese a sus diferencias en materia de reforma tributaria, los candidatos a la presidencia de Chile han concordado en la necesidad de mejorar la recaudación tributaria. A juicio de Felipe Morandé, quien encabeza el equipo económico de Matthei, Chile podría aumentar sus ingresos tributarios en hasta US$800 millones al año simplemente cerrando los vacíos legales del actual sistema.

Un problema es la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), la que ha subido a más del 20% en Chile. Para reducir este porcentaje, la reforma tributaria del 2012 introdujo un nuevo sistema de facturas electrónicas que aspira a ganar otros US$600 millones al año en IVA.

Chile también ha hecho algunos avances en la recaudación de impuesto a la renta. En especial después de la reforma del año pasado, que cuenta con normas para atrapar y castigar duramente a quienes -por ejemplo- incluyen su auto o casa en la playa como un “gasto” de la compañía en términos de FUT, explica Infante.

“Estas cosas podrían pasar en cualquier sistema tributario, pero es un problema de aplicación y educación, no del sistema”, afirma.

A través del FUT, los dueños de las empresas pueden evadir el impuesto a la renta al “invertir” las ganancias en el extranjero. Luego pueden obtener créditos libres de impuestos a bajas tasas interés contra esos activos para financiar su estilo de vida personal, dice Klapp.

Asimismo, existe un incentivo para que las personas constituyan empresas. “Nuestro sistema invita a las personas a disfrazarse de empresas”, dice Andrea Repetto. Además favorece la concentración, según Klapp, porque los grandes holdings que reinvierten ganancias pagan menores impuestos en el corto plazo.

“El sistema es vulnerable a abusos, pero eso no quiere decir que tengamos que desmantelarlo por completo, tenemos que cerrar estos vacíos”, sostiene.

Klapp afirma que otra manera de desalentar la evasión es permitiendo que las personas descuenten sus contribuciones para la pensión de sus ingresos tributables. Pero dado que los chilenos que ganan menos de 600.000 pesos (cerca de US$1.200) mensuales no pagan impuesto a la renta, esto solo beneficiaría a un pequeño segmento de la población, añade.

En general, la doctrina tributaria anglosajona de “sustancia sobre forma” hace más difícil para las compañías engañar al sistema y Chile está avanzando hacia este modelo, sostiene Micco.

Ya se dio un paso adelante con la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros especializados, los que comenzaron a operar en Santiago en febrero pasado. Esto posibilitó que las empresas apelaran las decisiones del SII.

“Antes el SII era juez y parte, pero hoy en día estas funciones se han separado”, dice Micco. “Esto garantiza el debido proceso”.

Un Estado más Eficiente

Otra forma de financiar la reforma educacional sin subir los impuestos es gastando los recursos públicos de manera más eficiente, indica Klapp. El problema es que hay una falta de información sobre los programas públicos, en particular de aquellos que logran sus objetivos, dice.

“Antes de que decidamos si necesitamos recaudar más o menos impuestos, tenemos que llegar a un acuerdo respecto de si [los recursos] se están gastando bien”, asevera.

No obstante, según la OCDE, el gasto público de Chile se ha vuelto más eficiente. “Si bien siempre hay espacio para mejorar, Chile gasta sus recursos públicos de manera más bien eficiente”, sostiene el economista chileno Mario Marcel, subdirector de gobernabilidad y desarrollo territorial de la OCDE.

Gran parte de la seguridad social se gestiona a través del sector privado y muchos servicios sociales pagan a través de tarifas por usuario. Entre los países de la OCDE, Chile también tiene uno de los sistemas más desarrollados y perdurables de elaboración de presupuestos basados en resultados, según Marcel. Aún así, siempre hay espacio para mejoras, afirma.

Chile, con el tiempo, podría necesitar reformar su sistema tributario de manera acorde con su nivel de desarrollo. Pero, como han destacado Klapp y otros, los mayores impuestos no son gratuitos. Al menos parte del dinero que se necesita para la reforma educacional podría provenir -por lo menos en teoría- de hacer que la recaudación tributaria sea más eficiente y de modernizar el Estado.

Como dijo Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda del primer período presidencial de Bachelet: “Subir los impuestos no es bueno ni malo en sí”. En otras palabras, mucho depende de cuán eficientemente se recauden los impuestos y de cuán bien se gasten.

Julian Dowling es el editor de bUSiness CHILE

In the run up to Chile’s November presidential election taxation has emerged as a key issue. Spurred by student protests that have drawn global attention in recent years, the current government of President Sebastián Piñera has made improving access to education a priority. But the candidates agree that more needs to be done, especially in terms of improving the quality of public education. How this should be financed, however, is a more divisive issue.

On one side of the debate, some candidates have argued that tax reform is needed not just to pay for education, but also to make the tax system more equitable. But not everyone agrees that increasing the tax burden is the answer. Tax lawyers say that while the efficiency of collection could be improved, a tax increase would do more harm than good. So who is right?

Chile’s tax system has undergone various reforms in the last 40 years. The most recent was barely a year ago. In September 2012, Chile’s Congress passed a tax reform bill designed to improve access to scholarships and loans for students. Among other measures, it made permanent a hike in the corporate tax rate, known as the First Category tax, which had been temporarily raised from 17% to 20% to pay for reconstruction after the 2010 earthquake.

The reform also introduced new norms to crack down on tax evasion. It was supposed to raise US$1 billion in additional tax revenues. President Sebastián Piñera said that after the reform “one in every five pesos” of government spending would be invested in education.

“This will guarantee that every child and young person in Chile will have the right to a quality education,” he said at the time.

But critics say the reform did not go far enough. Given certain exemptions and a reduction in the stamp tax, the final amount collected will not be enough to cover the costs of the proposed education reform, said Alejandro Micco, a professor of economics at the Universidad de Chile and an advisor to former President and presidential candidate Michelle Bachelet. 

According to Micco, a deeper tax reform is needed for two reasons. The first is is to finance a broader education reform. Bachelet’s proposed reform, which calls for universal access to public education, will require a permanent expenditure of between 1.5% and 2% of GDP. “Permanent expenditures have to be financed with permanent income,” he said.

But Chile is also facing a fiscal deficit, he said. For much of the last decade Chile ran a fiscal surplus – in other words, government revenues exceeded spending – mainly thanks to high prices for copper, its main export. But copper prices have fallen this year on China’s economic slowdown, and the new government will inherit an effective fiscal deficit in 2014 of 1.2 of GDP, said Micco.

“In the past it didn’t make sense to increase taxes with such a large fiscal surplus, but that’s not the situation today,” he said.

Tax burden

In 2012, Chile’s Internal Revenue Service (SII) collected a record 22,770 billion pesos - some US$44.6 billion - from the country’s taxpayers. That represented a 4.8% increase on the previous year, reflecting mainly GDP growth - which reached 5.6%.

Yet despite the increase in revenues, Chile’s tax burden has remained relatively stable for the last two decades. According to the OECD, the tax burden is around 18% of GDP, excluding social security contributions. This is very similar to the average for Latin America and the Caribbean, which is a low-tax region, but well below the average for the OECD (38% of GDP) and below the levels of recently developed countries, like Korea (33%).

Recent studies indicate that there is room, albeit limited, to increase the tax burden in Chile. One study by the Inter-American Development Bank concluded that Chile’s tax burden is below what would correspond to its level of development by 2%.

So Bachelet’s proposal to increase the tax burden by 3% of GDP is not unreasonable, said Micco. About half of this would come from an increase in the stamp tax and higher taxes on things like tobacco, as well as measures to reduce evasion, he said. But the rest would come from corporate taxes.

In addition to raising the corporate tax rate, another proposal is to eliminate a tax deferral mechanism called the Fondo de Utilidades Tributarias (Taxable Profits Fund), or FUT, that was created in 1984.

FUT for thought

In the early 1980s, Chile was emerging from its worst economic crisis since the Great Depression. Banks had to be bailed out by the government, the capitals market was non-existent and companies could not obtain funding from abroad. But the FUT gave businesses access to liquidity by allowing them to defer payment of income tax on earnings that are retained rather than distributed to shareholders.

Unlike the United States, Chile’s tax system is integrated, which means that for tax purposes a company’s earnings form part of the owner’s personal income. Under the FUT, owners can reduce their taxable income, which in Chile is subject to a maximum rate of 40%, by retaining part of their earnings. As a result, they only have to pay income tax on dividends.

For nearly 30 years, this mechanism has served Chile well. It has encouraged investment and is a big part of the reason why Chilean companies are very well capitalized compared to companies in other Latin American countries, said Francisco Klapp, an economist at the Santiago thinktank Libertad y Desarrollo and an advisor to Evelyn Matthei, the presidential candidate of the Alianza coalition.

“As long as the money is in the company, and generating investment and jobs, the company only pays an advance on what the owner has to pay,” he said. “There is an incentive to leave the money in the company.”

But Chile has changed since 1984. The capitals market has become more developed and most large companies have plenty of financing options, whether selling commercial papers, issuing shares, or obtaining low-interest loans in Chile or abroad. In this context, critics say the FUT acts as a “free loan” for companies. It is also used, in some cases, to avoid paying taxes.

“The system provides a number of advantages for people who generate revenue in the form of companies,” said Andrea Repetto, an economist at the Adolfo Ibañez University. Combined with numerous exemptions, this reduces the tax base and makes Chile’s tax system less progressive, she said.

Income tax is considered progressive because it rises in proportion to income. But Chile’s tax system is regressive, said Repetto, because more than half of tax revenues come from the 19% sales tax (IVA). “Chile needs a tax reform to make the system simpler, more efficient and also more equitable,” she said.

One way to do this, she says is to reduce the gap between corporate and personal income tax rates. In this regard, Bachelet plans to gradually increase the corporate tax rate to 25%, while lowering the top income tax rate to 35%. “As the gap narrows, the FUT has no reason to exist,” said Micco.

But scrapping the FUT would mean business owners have to pay tax on all of their company’s earnings, independently of whether they are withdrawn or retained.

Impact on investment

According to Klapp, getting rid of the FUT could backfire. “It would create an incentive to withdraw money and not keep it in the company,” he said. This could reduce investment and domestic savings, he added, forcing Chile to borrow more from abroad.

It could also create a cash flow problem for investors, said Guillermo Infante, a tax lawyer at the firm Philippi Abogados, who handles the accounts of several foreign investors.

“Effectively we would be taking money from the productive world to the world of individuals,” he said.

Foreign investors would also be affected. Currently, they pay a 35% withholding tax, but their local subsidiary only pays a 20% tax on earnings that remain in Chile. Under the new system, however, they would have to pay 35% as soon as their earnings are reported, whether or not the money stays in Chile.

“The overall rate, 35%, would be the same, but the timing would be very different,” said Klapp. “It’s not the same paying tax today as it is in 20 years time.”

But Bachelet’s proposal should not scare off investors, said Micco. He said any impact on investment would be “marginal”, citing a 2005 study by the current Finance Minister Felipe Larraín and his chief advisor Rodrigo Cerda. The study concluded that the impact of a 10% increase in the corporate tax rate would reduce investment by up to 1% of GDP, with a potentially greater impact on small and medium size companies.

More importantly, if the money raised is used to improve education and human capital, this would more than compensate the impact on investment in the long run, he said.

In addition, Bachelet has proposed an “Instantaneous Depreciation” mechanism to encourage investment, he said. But the mechanism would mainly benefit companies with investments in physical assets, such as the mining and energy industries, said Infante.

As for increasing the tax burden, doing so without first determining how much money is needed for public programs is “putting the cart before the horse”, said Infante. More importantly, it could have a negative effect on the economy that could outweigh the benefit, he said.

“In an economy in which capital is extremely mobile, it cannot be that by increasing the tax burden in Chile we make it more competitive to invest in Peru or Colombia,” he said.

Closing loopholes

Despite their differences on tax reform, Chile’s presidential candidates agree on the need to improve tax collection. According to Felipe Morandé, the head of Matthei’s economic team, Chile could increase its tax revenues by up to US$800 million annually simply by closing loopholes in the current system.

One problem is evasion of the IVA sales tax that has risen to over 20% in Chile. To reduce this percentage, the 2012 tax reform introduced a new system of electronic receipts (facturas electronicas) that aims to net an additional US$600 million in sales tax annually.

Chile has also made some progress in income tax collection. Especially after last year’s reform, it has norms to catch and severely punish those who, for example, include their car or beach house as a company “expense” under the FUT, said Infante.

“These things could happen in any tax system, but it’s a problem of enforcement and education, not of the system,” he said.

Through the FUT, business owners can avoid income tax by “investing” profits abroad. They can then obtain a low interest, tax-free loan against those assets to finance their personal lifestyle, said Klapp.

In addition, there is an incentive for individuals to incorporate. “Our system invites people to disguise themselves as businesses,” said Andrea Repetto. It also favors concentration, said Klapp, because large holdings that reinvest profits pay lower taxes in the short term.

“The system is vulnerable to abuses, but that doesn’t mean we have to dismantle it entirely, we have to close these loopholes,” he said.

Another way to discourage evasion, said Klapp, is by allowing individuals to discount pension contributions from their taxable income. But since Chileans earning less than 600,000 pesos (about US$1,200) a month pay no income tax, this would only benefit a small segment of the population, he added.

In general, the Anglo Saxon tax doctrine of “substance over form” makes it harder for companies to cheat the system and Chile is moving towards this model, said Micco.

A step forward has already been taken with the creation of specialized Tax and Customs Courts, which started operating in Santiago last February. These make it possible for companies to appeal the decisions of the SII.

“Before the SII was both judge and jury, but today these functions have been separated,” said Micco. “This ensures due process.”

A more efficient State

Another way to finance education reform without raising taxes is by spending public resources more efficiently, said Klapp. The problem is that there is a lack of information about public programs, particularly those that achieve their objectives, he said.

“Before we decide on whether we need to collect more or less taxes, we have to agree on whether they are being well spent,” he said.

But, according to the OECD, Chile’s public spending has become more efficient. “While there is always room for improvement, Chile spends its public resources rather efficiently,” said Chilean economist Mario Marcel, deputy director of the Public Governance and Territorial Development at the OECD.

A large part of social security is managed through the private sector, with many social services paid through user-fees. Chile also has one of the most developed and long-lasting systems of performance budgeting among OECD countries, said Marcel. Even so, there is always room for improvement, he said.

Chile may eventually need to reform its tax system according to its level of development. But, as Klapp and others have pointed out, higher taxes are not free. At least some of the money needed for education reform could come, at least in theory, from making tax collection more efficient and modernizing the State.

As Andrés Velasco, a former Finance Minister during Bachelet's first presidency, said: “raising taxes is neither good nor bad in itself”. In other words, a lot depends on how efficiently taxes are collected, and how well they are spent.

Julian Dowling is Editor of bUSiness CHILE