Columna de opinión escrita por Pablo Zambra, gerente de Audit & Assurance en Deloitte

El término ESG (Enviromental, Social and Governance) cada vez se integra más en el centro y propósito de las empresas, no tan solo por el desempeño financiero que implica, sino también por las prácticas de Sostenibilidad y Responsabilidad Social asociadas. A su vez, diferentes stakeholders demandan medidas activas por parte de las compañías, y exigen mayor atención hacia los impactos sociales, medioambientales y de transparencia.

Hace unas semanas, Larry Fink, CEO de BlackRock, señaló que no usaría más la sigla “ESG”, sosteniendo que ésta se había politizado. Sin embargo, desde la administradora de activos más grande del mundo -encabezada por Fink-, fueron enfáticos en precisar que esto no cambia la visión que tienen respecto de la relevancia de estos criterios, ni tampoco modificaría sus actuales estrategias.

A pesar del gancho mediático que esto ha generado en la prensa internacional, lo relevante es constatar el valor de los criterios ESG en la actualidad. De hecho, los datos de la administradora de activos así lo demuestran.

Durante los últimos cinco años, las inversiones con criterios sostenibles crecieron un 18%, en tanto, las tradicionales sólo un 4%. Adicionalmente, BlackRock realizó una encuesta a más de 400 inversionistas internacionales, y concluyó que entre 2020 y 2025, dichas empresas duplicarán sus inversiones sostenibles, es decir, cerca de un 35% de sus activos serán invertidos con estos criterios.

Desde una óptica empresarial, el avance en materias de ESG en medios controlados y regulados, ya sea en sus Memorias Anuales, Estados Financieros, sitios webs oficiales, permiten un mayor control en la reputación y responsabilidad corporativa.

En términos de políticas públicas, lo más probable es que sigan aumentando de manera contundente. La sociedad declara ser consciente de su entorno y la opinión pública reacciona negativamente ante los impactos negativos que se generen en él, más aún, cuando se trata de asuntos que solo conciernen a grandes grupos empresariales.

Sin ir más lejos, en Chile ya se han establecido regulaciones con claros avances en estándares ESG. Por ejemplo, Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la implementación NCG 461, e incluso la reciente salida al mercado de deuda con la emisión de Bono Soberano en peso ligado a materias de sostenibilidad.

Más allá de los conceptos y siglas, el real trasfondo e importancia es que las empresas deben ser responsables y sustentables de forma integral, favoreciendo tanto aspectos financieros y no financieros. ESG no es tan solo una simple definición de criterios, sino que a ella se anclan y generan medidas y estrategias corporativas cada vez más inmersas y expuestas a mercados nacionales e internaciones; políticas públicas internacionales e incluso demandas sociales.