En un conversatorio organizado por AmCham Chile, representantes del Ministerio Público y del mundo jurídico abordaron los avances, tensiones y obstáculos que enfrenta la aplicación de la nueva ley, así como su impacto en el compliance corporativo y la inversión.

A casi un año de su entrada en vigor para personas jurídicas, la Ley de Delitos Económicos fue el eje del conversatorio organizado por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través de su Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance. La instancia reunió a representantes del sector público y privado para analizar el impacto normativo, los avances institucionales y las principales lecciones que deja este nuevo marco legal en su etapa inicial de implementación.

Moderado por Mario Larenas, Chair del comité, el panel estuvo compuesto por Camila Guerrero, Subdirectora de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional; Carlos Gajardo, abogado y exfiscal; y Juan Ignacio Piña, socio de BCP Abogados.

Desde la Fiscalía, Guerrero explicó cómo se ha enfrentado el desafío de adecuarse al vasto catálogo de delitos consagrados en la nueva ley, particularmente en lo referido a la responsabilidad penal de personas jurídicas. “Desde el Ministerio Público, también tenemos una política de persecución penal que nos obliga a priorizar. No se puede investigar todo al mismo tiempo, y eso también aplica aquí”, afirmó. Añadió que ya se está trabajando en mecanismos de formación y estandarización para que los fiscales del país apliquen criterios comunes, sin diferencias por sector o territorio.

Gajardo, en tanto, puso el foco en el rezago del sistema de justicia y en la escasez de casos públicos, a pesar del movimiento generado por la ley en el ámbito empresarial. “Hoy, yo tengo el temor contrario: que esta ley termine siendo un ejemplo de gatopardismo, es decir, que todo cambie para que nada cambie”, señaló. El abogado apuntó que aún no hay aplicación efectiva y advirtió que, sin reformas legales que agilicen el proceso penal, la normativa corre el riesgo de no cumplir con sus objetivos.

Una mirada similar sostuvo Piña, quien identificó una curva natural en la reacción empresarial ante la nueva legislación. “Claramente, el peak de preocupación y ansiedad está bajando. Y eso, en realidad, es bastante razonable. Lo importante es tener un buen diagnóstico para tomar buenas decisiones”, sostuvo. A juicio del abogado, muchas compañías están entrando en una fase de distensión, tras una primera etapa marcada por la ansiedad y la elaboración de modelos de prevención.

Entre las principales preocupaciones planteadas por los expertos destacó la saturación del sistema penal, los largos tiempos de respuesta de los informes policiales, y el uso del derecho penal como mecanismo de presión en conflictos privados. “Muchas veces se utiliza la querella para acelerar negociaciones comerciales o como mecanismo de presión en conflictos empresariales”, advirtió Guerrero, quien llamó a evitar la instrumentalización del sistema de justicia.

Uno de los temas con mayor proyección en el análisis fue la incorporación de la figura de cooperación eficaz en el Código Procesal Penal, una herramienta que permite acuerdos entre imputados y el Ministerio Público bajo ciertas condiciones. Piña destacó su potencial, pero advirtió que “para que la cooperación eficaz funcione, es imprescindible tener confianza en la institución que la gestiona. Sin esa confianza básica, todo este sistema se cae”.

Los panelistas coincidieron en que, pese a los desafíos, la ley ha fortalecido los equipos de compliance en el sector privado, con un enfoque más profundo en la identificación de riesgos y en la eficacia real de los controles. Además, se valoró positivamente la capacidad del Ministerio Público para impulsar estándares internos de cumplimiento y para articular una política nacional de persecución penal más coherente.

En su diagnóstico general, Gajardo fue enfático al recordar que la falta de casos no debe confundirse con ineficacia. “La ley sí puede activarse”, afirmó, aunque subrayó que los tiempos penales seguirán siendo largos. Piña, por su parte, llamó a mirar este proceso con mesura: “Esto no es tan difícil como se piensa. Se trata de levantar riesgos y establecer controles razonables. Y eso es perfectamente abordable”.

A modo de cierre, el seminario dejó en evidencia que el éxito de esta nueva etapa en materia penal corporativa no depende solo de las empresas, sino también del funcionamiento de las instituciones públicas y del equilibrio que logre alcanzarse entre expectativa normativa y realidad operativa. Porque si bien las normas han cambiado, el gran desafío es que los efectos también lo hagan.