"Necesitamos fortalecer nuestra capacidad para atraer inversiones estratégicas, ofreciendo un entorno que combine certeza jurídica, incentivos tributarios y una agenda de desarrollo que incorpore la innovación y la digitalización".

La reciente noticia de que OpenAI eligió a Argentina para instalar un proyecto de infraestructura por hasta US$ 25.000 millones debería hacernos reflexionar sobre el lugar que Chile está ocupando hoy en el mapa global de las inversiones.

Más allá del mérito de nuestros vecinos, esta decisión responde en buena medida al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una política pública que entrega certezas tributarias por 30 años y condiciones estables para proyectos de gran escala. Ese marco es, justamente, lo que inversionistas globales buscan: reglas claras, certeza jurídica y visión de largo plazo.

Chile ha sido históricamente reconocido como un país confiable, serio y predecible. Sin embargo, en un contexto internacional cada vez más competitivo, la confiabilidad ya no basta. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad para atraer inversiones estratégicas, ofreciendo un entorno que combine certeza jurídica, incentivos tributarios y una agenda de desarrollo que incorpore la innovación y la digitalización.

Si queremos que una próxima inversión tecnológica de esta magnitud ocurra en nuestro país, debemos actuar ahora. Poner nuevamente a Chile en el mapa global de la inversión requiere visión de Estado, una regulación que acompañe, colaboración público-privada, y una convicción de que el crecimiento también se construye atrayendo al mundo a creer (e invertir) en nosotros.