[:es]Columna “Minería: Cuatro actores llamados a probar todo su talento”[:]
03 Mayo 2017
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Los resultados de la encuesta anual 2016 del Instituto Fraser sobre la competitividad de 104 jurisdicciones mineras, en la que Chile, por primera vez, no aparece en el primer lugar de la región, no debiera ser una sorpresa sino más bien el corolario de la “crónica de un deterioro anunciado”.
Durante todo el año pasado se escucharon las voces de los expertos del sector y de los economistas advirtiendo de la pérdida de competitividad del país en general y, en particular, de nuestra minería.
Mientras que para algunos, ello obedecería a su institucionalidad -dado que cada proyecto demanda una gran cantidad de permisos y su revisión y aprobación tardan demasiado tiempo-, para otros, este daño es la respuesta lógica al incremento de costos y disminución de los niveles de productividad de la industria minera.
Sabido es que son cuatro los grandes protagonistas que inciden en los resultados sobre competitividad, productividad, costos y en definitiva, el futuro del cobre en Chile: el Estado, compañías mineras, fuerza laboral y comunidades. Por ello, más que atribuir sólo a una causa la caída de la competitividad, parece más apropiado revisar el rol que cada uno de estos actores ha desempeñado en el último tiempo.
El Estado sin duda tiene un papel determinante, pues debido a que día a día disminuye la calidad de los recursos en las operaciones vigentes, mantener o aumentar la producción pasará a depender de los aportes de proyectos tanto de mantención de producción como de nuevos proyectos que se encuentran en carpeta. Éstos, sin embargo, deben sortear hoy una infinidad de trámites burocráticos y reproches ciudadanos que, muchas veces, van más allá de los realmente necesarios para asegurar que se trata de iniciativas sustentables y estrictamente apegadas a la ley.
A ello se suma, entre otros, la rígida legislación laboral que entró en vigencia el 1 de abril recién pasado, en la que uno de los aspectos más preocupantes es la extensión de los contratos colectivos que no podrán exceder los tres años de duración, así como también la definición de los servicios mínimos, un concepto que la nueva ley incorpora como obligatorio.
El segundo actor lo constituyen las empresas mineras, que sin ir más lejos recientemente reconocieron estar al debe con las comunidades tras publicarse el resultado del primer estudio local “Visión de la comunidad sobre la inversión social de la minería – Caso Sierra Gorda”, que muestra la valoración que éstas hacen al aporte social del sector minero. Una de sus conclusiones plantea que “la inversión social de dichas mineras podría ser más pertinente a las necesidades del territorio y ser mejor comunicada, lo que generaría más oportunidades de un diálogo abierto y transparente”, es decir, si bien hace ya cinco años que las mineras se propusieron mejorar sus vínculos con la ciudadanía, aún tienen muchas tareas pendientes para validar sus operaciones ante los habitantes vecinos a sus emplazamientos.
La fuerza laboral, cómo actor relevante, necesariamente debe entender y aceptar que la situación que enfrenta la industria del cobre es cada día más compleja, por lo que no es posible alcanzar los acuerdos económicos de hace algunos años. Además debe comprender que hoy resulta prácticamente imposible mantener las remuneraciones y beneficios que solían obtener. Bien cabe citar, el caso de los trabajadores de Escondida, que tras 43 días de huelga depusieron la paralización el 23 de marzo recién pasado tras acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo, que prorroga el contrato colectivo vigente hasta la próxima negociación en 18 meses más, cuando la reforma laboral ya estará vigente. Esta movilización, que a la fecha es la huelga más larga de la minería privada en el país, ocasionó pérdidas que ascenderán a entre 220.000 y 230.000 toneladas de cobre, lo que representa cerca de 1% de la producción global anual según Cochilco, una cifra que supera los US$1.000 millones a los precios actuales, pero que más allá de la cifras, ocasionó un grave daño a la relación laboral.
El cuarto y último protagonista lo constituyen las comunidades, las que adquieren mayor relevancia gracias a la globalización que permitió la expansión de las telecomunicaciones a los lugares más recónditos del planeta. Ello determinó que las empresas se enfrenten a una comunidad más empoderada e informada que las obliga a mantener un diálogo permanente sobre los grandes proyectos mineros, los que, muchas veces por esta falta de comunicación, se ven rechazados por temor al daño que pueda ocasionar al patrimonio ambiental y/o histórico del entorno, sea este real o imaginario.
Por Pedro Damjanic.- VP Minería de Finning Sudamérica.[:]
Los resultados de la encuesta anual 2016 del Instituto Fraser sobre la competitividad de 104 jurisdicciones mineras, en la que Chile, por primera vez, no aparece en el primer lugar de la región, no debiera ser una sorpresa sino más bien el corolario de la “crónica de un deterioro anunciado”.
Durante todo el año pasado se escucharon las voces de los expertos del sector y de los economistas advirtiendo de la pérdida de competitividad del país en general y, en particular, de nuestra minería.
Mientras que para algunos, ello obedecería a su institucionalidad -dado que cada proyecto demanda una gran cantidad de permisos y su revisión y aprobación tardan demasiado tiempo-, para otros, este daño es la respuesta lógica al incremento de costos y disminución de los niveles de productividad de la industria minera.
Sabido es que son cuatro los grandes protagonistas que inciden en los resultados sobre competitividad, productividad, costos y en definitiva, el futuro del cobre en Chile: el Estado, compañías mineras, fuerza laboral y comunidades. Por ello, más que atribuir sólo a una causa la caída de la competitividad, parece más apropiado revisar el rol que cada uno de estos actores ha desempeñado en el último tiempo.
El Estado sin duda tiene un papel determinante, pues debido a que día a día disminuye la calidad de los recursos en las operaciones vigentes, mantener o aumentar la producción pasará a depender de los aportes de proyectos tanto de mantención de producción como de nuevos proyectos que se encuentran en carpeta. Éstos, sin embargo, deben sortear hoy una infinidad de trámites burocráticos y reproches ciudadanos que, muchas veces, van más allá de los realmente necesarios para asegurar que se trata de iniciativas sustentables y estrictamente apegadas a la ley.
A ello se suma, entre otros, la rígida legislación laboral que entró en vigencia el 1 de abril recién pasado, en la que uno de los aspectos más preocupantes es la extensión de los contratos colectivos que no podrán exceder los tres años de duración, así como también la definición de los servicios mínimos, un concepto que la nueva ley incorpora como obligatorio.
El segundo actor lo constituyen las empresas mineras, que sin ir más lejos recientemente reconocieron estar al debe con las comunidades tras publicarse el resultado del primer estudio local “Visión de la comunidad sobre la inversión social de la minería – Caso Sierra Gorda”, que muestra la valoración que éstas hacen al aporte social del sector minero. Una de sus conclusiones plantea que “la inversión social de dichas mineras podría ser más pertinente a las necesidades del territorio y ser mejor comunicada, lo que generaría más oportunidades de un diálogo abierto y transparente”, es decir, si bien hace ya cinco años que las mineras se propusieron mejorar sus vínculos con la ciudadanía, aún tienen muchas tareas pendientes para validar sus operaciones ante los habitantes vecinos a sus emplazamientos.
La fuerza laboral, cómo actor relevante, necesariamente debe entender y aceptar que la situación que enfrenta la industria del cobre es cada día más compleja, por lo que no es posible alcanzar los acuerdos económicos de hace algunos años. Además debe comprender que hoy resulta prácticamente imposible mantener las remuneraciones y beneficios que solían obtener. Bien cabe citar, el caso de los trabajadores de Escondida, que tras 43 días de huelga depusieron la paralización el 23 de marzo recién pasado tras acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo, que prorroga el contrato colectivo vigente hasta la próxima negociación en 18 meses más, cuando la reforma laboral ya estará vigente. Esta movilización, que a la fecha es la huelga más larga de la minería privada en el país, ocasionó pérdidas que ascenderán a entre 220.000 y 230.000 toneladas de cobre, lo que representa cerca de 1% de la producción global anual según Cochilco, una cifra que supera los US$1.000 millones a los precios actuales, pero que más allá de la cifras, ocasionó un grave daño a la relación laboral.
El cuarto y último protagonista lo constituyen las comunidades, las que adquieren mayor relevancia gracias a la globalización que permitió la expansión de las telecomunicaciones a los lugares más recónditos del planeta. Ello determinó que las empresas se enfrenten a una comunidad más empoderada e informada que las obliga a mantener un diálogo permanente sobre los grandes proyectos mineros, los que, muchas veces por esta falta de comunicación, se ven rechazados por temor al daño que pueda ocasionar al patrimonio ambiental y/o histórico del entorno, sea este real o imaginario.
Por Pedro Damjanic.- VP Minería de Finning Sudamérica.[:]