¿Cómo hace un país de 15 millones de habitantes para incentivar a las empresas extranjerass para que se establezcan en él? Un reciente estudio, efectuado por AmCham y la Confederación de la Producción y del Comercio Chile (CPC), señala los desafíos para posicionar a Chile como el principal centro de negocios de Latinoamérica.

A pesar de su pequeño mercado doméstico, Chile ha tenido un considerable éxito para atraer la inversión extranjera. Sin duda alguna que la inversión extranjera directa (FDI), durante la década de los ‘90s, fue un factor clave para impulsar el crecimiento económico récord del país.

Los proyectos mineros y la privatización de los servicios de utilidad pública, por supuesto que también fueron responsables de la mayor parte de estas entradas de capital. Pero más recientemente, ha surgido una nueva tendencia: la utilización de Chile por parte de las compañías internacionales como una “plataforma”, desde la cual suministrar productos y servicios a otros países, a través de América Latina y, en algunos casos, para administrar empresas en dichos países.

Efectivamente, en el Ranking de Países Más Atractivos para que las multinacionales localicen sus servicios del año 2004 (en inglés, Offshore Location Attractiveness Index 2004), publicado por A. T. Kearney, una firma consultora de gestión con sede en Chicago, Chile fue clasificado en el noveno lugar de un total de 25 países incluidos en el estudio. Y en la actualidad, alrededor de cincuenta compañías ya han seleccionado a Chile como el sitio “plataforma” para inversiones, las que van desde centros de llamados, centros de desarrollo de software y oficinas de contratación y servicios de gestión para centros de servicios compartidos y sedes regionales.

Las razones por las cuales dichas compañías están eligiendo a Chile como una plataforma regional de negocios, son bien conocidas e incluyen su estabilidad política, económica y social; su eficiencia y su economía de mercado integrada internacionalmente; una fuerza laboral altamente calificada y la reputación del país por su transparencia. Un estudio recientemente publicado por AmCham y la CPC, no sólo analiza estas ventajas, sino también algunos de los desafíos que Chile enfrenta a medida que busca consolidar su posición como un centro de regional de negocios.

El estudio presentado recientemente al Presidente Ricardo Lagos, se basa primariamente en una encuesta confidencial, efectuada a cerca de 50 compañías, la cual fue seguida, en algunos casos, con entrevistas personales. Además, en un intento para proponer soluciones a los problemas detectados, fueron consultados una cantidad de expertos en esta materia, incluyendo a PriceWaterhouseCoopers.

El estudio muestra que la razón más importante, relacionada con los motivos por los cuales las compañías establecen operaciones de “plataforma”, es la reducción de costos, no obstante que la normalización de los procedimientos también constituye un factor importante. Este es por ejemplo el caso de los centros de llamadas regionales, que permiten a una compañía, suministrar el mismo estándar de servicios a sus clientes a través de la región.

De manera predecible, los principales competidores de Chile cuando ocurre la selección de un país “plataforma”, son las tres principales economías latinoamericanas: Argentina, Brasil y México. Y Argentina que una vez fue muy cara, es considerada en la actualidad como la más atractiva de las tres, con posterioridad a su devaluación a inicios del 2002.

La importancia del Inglés

Según el estudio de AmCham-CPC, el desafío más importante para Chile como país plataforma, es el de mejorar sus conocimientos del idioma. Se encontró que el 59% de las compañías encuestadas, estimaban que Chile necesitaba concentrarse en esta área y que, no obstante que los sectores público, privado y educacionales están concientes de la importancia del inglés, la disponibilidad de personal capacitado en inglés, permanece bajo las expectativas de las multinacionales en todos los niveles profesionales, incluyendo el nivel de altos ejecutivos.

Más aún, la situación solo empeora en el caso de otros idiomas distintos al inglés. “Chile está muy lejos de los estándares de los países europeos, donde la regla común es la de hablar dos o tres idiomas”, señala el estudio. Esto también se vio reflejado en el Offshore Location Attractiveness Index, de A. T. Kearney, donde Chile cayó de su noveno lugar, a la posición número 15, en la disponibilidad de conocimientos de inglés, detrás de otros países que incluyeron a Costa Rica, Argentina y España.

En 2003, el gobierno lanzó el programa “Inglés Abre Puertas”, un plan de 10 años para elevar los estándares de inglés entre los graduados de educación secundaria. Comenzando con un programa de certificación para profesores de inglés, el plan busca asegurar que todos los graduados de los colegios, tengan un dominio del inglés equivalente al Examen Preliminar de Ingles (en inglés Preliminary English Test - PET), el segundo nivel de exámenes para personas no originarias de habla inglesa, diseñado por la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

De manera similar, en el 2004, la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO), lanzó un Registro Nacional de Personas de Habla Inglesa, una base de datos en línea que las compañías pueden utilizar para investigar acerca de personal de habla inglesa (http://wapp.corfo.cl/riel). De las 17.430 personas que fueron evaluadas utilizando el Examen de Inglés para Comunicaciones Internacionales (en inglés Test of English for International Communication - TOEIC), el 87% fue calificado en las cuatro primeras de las seis categorías de habilidades de la prueba y fueron incluidas en el registro.

El estudio AmCham-CPC aplaude estas iniciativas, pero también sugiere una cantidad de otros modos con los cuales se podría acelerar el progreso. Un planteamiento innovador, denominado Ciudades de Habla Inglesa (en inglés English Talk Towns) podría crear pequeñas comunidades bilingües, donde la gente podría reunirse para aprender y practicar inglés. Estas “ciudades” apoyadas por las compañías estadounidenses que operan en Chile, podrían incluir, por ejemplo, a chóferes de taxi y a camareros de restaurantes bilingües. AmCham está discutiendo esta iniciativa en la actualidad con el Ministerio de Educación y se espera que pronto se establezca un programa piloto en un mall de compras en la Comuna de Maipú, al oeste de Santiago.

El informe también atrae la atención hacia una cantidad de medidas sobre las cuales la CPC y el Ministerio de Educación ya se encuentran trabajando, bajo la Agenda Pro-Crecimiento II, diseñada en conjunto por el sector privado y el gobierno. Estas incluyen la creación del Centro Nacional de Voluntarios de Habla Inglesa, un programa que complementará la educación de inglés en los colegios, a través de la participación dentro de las clases, de voluntarios originarios de habla inglesa. Ya han sido implementados programas piloto en Antofagasta, Valparaíso y Viña del Mar, así como también en Santiago.

Leyes laborales

Las leyes laborales chilenas constituyen el segundo problema de mayor importancia identificado por la encuesta. Según el 36% de las compañías encuestadas, ellas representan una barrera para el desarrollo de compañías de plataforma, con quejas que se centran alrededor de las restricciones para los trabajadores extranjeros y en la organización de las horas de trabajo.

No obstante que Chile es conocido por su libertad en materia económica, sus leyes laborales estipulan que -con algunas excepciones- por lo menos el 85% de los empleados de las compañías deben ser ciudadanos chilenos. Según el 27% de las compañías encuestadas, esto representa un problema para sus empresas, mientras que un 14% adicional, también citó dificultades para obtener visas para el personal extranjero.

Aproximadamente otras tantas compañías -cerca del 23%- también se quejaron de las dificultades para establecer las horas laborales requeridas por sus empresas, sin infringir las leyes laborales chilenas. El estudio señala que “muchas de las actividades a las que se dedican las compañías de plataforma, requieren de horarios de trabajo continuos o flexibles, tal como en el caso de los centros de llamadas, apoyo tecnológico y servicios de gestión”. En este contexto, sugiere una flexibilización de la ley que pudiera permitir que los horarios de trabajo fueran negociados con mayor libertad por una compañía y sus empleados, estableciendo la ley solamente el número máximo de horas que pueden ser trabajadas, en vez del modo en que ellas son organizadas.

El estudio también identifica los costos del termino de un contrato laboral -lo que incluye un pago de indemnización por despido basado en años de servicio- como otro tema crucial. Argumenta el estudio que “en Chile, los costos de despido son excesivamente caros y dañan la competitividad de las compañías”. Como posible solución, sugiere incrementar los aportes para un plan de seguro de desempleo que fue lanzado en el 2002, mientras que, al mismo tiempo, se reduce el pago de la indemnización por despido por los años de servicio.

Un problema de impuestos

La tributación -otro tema clave en el desarrollo de un centro de negocios en cualquier parte del mundo- también fue analizado intensivamente por el estudio de AmCham-CPC. Y a lo mejor, de manera predecible, el saldo de sus conclusiones es negativo.

El estudio reconoce el progreso de Chile para firmar los tratados que evitan la doble tributación con sus principales socios comerciales (a pesar de que a la fecha, la lista no incluye a los Estados Unidos). Sin embargo, el informe urge progresos más rápidos y adicionales en este campo.

También señala que aunque se haya implementado un tratado para evitar la doble tributación, el máximo crédito tributario que pueden solicitar las compañías que operan en Chile por concepto de impuestos a la renta pagados en el extranjero, es del 30% (17% en caso de que no exista un tratado de doble tributación), aún cuando una tasa más alta haya sido pagada en el otro país. El informe sugiere que el crédito debería ser incrementado a la tasa pagada en el extranjero, especialmente cuando no existe un tratado de doble tributación y, que el límite superior debería ser elevado al 35%.

También destaca el hecho de que cuando los servicios han sido producidos en Chile, pero vendidos en otro país, el Servicio de Impuestos Internos chileno no permite que los impuestos pagados en ese país sean utilizados como crédito. Esto es especialmente grave para actividades de plataforma, tales como los centros de servicios compartidos, los que por definición, sirven a otros países. “La limitación impuesta por esta interpretación administrativa (de la ley tributaria), socava las posibilidades chilenas de pasar a ser efectivamente un exportador de servicios”, argumenta el informe.

La exportación de servicios también enfrenta un obstáculo adicional en lo que se refiere a la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), correspondiente, para lo cual el servicio debe estar certificado como una exportación por el Servicio Nacional de Aduanas. Según el informe, la burocracia hace que este proceso sea engorroso y el Servicio aplica una definición restrictiva y atrasada de exportación de servicios.

El estudio también proporciona una cantidad de sugerencias para mejorar la efectividad de la ley introducida en el 2002, para facilitar la utilización de Chile como una plataforma para efectuar -en vez de sólo administrar- inversiones en otros países. En su disposición principal, esta ley estipula que una compañía formada exclusivamente como una plataforma para inversiones en el exterior, está exenta de los impuestos chilenos sobre las utilidades que los accionistas extranjeros originan de sus inversiones fuera de Chile.

Sin embargo, según el informe, una cantidad de restricciones han desincentivado la utilización de la ley. Estas incluyen el hecho de que debido a que las compañías de inversiones técnicamente no están domiciliadas en Chile, ellas no pueden hacer uso de los tratados para evitar la doble tributación (excepto con Argentina). Más aún, están obligadas a utilizar normas contables chilenas y el año financiero chileno, el cual no coincide necesariamente con sus prácticas propias y uno de sus cinco directores, debe ser residente en Chile.

Las soluciones a estos problemas, señala el informe, son obvias. Y a diferencia de otros problemas tributarios que son sensibles desde los puntos de vista político y educacional, donde el progreso tiende a ser medido por generaciones, ellas son fáciles de implementar y prometen resultados rápidos.

En búsqueda de técnicos calificados

A pesar de que las compañías de plataforma en Chile valorizan los estándares de los profesionales del país, ellas están preocupadas acerca del escaso suministro de técnicos calificados. Esto fue identificado como un problema por el 23% de las encuestadas por AmCham y CPC. No obstante que esta escasez fue informada a través de diferentes sectores, el estudio encontró que esto era más agudo en el sector tecnológico, donde afecta, por ejemplo, a los desarrolladores de software.

Las compañías también indicaron que la contratación de técnicos calificados pasa a ser mucho más difícil si es requerido que sean eficientes en inglés. Y en un problema relacionado, ellos notaron una falta de literatura computacional entre el personal de apoyo, tales como en los operadores de centros de llamadas.

Según el Ministerio de Educación, de un total de 580.815 estudiantes de educación superior, en el 2004, el 71% de ellos estaban en universidades, el 18% en institutos profesionales y sólo el 11%, en centros de capacitación técnica. “Estas cifras hablan por sí solas”, señala el informe.

Sugiere que un paso importante hacia el incremento del suministro de técnicos calificados, sería intentar cambiar la percepción acerca de su estatus social, incrementando el valor que es atribuido a la capacitación técnica en comparación con un grado universitario. El informe indica que en las condiciones actuales del mercado, no es poco común encontrar a graduados universitarios en puestos técnicos.

También apoya una mayor participación del sector privado en los esfuerzos gubernamentales para mejorar la calidad de la educación técnica y para diseñarla de una forma más cercana a las necesidades de las empresas. Además, recomienda que el plan nacional para certificar las capacidades laborales, se haga en forma más flexible y que debería incluir un mayor rol para el sector privado.

Este artículo es un resumen de un informe más extenso que se encuentra disponible en inglés y español en el sitio web de AmCham: (www.amchamchile.cl). Para solicitar información o ayuda adicional, agradeceremos contactar a Amanda Jefferson ([email protected]).

How does a country with 15 million inhabitants encourage foreign businesses to set up shop there? A recent study by AmCham and Chile’s Confederation of Industry and Trade looks at the challenges of positioning Chile as Latin America’s premier business hub.

Despite its small domestic market, Chile has had considerable success in attracting foreign investment. Indeed, in the 1990s, foreign direct investment (FDI) was a key factor in driving the country’s record economic growth.

Mining projects and the privatization of public utilities, of course, accounted for the lion’s share of those inflows. But, more recently, a new trend has emerged - the use of Chile by international companies as a “platform” from which to supply goods and services to other countries around Latin America and, in some cases, to manage assets in those countries.

Indeed, in the Offshore Location Attractiveness Index 2004, published by A. T. Kearney, a Chicago-based management consulting firm, Chile ranked in overall 9th place out of the 25 countries included in the study. And, today, some fifty companies have already selected Chile as the location for “platform” investments, ranging from call centers, software development hubs and front and back offices to shared services centers and regional headquarters.

The reasons that companies are choosing Chile as a regional business platform are well known and include its political, economic and social stability, its efficient and internationally-integrated market economy, a high-caliber labor force and the country’s reputation for transparency. A study, released recently by AmCham and Chile’s Confederation of Industry and Trade (CPC), looks not only at these advantages but also at some of the challenges that Chile face as it seeks to consolidate its position as a regional business hub.

The study, presented recently to President Ricardo Lagos, draws primarily on a confidential survey of some 50 companies, which was followed up in some cases with personal interviews. In addition, in a bid to propose solutions to the problems detected, a number of experts in the field, including PricewaterhouseCoopers, were consulted.

The study shows that the single most important reason why companies establish “platform” operations is to reduce costs, although the standardization of procedures is also an important factor. This is, for example, the case of regional call centers, which allow a company to provide the same standard of service to its clients throughout the region.

Predictably, Chile’s main competitors when it comes to selecting a “platform” country are Latin America’s three largest economies - Argentina, Brazil and Mexico. And Argentina, once expensive, is now considered the most attractive of the three, following its devaluation in early 2002.

The importance of English

According to the AmCham-CPC study, the most important challenge for Chile as a platform country is to improve its language skills. It found that 59% of the companies surveyed believe that Chile needs to focus on this area and that, although the public, private and educational sectors are aware of the importance of English, the availability of staff who are proficient in English remains below the expectations of multinationals at all professional levels, including high-level executives.

Moreover, the situation only worsens in the case of languages other than English. “Chile is a long way from the standards of European countries where it is common to speak two or three languages,” notes the study. This was also reflected in A. T. Kearney’s Offshore Location Attractiveness Index where, Chile dropped from its overall 9th place to 15th position on the availability of English skills, after countries that included Costa Rica, Argentina and Spain.

In 2003, the government launched “English Opens Doors”, a ten-year plan to raise standards of English among high school graduates. Starting with a program of certification for English teachers, the plan seeks to ensure that all high school graduates will have a command of English equivalent to the Preliminary English Test (PET), the second level of the exams for non-native speakers set by Cambridge University, England.

Similarly, in 2004, the Chilean Economic Development Agency (CORFO) launched a National Register of English Speakers, an online database that companies can use to scout for English-speaking personnel (http://wapp.corfo.cl/riel). Of the 17,430 people who were assessed using the Test of English for International Communication (TOEIC), 87% qualified in the first four of the test’s six categories of proficiency and were included in the register.

The AmCham-CPC study applauds these initiatives, but also suggests a number of other ways in which progress could be hastened. One innovate approach, called English Talk Towns, would create bilingual mini-communities where people could gather to learn and practice English.

These “towns”, supported by U.S. companies operating in Chile, would include, for example, bilingual taxi drivers and restaurant waiters. AmCham is currently discussing this initiative with the Ministry of Education and it is soon hoped to establish a pilot program in a shopping mall in the Maipú district of western Santiago.

The report also draws attention to a number of measures on which the CPC and the Ministry of Education are already working under the Pro-Growth Agenda II, drawn up jointly by the private sector and the government. These include the creation of the National Center of English-Speaking Volunteers, a program that will supplement English education in schools through the in-class participation of native English-speaking volunteers. Pilot programs are already in place in Antofagasta, Valparaíso and Viña del Mar as well as Santiago.

Labor laws

Chile’s labor laws are the second most important problem identified by the survey. According to 36% of the companies surveyed, they represent a barrier to the development of platform companies, with complaints centering around restrictions on foreign workers and on the organization of working hours.

Although Chile is known for its economic freedom, its labor laws stipulate that - with some exceptions - at least 85% of a company’s employees must be Chilean citizens. According to 27% of the companies surveyed, this represents a problem for their businesses, while a further 14% also cited difficulties in obtaining a visa for overseas staff.

Almost as many companies - 23% - also complained of difficulties in establishing the working hours required by their businesses without infringing Chile’s labor laws. “Many of the activities in which platform companies engage require continuous or flexible work schedules, as is the case in call centers, technological support and back offices,” the study observes. In this context, it suggests a flexibilization of the law, which would allow work schedules to be negotiated more freely by a company and its employees, with the law establishing only the maximum number of hours that could be worked, rather than the way in which they are organized.

The study also identifies the costs of terminating an employee’s contract - which include a redundancy payment based on years of service - as another crucial issue. “In Chile, dismissal costs are excessively burdensome, damaging the competitiveness of companies,” it argues. As a possible solution, it suggests increasing contributions to an unemployment insurance scheme that was launched in 2002 while, at the same time, reducing redundancy pay for years of service.

A taxing problem

Taxation - always a key issue in the development of a business hub anywhere in the world - was also analyzed extensively by the AmCham-CPC study. And, perhaps predictably, the balance of its conclusions is negative.

The study recognizes Chile’s progress in signing double taxation avoidance agreements with its main trading partners (although, to date, the list does not include the United States). However, the report urges further and more rapid advances in this field.

It also points out that, even when a double taxation avoidance agreement is in place, the maximum tax credit that companies operating in Chile can claim for income taxes paid abroad is 30% (17% in the absence of a double taxation agreement), even when a higher rate has been paid in the other country. The report suggests that the credit should be increased to the rate paid abroad, especially when a double taxation treaty does not exist, and that the upper limit should be raised to 35%.

It also highlights the fact that when services are produced in Chile, but sold in another country, the Chilean tax service does not allow the taxes paid in that country to be used as a credit. This is particularly serious for platform activities such as shared services centers which, by definition, serve other countries. “The limitation imposed by this administrative interpretation (of tax law) undermines Chile’s possibilities of effectively becoming an exporter of services,” argues the report.

Service exports also face an additional obstacle in that, in order to claim back the corresponding Value-Added Tax (VAT), the service must be certified as an export by the National Customs Service. According to the report, bureaucracy makes this process cumbersome and the Service applies a restrictive and outdated definition of service exports.

The study also puts forward a number of suggestions for improving the effectiveness of a law introduced in 2002 to facilitate the use of Chile as a platform for making - rather than just managing - investments in other countries. In its main provision, this law stipulates that a company set up exclusively as a platform for investments abroad is exempt from Chilean tax on the profits that overseas shareholders derive from its investments outside Chile.

However, according to the report, a number of restrictions have discouraged the use of the law. These include the fact that because investment companies are not technically domiciled in Chile, they cannot make use of Chile’s double taxation avoidance treaties (except that with Argentina). Moreover, they are obliged to use Chilean accounting standards and the Chilean financial year, which do not necessarily coincide with their own practices, and one of their five directors must be resident in Chile.

The solutions to these problems are, the report points out, obvious. And, unlike other tax issues, which are politically sensitive, or education, where progress tends to be measured in generations, they are simple to implement and promise rapid results.

In search of qualified technicians

Although platform companies in Chile value the standards of the country’s professionals, they are concerned about a short supply of qualified technicians. This was identified as a problem by 23% of those surveyed by AmCham and the CPC. Although this scarcity was reported across different sectors, the survey found that it is most acute in the technology sector where it affects, for example, software developers.

Companies also indicated that hiring qualified technicians becomes more difficult if they are required to be proficient in English. And, in a related problem, they noted a lack of computer literacy among support staff, such as call center operators.

According to the Ministry of Education, out of a total of 580,815 higher-education students in 2004, 71% were in universities, 18% in professional institutes and only 11% in technical training centers. “Those figures speak for themselves,” notes the report.

It suggests that an important step towards increasing the supply of qualified technicians would be to attempt to change the perception of their social status, increasing the value that is attached to technical training vis-à-vis a university degree. Indeed, the report notes that, in present market conditions, it is not uncommon to find university graduates in technical posts.

It also advocates greater private-sector involvement in government efforts to improve the quality of technical education and to tailor it more closely to the needs of firms. In addition, it recommends that the national scheme for certifying labor skills should be made more flexible and should include a greater role for the private sector.

This article is a summary of a more extensive report that is available in English and Spanish on AmCham’s website (www.amchamchile.cl). For additional information or assistance, please contact Amanda Jefferson ([email protected]).