Claudio Grossman, abogado chileno, ha vivido en Estados Unidos durante los últimos 23 años y, desde 1995, ha sido Decano de la Escuela de Derecho de Washington, la facultad de leyes de la American University. en Washington DC. No obstante, él mantiene estrechos vínculos con Chile y durante una reciente visita a Santiago, actuó como moderador en un seminario de AmCham sobre la reforma procesal penal y conversó con bUSiness CHILE acerca de la importancia de construir fuertes nexos entre las universidades y los negocios y, por cierto, con la sociedad civil como un todo.

¿Por qué le atribuye usted tanta importancia al compromiso con la comunidad?

En la actualidad, no solo las universidades actúan como depositarias del conocimiento y proporcionan capacitación. Una gama completa de otras instituciones -compañías, ONGs, centros de análisis e instituciones especializadas (think tanks)- también cumplen dichas funciones. Vean por ejemplo el seminario que AmCham celebró recientemente en Chile, sobre la reforma procesal penal. Éste es un ejemplo de una institución no universitaria que proporciona un importante servicio de capacitación.

Dentro de ese contexto, las universidades necesitan crear nexos con estas otras instituciones. Éste es el único medio para lograr el uso adecuado de recursos y para asegurar que estamos centrados en los temas correctos.

¿Cómo plantean esto en la American University?

Bien, en las universidades estadounidenses ésa es una de las funciones del Directorio o de los beneficiarios, que ayudan a establecer las prioridades y, en la Escuela de Derecho de Washington (Washington College of Law) (WCL), tenemos un Consejo Asesor del Decano, que proporciona los puntos de vista de los abogados en ejercicio de la profesión, acerca de los desarrollos en la escuela de derecho, las fortalezas y debilidades de nuestros programas y nos otorga una directriz en estas áreas.

¿Y cómo se refleja esto en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes?

Lo que nosotros denominamos aprendizaje empírico, es una parte muy importante de nuestros cursos, y está disponible para nuestros estudiantes a través de un programa de clínicas, así como también, mediante prácticas externas supervisadas en firmas de abogados. Actualmente, operamos nueve clínicas en áreas que fluctúan desde violencia doméstica y derechos humanos, a tributación y desarrollo económico comunitario. Dentro de estas áreas, elegimos casos específicos, principalmente sobre la base de su potencial educativo y en la práctica, esto significa por lo general, que hemos proporcionado apoyo a las personas o a las comunidades que no tienen recursos para pagar consejo legal, no obstante que ése no es el objetivo primario. Durante sus tres años en WCL, los estudiantes pueden trabajar a tiempo completo en una clínica durante seis meses, o un año a tiempo parcial, pero eso varía, ya que tienen una cantidad de opciones a disposición.

¿Cómo visualiza usted el estado del compromiso en las universidades chilenas?

Pienso que ha existido un cambio importante y que la preocupación por la necesidad de compromiso, está creciendo. Y por ejemplo, en Marzo, WCL va a lanzar un programa acá en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile que ofrecerá un grado de maestría en derecho comercial. Esto significa que alrededor de 40 graduados de WCL darán clases en Santiago y ellos no sólo son académicos. Muchos de ellos son abogados en ejercicio de la profesión y que trabajan en compañías de EE.UU.

Los nexos internacionales son extremadamente importantes y en WCL, tenemos programas de doble grado con España, Francia y Canadá, lo que significa que los estudiantes estudian durante dos años en Washington y dos años en el otro país. Actualmente, los abogados tienen que estar capacitados para operar en distintas jurisdicciones, no sólo en un país.

Chile está reformando su sistema de procedimiento penal; ¿qué otros desafíos vislumbra usted en el ámbito legal?

El próximo paso es el de revisar la justicia civil y especialmente los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como el arbitraje, que evitan la necesidad de litigar. Y yo también diría que existe una necesidad para que los jueces se especialicen, de forma que estén mejor preparados para tratar con problemas crecientemente sofisticados que se presentan ante ellos.

Usted es probablemente más conocido en Chile con relación al tema de los derechos humanos…

El desafío en esta materia es despolitizar los derechos humanos; no existe un asunto de izquierda-derecha. Ellos tienen que ver con un debido proceso, acceso a la justicia y no discriminación. En otras palabras, los derechos humanos constituyen solamente otra forma de denominación para el régimen de derecho.

Claudio Grossman, a Chilean lawyer, has lived in the United States for the past 23 years and, since 1995, has been Dean of the Washington College of Law, the law faculty of the American University in Washington, DC. However, he maintains close links with Chile and, during a recent visit to Santiago, moderated an AmCham seminar on criminal justice reform, and talked to bUSiness CHILE about the importance of building strong bridges between universities and business and, indeed, civil society as a whole.

Why do you attach such importance to engagement with the community?

Today, it’s not only universities that act as depositaries of knowledge and provide training. A whole range of other institutions - companies, NGOs, think tanks - also fulfill those functions. Look at the seminar that AmCham has just held on Chile’s reform of criminal justice. That’s an example of a non-university institution providing an important training service.

In that context, universities need to create links with these other institutions. It’s the only way to achieve the proper use of resources and to ensure that we focus on the right issues.

How do you go about this at the American University?

Well, in U.S. universities, that’s one of the functions of the board or the trustees, who help to establish priorities and, in the Washington College of Law (WCL), we have a Dean’s Advisory Council which provides practising attorneys’ views on developments at the law school, the strengths and weaknesses of our programs, and gives us guidance in these areas.

And how is this reflected in the learning experience of students?

What we call experiential learning is a very important part of our courses, and it’s available to our students through a program of clinics as well as through supervised externships in law firms. At present, we operate nine clinics in areas that range from domestic violence and human rights to taxation and community economic development. Within those areas, we choose specific cases mainly on the basis of their educational potential and, in practice, this generally means that we provide support to people or communities without the resources to pay for legal advice, although that’s not the primary objective. During their three years at WCL, students may work in a clinic full time for six months or part time during a whole year, but that varies because they have a lot of options available.

How do you view the state of engagement in Chilean universities?

I think there’s been an important change and that awareness of the need for engagement is growing. And, for example, in March, WCL is going to launch a program here with the University of Chile’s Law School that will offer a masters degree in business law. That means that some 40 WCL graduates will be giving classes here in Santiago, and they’re not only academics; many of them are practising attorneys who work in U.S. companies.

International links are extremely important and, at WCL, we have double-degree programs with Spain, France and Canada, which means that students study for two years in Washington and two years in the other country. Today, lawyers have to be able to operate in different jurisdictions, not just one country.

Chile is reforming its system of criminal justice; what other challenges do you see in the legal field?

The next step is to look at civil justice and, particularly, at alternative dispute resolution mechanisms, such as arbitration, which avoid the need for litigation. And I’d say there’s also a need for judges to specialize so that they’re better equipped to deal with the increasingly sophisticated problems that are put before them.

You’re perhaps best known in Chile in connection with human rights…

The challenge there is to depoliticize human rights; they’re not a right-left issue. They have to do with due process, access to justice, and non-discrimination. In fact, human rights is really just another name for the rule of law.