Con una geografía que se extiende desde el páramo antártico hasta los humedales andinos, Chile ofrece un rango casi incomparable de hábitats naturales en un solo país. Sin embargo, durante años de rápida expansión económica, se ha prestado muy poca atención a la protección de la preciosa biodiversidad y de los ecosistemas del país.

Si bien cerca de 14 millones de hectáreas del territorio chileno están protegidos por medio de parques y reservas nacionales administradas por el Estado, la cantidad que se gasta en conservación es mínima. Un estudio realizado en el 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostró que Chile gastaba poco más de US$0,60 por hectárea en sus áreas protegidas; en comparación, Argentina gastaba más de US$8 por hectárea, incluyendo los aportes de organizaciones internacionales.

Las áreas marinas protegidas, que son responsabilidad del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), casi no reciben financiamiento. Otro estudio desarrollado por universidades de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Brasil colocó a Chile en el noveno lugar en una lista de los 40 países que menos gastan en áreas protegidas, junto a naciones que enfrentan muchos más problemas como Argelia, Eritrea e Iraq.

Esta situación lamentable es el resultado de una amplia incomprensión de lo que significa la biodiversidad y su importancia, sostiene Bárbara Saavedra, directora en Chile de Wildlife Conservation Society. “La gente piensa más en el panda en Asia que en el aire que respiramos”, señala.

Reconociendo esa diferencia, el gobierno chileno se prepara para crear un nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que asumirá y ampliará el rol que actualmente desempeña la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el manejo de las áreas protegidas del país.

No obstante, la protección de la biodiversidad debería ir más allá que los parques nacionales. La rápida expansión de las ciudades, así como también las actividades minera, forestal y otras en las últimas décadas, han ocasionado un daño incalculable a la biodiversidad de Chile. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), creado en el año 1997, fue diseñado para asegurar que los proyectos mitigaran o repararan el daño que causaban al medio ambiente. Sin embargo, el sistema no siempre ha funcionado como se planificó.

Muy a menudo, la biodiversidad ha sufrido a manos de este sistema, afirma Saavedra. Asediadas por demandas sociales de las comunidades locales, las autoridades regionales con frecuencia han dado permiso a desarrolladores para intervenir en delicados ecosistemas a cambio de una forma inconexa de compensación. En un caso, se autorizó a una compañía minera a realizar trabajos en un raro humedal andino a cambio de financiar una biblioteca en una escuela local.

En los lugares en que los desarrolladores han acordado llevar a cabo compensaciones ambientales, los resultados han sido dispares en el mejor de los casos.

Frecuentemente las compañías acuerdan reubicar una población de una especie particular que será afectada por su proyecto. Pero se realiza poca preparación y labores de seguimiento de modo que unos años después puede ser difícil decir si la especie afectada está prosperando o no en su nuevo hábitat. Tales trabajos pueden ser costosos, pero el beneficio ambiental es a menudo marginal, dicen los críticos.

“En la gran mayoría de los casos, es muy difícil establecer su efectividad. Ni tampoco hay medidas que lidien con todos los impactos que implica la pérdida de biodiversidad”, reconoce Ricardo Irarrázabal, director del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA).

Compensar la Pérdida de Biodiversidad

En respuesta a estas deficiencias, el gobierno chileno está analizando un nuevo mecanismo que apunta a asegurar que el gasto del sector privado para compensar la pérdida de ecosistemas llegue a donde más se necesita.

Ya ampliamente usada en varios países, la compensación por pérdida de biodiversidad es un instrumento económico que exige a los desarrolladores compensar la intervención de ecosistemas mediante el desarrollo y el financiamiento de ecosistemas alternativos equivalentes.

Los enfoques difieren; los desarrolladores pueden implementar la compensación ellos mismos o pagar a un tercero para que lo lleve a cabo. Pero, fundamentalmente, el mecanismo establece que la tierra compensada se proteja o recupere a un cierto estándar y asegura el financiamiento para mantener al hábitat en ese estándar a perpetuidad, potencialmente perdurando más que el proyecto por el cual fue creado y la compañía que lo financió.

A medida que la compensación por pérdida de biodiversidad se ha vuelto más común, los mecanismos se han vuelto más sofisticados. En Estados Unidos, que tiene el sistema más antiguo y mejor establecido del mundo de compensaciones por pérdida de biodiversidad, esto ha dado paso a los “biobancos”. Estas instituciones invierten en la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad; luego venden estos servicios de biodiversidad a terceros que necesitan compensar el impacto de sus propios proyectos en el medio ambiente.

En Estados Unidos, en donde la conservación de la biodiversidad se concentra en gran medida en la preservación y recuperación de hábitats en humedales, esto ha conducido a la creación de cerca de 1.200 bancos de humedales a lo largo del país con una inversión que suma varios miles de millones de dólares.

El aumento de los bancos de humedales no solo ayuda a preservar hábitats clave a perpetuidad con dinero del sector privado, sino que ha creado una nueva industria y un nuevo destino para la inversión verde de parte de inversionistas éticos, señala Wayne White, quien participó en el desarrollo del sistema durante su carrera en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. En la actualidad, White es vicepresidente de la Asociación Nacional de Bancos de Mitigación de Estados Unidos.

Al externalizar las compensaciones por pérdida de biodiversidad a un tercero especialista en el tema, el banco de humedales asegura que los fondos se inviertan de manera eficiente y que no dependan de la voluntad del desarrollador.

“Los sistemas de compensaciones [voluntarias] básicamente no son exitosos (…) cuando el dinero escasea una de las primeras cosas que se quitan son las compensaciones”, dice White.

La biobanca también permite que docenas de proyectos más pequeños se combinen en programas de compensación por pérdida de biodiversidad mucho más grandes, lo que tiene un impacto mayor que una serie de programas independientes.

Reconociendo sus ventajas respecto de los proyectos individuales de compensación, las autoridades en Estados Unidos alentaron a los desarrolladores a optar por este sistema con menores requisitos de compensación si cooperaban con los bancos de humedales, afirma White.

Hacia un Estándar Global

Hoy en día la compensación por pérdida de biodiversidad está ganando fuerza en todo el mundo. Más de 40 países, incluidos Brasil y Colombia, han puesto en marcha legislaciones o mecanismos para permitir que las compensaciones por pérdida de biodiversidad tengan lugar. La Unión Europea está considerando usarla como parte de su Estrategia de Biodiversidad 2020.

“Es un mecanismo que está recibiendo mucha atención en distintos países de parte tanto de los encargados de las políticas como de las empresas”, señaló en un reciente seminario del Centro de Estudios Públicos (CEP) en Santiago Katia Karousakis de la Dirección de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fuera de Estados Unidos, algunos de los programas más avanzados de compensación por pérdida de biodiversidad se encuentran en los estados australianos de Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria.

Organismos multilaterales, como la Corporación Financiera International (IFC, por su sigla en inglés, la más utilizada) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están promoviendo la compensación por pérdida de biodiversidad como un medio para alentar la inversión en conservación. En tanto, compañías multinacionales, tales como la petrolera Royal Dutch Shell y la minera BHP Billiton, la están incluyendo en sus políticas medioambientales internas.

Ya está en marcha el trabajo para crear un estándar global para compensaciones por pérdida de biodiversidad de manera tal que los gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro tengan una noción común de lo que se quiere decir con un término potencialmente ambiguo.

El Programa de Negocios y Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (BBOP, por su sigla en inglés), el que tiene su sede en Estados Unidos y fue formado por una alianza entre las ONG Wildlife Conservation Society y Forest Trends, reúne a cerca de 80 organizaciones tanto públicas como privadas. Tras haber diseñado los estándares, ahora está desarrollando seis programas piloto en todo el mundo mostrando cómo deberían implementarse las compensaciones por pérdida de biodiversidad.

Un Mecanismo de Último Recurso

El respaldo a las compensaciones por pérdida de biodiversidad no es universal. Algunos medioambientalistas consideran que el mecanismo permite a los desarrolladores intervenir preciosos ecosistemas que de otra forma estarían fuera de alcance. En el Reino Unido, donde el gobierno propuso su propio esquema de compensaciones por pérdida de biodiversidad, los legisladores han criticado los planes por ser “demasiado simplistas”, en especial en términos de cómo se van a evaluar los impactos medioambientales.

“Los medioambientalistas sostienen que todo lo que esto hace es permitir el desarrollo. Eso no es cierto”, asevera Wayne White.

Saavedra respalda la compensación por pérdida de biodiversidad, pero manifiesta que su papel debería estar limitado. No debería ser la primera opción de los desarrolladores para reducir su impacto neto en el medio ambiente, dice. En cambio, debería usarse solo para compensar aquellos impactos residuales que no se pueden evitar, mitigar o reparar por otros medios; este concepto es conocido “jerarquía de mitigación”.

El Gobierno de Chile está tratando de implementar compensaciones por pérdidas de biodiversidad. Según Saavedra, hay un enorme potencial para este mecanismo en Chile dada la dependencia que tiene la economía de los recursos naturales.

La industria del salmón, que tiene un historial medioambiental menos que óptimo, se beneficiaría de la inversión en biodiversidad mediante la creación de un medio ambiente más saludable y sustentable en el que desarrollar los peces.

En tanto, las viñas del país, muchas de las cuales son líderes en gestión medioambiental, podrían convertirse en proveedores de servicios de biodiversidad que podrían generar una fuente de ingreso para ayudarles a expandir sus métodos de producción sustentable.

Las nuevas regulaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que entraron en vigencia en el 2014, representan un paso clave para ampliar y mejorar las compensaciones por pérdidas de biodiversidad en Chile, dice el director del SEA Irarrázabal.

En línea con las directrices internacionales, estas regulaciones incorporan los conceptos de compensación adecuada -asegurando la equivalencia entre el resultado adverso a ser compensado y la compensación- y de jerarquía de la mitigación, para limitar el tamaño de la compensación.

Sin embargo, estas reglas ofrecen solo los lineamientos básicos para el desarrollo de un esquema integral de compensación por pérdida de biodiversidad como los que se ven en Estados Unidos o Australia, señala Irarrázabal.

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile y el Servicio de Evaluación Ambiental están trabajando en el desarrollo de una guía para implementar proyectos destinados a compensar la pérdida de biodiversidad.

“Esperamos que esto forme un marco que nos permita continuar avanzando en el desarrollo de herramientas que reduzcan la tasa a la que estamos perdiendo biodiversidad”, sentencia Irarrázabal.

Tom Azzopardi trabaja como periodista freelance en Santiago

With a geography that runs from Antarctic wasteland to Andean wetlands, Chile offers an almost incomparable range of natural habitats in a single country. But during years of rapid economic expansion, far too little attention has been paid to protecting the country’s precious biodiversity and ecosystems.

Although around 14 million hectares of Chilean territory are protected through state-run national reserves and parks, the amount spent on conservation is minimal. A 2010 study by the United National Development Program (UNDP) showed that Chile spent just over US$0.60 per hectare on its protected areas; in comparison, Argentina spent over US$8 a hectare, including contributions from international organizations.

Protected marine areas, which are the responsibility of the National Fisheries Service (Sernapesca), receive almost no funding. Another study by universities in the US, Canada, the UK and Brazil placed Chile ninth on a list of 40 countries that spend the least on protected areas, alongside much more troubled countries such as Algeria, Eritrea, and Iraq.

This lamentable situation is the result of widespread misunderstanding of what biodiversity means and its importance, says Bárbara Saavedra, director in Chile of the Wildlife Conservation Society. “People think of the panda in Asia rather than the air that we breathe,” she says.

Recognizing the gap, the Chilean government is preparing to create a new Biodiversity and Protected Areas Service, which will take over and expand the role currently played by the national forestry corporation, CONAF, in operating the country’s protected areas.

But protecting biodiversity should go beyond national parks. The rapid expansion of cities, as well as mining, forestry, and other activities over recent decades, has wrought incalculable damage to Chile’s biodiversity. The Environmental Impact Assessment System (SEIA), created in 1997, was designed to ensure projects mitigated or repaired damage they caused to the environment. The system, however, has not always worked as planned.

Too often, biodiversity has suffered at the hands of this system, argues Saavedra. Besieged by social demands from local communities, regional authorities have often granted developers permission to intervene in delicate ecosystems in return for an unrelated form of compensation. In one case, a mining company was allowed to carry out work in a rare Andean wetland in exchange for funding a library at a local school.

Where developers have agreed to carry out environmental compensation, the results have been patchy at best.

Often companies agree to relocate a population of a particular species that will be affected by their project. But little preparation and follow-up work is carried out so that a few years later it can be difficult to say whether or not the affected species are thriving in their new habitat. Such work can be costly but the environmental gain is often marginal, critics say.

“In the large majority of cases, it is very difficult to establish their effectiveness. Nor are they measures which deal with all the impacts which biodiversity loss implies,” concedes Ricardo Irarrázabal, director of Chile’s Environmental Assessment Service (SEA).

Offsetting loss of biodiversity

In response to these failings, the Chilean government is now looking to a new mechanism that aims to ensure that private spending on compensating for loss of ecosystems goes where it is most needed.

Already widely used in number of countries, biodiversity offsetting is an economic instrument that requires developers to compensate for intervening in ecosystems by developing and financing alternative equivalent ecosystems.

Approaches differ; developers can implement the offset themselves or pay a third party to carry it out. But, crucially, the mechanism establishes that the offset land is protected or recovered to an agreed standard and ensures funding to keep the habitat to that standard in perpetuity, potentially outliving the project for which it was created and the company that funded it.

As biodiversity offsetting has become more common, so the mechanisms have become more sophisticated. In the United States, which has the world’s longest-running and best-established system of biodiversity offsets, this has given rise to ‘biobanks’. These institutions invest in the preservation of ecosystems and biodiversity; they then sell these biodiversity services to third parties that need to offset the impact of their own projects on the environment.

In the US, where biodiversity conservation is largely focused on the preservation and recovery of wetland habitats, this has led to the creation of around 1,200 wetland banks across the country with investment totaling several billion dollars.

The rise of wetland banking not only helps preserve critical habitats in perpetuity with private money, but has created a new industry and a new destination for green investment by ethically-minded investors, says Wayne White, who participated in the development of the system during his career at the US Fish and Wildlife Service. Today he is vice-president of the National Mitigation Banking Association.

By outsourcing biodiversity offsets to a specialist third party, the wetland bank ensures the funds are invested efficiently and are not reliant on the developer’s goodwill.

“[Voluntary] offset systems are basically unsuccessful… When money is tight one of the first things to go is the offset,” said White.

Biobanking also allows dozens of smaller projects to be combined into much large offset programs, which have a greater impact than a number of stand-alone programs.

Recognizing its advantages over individual compensation projects, authorities in the United States encouraged developers to opt for this system by lower compensation requirements if they cooperated with wetland banks, says White.

Towards a global standard

Today biodiversity offsetting is gaining traction around the world. More than 40 countries, including Brazil and Colombia, have put in place legislation or mechanisms to enable biodiversity offsets to take place. The European Union is considering using it as part of its 2020 Biodiversity Strategy.

“It is a mechanism which is gaining a lot of attention in many countries from policymakers and businesses,” Katia Karousakis of the Environmental Directorate at the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) told a recent seminar at the public studies center CEP in Santiago.

Outside the US, some of the most advanced biodiversity offset programs are found in the Australian states of New South Wales, Queensland and Victoria.

Multilateral organizations, such as the International Finance Corporation (IFC) and the Inter-American Development Bank (IDB), are promoting biodiversity offsetting as a means of encouraging investment in conservation. Meanwhile, multinational companies, such as oil major Royal Dutch Shell and mining firm BHP Billiton, are including it in their internal environmental policies.

Work is now underway to create a global standard for biodiversity offsets so that governments, businesses and NGOs have a common understanding of what is meant by a potentially slippery term.

The US-based Business and Biodiversity Offset Program (BBOP), which was formed by an alliance of the NGOs Wildlife Conservation Society and Forest Trends, brings together around 80 organizations, both private and public. Having drawn up standards, it is now developing six pilot programs around the world showing how biodiversity offsets should be implemented.

A mechanism of last resort

Support for biodiversity offsets is not universal. Some environmentalists see the mechanism as allowing developers to intervene in precious ecosystems that would otherwise be off-limits. In the United Kingdom, where the government has proposed its own scheme of biodiversity offsets, legislators have criticized the plans as “too simplistic”, especially in terms of how environmental impacts are to be assessed.

“Environmentalist folk say that all this does is allow development. That’s not true,” says Wayne White.

Saavedra is supportive of biodiversity offsetting but says its role should be limited. It should not be developers’ first option for reducing their net impact on the environment, she said. Instead, it should only be used to compensate for those residual impacts that cannot be avoided, mitigated or repaired by other means; this concept is known as ‘mitigation hierarchy’.

The Chilean government is now looking to implement biodiversity offsets. According to Saavedra, there is huge potential for this mechanism in Chile given the economy’s reliance on natural resources.

The salmon industry, which has a less than optimal environmental history, would benefit from investment in biodiversity by creating a healthier and more sustainable environment in which to farm fish.

Meanwhile, the country’s wineries, many of which are leaders in environmental management, could become providers of biodiversity services that could generate a source of income to help them expand their sustainable production methods.

The new regulations for the Environmental Impact Assessment System, which come into force in 2014, represent a key step to broadening and improving biodiversity offsets in Chile, says SEA director Irarrázabal.

In line with international guidelines, these regulations incorporate the concepts of adequate compensation, ensuring equivalence between the adverse outcome to be compensated and the offset, and mitigation hierarchy, to limit the size of the offset.

But these rules offer just the barebones for the development of a fully-fledged biodiversity offset scheme like the ones found in the United States or Australia, says Irarrázabal.

Chile’s Environment Ministry and the Environmental Assessment Service are now working on the development of a guide for implementing biodiversity offset projects.

“We hope that this will form a framework which allows us to continue advancing in the development of tools which reduce the rate at which we are losing biodiversity,” says Irarrázabal.

Tom Azzopardi is a freelance journalist based in Santiago