Era una agenda altamente esperada. Blindada por el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, y en compañía de diversos actores del sector empresarial y político, el jueves 15 de mayo, en el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet dio el vamos a la nueva hoja de ruta de energía de Chile. Su objetivo es tener una matriz energética diversificada, equilibrada y sustentable, según comentó al momento de dar a conocer las metas y desafíos.

Bajar en 30% los costos marginales del sistema, incentivar las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), capitalizar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), un mayor rol del Estado o modernizar instituciones como la Dirección General de Aguas, fueron algunos de los anuncios.

Bien recibida por gran parte del mundo empresarial, desde ese día quedó de manifiesto que esta Agenda marcaría un antes y un después para el desarrollo nacional. Hay consenso de que en el país hacía falta ampliar la mirada, y que es necesario tener una política energética validada que permita destrabar las inversiones, disminuir los precios de la energía, mejorar las relaciones con la comunidad y aumentar la competencia. Se estaba dando el primer paso.

No por nada, fue y ha sido la principal preocupación desde que Máximo Pacheco asumió la cartera de Energía. Durante los 100 primeros días de gobierno, se dedicó a escuchar y a reunirse con actores del sector para lograr una agenda robusta; se juntó con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), del Consejo Minero, e incluso con autoridades de universidades, actores políticos y sociales.

Realizar debates y mesas redondas, incorporar nuevas ideas y propuestas e incluir, a la vez, conceptos de estudios y trabajos anteriores en la materia, como las propuestas de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE), o la Estrategia Nacional de Energía, desarrolladas ambas durante la administración de Sebastián Piñera, o los conceptos propuestos por diversas organizaciones gremiales y no hacer borrón y cuenta nueva para esta hoja de ruta, ha permitido que, precisamente, sea vista con buenos ojos, asegura el ex Ministro de Energía y director consejero del Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU. de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), Rodrigo Álvarez. A su juicio, a diferencia de lo que ha ocurrido con la reforma tributaria, esta agenda está muy consensuada.

El desafío ahora es que las más de 100 medidas de la Agenda, que requieren una inversión de US$ 250 millones en cuatro años, más los US$ 400 millones para capitalizar a ENAP, se vayan materializando, y se pase a una nueva fase país de competitividad, productividad e innovación. Esta nueva hoja de ruta ya prendió sus motores.

Un complejo escenario

El panorama energético de Chile se ha vuelto complejo en los últimos 30 años. El importar 60% de su energía, lo ha transformado en un país altamente dependiente de la variabilidad de los precios internacionales, o conflictos políticos, climáticos o de mercado.

En los últimos 10 años ha enfrentado severos episodios de sequía, cortes de suministro de gas natural desde Argentina, entrampamiento en la entrega de permisos para nuevos proyectos y, peor aún, poca ejecución de nuevos proyectos y empresas en el área de generación, además de escasa inversión en infraestructura y en transmisión eléctrica. Hace pocos meses, el propio ministro Pacheco enfatizó la falta de dinamismo en las inversiones del sector y aseveró que ello ha redundado en una escasa oferta de suministro, altos costos marginales y de precios a cliente final.

Como ejemplo, hace ocho años el suministro eléctrico para clientes regulados (particulares, comercio y pequeñas empresas) se adjudicó a valores promedio de US$ 65 MW/h, sin embargo, en la última licitación en 2013, se llegó a doblar el precio, alcanzando un promedio de US$ 128 MW/h. El valor de la cuenta de la luz es 20% más alta que en 2010. Un incremento preocupante considerando que, de mantenerse el precio de 2013, el costo de la electricidad podría subir 34% en los próximos 10 años.

Para los clientes libres –principalmente industria y minería-, el panorama es más o menos parecido, en los últimos 10 años se les duplicó el precio por concepto de consumo eléctrico a tal punto que, en la actualidad, están enfrentando uno de los valores más altos de América Latina. En 2013, los precios rondaron los US$ 112 Mw/h en el Sistema Interconectado Central (SIC) y 108 Mw/h, en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Esto resulta aún más alarmante en la industria minera, que tiene el segundo lugar en cuanto a precio de energía entre los países mineros y el doble, en relación a competencia más directa como Perú, lo que le resta competitividad.

A esto se suma un problema mayor. La judicialización de los proyectos y un aumento en el cuestionamiento ciudadano frente a centrales de generación, sobre todo de mayor envergadura como HidroAysén, perteneciente a Endesa Chile y Colbún, y que fue rechazado recientemente por el Comité de Ministros al acoger 34 de las 35 reclamaciones que hizo la comunidad y principales opositores al proyecto.

Para Sebastián Bernstein, socio director de Synex y ex director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), este tema ha sido el motivo por cual ha faltado oferta en el mercado, ya que los nuevos proyectos que se han propuesto, no se han construido, como ocurrió con la central térmica Barrancones, donde fue el propio presidente de la época, Sebastián Piñera, quien llamó a los ejecutivos de la empresa para reubicarla. O la paralización de la termoeléctrica Castilla por parte de la Corte Suprema. Bernstein señala que si se suman las iniciativas que se han caído por razones ambientales o sociales, se podría llegar fácilmente a más de 4.000 MW. Esta situación hacía urgente tomar medidas cuanto antes.

Los siete ejes

Siete puntos centrales aborda la Agenda de Energía: un nuevo rol de Estado; reducción de precios, mayor competencia y diversificación del mercado; desarrollo de recursos energéticos propios; conectividad; eficiencia y gestión del consumo; impulso a la inversión en infraestructura; y participación ciudadana y ordenamiento territorial. Desde cada rama se articulan propuestas para transformar a la energía en el pilar del crecimiento de Chile. Será su propia columna vertebral, que buscará saldar una deuda con las necesidades del país, explicó en su minuto la Presidenta Bachelet.

Entre los múltiples temas, los expertos coinciden que abordar el desarrollo de la transmisión eléctrica, el rediseño de los contratos de suministro de las distribuidoras, la baja de los precios de la energía, la generación de un nuevo ordenamiento territorial, la promoción a las ERNC e impulsar el gas natural, están dentro de los tópicos más llamativos.

Bajar 30% el costo marginal de electricidad en el SIC durante el período de Gobierno, no será tarea fácil, advierten, ya que va a depender de factores externos, como el hidrológico, los precios de los combustibles, pero siendo desafiante, se puede lograr, dicen los más optimistas.

En otro punto, se plantea rediseñar las bases de licitaciones de suministro de corto y largo plazo, y disminuir en 25% los precios actuales de adjudicación. Para ello, extenderán la postulación para que entren nuevos actores, sobre todo las ERNC, y tener así una nueva estructura de suministro. A juicio de Bernstein, si bien la Agenda no es muy explícita en los mecanismos que dispondrá para ello, una fórmula es mezclar energías renovables (eólica con hidroelectricidad, por ejemplo, para evitar la generación intermitente), para ofrecer bloques en que la energía que no pueda ser generada por esta combinación, pueda ser comprada al mercado spot directamente y traspasado al cliente final. Ello daría origen a precios más bajos, porque hoy no hay una oferta de generación continua.

También se da un apoyo explícito al uso el Gas Natural Licuado (GNL), permitiendo que ENAP ofrezca contratos y capacidad de regasificación por 1,1 mm3 a generadores eléctricos por 10 años, junto con fomentar la construcción de nuevos terminales de GNL. Juan Ricardo Inostroza, director comercial de AES Gener, comenta que facilitar la obtención de suministro a las empresas generadoras es una buena idea, en la medida que la estatal pueda contar con contratos a mejores precios que aquéllos que podrían conseguir las empresas.

Un tema que irá de menos a más es el transporte de energía, menciona Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, en relación al nuevo plan de expansión del Sistema de Transmisión Troncal para lograr la interconexión del SIC-SING y dotar de mayor robustez al sistema. Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec, agrega que, independiente de quien lidere la iniciativa -sector público o privado-, lo que importa es concretarlo lo antes posible. La seguridad de suministro está primero, ya que se va a poder tener mayor respaldo de los sistemas ante contingencias mayores como un terremoto.

Para lograr la sostenibilidad de los proyectos habría que mirar modelos internacionales para abordar la relación con las comunidades, donde algunos han hecho un buen trabajo al asociarlas a los proyectos, recibiendo parte de los beneficios. O que las comunas pudieran recibirlos, menciona Bernstein. Es este punto, según Álvarez, donde se tiene una oportunidad para trabajar de manera conjunta, un trabajo asociativo que permita validar los proyectos, donde se estudien mecanismos para definir los beneficios que puedan recibir por un proyecto instalado en su territorio.

Definir dónde construir –y dónde no será posible con la creación de un nuevo ordenamiento territorial que mapeará las principales cuencas de Chile para establecer seis zonas para proyectos de hidroelectricidad. Grandes problemas en materialización de los proyectos se podrían haber evitado si hubiese existido un plan que indicara claramente las zonas destinadas para fines específicos, asevera Kuhlmann. De hecho, hay 27 tipos de áreas protegidas en las que no está claro cuáles son los criterios de protección o límites, explica Bernstein. Hay que lograr un desarrollo armónico, asevera Castillo de Empresas Eléctricas.

Un trabajo amplio con las comunidades, descentralizado y constructivo, no sólo irá en beneficio de los proyectos energéticos, sino también y, tal vez más importante, en beneficio de esas comunidades. Las decisiones a largo plazo son de corto plazo para la industria energética. Hay urgencia y los principales protagonistas lo saben. Una central puede demorar al menos 10 años en construirse, las licitaciones de suministro se deben abordar con un plazo de cinco años de antelación, dice Bernstein. Las decisiones deben ser tomadas ya para tener un Chile estable y con un suministro eléctrico seguro. Algunas de las propuestas de la Agenda ya se están materializando.

A través del Comité Interministerial de Eficiencia Energética se buscará reducir en 20% el consumo de energía a 2025; los ministerios de Energía y Obras Públicas ya están trabajando en una propuesta para destrabar las inversiones de las mini hidro, y se cerró un acuerdo con el Banco Mundial para apoyar el proceso de regular la fijación tarifaria para el mercado de distribución de gas por redes.

Los primeros grandes pasos de la Agenda están dados.

Los pendientes: energía nuclear y centrales a carbón

Pese a lo robusta de la Agenda de Energía, quedaron temas sin abordar. Los especialistas consideran que se debió ser más explícito en la promoción de las termoeléctricas. Es la fuente de mayor abundancia en el mundo y la más económica, dice Juan Ricardo Inostroza, director comercial de AES Gener. Hoy las tecnologías utilizadas contemplan equipos de abatimiento necesarios para cumplir con la norma de emisiones de las centrales termoeléctricas. Lo mismo opina el director consejero del Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU., Rodrigo Álvarez, al indicar que contar con una definición más clara hubiera sido necesario.

Ningún gobierno se atreve a abordar la energía nuclear, y en este caso, tampoco fue la excepción. Sebastián Bernstein, consultor y socio director de Synex, señala que Chile debería empezar a mirarla, no para ahora, sino de cara a 2030 en adelante.

Energía Solar: la más avanzada

Sin duda la energía solar es la gran protagonista dentro de las ERNC, para la que incluso se ha considerado la creación de uncluster, lo que es considerable, dado que la primera planta solar fotovoltaica (PV) conectada al SIC -Tambo Real de Kaltemp- data de inicios de 2013 y la primera conectada al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) -El Águila I, de E-CL- data de julio del mismo año. Lo cierto, es que a poco andar su atractivo se hizo notar, y hoy cuenta con la cartera de proyectos más grande en el ámbito de las renovables, con 184 MW en operación, 263 MW en construcción, 6.550 MW con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y 3.698 MW en calificación.

Como explica Sjögren, de First Solar, el país cuenta con tres características clave para su desarrollo: la radiación solar más alta del mundo, altos costos de energía y una demanda en aumento; además de oportunidades en construcción, suministro, operación, administración y financiamiento. “Estamos acá hace un año y medio y ya estamosad portasde materializar nuestro primer proyecto, el cual será el más grande de Latinoamérica”, destaca.

Comparte esta visión el vicepresidente y director general de América Latina de SunEdison, Carlos Barrera, explicando que “Chile se posiciona como un país estable y seguro para los inversionistas, dada la seguridad jurídica y su entorno regulatorio. Una manifestación de ello es que estamos realizando inversiones a largo plazo con respaldo de instituciones financieras sólidas y de confianza, como la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) del Gobierno de Estados Unidos, y la International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group”, puntualiza.

It was a highly anticipated agenda. With the support of the Minister of Energy, Máximo Pacheco, and a group of different actors from the worlds of business and politics, President Michelle Bachelet launched the new energy roadmap for Chile on Thursday May 15 in the La Moneda Presidential Palace. Its main objective is to ensure the national grid becomes diversified, balanced and sustainable.

Among the targets announced were reducing the marginal costs of the system by 30%, incentivizing Non-Conventional Renewable Energy (NCRE), capitalizing the National Petroleum Company (ENAP), ensuring a greater role for the State, and modernizing institutions like the National Water Board.

Well received by a large part of the business world, it is clear that the Agenda could mark a ‘before’ and ‘after’ in terms of national development. There is a general consensus of the need for a broader vision. There is also agreement that the country needs a proven energy policy in order to facilitate investment, reduce energy prices, improve community relations and increase competition. The first steps towards these goals are now being taken.

For good reason, this issue was and is Máximo Pacheco’s primary concern since he took over as Minister of Energy. During the first 100 days of the Government, he spent time meeting with and listening to actors from across the sector to ensure the Agenda would be fully robust. He met with representatives from the Chilean Association of Industry (Sofafa), the Chilean Renewable Energy Association (Acera) and the Mining Council, as well as with figures from the university, political and social sectors.

Rodrigo Álvarez, ex-Minister of Energy and advisor to and director of AmCham’s Chile-US Energy Business Council, says this roadmap is widely favored because it does not simply represent a clean slate. Rather, it was arrived at by: holding debates and roundtables; incorporating new ideas and proposals; including study concepts and work previously conducted into the issue, such as the plans suggested by the Electrical Development Advisory Committee (CADE), and the National Energy Strategy, both developed under the administration of Sebastián Piñera; and incorporating concepts proposed by different trade organizations. Álvarez believes that, unlike the tax reform, this Agenda is the product of widespread consensus.

The challenge now is for the 100 proposals established by the Agenda to be implemented. This task requires investment of US$250 million over four years, in addition to the US$400 million needed to capitalize ENAP. It also signals a new phase of competiveness, productivity and innovation. The journey following the new roadmap has begun.

A complex scenario

The energy landscape in Chile has become increasingly complex over the last 30 years. By importing 60% of its energy, the country is now dependent on the instability of international prices, political conflicts, climate-related difficulties and the market.

Over the last ten years, Chile has had to confront several droughts, the cutting of gas supplies from Argentina, setbacks relating to permits for new projects and, worst of all, limited implementation of new power generation projects, as well as minimal investment in infrastructure and electricity transmission. A few months ago, Minister Pacheco emphasized the lack of dynamism in the investment sector and claimed that this was the reason for the limited supply of energy, high marginal costs and high final prices for customers.

For example, eight years ago the energy supply for regulated customers (private individuals, trade and small businesses) was priced at an average of US$65 MW/h. However, following the most recent tender in 2013, this average price had almost doubled to US$128 MW/h. Electricity bills are now 20% higher than they were in 2010. This increase is particularly concerning given that if prices remain at 2013 levels, the cost of electricity may rise by 34% over the next ten years.

For free clients – mainly industry and mining – the landscape is very similar. Over the last ten years, electricity consumption prices have doubled, meaning that these sectors are faced with one of the highest prices in Latin America. In 2013, prices in the Central Interconnected System (SIC) were around US$112 MW/h, and about US$108 MW/h in the Far North Interconnected System (SING). This is even more alarming for the mining industry, which faces the second most expensive energy prices among mining countries, and double the price in regard to direct competition from the mining sector in Peru.

There is an even more serious problem in this respect. It relates to projects appearing before the courts and the increase in general public skepticism towards power plants. This is best exemplified by the highly significant case of HidroAysen, owned by Endesa Chile and Colbún. This project was recently rejected by a Ministerial Commission, which upheld 34 of the 35 complaints against it, issued by the local community and opposition groups.

According to Sebastián Bernstein, consultant and Directing Partner at Synex and ex-Executive Director of the National Energy Commission (CNE), this issue has been the reason behind the lack of supply in the market. As a result, newly proposed projects have not been constructed. This was the case with the thermal power station in Barrancones, in which the President at the time, Sebastián Piñera, contacted the executives of the company in charge to requesting they relocate the project. Another example is the cancellation by the Supreme Court of the thermoelectric power plant in Castilla. Bernstein says that by combining all the projects that have been rejected for environmental or social reasons, their total amount of energy generation would easily add up to more than 4,000 MW. Being confronted by this reality meant that measures had to be taken as soon as possible.

The seven key areas

The Energy Agenda establishes seven key points: a new role for the State; reducing prices, increasing competition and diversifying the market; developing local sources of energy; connectivity; consumption efficiency and management; fostering investment in infrastructure; and citizen participation and legislation regulating land use. For every one of these areas, proposals have been drawn up to help transform the issue of energy into a pillar of growth for Chile. President Bachelet has said that the Agenda will act as a self-sustaining structure, seeking to address the needs of the country.

Experts agree that the Agenda’s most noteworthy areas are as follows: the development of the electrical transmission system; redesigning the supply contracts of distributors; reducing energy prices; devising new legislation on land use; promoting NCRE; and encouraging natural gas.

Experts also warn that reducing the marginal cost of electricity in the SIC by 30% during the Government’s time in office will not be an easy task. The main reason for this is because such a reduction depends on external factors, such as the hydrological cycle and fuel prices. However, and despite acknowledgements of the challenge posed by this task, optimists believe it can be achieved.

In addition, the Agenda proposes to redesign the bases of tenders for long and short term supply and to reduce the time period of current decision-making procedures by 25%. To achieve this, the application process will be expanded to facilitate the participation of new actors, especially from NCRE, thereby helping to ensure a new supply structure. According to Bernstein, while the Agenda is not explicit on what mechanisms will be made available for this to take place, one possible formula is to mix renewable energy (wind power with hydroelectricity, for example) for avoiding intermittent generation. This will provide energy blocks, in which energy that cannot be generated via a given combination can be purchased directly from the spot market and transferred to the end customer. This would result in lower prices, given that there is currently no continuous generation on offer.

Explicit support is also given to the use of Liquefied Natural Gas (LNG). The Agenda grants ENAP the power to issue contracts and regasification capacity of 1.1 million m3 to electricity generators for ten years, as well as encouraging the promotion of new LNG terminals. Juan Ricardo Inostroza, Commercial Director of AES Gener, says that making the acquisition of energy supplies from generation companies easier is a good idea. This is because the State, he believes, may be able to secure energy contracts at better prices than private companies.

One area that will improve is the transportation of energy, says Rodrigo Castillo, Executive Director of Empresas Eléctricas. He refers to the new expansion plan relating to the Main Transmission System, which will connect the SIC and the SING and ensure the system is strengthened. Andrés Kuhlmann, General Manager of Transelec, adds that, regardless of who takes the lead on this project, whether the public or private sector, the most important thing is for the issue to be settled as soon as possible. The priority here is the security of supply, because this will allow for improved backup systems in case of major contingencies, like an earthquake.

To ensure the sustainability of projects, international models should be examined for effectively tackling community relations – some projects have been very successful in involving local communities, with the companies benefiting in the process. Or, Bernstein states, whereby the local community members themselves receive benefits from the project. With regard to this point, an opportunity exists for working together, according to Álvarez. Through partnerships, projects can be validated and mechanisms studied to define what benefits a community can expect from a project implemented on its land.

Establishing where and where not to construct a project will be determined by the creation of new legislation regulating land use. This process will map the main water basins in Chile to identify six areas suitable for hydroelectric projects. Kuhlmann notes that significant problems relating to project implementation could have been previously avoided if a plan clearly indicating designated areas for specific purposes had been in place. In fact, according to Bernstein, there are 27 types of protected areas in which criteria relating to protection or limitation are unclear. In this regard, harmonious development is required, says Castillo, from Empresas Eléctricas.

Extensive work with communities, which is decentralized and constructive, will not only benefit energy projects, but also, and perhaps more importantly, the affected communities. Long term decisions are conceived of in the short term for the energy industry. There is urgency with respect to this matter and the main protagonists know it. An energy facility can take more than ten years to construct and supply tenders must be submitted at least five years in advance, says Bernstein. Decisions must be taken immediately to ensure the country remains stable and with a secure supply of electricity.
As such, some of the Agenda’s proposals are already being put into action.

Via the Inter-ministerial Committee on Energy Efficiency, the plan is to reduce energy consumption by 20% by 2025; the Ministries of Energy and Public Works are already working on a proposal to open up investments in mini-hydro, and an agreement has been signed with the World Bank to support the process of regulating fixed tariffs in the gas distribution network market.

The first important steps of the Agenda have been taken.

Pending: nuclear energy and coal power plants

Despite the strength of the Energy Agenda, there are issues to which it does not refer. Specialists agree that it should have been more explicit in promoting thermoelectricity. This is the most readily available source of energy in the world and the cheapest, says Juan Ricardo Inostroza Commercial Director of AES Gener. Current technologies in use today take account of the necessary abatement in line with emissions norms for thermoelectric power plants. Rodrigo Álvarez agrees that a clearer definition should have been forthcoming.

No government has been brave enough to tackle the question of nuclear energy, and this time was no exception. Sebastián Bernstein, from Synex, believes that Chile should start considering it, not in the short term, but from 2030 onwards.