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En septiembre de 2016 comenzó un proceso hacia una nueva ley de distribución eléctrica. hoy los actores están en plena discusión de cómo se organizará una industria que debe sortear nuevos modelos de negocios y sobreponerse al desarrollo vertiginoso de la tecnología.

Hace más de 30 años que Chile tiene la misma regulación en materia distribución eléctrica, no obstante, hoy los desafíos son diferentes y están limitando al mercado. Por ello, a ojos de los actores del sector y del gobierno, es necesario reformular la normativa. Un proceso largo y complejo que recién está comenzando.

En septiembre pasado y luego del Seminario Internacional: “El Futuro de la Distribución de Energía Eléctrica”, organizado por el Ministerio de Energía y actores del sector, se conformaron cuatro grupos de trabajo temáticos en aspectos técnicos, económicos y regulatorios, para llegar a un diagnóstico compartido que finalizará en abril.

Lo que vendrá más tarde, explica Andrés Romero, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), será “una discusión participativa acerca del modelo que debe inspirar la regulación, es decir, cómo se organizará esta industria, hasta dónde llega el monopolio y desde dónde se abrirá la competencia”. Ya con un modelo claro, se proyecta a fines de 2017 iniciar la redacción del anteproyecto de una nueva ley de distribución eléctrica.

“El futuro se nos viene encima”, comenta Romero ante la normativa y señala que la participación colaborativa de los actores, el foco hacia los consumidores, abrirse a la competencia y garantizar una retribución justa a los distribuidores por sus inversiones, son algunos de los lineamientos que buscan imprimirse en la futura legislación.

En representación de las firmas del sector, Rodrigo Castillo, director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G, recalca que Chile está enfrentando desafíos similares a los países desarrollados y añade que la receta para el éxito de la nueva norma responderá, a su juicio, al nivel de participación del proceso de elaboración.

Castillo adelanta que entre las empresas ya existen algunos objetivos que concitan consenso. Estos tienen que ver con mejorar la calidad del servicio, usar eficientemente los recursos, contar con mayor flexibilidad de los sistemas y tener más participación de los clientes en la toma de decisiones sobre su consumo. En tanto, sobre los retos del gremio que representa, reconoce que están en “conocer y adaptarnos a las nuevas tecnologías de generación y almacenamiento distribuidas en la red y aprender a interactuar con los clientes a través de redes y medidores más inteligentes”, ejemplifica.



Ramón Galaz, director de Valgesta -empresa consultora especializada en energía- señala que la antigua normativa está obsoleta y que representa una “camisa de fuerza” ante los nuevos requerimientos del mercado energético que deben ser incorporados en el mediano y corto plazo. “Hoy las redes inteligentes, smart grid, sistemas de almacenamiento de energía y generación distribuida y recarga de servicios eléctricos suponen un nuevo paradigma”, sentencia.

Y aún más allá, según Romero, incluso suponen nuevas estrategias para alcanzar metas que ya se habían propuesto con anterioridad. En esta línea, explica que la política de energía a 2050 y la calidad del servicio que queremos prestar exige pensar en cómo se logrará -a esa fecha- que el promedio de indisponibilidad del servicio llegue a una hora al año, sabiendo que la mayor parte de los problemas actuales de indisponibilidad se encuentran, precisamente en el segmento de la distribución.

Desde el grupo Saesa, Francisco Alliende, gerente general, también reconoce los desafíos que supone la nueva ley y considera un elemento a tener en cuenta la gran cantidad de interacciones que deberá soportar la red en el futuro y cómo esta normativa deberá ser flexible y promover incentivos a las mejoras y a la innovación.

El ejecutivo destaca que para empresas que operan en regiones -Saesa mantiene operaciones entre las regiones del Bío Bío y Aysén, atendiendo a más de 710.000 clientes- las modificaciones que deban hacerse en la red para la incorporación de nuevos usuarios, tecnologías y servicios, implicarán retos no menores para no impactar la calidad del servicio de los clientes. Esto porque una de las principales barreras que han enfrentado, además de las dificultades geográficas propias, corresponden a cómo reflejar y traspasar los costos que una buena calidad de servicio implica, especialmente en zonas rurales.

Sobre este punto también se detiene Galaz. A su parecer, cualquier decisión que se tome correrá de norte a sur, lo que obligará a cualquier normativa a considerar objetivos generales, pero sin ignorar las condiciones diferentes en Santiago y regiones, las que obligan a implementar metas con gradualidad.



Las lecciones de Estados Unidos

Como parte del proceso de discusión de la ley y para intercambiar experiencias y conocimientos entre Chile y Estados Unidos en materia de nuevos modelos de distribución eléctrica y redes inteligentes, la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, Amcham Chile, organizó una misión a EE.UU. En dicho país actores chilenos pudieron conocer los modelos de distribución que están siendo aplicados en Nueva York y Boston (Massachusetts).

Tatiana Molina, directora del Consejo Empresarial de Energía Chile - EE.UU. de AmCham Chile, rescata de esta experiencia la articulación público privada que ha logrado Estados Unidos. “En el caso de Nueva York hay una relato único de todos los actores -industria, academia y gobierno- respecto de cuáles son los desafíos que se quieren lograr a 2030 (…) Si bien no han terminado el proceso ya recorrieron un primer camino que era alinear a los actores”, afirma y destaca que a su parecer la discusión en Chile va en la dirección correcta.

Para Molina hoy hay un espacio en Chile donde las empresas se están sentando junto al regulador y “eso es parte de nuestras perspectivas positivas”. Además, se abre una oportunidad para que el sector eléctrico se posicione en el extranjero como un espacio de soluciones tecnológicas y polo de atracción para desarrolladores de tecnologías.

Como prácticas a imitar desde Estados Unidos, destaca la formación de capacidades por parte de todos los actores, puesto que muchos conocimientos desde otras áreas serán necesarios en un nuevo paradigma, como por ejemplo, ciberseguridad e Internet de la Cosas, además de inteligencia de datos. Además, considera la flexibilidad para que una nueva norma incorpore la innovación y permita el ensayo y error en la búsqueda de mejorar la distribución. Lo anterior, teniendo en consideración las premisas fundamentales de nuestro sistema en torno a costo, seguridad y calidad.

Esta última visión también la comparte Julio Friedman, gerente general de General Electric, Quien cree en una ley que, además de potenciar nuevas tecnologías, permita el suministro de energía proveniente de fuentes renovables y medición inteligente, trayendo como consecuencia una mejor red, pero también mayor competencia en el sector.

Para Romero de CNE, en tanto, la misión dejó patente la necesidad de identificar con calma y de manera clara los objetivos que se definirán para el sistema de distribución y en base a ellos construir la estrategia de desarrollo, avanzando de manera gradual y paulatina.

Algo que también es una de las grandes lecciones que rescata Galaz, desde Valgesta. Puesto que explica que si bien al llegar a EE.UU. la impresión es de un gran avance, el proceso se inició hace alrededor de cinco años y aún está en curso.

Como modelo, Galaz señala que el mecanismo que se discute en Nueva York deja claro la importancia de cuál será a futuro y el rol de las empresas concesionarias y que servicios podrían ser entregados por esta infraestructura.

“Hay que trabajar en definir esos roles y ver cómo serán los servicios con un cambio en el esquema que tendremos (…) Hoy el servicio es unidireccional, mientras que a futuro muchos de los servicios irán en la dirección contraria, por lo que la ley deberá ser lo suficientemente clara, pero amplia, para permitir cierta flexibilidad en la aplicación de la misma”, explica.

En tanto, y como recomendación desde el trabajo en EE.UU., Carlos Nouel, vicepresidente de nuevas Soluciones de Energía de National Grid, una de las compañías de distribución eléctrica más relevantes a nivel mundial, recalca que es importante que la discusión no se centre solamente en la tecnología y en la modernización por la modernización. Lo importante, a su juicio, es considerar los modelos de negocio asociados al recambio de una red. La única manera de hacer un proceso de construcción de la ley exitoso es poner los incentivos necesarios para que las empresas realicen las inversiones que el sector necesita. Y explica que Nueva York facilita iniciativas donde “si la compañía eléctrica resuelve un problema de apacidad de manera eficiente, tiene un incentivo financiero”, comenta.

De la mano de este modelo, y considerando sus buenas prácticas, este año será clave para que los actores del sector energético comiencen a internalizar el nuevo paradigma de la distribución eléctrica y como país, tomar la oportunidad de ser pioneros en un proceso de reformulación que no sólo se está dando en Chile, sino también a nivel global.

La motivación es crear una ley que no sea una nueva camisa de fuerza sino que, muy por el contrario, solucione problemas del presente y sea capaz de ver el futuro.[:en]
In September 2016, a process was launched in Chile to devise a new law on electric power distribution. The primary actors in the field are now discussing how to organize an industry that is tasked with negotiating new business models while also overcoming the challenge of technological development.

It is more than 30 years since Chile amended its legislation on electric power distribution. The challenges today have evolved significantly since the 1980s and the existing regulatory framework is now beginning to limit market expansion. As a result, both industry players and the government agree on the need to reform the current law, in the full knowledge that the task will be a long and complex process.

Last September, and following the international seminar entitled ‘the Future of Electric Power Distribution’, which was organized by the Ministry of Energy and the private sector, four thematic working groups were formed based on distinct technical, economic and regulatory aspects. The aim of these working groups was to devise a joint industry diagnosis by the end of April 2017.

Andrés Romero, executive secretary of the National Energy Commission (CNE), explains that subsequent to the drafting of the thematic diagnoses, a participatory discussion will be held, “related to the model on which the regulation should be based, i.e., how the industry will be organized, to what extent there will be a monopoly, and from which point (in the industry) will competition be introduced”. Once this model has been defined, the draft of the bill related to the new electric power distribution legislation is expected by the end of 2017.

“The future is coming up fast”, says Romero with regard to the regulation. As a result, he explains that the key elements being sought for the future legislation include collaboration between different actors, focus being placed on consumers, opening up the market to competition and guaranteeing fair payment to the distribution companies for their investment.

Representing the private sector firms, Rodrigo Castillo, executive director of the Chilean Association of Electricity Companies (Empresas Eléctricas A.G), states that the challenges being faced by Chile are similar to those in developed nations. He adds that the recipe for success for the new legislation is dependent upon the level of participation achieved during its design stage.



Castillo anticipates that private firms already have certain objectives on which there is consensus. They relate to improving the quality of service, the efficient use of resources, ensuring greater system flexibility and enhancing customer participation in decision-making regarding consumption. In relation to the challenges facing the Association, Castillo recognizes that members have to, “understand and adapt to the new technologies of generation and storage distributed across the network, and learn to interact with customers via smart grids and smart meters”.

Ramón Galaz, director of the consultancy firm Valgesta that specializes in energy, says that the existing regulations are obsolete and represent a “straightjacket” in terms of the new energy market requirements that need to be incorporated over the short and medium terms. “Today, smart grids, energy storage and distributed generation systems, and rechargeable electricity services represent a new paradigm”, he stresses.

Francisco Alliende, CEO of the electric power distribution company Saesa, also recognizes the challenges posed by the potential new law. He deems that a particular element worthy of consideration is the large number of interactions that the network must support in the future and the manner by which any new regulation will have to be flexible while also promoting incentives for improvements and innovation.

Saesa operates between the Bio Bio and Aysen regions and serves more than 710,000 customers. With that in mind, Alliende emphasizes the importance for companies operating in Chile’s regions that any modifications to the network regarding the incorporation of new users, technologies and services, do not affect their ability to ensure quality customer service. This is significant because one of the main barriers faced by such companies, in addition to certain geographical difficulties, is how to reflect and transfer the costs implied by good service quality, especially in rural areas.

On the latter point, Galaz believes that any decision taken will involve electricity running from north to south. This, he states, will oblige any regulation to consider general objectives, without ignoring the different conditions that exist in Santiago and the regions. In turn, this implies the gradual implementation of goals over a certain period of time.



Lessons from the United States

As part of the discussion process surrounding the legislation, and in order to share experiences and knowledge between Chile and the United States in the field of new models of electric power generation and smart grids, the Chilean American Chamber of Commerce (AmCham Chile) has staged a mission to the US. This mission enabled participants to explore the different distribution models that are being applied in New York and Boston, Massachusetts.

Tatiana Molina, director of AmCham Chile’s Chile-US Energy Business Council, stresses the importance of the public-private partnerships that have been achieved by actors in the US. “In the case of New York, all actors are on the same page, from industry to academia to government, regarding the challenges to overcome by 2030… While this process remains ongoing, they have taken the first step by aligning the different actors” she states, adding that the debate underway in Chile is heading in the right direction.

According to Molina, there is a space in Chile today in which businesses are sitting down with the regulator and, “this is part of the reason for our positive outlook”. In addition, an opportunity is arising for the electric power sector to position itself abroad as a space for technological solutions and a means to attract the development of new technology.

In terms of best practices from the United States that could be implemented in Chile, capacity building by all actors is one possibility. The importance of this aspect is due to the fact that knowledge from other industries and markets will be necessary in a new paradigm, such as cybersecurity, the internet of things and data intelligence. Moreover, flexibility within the new legislation is crucial for ensuring the incorporation therein of innovation and trial and error in the search for distribution enhancement. Nevertheless, the incorporation of any such practices must consider the fundamental premises of the Chilean system with regard to cost, security and quality.

The latter view is one shared by Julio Friedman, CEO of General Electric Chile. He believes in a law that enables electric power to be supplied from renewable sources and measured with smart meters, in addition to fostering further new technologies. This approach, he believes, will help to give rise to an improved network and greater competition in the sector.

Andrés Romero says that the mission to the US highlighted the need to identify, clearly and calmly, the objectives that will be defined for the distribution system. Based on these objectives, actors will be able to subsequently devise the development strategy in a gradual manner.

A further lesson taken from the mission, according to Ramón Galaz, is that although the first impressions upon arriving in the US were positive in terms of the significant progress being made in that country, it should be recalled that the process began five years ago and remains ongoing today.

As a model, Galaz highlights the mechanism discussed in New York. In doing so, he reflects on the need to ascertain the future importance and role of concessionary companies and the services that could be delivered by the respective infrastructure.

“It is necessary to define these roles and to see what the services will be, given the changes to the existing blueprint… Today the service is unidirectional, whereas in the future many of the services will flow in the other direction, which means that the law must be sufficiently clear and broad ranging to enable a certain amount of flexibility in terms of application”, states Galaz.

In turn, and as a recommendation arising from the work undertaken in the US, Carlos Nouel, vice-president of new energy solutions at National Grid, a leading global electric power distribution company, emphasizes the importance of discussing more than just technology and modernizing for the sake of modernization. Rather, he stresses the need to consider the business models associated with the replacement of a network. The only way to successfully devise legislation in this regard is to include incentives for companies to make the investment the industry needs. Nouel concludes by explaining that authorities in New York facilitate initiatives in which, “if the electricity company resolves a capacity-related problem in a positive way, it receives a financial incentive”.

Taking account of this model and the best practices it has to offer, 2017 will be a significant year for actors in the Chilean energy sector. Success will depend on their ability to internalize the new electric power distribution paradigm. It is also conditional on how, as a country, Chile seizes the opportunity to become a pioneer in the process of redevelopment, which is a phenomenon not only underway at the local level, but also around the world.

The motivation is to create a new law that, rather than acting as a straightjacket, is able to resolve existing problems and overcome challenges that will inevitably arise in the future.[:]