El director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) destacó la importancia de fortalecer medidas básicas y la colaboración público-privada para avanzar en la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad y reforzar la resiliencia digital del país.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través de su Mesa de Regulaciones Digitales, organizó una mesa redonda con Daniel Álvarez, Director Nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), para analizar los avances en la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad, la calificación de operadores críticos y las prioridades del país en esta materia.

Durante la sesión, Álvarez destacó que la Ley 21.663, vigente desde el 1 de enero, establece un marco institucional y normativo único en la región, posicionando a Chile como referente en gobernanza de ciberseguridad. “En América Latina y el Caribe —y también en buena parte del mundo— Chile tiene una posición privilegiada: por primera vez contamos con un organismo técnico de la Administración del Estado con capacidad de actuar en materia de ciberseguridad”, señaló, resaltando el reconocimiento internacional alcanzado por la ANCI.

El director explicó que la agencia cuenta con 29 atribuciones, enfocándose en asesorar al Gobierno, coordinar reguladores, proteger intereses nacionales en el ciberespacio y supervisar la respuesta ante incidentes. Subrayó que los ataques cibernéticos ya no son hechos aislados, sino eventos con potencial de afectar múltiples sectores esenciales. “Cuando hablamos de intereses nacionales, incluimos el rol de todos los actores —públicos y privados— en mantener al país operativo. Un ataque a un proveedor pequeño puede escalar y afectar a bancos, hospitales o transporte”, enfatizó.

Entre los procesos críticos, Álvarez detalló el sistema de notificación de incidentes, que permite construir un mapa real de riesgos y amenazas, y la identificación de Operadores de Importancia Vital (OIV), cuya interrupción de servicios tendría impacto significativo en la seguridad, economía y bienestar de la sociedad. “Si una empresa cumple un rol crítico, debe declararlo. La nómina que vamos a publicar sirve justamente para eso”, explicó, invitando a las empresas a colaborar activamente en la precisión de esta clasificación.

El encuentro también abordó la necesidad de fortalecer medidas básicas que, pese a su simplicidad, reducen de manera significativa el riesgo. “Si resolvemos solo dos problemas en nuestras vidas personales y organizaciones —uso de gestores de contraseñas y doble factor de autenticación— el riesgo cibernético baja un 85%. Si además activamos actualizaciones automáticas, baja al 95%. Esto no es computación cuántica, son medidas básicas”, afirmó Álvarez, reforzando el mensaje de “volver a lo esencial” en la protección digital.

La sesión concluyó destacando que la ciberseguridad es un componente estratégico para la continuidad operativa, la confianza institucional y la resiliencia de Chile, con la participación activa del sector privado como pieza clave para el éxito de esta política pública.