En un contexto donde la digitalización avanza y las amenazas criminales se vuelven más complejas, Felipe Harboe entregó a los socios de AmCham Chile un diagnóstico detallado sobre los riesgos que enfrenta el país y las nuevas exigencias que recaen sobre las empresas.

El conversatorio “Ciberseguridad, Datos y el Futuro de la Seguridad Pública en Chile”, organizado por la Mesa de Seguridad Pública de AmCham Chile, reunió a representantes de diversos sectores para abordar un tema que ya no admite postergaciones: la intersección entre tecnología, crimen y regulaciones. Harboe, con experiencia legislativa y en seguridad pública, llevó a los asistentes por un análisis donde las cifras y la normativa se cruzaron con advertencias sobre los desafíos que vienen.

El punto de partida fue claro: la economía ya es digital, y su continuidad depende de sistemas robustos de protección de datos. Harboe explicó que los cambios regulatorios —con la Ley de Protección de Datos, la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley Fintech— exigen a las empresas abandonar la lógica del cumplimiento simbólico. Ahora deben demostrar, con evidencia, que sus procesos cumplen con los estándares. “Acá la fiscalización no va a ser solo al tema normativo o a la existencia de un papel, sino a la prueba de que esto tiene aplicación permanente, en la lógica de que es más un verbo que un sustantivo”, afirmó.

El dato, remarcó, deja de ser un activo corporativo y vuelve a su origen: pertenece a las personas. “Lo que antes sabíamos hoy día se consagra: el dato no es de ninguna de las empresas que están sentadas acá, sino de las personas a las que se refieren. Por tanto, en ese escenario, tenemos que empezar a justificar por qué tenemos datos”, explicó, anticipando un escenario donde los ciudadanos, empoderados por los derechos ARCO, podrán fiscalizar a las organizaciones. Incluso lo graficó con humor: “Un domingo, aburridos porque no hay partido de fútbol o porque se cortó la luz, los jóvenes van a empezar a decir: ‘Vamos a ver si Genesys, General Motors o Falabella tienen un dato mío’. Y van a ejercer su derecho ARCO, dándole diez días a la empresa”.

Las cifras expuestas reflejaron la magnitud del problema. En 2024, Chile sufrió 27.600 millones de intentos de ciberataques, un salto del 360% en un año, que lo posicionó como el tercer país más atacado de Latinoamérica. Estos ataques se concentran en sectores estratégicos y revelan las debilidades de las cadenas de suministro, donde un proveedor vulnerable puede comprometer a todo un sistema.

El expositor también abordó la resistencia de algunas compañías a reportar incidentes, motivada por el temor al daño reputacional. “Cuando una empresa reconoce la existencia de un incidente en materia de ciberseguridad, está sujeta a un cuestionamiento permanente y, particularmente, a un potencial daño reputacional. Entonces, por incentivos perversos, muchas veces se prefiere esconderlo, no decirlo y tratar de superarlo solo”, comentó, advirtiendo que esta práctica incrementa los riesgos.

La seguridad pública apareció en la conversación como un espejo de la ciberseguridad. Ambos mundos, dijo, están conectados por un mismo fenómeno: la criminalidad se ha transformado. En la última década, los homicidios crecieron un 62%, los secuestros un 104% y las extorsiones un 1.296%. Este salto, acompañado de mayor violencia, muestra cómo el crimen organizado encontró en Chile un terreno cómodo, incluso infiltrándose en instituciones y operando con redes transnacionales.

Harboe advirtió que estos cambios exigen una respuesta más amplia. La ciberseguridad ya no puede limitarse a las áreas de TI, y la seguridad pública no es solo un asunto policial. Ambas requieren liderazgo desde los directorios, gobernanza digital y una cultura organizacional que asuma el riesgo como parte de la estrategia. La acumulación de datos innecesarios, la falta de coordinación entre reguladores y la ausencia de preparación en niveles ejecutivos son factores que, según expuso, deben abordarse con urgencia.

Las empresas, dijo, tienen ante sí una oportunidad: quienes logren adaptarse a este nuevo “campo de juego” no solo reducirán riesgos, sino que también ganarán en competitividad. El cumplimiento activo y la anticipación de cambios regulatorios se transforman en ventajas estratégicas. Proteger los activos digitales ya no es una opción; es la base para sostener la confianza, atraer inversión y asegurar la continuidad de los negocios.

El conversatorio cerró con un mensaje transversal: la seguridad —física y digital— se ha vuelto condición habilitante para el desarrollo económico. En un país donde el crimen evoluciona y los datos son el activo más expuesto, las organizaciones que reaccionen a tiempo estarán en mejor posición para enfrentar los desafíos que se avecinan.