Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), unos 50 millones de personas en todo el mundo serán removidas de sus puestos de trabajo por la recesión internacional, lo que conducirá a tasas de desempleo de dos dígitos en casi todas las economías desarrolladas del mundo.

Y Chile también se encamina en esa dirección. Ya en marzo, 670.000 chilenos -un 9,2% de la fuerza laboral- estaban desempleados y es probable que las cosas empeoren mucho más, advirtió la ministra del Trabajo de Chile, Claudia Serrano, la oradora invitada al desayuno de abril de la AmCham.

“Tarde o temprano, vamos a llegar a los dos dígitos”, reconoció la ministra. La meta del Gobierno es mantener la cifra bajo el nivel del 12% observado hace una década como consecuencia de la crisis financiera asiática, añadió.

Por fortuna, Chile ahora cuenta con un esquema de seguro de desempleo al que pueden recurrir quienes pierden su trabajo. Y los cambios vigentes a partir del 1 de mayo extendieron la cobertura a miles de trabajadores más y ampliaron el período de pago del seguro de cinco a siete meses.

Sin embargo, más que dar sustento a los desempleados, la atención del Gobierno se centra en mantenerlos trabajando. “La prioridad de este Gobierno, en este momento, es empleo, empleo, empleo”, insistió la ministra Serrano.

Proteger los puestos de trabajo es más que sólo una cuestión de proteger los ingresos y evitar que las familias chilenas caigan en la pobreza, argumentó. “No podemos darnos el lujo de perder (...) la solidez de nuestras instituciones, la paz social y la confianza que hemos construido, y la seguridad que tiene el mundo para invertir en Chile”.

Por suerte, la crisis encuentra a Chile con sus finanzas en orden y, en consecuencia, el Gobierno ha podido lanzar una serie de paquetes de estímulo fiscal. Gran parte del dinero se destinará a la creación de empleo, en especial a través de proyectos de infraestructura pública e inversiones de la cuprífera estatal chilena Codelco.

No obstante, el empleo en el sector público nunca corresponderá a más de dos de cada diez puestos de trabajo de la economía chilena, destacó Serrano. “El peso de la responsabilidad, en definitiva la tienen los empresarios (…) al final la decisión de despedir o no a un trabajador está mucho más en los escritorios de ustedes que del nuestro”, sostuvo ante una audiencia compuesta por ejecutivos de empresas.

Sin embargo, el Gobierno no está preparado para sentarse de brazos cruzados y contar con la buena voluntad de las gerencias para mantener a la gente trabajando. Por el contrario, el Gobierno está impulsando de manera activa acuerdos entre las empresas y los trabajadores para tomar medidas que preserven puestos de trabajo, tarea que calificó como el principal foco de atención durante este año del ministerio que encabeza.

Al hacer concesiones sobre la cantidad de horas trabajadas y, por ejemplo, sobre el tiempo de vacaciones a cambio de limitar los despidos de personal, trabajadores y empleadores pueden encontrar formas de proteger los puestos de trabajo en áreas vulnerables de la economía, sostiene, aunque -naturalmente- los empleados se muestran reticentes a ceder derechos que tanto les ha costado conseguir sin tener idea alguna de cuándo estos serán restituidos.

Pero, la confianza generada a través de las conversaciones cara a cara a menudo puede sobreponerse a las ideologías rígidas que dominan las relaciones laborales a nivel nacional, argumentó la ministra Serrano. “Si es necesario modificar contratos laborales (para proteger los puestos de trabajo), creemos que esa es una conversación que debe llevarse a cabo”.

Tom Azzopardi se desempeña como periodista freelance en Santiago.

According to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), some 50 million people around the world will be put out of work by the international recession, leading to double-digit unemployment in almost all the world’s developed economies.

And Chile is heading that way too. Already by March, 670,000 Chileans - or 9.2% of the workforce - were unemployed, and things are likely get a great deal worse, warned Labor Minister Claudia Serrano, the guest speaker at AmCham’s April breakfast.

“Sooner or later, we’re going to arrive at double digits,” she recognized. The government’s aim, she added, is to keep the figure below the 12% level seen a decade ago in the fallout from the Asian financial crisis.

Fortunately, Chile now has an unemployment insurance scheme which those who lose their jobs can fall back on. And changes as from May 1 extended coverage to thousands more workers and increased the period of payment from five to seven months.

But more than sustaining the unemployed, the government’s focus is on keeping them in work. “The priority of this government, at this moment, is jobs, jobs, jobs,” insisted Minister Serrano.

Protecting jobs, she argued, is more than just a matter of shielding incomes and preventing Chilean families from falling back into poverty. “We cannot afford to lose... the solidity of our institutions, the social peace and trust we have constructed, and the confidence the world has to invest in Chile.”

Fortunately, the crisis finds Chile with its finances in order and, as a result, the government has been able to launch a series of fiscal stimulus packages. Much of the money will go towards creating jobs, especially through public infrastructure projects and investments by state copper company Codelco.

The public sector will, however, never represent more than two out of ten jobs in the Chilean economy, Serrano noted. “The weight of responsibility lies with you, the business leaders; the decision to fire a worker or not lies much more on your desk than on ours,” she told her audience of company executives.

The government is not prepared, however, to sit back and rely on the goodwill of management to keep people in work. Instead, it is actively encouraging agreements between companies and workers to take measures that save jobs, a task she described as the main focus for her ministry this year.

By making concessions over working hours and, for example, holiday time in exchange for limiting job cuts, workers and employers can find ways to protect jobs in vulnerable parts of the economy, she said, although, naturally, employees are suspicious about giving up hard-won rights with little idea of when they will be re-instated.

But the trust generated through face-to-face talks can often overcome the rigid ideologies that dominate labor relations at a national level, argued Minister Serrano. “If it is necessary to modify labor contracts [to protect jobs], we think the conversation must take place.”

Tom Azzopardi is a freelance journalist based in Santiago.