La Mesa de Normativa Ambiental organizó el conversatorio “Modificaciones al Reglamento del SEIA: los cambios y sus implicaciones para los proyectos”, que reunió a representantes del sector público y privado para analizar los efectos prácticos y jurídicos de la nueva regulación.

En un contexto de creciente atención sobre la modernización ambiental, la Mesa de Normativa Ambiental de AmCham Chile convocó a un conversatorio para analizar las modificaciones al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), recientemente aprobadas por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

La jornada fue inaugurada por Corissa Petro, coordinadora de Asuntos Públicos de la Cámara, quien subrayó el compromiso de la Cámara con el seguimiento legislativo de temas clave para la inversión responsable.

“En AmCham realizamos un seguimiento activo a la legislación asociada al SEIA, especialmente por su impacto en la inversión y el desarrollo de proyectos”, señaló Petro. “Nuestro propósito con este espacio es conocer, de primera fuente, las visiones sobre la modificación reglamentaria: por un lado, desde el Ejecutivo, y por otro, desde el sector privado, que vive sus efectos en la práctica.”

Asimismo, enfatizó al reunir en un mismo espacio a representantes del sector público y privado, la Cámara busca promover la cooperación y el entendimiento técnico en torno a regulaciones que son clave para la competitividad y la sostenibilidad: “Creemos que el fortalecimiento del marco ambiental requiere diálogo, evidencia y trabajo conjunto. Espacios como este permiten entender las reformas desde su origen y anticipar cómo se aplicarán en la práctica”.

El encuentro contó con la participación de Sebastián Aylwin, jefe de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y Agustín Martorell, socio y director del área Ambiental de Prieto Abogados. Ambos profundizaron en los alcances de la reforma, sus fundamentos técnicos y sus implicancias para el desarrollo de proyectos en el país.

Durante su presentación, Sebastián Aylwin explicó que la denominada “Fase 2” de la reforma al Reglamento del SEIA no altera la ley ni las tipologías de proyectos sujetas a evaluación, sino que redefine los umbrales y criterios de ingreso para concentrar los esfuerzos del sistema en aquellos proyectos con verdadero potencial de impacto.

“El foco es usar mejor la capacidad del sistema”, explicó Aylwin. “Hoy el SEIA revisa muchos proyectos con baja o nula significancia ambiental, y eso diluye los recursos técnicos. Lo que queremos es asegurar proporcionalidad: que el esfuerzo regulatorio esté donde los impactos pueden ser relevantes.”

El abogado detalló que la revisión de miles de casos entre 2020 y 2024 permitió detectar umbrales obsoletos y criterios poco consistentes con la normativa sectorial. A partir de esa evidencia, el Ministerio propuso ajustes en tipologías sensibles como líneas eléctricas, estaciones de servicio, minería, acuicultura, residuos y sustancias peligrosas, buscando armonizar la carga regulatoria con estándares internacionales y realidades operacionales locales.

“No estamos hablando de una desregulación, sino de una actualización”, enfatizó Aylwin. “Un sistema ambiental moderno debe concentrarse en los riesgos que importan, y eso requiere calibrar los umbrales con base científica y técnica. La eficiencia también es una forma de proteger el medio ambiente.”

Uno de los cambios más relevantes es el reemplazo de los umbrales mecánicos por un “screening caso a caso” para modificaciones dentro de la misma tipología de proyecto, con apoyo de una Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). “En esos casos”, precisó, “no tiene sentido exigir una nueva evaluación completa si el cambio no genera nuevos impactos significativos”.

Aylwin también abordó ajustes específicos: en el sector eléctrico, por ejemplo, se incorpora un criterio adicional de longitud mínima de dos kilómetros para las líneas de transmisión, siguiendo prácticas de Canadá y Europa. En minería, se establece una excepción para el reprocesamiento de relaves bajo RCA vigente, con el fin de incentivar mejoras ambientales sin sobrecargar el sistema.

“Queremos evitar que una empresa que busca reducir su huella o valorizar residuos se vea penalizada con un trámite adicional”, añadió. “La idea es facilitar la innovación ambiental, no entorpecerla.”

En materia de sustancias peligrosas, la reforma eleva los umbrales de ingreso para alinearlos con los reglamentos técnicos existentes, reduciendo la duplicidad entre marcos regulatorios. También se introducen medidas de trazabilidad en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), obligando a detallar las tipologías aplicadas al proyecto, lo que busca “dar mayor claridad a la fiscalización y reducir ambigüedades futuras”.

Al cierre, Robert Currie, secretario ejecutivo de la Mesa de Normativa Ambiental de AmCham Chile, moderó un espacio de conversación entre los socios, donde se discutieron las implicancias de los cambios en los procesos de evaluación y su impacto en la ejecución de proyectos.