El exgeneral Enrique Bassaletti presentó ante la Cámara un diagnóstico que habla de fallas sistémicas y un Estado que "renunció" a resguardar el orden público. La propuesta incluye tipificar el delito de migración irregular, un modelo carcelario inspirado en Italia y reformas al sistema de justicia penal.

El exgeneral de Carabineros Enrique Bassaletti, asesor en seguridad pública del candidato José Antonio Kast, presentó ante socios de AmCham Chile un diagnóstico sobre la situación de seguridad en el país y detalló las propuestas centrales del programa presidencial en esta materia. La sesión, liderada por Javier Dib, director de AmCham Chile, forma parte del ciclo de conversatorios con equipos programáticos de las candidaturas presidenciales que la Cámara ha venido desarrollando.

Bassaletti planteó que Chile enfrenta una "emergencia de seguridad" caracterizada por fallas sistémicas que han permitido la escalada de la criminalidad. Según el asesor, el Estado ha "renunciado progresivamente a su deber de resguardar el orden público", situación agravada por la descoordinación institucional y el avance del crimen organizado y el narcotráfico.

Un país que perdió el control en cinco años

Las estadísticas presentadas por Bassaletti dibujan un retroceso acelerado. Chile cayó del puesto 31 al 64 en el Índice de Paz Global entre 2019 y 2024. Los homicidios alcanzaron un máximo histórico de 1.200 víctimas anuales. Solo en el primer semestre de 2025, la Región Metropolitana registró un aumento del 9% en asesinatos, pasando de 175 a 191 casos.

Pero hay cifras que resultaron particularmente alarmantes para el sector empresarial. Las extorsiones subieron a 1.062 casos en 2024, un incremento del 215% respecto a 2019. Los delitos con armas aumentaron 121% en el mismo período, alcanzando 29.065 casos en 2024.

La victimización por delitos de mayor connotación social subió a 23,5% en 2024, y el 57% de los chilenos teme ser víctima de un delito. El exgeneral fue enfático: "No estamos hablando solo de percepción. Estamos hablando de una realidad que afecta directamente la vida de las personas y la operación de las empresas".

Tres frentes que colapsaron

El diagnóstico identifica tres áreas en crisis. La primera es la frontera norte. Entre 2020 y 2024 se registraron 108.000 ingresos clandestinos. La población extranjera en Chile asciende a 1,9 millones de personas —cerca del 10% del país—, con aproximadamente 361.000 en situación irregular. El 15,3% de la población penal son extranjeros.

Bassaletti detalló un panorama de vulnerabilidad: déficit crítico de personal y equipamiento en la frontera norte, complejos fronterizos que operan solo en horario diurno (permitiendo que los cruces furtivos ocurran mayoritariamente de noche), y ausencia de presencia física de la Fiscalía y juzgados en la zona. El contrabando de cigarrillos, textiles, combustibles, drogas y armas fluye a través de pasos no habilitados sin mayor resistencia.

El segundo frente es el sistema penitenciario. La población penal alcanza aproximadamente 62.000 presos en recintos con capacidad real para 40.000. Un hacinamiento del 155%. Desde las cárceles se organizan 22.000 delitos al año: extorsiones, tráfico, estafas. Bandas como el Tren de Aragua y Los Pulpos operan desde el interior de los penales como si fueran oficinas corporativas del crimen.

Gendarmería enfrenta un déficit superior al 30% del personal necesario. En 2024 se reportaron 334 agresiones físicas y 456 amenazas contra funcionarios. "Las cárceles dejaron de ser centros de rehabilitación y se transformaron en escuelas del crimen", resumió Bassaletti.

El tercer frente es la justicia penal. Saturación en tribunales, fiscales y policías. Una maquinaria que reduce su capacidad de respuesta mientras genera una percepción generalizada de impunidad. El sistema, según el diagnóstico, no disuade, no protege a las víctimas y no logra condenas efectivas.

Las soluciones: de la frontera cerrada a las cárceles antimafia

El programa de Kast no apuesta por ajustes graduales. Las propuestas se ordenan en cuatro ejes estratégicos que apuntan a reformas estructurales.

En migración y fronteras, la medida más radical: cerrar la frontera norte terrestre a la migración ilegal y el contrabando mediante obstáculos físicos y tecnológicos. Se plantea fortalecer la especialidad de frontera de Carabineros, crear centros transitorios para detención y expulsión de migrantes irregulares, y —aquí está el cambio legislativo clave— tipificar el delito de migración irregular.

Se proponen sanciones a empresas de transporte y empleadores que contraten o faciliten la permanencia de irregulares. Y se eliminarían los procesos de regularización masiva.

Para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, se propone implementar Puntos de Control Total en lugares estratégicos y desarrollar un sistema especializado e integrado de inteligencia. El aumento de penas sería sustancial, con un piso mínimo de cárcel efectiva para miembros del crimen organizado. En modernización policial, se plantea el uso de inteligencia artificial para gestión de datos y la creación de una Reserva Activa de Carabineros.

Pero la propuesta más ambiciosa está en el sistema carcelario. Se plantea adoptar un modelo antimafia italiano adaptado a Chile y crear establecimientos penitenciarios especiales dedicados exclusivamente al crimen organizado. La idea: aislar completamente a los líderes de sus organizaciones.

Se busca aumentar plazas, implementar segmentación efectiva de la población penal y sus visitas, y restringir derechos (visitas, comunicaciones) según la gravedad del delito y la conducta. El uso de tecnología body-scan e inhibidores de señal sería obligatorio en todos los recintos.

En justicia penal, se plantea el traspaso de faltas desde los Juzgados de Garantía a los Juzgados de Policía Local para desaturar el sistema. Se propone modificar el sistema de determinación de penas para garantizar cárcel efectiva y crear un Estatuto de Víctimas que reconozca nuevas garantías: derecho a ser representado, asesorado y a que se investigue su denuncia.

Se busca dar mayor autonomía investigativa a las policías y crear un sistema único de emergencias (911).

El mensaje al sector empresarial

Bassaletti fue claro al subrayar que el incremento de las extorsiones no es un problema solo de seguridad ciudadana. "Es un riesgo directo para la seguridad económica de ciudadanos y empresas", enfatizó. La crisis carcelaria y el déficit en control fronterizo facilitan el contrabando y la operación de mafias desde prisión, afectando la logística y el comercio lícito.

Para un sector privado que identifica la seguridad como crítica para la inversión y el desarrollo económico, el conversatorio ofreció una ventana directa a los lineamientos de una de las principales candidaturas presidenciales. Y el diagnóstico de Kast es inequívoco: sin control del territorio, sin justicia efectiva y sin fronteras seguras, no hay condiciones para el crecimiento sostenido.