Acuerdo para Evitar la Doble Tributación: Una Tarea PendienteDouble Taxation Avoidance Agreement: A Pending Task
02 Julio 2015
Por Pía Rubio
A comienzos de 2010, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo para evitar la doble tributación y fomentar el intercambio de información. A cinco años de ese momento, el tratado sigue sin ver la luz, pese a ser cada vez más necesario, en especial tras la aprobación de la reforma tributaria.
Para nadie es desconocido el decisivo rol que ha jugado el intercambio comercial en el desarrollo de la economía chilena. De hecho, a juicio de muchos expertos, es justamente la apertura al exterior lo que permitió a Chile convertirse en uno de los países líderes de la región y es en gran medida donde, en su momento, radicó su promesa de alcanzar el desarrollo antes que sus pares sudamericanos, apoyándose este discurso en las cifras récord que año tras año aumentaban con el ingreso de capitales al país.
Sólo basta considerar que tras poco más de dos décadas y decenas de Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos con países de todo el orbe, las exportaciones aumentaron 9 veces, específicamente entre 1990 y 2012. Por ello, no resulta extraño que desde el gobierno chileno se continúen impulsando medidas para estrechar los lazos, tanto con potenciales socios económicos como con otros ya establecidos, tal es el caso de los tratados para evitar que una empresa que opere en dos países termine tributando en ambos, por medio de los cuales se busca “impedir una doble tributación de rentas generadas por inversionistas extranjeros, es decir, que sólo tributen en uno de los países o, bien, si tributan en los dos, que haya un método para aliviar la carga”, explica el doctor en Derecho Tributario y director del Departamento de Tributación Internacional de Deloitte, Hugo Hurtado.
De acuerdo con información del Servicio de Impuestos Internos (SII), desde 1998 a la fecha, Chile ha suscrito 30 convenios de este tipo, 25 de los cuales se mantienen vigentes, y durante el segundo trimestre del año en curso se han firmado dos nuevos acuerdos, con China y Argentina.
Así, a nivel gubernamental, la decisión de empujar pactos de esta índole se basa principalmente en que los convenios tributarios contribuyen a reducir las barreras fiscales a las inversiones y las relaciones comerciales transfronterizas, al flujo de capitales y servicios, así como a la transferencia de tecnologías y conocimientos entre los países. Según lo señalado por el Ministerio de Hacienda, estos tratados permiten mejorar la coordinación entre las legislaciones y autoridades fiscales de cada país, a través del intercambio de información tributaria, lo que es fundamental para combatir la evasión y la elusión fiscal en el contexto internacional. Adicionalmente, contribuyen a otorgar un mayor grado de certeza en materia tributaria a los contribuyentes de los países que los suscriben, mediante el establecimiento de un marco internacionalmente aceptado.
Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
Hugo Hurtado, socio del departamento Tax & Legal de Deloitte.
Miguel Zamora, socio director del área tributaria del estudio de abogados Noguera, Larraín & Dulanto.
Una visión afín es la que tiene la presidenta de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, Kathleen Barclay, quien agrega que “un acuerdo de esta naturaleza es un incentivo para la inversión extranjera entre ambos países. Tiene un impacto en materia de dividendos percibidos por los accionistas y tributación sobre ganancias de capital (…) y el impacto proyectado sobre los ingresos tributarios para un país se ve compensado por el aumento en las inversiones totales”.
Asimismo, explicó que con este acuerdo también se verán beneficiados los fondos de pensiones chilenos con inversiones en Estados Unidos; facilitará un mayor flujo de capitales, lo que redundará en una profundización y diversificación de las actividades transnacionales, y contribuirá a que el país pueda constituirse en una plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región. Además, permitirá aliviar la carga tributaria de los profesionales chilenos residentes en el país del norte.
El factor Randall Paul
Por eso, y pese a tratarse de un análisis ampliamente compartido, no deja de llamar la atención que aun cuando Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial chileno y responsable de 25,76% del stock de inversiones entre 1974 y 2013, todavía no existe un tratado para evitar la doble tributación entre ambos países.
En febrero de 2010, específicamente el día jueves 4, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron un convenio tributario para evitar duplicar el pago de gravámenes. Cuatro años más tarde, en marzo de 2014, el pacto ingresó a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado y hoy está en el segundo trámite constitucional, a la espera de ser revisado y aprobado por el Senado.
Si bien no ha avanzado todo lo rápido que podría esperarse por la parte chilena, en especial considerando que 64% de los convenios actualmente vigentes demoraron entre 2 y 3 años desde que se suscribieron hasta que fueron publicados -siendo el más lento el firmado con Rusia, cuyo proceso demoró 8 años-, ha sido en el Congreso estadounidense donde se quedó entrampado.
Lo que hasta 2010 era casi un trámite de rutina y que no representaba ningún análisis mayor, se volvió un dolor de cabeza para la administración del Presidente norteamericano Barack Obama, desde que en 2011 llegara al Senado el representante republicano del estado de Kentucky, y posible candidato presidencial conservador, Randall Paul. El congresista se ha opuesto sistemáticamente a todo convenio que bajo su óptica pueda vulnerar los derechos esenciales de la privacidad de los ciudadanos, como es el caso de los tratados internacionales, y el que ha sido uno de los caminos vislumbrados por el gobierno demócrata para aumentar la recaudación fiscal sin incrementar los impuestos.
La preocupación del senador republicano reside en el artículo 27 del tratado, relativo al Intercambio de Información, pues éste plantea la cooperación entre administraciones fiscales con el fin de tener acceso a información sobre la cuantía y naturaleza de las rentas de los contribuyentes de los países que suscriben, colaborando así en la búsqueda de reducir la evasión fiscal, algo especialmente relevante en atención al flujo de las inversiones chilenas en el extranjero.
“El derecho estadounidense a la privacidad está siendo disminuido a perpetuidad. Nuestro gobierno está monitoreando nuestros correos electrónicos y los teléfonos celulares, y ahora quieren seguir nuestras cuentas bancarias, que es donde reside el epítome de lo que somos como individuos privados. Allí está lo que compramos, la comida que nos gusta, los medicamentos que tomamos, los médicos que vemos y los lugares a los que viajamos. Todos los estadounidenses -ya sea en casa o en el extranjero- merecen tener protegidos sus derechos”, señaló Randall Paul a través de una carta el 7 de mayo del año pasado a modo de defensa frente a su negación para dar vía libre a los cinco tratados que hoy mantiene bloqueados en el Senado (Chile, Luxemburgo, Suiza, Hungría y España).
En su percepción “los nuevos tratados son de recolección a granel y cuentan con un ambiguo umbral respecto al origen de la preocupación de los gobiernos por tener los registros bancarios, sin que casi sea necesaria ninguna razón”.
Como es de esperarse, esta posición le ha valido múltiples detractores, especialmente en el ámbito económico. Tal es el caso de la Organización Internacional para la Inversión (OFII), desde donde han sindicado a Paul como el culpable de la ralentización del progreso de los tratados y que se ahuyentaran potenciales inversiones de países con convenios en espera, así como de la desventaja que hoy enfrentan las empresas estadounidenses ante ciertos mercados.
En igual línea se manifestó el representante del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CNCE), William Reinsch, durante la misma jornada que se expuso el punto del republicano. Para Reinsch "si las empresas estadounidenses quieren mantener una posición competitiva en todo el mundo la política debería prevenir el exceso de pago de impuestos en el extranjero por inversiones transfronterizas, sobre todo si sus competidores extranjeros ya disfrutan de esa ventaja".
En tanto, desde Chile indican que la posición del senador republicano no guarda mayor lógica pues “Estados Unidos ya firmó un acuerdo de similares características por lo que eso ya debiese estar cubierto. Asimismo, Chile llegó a un acuerdo con la OCDE y adoptó suscribir esto de manera adelantada, siendo un aventajado en normas de transparencia, entonces no veo el problema”, sostiene el experto tributario de Deloitte.
Con esto en mente, y con el objetivo de recabar información que pueda aportar y agilizar a la discusión del tratado, la presidenta de AmCham Chile señaló que realizó una visita a Washington D.C. para hablar con los comités pertinentes en la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos, pues “con un TLC que ya lleva 11 años de vigencia y tiene el 100% del comercio libre de aranceles, es cada vez más necesario promover nuevos mecanismos que incentiven la actividad económica bilateral”.
Los cambios que trajo la reforma
Sin embargo, la oposición del representante de Kentucky no es la única traba que hoy están viviendo las empresas estadounidenses para invertir en Chile. La reforma tributaria adoptada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet instaura cambios de diversa índole, siendo de especial preocupación para algunos inversionistas la modificación al gravamen al que serán sometidos, el cual en el caso de quienes provengan de países sin convenio –como los estadounidenses- puede aumentar de 35% a 44,45% a contar del 1 de enero de 2017.
Tal como señala el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, “la reforma acentúa la importancia de los convenios para evitar la doble tributación, favoreciendo la inversión extranjera desde países con acuerdos debido a que, por ejemplo, en el caso del régimen de integración parcial, las empresas constituidas en un país con convenio tendrán derecho a 100% de crédito del impuesto de primera categoría, mientras que las constituidas en países sin convenio sólo podrán optar al crédito de 65% de su impuesto a la renta, lo que se traduce en que una empresa de Estados Unidos sin el convenio aprobado estaría pagando una tasa efectiva en el régimen semi integrado de 44,5%, en cambio con el convenio vigente su tasa efectiva sería de 35%”.
Dado este cambio se han levantado múltiples voces de alerta, pues se considera que la medida genera distorsiones, posibilitando la modificación de las estructuras, dado que en la búsqueda de rebajar las tasas es factible que la inversión se haga de manera triangulada, es decir, a través de un país con convenio, creando un orden artificial, lo que a futuro puede ser materia de litigio.
Adicionalmente, generaría una discriminación negativa entre inversionistas extranjeros a quienes se les estarían cambiando las reglas del juego tras más de 20 años de trabajo conjunto sin existir una justificación clara para hacerlo. Así lo sostiene Miguel Zamora, y socio director del área tributaria del estudio de abogados Noguera, Larraín & Dulanto, quien asegura que “no se entiende por qué hoy a un dueño de una empresa, alemán, japonés o de USA, Chile le cobre impuestos por un total de 44,45%, pero si ese socio es canadiense, español o francés, la carga tributaria es casi 10 puntos menos”, quien es categórico al agregar que “es insostenible y genera incentivos malos. Chile, como una economía pequeña, abierta al mundo, no puede permitirse ese tipo de distorsiones”.
Y es que a pesar que en la literatura especializada se establece que la decisión de invertir en un país normalmente no está motivada por fines tributarios, una vez que el inversor decide hacerlo, el gravamen sí puede influir en la elección del país en que lo haga. De hecho, es justamente en este punto donde se basa la inquietud de los expertos. “Me preocupan los nuevos proyectos, pues me toca ver países que antes tenían como prioridad Chile, pero hoy comienzan a pensar en Colombia y Perú como opciones. Si nos enfrentamos a países con similares estabilidad macroeconómica, niveles de transparencia y una política estable, es posible que las inversiones se vayan a otros países de la región en busca de mejores tasas, pues si bien en esos países las tasas también son altas, no llegan a 44,45%”, explica Hugo Hurtado de Deloitte.
Cabe destacar que en el caso de Estados Unidos se da una situación aún más compleja, pues dicho país tiene un sistema unilateral de créditos que tiene un tope de 35%, por lo que al tener un gravamen en torno a 44,45%, la diferencia se traduce directamente en un menor retorno de la inversión.
Si bien hay variadas opiniones sobre la posible solución que este tema puede tener, todos coinciden en que no existen recetas mágicas, por lo que debe buscarse una salida alternativa, pues de lo contrario, y tal como señaló Kathleen Barclay, “en la ausencia de este acuerdo, la tasa efectiva para inversionistas estadounidenses puede ser hasta 44%, haciéndoles menos atractiva la inversión en Chile”, algo que, obviamente, nadie quiere.
FATCA
Tras estimar que las pérdidas por evasión tributaria significan más de US$ 100 mil millones anuales, el 18 de marzo de 2010 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), la cual tiene por objetivo principal determinar si ciudadanos norteamericanos que cuenten con inversiones en el extranjero están evadiendo impuestos. En el caso de Chile, el acuerdo intergubernamental para dar cumplimiento a FATCA fue firmado en marzo de 2014, estableciéndose la obligatoriedad por parte de las instituciones financieras chilenas de entregar información al gobierno norteamericano respecto de las cuentas y/o productos que pudiesen mantener contribuyentes provenientes de dicho país en Chile. Además, se establece que en caso de no autorizarse la entrega de información por parte del cliente, las entidades financieras deben cerrar las cuentas e informar de esta situación al gobierno estadounidense, dando el nombre del contribuyente. Este acuerdo dio inicio al intercambio de información a nivel global entre las instituciones financieras y la autoridad tributaria estadounidense. Cabe destacar que se trata de información global y no especifica la situación de los clientes, de manera de no infringir la ley de privacidad bancaria existente en Chile.By Pía Rubio
In early 2010, the governments of Chile and the United States signed an agreement to avoid double taxation and strengthen the exchange of information. Five years later, the treaty has still not been put into practice, despite its increasing importance, especially following the passage of the Chilean tax reform.
The decisive role played by trade in Chilean economic development comes as a surprise to no one. In fact, according to many experts, it is precisely the opening up to other countries that has allowed Chile to become one of the leading nations in the region. It was also, to a large extent, the reason behind Chile’s announcement at the time to become the first developed nation in South America – using this argument as the basis for the record figures of foreign capital arriving into the country year after year.
It should be recalled that after a little more than two decades and dozens of Free Trade Agreements (FTAs) signed with countries from all over the world, between 1990 and 2012 exports increased nine-fold. Therefore, it comes as no surprise that the Chilean government is continuing to promote measures for strengthening ties with both potential and more established economic partners. This is the case for treaties which seek to ensure that a company operating in two countries does not have to pay taxes in both. According to Hugo Hurtado, doctorate in Taxation Law and Director of the International Tax Department at Deloitte, through such treaties Chile is seeking to, “prevent the double taxation of income generated by foreign investors, i.e., that they only pay taxes in one of the countries, or, if they pay taxes in both, that there is a method for lessening the burden”.
According to information from the Chilean Internal Revenue Service (SII), from 1998 to the present, Chile has signed 30 agreements of this type; 25 of which are still in force. In addition, the country has signed two new agreements, with China and Argentina, during the second quarter of 2015.
At the government level, the decision to pursue accords of this type is mainly due to the desire to bring about tax agreements which help to reduce tax barriers for cross-border investments and trade relations. It is also to strengthen the flow of capital and services, as well as the transfer of technology and knowledge between countries. According to the Ministry of Finance, these treaties improve coordination between legislation and tax authorities in every country, via the exchange of tax information. This is fundamental in fighting tax evasion and avoidance in the international context. In addition, this helps provide a greater degree of certainty in terms of taxation matters relating to taxpayers from signatory countries, by means of establishing an internationally recognized framework.
Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
Hugo Hurtado, socio del departamento Tax & Legal de Deloitte.
Miguel Zamora, socio director del área tributaria del estudio de abogados Noguera, Larraín & Dulanto.
A similar view is held by Kathleen Barclay, President of the Chilean-American Chamber of Commerce, AmCham Chile. She notes that, “an agreement of this nature is a foreign investment incentive for both countries. It impacts on the dividends received by shareholders and capital gains tax (…) and the projected impact on the tax revenues for a country is offset by the increase in total investment”.
Likewise, she explained that this agreement will also ensure benefits for Chilean pension funds with investments in the United States. For example, it will facilitate a greater flow of capital, which will result in a deepening, and diversification, of transnational activities. This will help the country to become a business platform for foreign businesses wishing to operate in the region. Furthermore, it will help to reduce the tax burden of Chilean professionals resident in the US.
The Randall Paul factor
Accordingly, and despite this being a widely held analysis, it is particularly striking that, even though the United States is Chile’s second biggest economic partner and responsible for 25.76% of all investment in the country from 1974 to 2013, there is still no double taxation avoidance treaty in place between the two countries.
On Thursday 4 February 2010, the governments of Chile and the United States signed a double taxation avoidance agreement. Four years later, in March 2014, the agreement was put before the Chilean Chamber of Deputies, where it was approved. Today, it finds itself in the second legislative stage, awaiting review and approval by the Senate.
Although it has not progressed as fast as it could have on the Chilean side, especially considering that 64% of agreements currently in force took from between two and three years to become law following their initial signing (the longest of which was the agreement signed with Russia, where the process took eight years), it has been the US Congress in which the agreement has become stuck.
Until 2010, this was almost a routine procedure and one which did not require any kind of great analysis. However, it soon became a headache for the Obama administration after 2011, with the arrival in the upper house of the US Congress of the Republican senator for Kentucky, and possible conservative candidate for President, Randal Paul. Senator Paul has systematically opposed what in his view may threaten the fundamental privacy rights of citizens, and which is commonly the case with international treaties. His claim is that this has been one of the ways envisaged by the Democrat government of increasing tax revenues without raising taxes.
The concern of the Republican senator lies in article 27 of the treaty, relating to the Exchange of Information. This article proposes cooperation between tax administrators with the aim of ensuring access to information on the amount and nature of the income of taxpayers from signatory countries. As such, it seeks to ensure collaboration in attempts to reduce tax evasion; a particularly relevant aspect in light of the flow of Chilean investment abroad.
“The American right to privacy is being permanently reduced. Our government is monitoring our emails and cell phones, and now they want to follow our bank accounts, which is where the epitome of who we are as private individuals resides. That’s where they can find what we buy, the food we like, the medicines we take, the doctors we see and the places to which we travel. All Americans – whether at home or abroad – deserve to have their rights protected”. These are the words penned by Randal Paul in a letter on 7 May 2014, in defense of his refusal to give free passage to the five treaties currently blocked in the Senate (relating to Chile, Luxembourg, Switzerland, Hungary and Spain).
In his opinion, “the new treaties are a bulk collection and have an ambiguous threshold regarding the origin of the government’s desire to access bank records, with almost no justification (to do so) being necessary”.
As expected, this position has earned Paul many critics, especially in the economic field. Such is the case regarding the Organization for International Investment (OFII), which has accused him of being guilty of slowing down the progress of the treaties and discouraging investment in the countries awaiting the passage of the treaty, as well as contributing to the disadvantage currently faced by US businesses in certain markets.
Similarly, William Reinsch, representative of the National Foreign Trade Council (NFTC), expressed a similar opinion on the same day that Senator Paul made the aforementioned remarks. Reinsch said, “If American companies wish to maintain a competitive position around the world, policy should prevent excessive tax payments abroad for transnational investments, especially if their foreign competitors already benefit from this advantage”.
Meanwhile, the view from Chile of Hugo Hurtado from Deloitte is that the stance of the Republican senator is somewhat illogical, given that, “the United States has already signed similar agreements, (and as a consequence) this (issue) must have been covered (previously). Likewise, Chile reached an agreement with the OECD, signing it in advance, because it provides advantages in terms of transparency rules, so I don’t see the problem”.
Bearing this in mind, and with the aim of gathering information which can support and accelerate the treaty discussion, the President of AmCham Chile has referred to her recent trip to Washington D.C., where she spoke with the relevant committees of the US House of Representatives and the Senate. She explains that, “With an FTA that has been in force for 11 years and which has 100% duty free trade, it is increasingly important to promote new mechanisms for incentivizing bilateral economic activity”.
Changes arising from the reform
However, the opposition of the Kentucky Senator is not the only obstacle currently facing US companies wishing to invest in Chile. The tax reform introduced by the government of President Michelle Bachelet establishes different kinds of changes. Of particular concern to certain investors is the modification of the tax rate to which they will be subject. For investors from countries without an agreement in place, such as those from the United States, this could rise from 35% to 44.45% as of 1 January 2017.
This concerns Gonzalo Polanco, Executive Director of the Center for Taxation Studies of the Universidad de Chile. He states that, “the reform accentuates the importance of double taxation avoidance agreements, favoring foreign investment from countries with agreements already in place. (This is) because, for example, in the case of a partial integration system, companies founded in an agreement country will have the right to 100% of the first category tax credit, whereas those founded in non-agreement countries may only opt for 65% of their income tax credit. (T)his means that a US company, without the agreement (being) approved, could be paying an effective rate in the semi-integrated system of 44.5%, compared to the effective rate of the agreement in force, which would be 35%”.
As a result of this change, numerous concerns have been raised, expressing a belief that the measure generates a number of distortions. These distortions, commentators argue, enable changes to be made to existing structures, given that in the search for lowering rates, it is feasible that investments will be undertaken in a triangular fashion. In this instance, investment is made through a country with an agreement in place, thereby creating an artificial order, which might be subject to future litigation.
In addition, this could generative negative discrimination among foreign investors, for whom the rules of the game could change after more than 20 years of collaboration, without any clear justification. This is the position of Miguel Zamora, Partner-Director of the Taxation Area of legal firm Noguera, Larraín & Dulanto. He states that, “It is not understood why today, a business owner, (whether) German, Japanese or from the USA, is being charged a total tax of 44.45% by Chile, but if they are Canadian, Spanish or French, the tax rate is almost ten points lower”. Zamora is categorical in adding that, “it is unsustainable and generates bad incentives. Chile, as a small economy, open to the world, cannot afford these types of distortions”.
Despite the relevant specialized literature determining that the decision to invest in a country is not usually motivated by tax concerns, once the investor has decided to do so, the tax rate can indeed influence the choice of country in which the investment is to be made. In fact, it is exactly on this point that expert concern is focused. Hugo Hurtado from Deloitte says, “I’m worried about the new bills, because I see countries that previously prioritized Chile, but that today are starting to consider Colombia and Peru as options. If faced with countries with similar levels of macroeconomic stability, transparency and political stability, it’s possible that investments will be directed towards other countries in the region in search of better (tax) rates, which although may be steep, don’t reach 44.45%”.
It should be noted that in the case of the United States, the situation is even more complicated, as the country has a unilateral credit system with a maximum limit of 35%. With a tax rate of 44.45%, this difference translates directly into a lower return on investment.
While there are numerous opinions regarding possible solutions to this issue, all agree that there is no magic formula. As such, an alternative way out should be sought. If this does not happen, and as Kathleen Barclay has pointed out, “if this agreement is lacking, the effective rate for US investors could reach up to 44%, making investment in Chile all the more unattractive”. This is a scenario which, of course, no one wants.
FATCA
Following estimations that tax evasion results in losses of US$100 billion every year, on 18 March 2010 the United States Congress passed the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). This legislation aims to establish whether US citizens with foreign investments are evading taxes.
The corresponding treaty was signed by Chile in March 2014. It means that Chilean financial institutions are now obliged to provide information to the US government regarding accounts and/or products which might be held by US taxpayers in Chile. Furthermore, the Act establishes that in the case of a client refusing to authorize the provision of this information, financial institutions must close the respective account(s) and report the situation to the US government, including the name of the taxpayer.
This agreement gave rise to a global exchange of information between financial institutions and the US tax authority. It should be noted that it relates to general rather than specific client information, so as not to breach current Chilean banking privacy laws.
A comienzos de 2010, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo para evitar la doble tributación y fomentar el intercambio de información. A cinco años de ese momento, el tratado sigue sin ver la luz, pese a ser cada vez más necesario, en especial tras la aprobación de la reforma tributaria.
Para nadie es desconocido el decisivo rol que ha jugado el intercambio comercial en el desarrollo de la economía chilena. De hecho, a juicio de muchos expertos, es justamente la apertura al exterior lo que permitió a Chile convertirse en uno de los países líderes de la región y es en gran medida donde, en su momento, radicó su promesa de alcanzar el desarrollo antes que sus pares sudamericanos, apoyándose este discurso en las cifras récord que año tras año aumentaban con el ingreso de capitales al país.
Sólo basta considerar que tras poco más de dos décadas y decenas de Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos con países de todo el orbe, las exportaciones aumentaron 9 veces, específicamente entre 1990 y 2012. Por ello, no resulta extraño que desde el gobierno chileno se continúen impulsando medidas para estrechar los lazos, tanto con potenciales socios económicos como con otros ya establecidos, tal es el caso de los tratados para evitar que una empresa que opere en dos países termine tributando en ambos, por medio de los cuales se busca “impedir una doble tributación de rentas generadas por inversionistas extranjeros, es decir, que sólo tributen en uno de los países o, bien, si tributan en los dos, que haya un método para aliviar la carga”, explica el doctor en Derecho Tributario y director del Departamento de Tributación Internacional de Deloitte, Hugo Hurtado.
De acuerdo con información del Servicio de Impuestos Internos (SII), desde 1998 a la fecha, Chile ha suscrito 30 convenios de este tipo, 25 de los cuales se mantienen vigentes, y durante el segundo trimestre del año en curso se han firmado dos nuevos acuerdos, con China y Argentina.
Así, a nivel gubernamental, la decisión de empujar pactos de esta índole se basa principalmente en que los convenios tributarios contribuyen a reducir las barreras fiscales a las inversiones y las relaciones comerciales transfronterizas, al flujo de capitales y servicios, así como a la transferencia de tecnologías y conocimientos entre los países. Según lo señalado por el Ministerio de Hacienda, estos tratados permiten mejorar la coordinación entre las legislaciones y autoridades fiscales de cada país, a través del intercambio de información tributaria, lo que es fundamental para combatir la evasión y la elusión fiscal en el contexto internacional. Adicionalmente, contribuyen a otorgar un mayor grado de certeza en materia tributaria a los contribuyentes de los países que los suscriben, mediante el establecimiento de un marco internacionalmente aceptado.
Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
Hugo Hurtado, socio del departamento Tax & Legal de Deloitte.
Miguel Zamora, socio director del área tributaria del estudio de abogados Noguera, Larraín & Dulanto.
Una visión afín es la que tiene la presidenta de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, Kathleen Barclay, quien agrega que “un acuerdo de esta naturaleza es un incentivo para la inversión extranjera entre ambos países. Tiene un impacto en materia de dividendos percibidos por los accionistas y tributación sobre ganancias de capital (…) y el impacto proyectado sobre los ingresos tributarios para un país se ve compensado por el aumento en las inversiones totales”.
Asimismo, explicó que con este acuerdo también se verán beneficiados los fondos de pensiones chilenos con inversiones en Estados Unidos; facilitará un mayor flujo de capitales, lo que redundará en una profundización y diversificación de las actividades transnacionales, y contribuirá a que el país pueda constituirse en una plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región. Además, permitirá aliviar la carga tributaria de los profesionales chilenos residentes en el país del norte.
El factor Randall Paul
Por eso, y pese a tratarse de un análisis ampliamente compartido, no deja de llamar la atención que aun cuando Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial chileno y responsable de 25,76% del stock de inversiones entre 1974 y 2013, todavía no existe un tratado para evitar la doble tributación entre ambos países.
En febrero de 2010, específicamente el día jueves 4, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron un convenio tributario para evitar duplicar el pago de gravámenes. Cuatro años más tarde, en marzo de 2014, el pacto ingresó a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado y hoy está en el segundo trámite constitucional, a la espera de ser revisado y aprobado por el Senado.
Si bien no ha avanzado todo lo rápido que podría esperarse por la parte chilena, en especial considerando que 64% de los convenios actualmente vigentes demoraron entre 2 y 3 años desde que se suscribieron hasta que fueron publicados -siendo el más lento el firmado con Rusia, cuyo proceso demoró 8 años-, ha sido en el Congreso estadounidense donde se quedó entrampado.
Lo que hasta 2010 era casi un trámite de rutina y que no representaba ningún análisis mayor, se volvió un dolor de cabeza para la administración del Presidente norteamericano Barack Obama, desde que en 2011 llegara al Senado el representante republicano del estado de Kentucky, y posible candidato presidencial conservador, Randall Paul. El congresista se ha opuesto sistemáticamente a todo convenio que bajo su óptica pueda vulnerar los derechos esenciales de la privacidad de los ciudadanos, como es el caso de los tratados internacionales, y el que ha sido uno de los caminos vislumbrados por el gobierno demócrata para aumentar la recaudación fiscal sin incrementar los impuestos.
La preocupación del senador republicano reside en el artículo 27 del tratado, relativo al Intercambio de Información, pues éste plantea la cooperación entre administraciones fiscales con el fin de tener acceso a información sobre la cuantía y naturaleza de las rentas de los contribuyentes de los países que suscriben, colaborando así en la búsqueda de reducir la evasión fiscal, algo especialmente relevante en atención al flujo de las inversiones chilenas en el extranjero.
“El derecho estadounidense a la privacidad está siendo disminuido a perpetuidad. Nuestro gobierno está monitoreando nuestros correos electrónicos y los teléfonos celulares, y ahora quieren seguir nuestras cuentas bancarias, que es donde reside el epítome de lo que somos como individuos privados. Allí está lo que compramos, la comida que nos gusta, los medicamentos que tomamos, los médicos que vemos y los lugares a los que viajamos. Todos los estadounidenses -ya sea en casa o en el extranjero- merecen tener protegidos sus derechos”, señaló Randall Paul a través de una carta el 7 de mayo del año pasado a modo de defensa frente a su negación para dar vía libre a los cinco tratados que hoy mantiene bloqueados en el Senado (Chile, Luxemburgo, Suiza, Hungría y España).
En su percepción “los nuevos tratados son de recolección a granel y cuentan con un ambiguo umbral respecto al origen de la preocupación de los gobiernos por tener los registros bancarios, sin que casi sea necesaria ninguna razón”.
Como es de esperarse, esta posición le ha valido múltiples detractores, especialmente en el ámbito económico. Tal es el caso de la Organización Internacional para la Inversión (OFII), desde donde han sindicado a Paul como el culpable de la ralentización del progreso de los tratados y que se ahuyentaran potenciales inversiones de países con convenios en espera, así como de la desventaja que hoy enfrentan las empresas estadounidenses ante ciertos mercados.
En igual línea se manifestó el representante del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CNCE), William Reinsch, durante la misma jornada que se expuso el punto del republicano. Para Reinsch "si las empresas estadounidenses quieren mantener una posición competitiva en todo el mundo la política debería prevenir el exceso de pago de impuestos en el extranjero por inversiones transfronterizas, sobre todo si sus competidores extranjeros ya disfrutan de esa ventaja".
En tanto, desde Chile indican que la posición del senador republicano no guarda mayor lógica pues “Estados Unidos ya firmó un acuerdo de similares características por lo que eso ya debiese estar cubierto. Asimismo, Chile llegó a un acuerdo con la OCDE y adoptó suscribir esto de manera adelantada, siendo un aventajado en normas de transparencia, entonces no veo el problema”, sostiene el experto tributario de Deloitte.
Con esto en mente, y con el objetivo de recabar información que pueda aportar y agilizar a la discusión del tratado, la presidenta de AmCham Chile señaló que realizó una visita a Washington D.C. para hablar con los comités pertinentes en la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos, pues “con un TLC que ya lleva 11 años de vigencia y tiene el 100% del comercio libre de aranceles, es cada vez más necesario promover nuevos mecanismos que incentiven la actividad económica bilateral”.
Los cambios que trajo la reforma
Sin embargo, la oposición del representante de Kentucky no es la única traba que hoy están viviendo las empresas estadounidenses para invertir en Chile. La reforma tributaria adoptada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet instaura cambios de diversa índole, siendo de especial preocupación para algunos inversionistas la modificación al gravamen al que serán sometidos, el cual en el caso de quienes provengan de países sin convenio –como los estadounidenses- puede aumentar de 35% a 44,45% a contar del 1 de enero de 2017.
Tal como señala el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, “la reforma acentúa la importancia de los convenios para evitar la doble tributación, favoreciendo la inversión extranjera desde países con acuerdos debido a que, por ejemplo, en el caso del régimen de integración parcial, las empresas constituidas en un país con convenio tendrán derecho a 100% de crédito del impuesto de primera categoría, mientras que las constituidas en países sin convenio sólo podrán optar al crédito de 65% de su impuesto a la renta, lo que se traduce en que una empresa de Estados Unidos sin el convenio aprobado estaría pagando una tasa efectiva en el régimen semi integrado de 44,5%, en cambio con el convenio vigente su tasa efectiva sería de 35%”.
Dado este cambio se han levantado múltiples voces de alerta, pues se considera que la medida genera distorsiones, posibilitando la modificación de las estructuras, dado que en la búsqueda de rebajar las tasas es factible que la inversión se haga de manera triangulada, es decir, a través de un país con convenio, creando un orden artificial, lo que a futuro puede ser materia de litigio.
Adicionalmente, generaría una discriminación negativa entre inversionistas extranjeros a quienes se les estarían cambiando las reglas del juego tras más de 20 años de trabajo conjunto sin existir una justificación clara para hacerlo. Así lo sostiene Miguel Zamora, y socio director del área tributaria del estudio de abogados Noguera, Larraín & Dulanto, quien asegura que “no se entiende por qué hoy a un dueño de una empresa, alemán, japonés o de USA, Chile le cobre impuestos por un total de 44,45%, pero si ese socio es canadiense, español o francés, la carga tributaria es casi 10 puntos menos”, quien es categórico al agregar que “es insostenible y genera incentivos malos. Chile, como una economía pequeña, abierta al mundo, no puede permitirse ese tipo de distorsiones”.
Y es que a pesar que en la literatura especializada se establece que la decisión de invertir en un país normalmente no está motivada por fines tributarios, una vez que el inversor decide hacerlo, el gravamen sí puede influir en la elección del país en que lo haga. De hecho, es justamente en este punto donde se basa la inquietud de los expertos. “Me preocupan los nuevos proyectos, pues me toca ver países que antes tenían como prioridad Chile, pero hoy comienzan a pensar en Colombia y Perú como opciones. Si nos enfrentamos a países con similares estabilidad macroeconómica, niveles de transparencia y una política estable, es posible que las inversiones se vayan a otros países de la región en busca de mejores tasas, pues si bien en esos países las tasas también son altas, no llegan a 44,45%”, explica Hugo Hurtado de Deloitte.
Cabe destacar que en el caso de Estados Unidos se da una situación aún más compleja, pues dicho país tiene un sistema unilateral de créditos que tiene un tope de 35%, por lo que al tener un gravamen en torno a 44,45%, la diferencia se traduce directamente en un menor retorno de la inversión.
Si bien hay variadas opiniones sobre la posible solución que este tema puede tener, todos coinciden en que no existen recetas mágicas, por lo que debe buscarse una salida alternativa, pues de lo contrario, y tal como señaló Kathleen Barclay, “en la ausencia de este acuerdo, la tasa efectiva para inversionistas estadounidenses puede ser hasta 44%, haciéndoles menos atractiva la inversión en Chile”, algo que, obviamente, nadie quiere.
FATCA
Tras estimar que las pérdidas por evasión tributaria significan más de US$ 100 mil millones anuales, el 18 de marzo de 2010 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), la cual tiene por objetivo principal determinar si ciudadanos norteamericanos que cuenten con inversiones en el extranjero están evadiendo impuestos. En el caso de Chile, el acuerdo intergubernamental para dar cumplimiento a FATCA fue firmado en marzo de 2014, estableciéndose la obligatoriedad por parte de las instituciones financieras chilenas de entregar información al gobierno norteamericano respecto de las cuentas y/o productos que pudiesen mantener contribuyentes provenientes de dicho país en Chile. Además, se establece que en caso de no autorizarse la entrega de información por parte del cliente, las entidades financieras deben cerrar las cuentas e informar de esta situación al gobierno estadounidense, dando el nombre del contribuyente. Este acuerdo dio inicio al intercambio de información a nivel global entre las instituciones financieras y la autoridad tributaria estadounidense. Cabe destacar que se trata de información global y no especifica la situación de los clientes, de manera de no infringir la ley de privacidad bancaria existente en Chile.By Pía Rubio
In early 2010, the governments of Chile and the United States signed an agreement to avoid double taxation and strengthen the exchange of information. Five years later, the treaty has still not been put into practice, despite its increasing importance, especially following the passage of the Chilean tax reform.
The decisive role played by trade in Chilean economic development comes as a surprise to no one. In fact, according to many experts, it is precisely the opening up to other countries that has allowed Chile to become one of the leading nations in the region. It was also, to a large extent, the reason behind Chile’s announcement at the time to become the first developed nation in South America – using this argument as the basis for the record figures of foreign capital arriving into the country year after year.
It should be recalled that after a little more than two decades and dozens of Free Trade Agreements (FTAs) signed with countries from all over the world, between 1990 and 2012 exports increased nine-fold. Therefore, it comes as no surprise that the Chilean government is continuing to promote measures for strengthening ties with both potential and more established economic partners. This is the case for treaties which seek to ensure that a company operating in two countries does not have to pay taxes in both. According to Hugo Hurtado, doctorate in Taxation Law and Director of the International Tax Department at Deloitte, through such treaties Chile is seeking to, “prevent the double taxation of income generated by foreign investors, i.e., that they only pay taxes in one of the countries, or, if they pay taxes in both, that there is a method for lessening the burden”.
According to information from the Chilean Internal Revenue Service (SII), from 1998 to the present, Chile has signed 30 agreements of this type; 25 of which are still in force. In addition, the country has signed two new agreements, with China and Argentina, during the second quarter of 2015.
At the government level, the decision to pursue accords of this type is mainly due to the desire to bring about tax agreements which help to reduce tax barriers for cross-border investments and trade relations. It is also to strengthen the flow of capital and services, as well as the transfer of technology and knowledge between countries. According to the Ministry of Finance, these treaties improve coordination between legislation and tax authorities in every country, via the exchange of tax information. This is fundamental in fighting tax evasion and avoidance in the international context. In addition, this helps provide a greater degree of certainty in terms of taxation matters relating to taxpayers from signatory countries, by means of establishing an internationally recognized framework.
Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
Hugo Hurtado, socio del departamento Tax & Legal de Deloitte.
Miguel Zamora, socio director del área tributaria del estudio de abogados Noguera, Larraín & Dulanto.
A similar view is held by Kathleen Barclay, President of the Chilean-American Chamber of Commerce, AmCham Chile. She notes that, “an agreement of this nature is a foreign investment incentive for both countries. It impacts on the dividends received by shareholders and capital gains tax (…) and the projected impact on the tax revenues for a country is offset by the increase in total investment”.
Likewise, she explained that this agreement will also ensure benefits for Chilean pension funds with investments in the United States. For example, it will facilitate a greater flow of capital, which will result in a deepening, and diversification, of transnational activities. This will help the country to become a business platform for foreign businesses wishing to operate in the region. Furthermore, it will help to reduce the tax burden of Chilean professionals resident in the US.
The Randall Paul factor
Accordingly, and despite this being a widely held analysis, it is particularly striking that, even though the United States is Chile’s second biggest economic partner and responsible for 25.76% of all investment in the country from 1974 to 2013, there is still no double taxation avoidance treaty in place between the two countries.
On Thursday 4 February 2010, the governments of Chile and the United States signed a double taxation avoidance agreement. Four years later, in March 2014, the agreement was put before the Chilean Chamber of Deputies, where it was approved. Today, it finds itself in the second legislative stage, awaiting review and approval by the Senate.
Although it has not progressed as fast as it could have on the Chilean side, especially considering that 64% of agreements currently in force took from between two and three years to become law following their initial signing (the longest of which was the agreement signed with Russia, where the process took eight years), it has been the US Congress in which the agreement has become stuck.
Until 2010, this was almost a routine procedure and one which did not require any kind of great analysis. However, it soon became a headache for the Obama administration after 2011, with the arrival in the upper house of the US Congress of the Republican senator for Kentucky, and possible conservative candidate for President, Randal Paul. Senator Paul has systematically opposed what in his view may threaten the fundamental privacy rights of citizens, and which is commonly the case with international treaties. His claim is that this has been one of the ways envisaged by the Democrat government of increasing tax revenues without raising taxes.
The concern of the Republican senator lies in article 27 of the treaty, relating to the Exchange of Information. This article proposes cooperation between tax administrators with the aim of ensuring access to information on the amount and nature of the income of taxpayers from signatory countries. As such, it seeks to ensure collaboration in attempts to reduce tax evasion; a particularly relevant aspect in light of the flow of Chilean investment abroad.
“The American right to privacy is being permanently reduced. Our government is monitoring our emails and cell phones, and now they want to follow our bank accounts, which is where the epitome of who we are as private individuals resides. That’s where they can find what we buy, the food we like, the medicines we take, the doctors we see and the places to which we travel. All Americans – whether at home or abroad – deserve to have their rights protected”. These are the words penned by Randal Paul in a letter on 7 May 2014, in defense of his refusal to give free passage to the five treaties currently blocked in the Senate (relating to Chile, Luxembourg, Switzerland, Hungary and Spain).
In his opinion, “the new treaties are a bulk collection and have an ambiguous threshold regarding the origin of the government’s desire to access bank records, with almost no justification (to do so) being necessary”.
As expected, this position has earned Paul many critics, especially in the economic field. Such is the case regarding the Organization for International Investment (OFII), which has accused him of being guilty of slowing down the progress of the treaties and discouraging investment in the countries awaiting the passage of the treaty, as well as contributing to the disadvantage currently faced by US businesses in certain markets.
Similarly, William Reinsch, representative of the National Foreign Trade Council (NFTC), expressed a similar opinion on the same day that Senator Paul made the aforementioned remarks. Reinsch said, “If American companies wish to maintain a competitive position around the world, policy should prevent excessive tax payments abroad for transnational investments, especially if their foreign competitors already benefit from this advantage”.
Meanwhile, the view from Chile of Hugo Hurtado from Deloitte is that the stance of the Republican senator is somewhat illogical, given that, “the United States has already signed similar agreements, (and as a consequence) this (issue) must have been covered (previously). Likewise, Chile reached an agreement with the OECD, signing it in advance, because it provides advantages in terms of transparency rules, so I don’t see the problem”.
Bearing this in mind, and with the aim of gathering information which can support and accelerate the treaty discussion, the President of AmCham Chile has referred to her recent trip to Washington D.C., where she spoke with the relevant committees of the US House of Representatives and the Senate. She explains that, “With an FTA that has been in force for 11 years and which has 100% duty free trade, it is increasingly important to promote new mechanisms for incentivizing bilateral economic activity”.
Changes arising from the reform
However, the opposition of the Kentucky Senator is not the only obstacle currently facing US companies wishing to invest in Chile. The tax reform introduced by the government of President Michelle Bachelet establishes different kinds of changes. Of particular concern to certain investors is the modification of the tax rate to which they will be subject. For investors from countries without an agreement in place, such as those from the United States, this could rise from 35% to 44.45% as of 1 January 2017.
This concerns Gonzalo Polanco, Executive Director of the Center for Taxation Studies of the Universidad de Chile. He states that, “the reform accentuates the importance of double taxation avoidance agreements, favoring foreign investment from countries with agreements already in place. (This is) because, for example, in the case of a partial integration system, companies founded in an agreement country will have the right to 100% of the first category tax credit, whereas those founded in non-agreement countries may only opt for 65% of their income tax credit. (T)his means that a US company, without the agreement (being) approved, could be paying an effective rate in the semi-integrated system of 44.5%, compared to the effective rate of the agreement in force, which would be 35%”.
As a result of this change, numerous concerns have been raised, expressing a belief that the measure generates a number of distortions. These distortions, commentators argue, enable changes to be made to existing structures, given that in the search for lowering rates, it is feasible that investments will be undertaken in a triangular fashion. In this instance, investment is made through a country with an agreement in place, thereby creating an artificial order, which might be subject to future litigation.
In addition, this could generative negative discrimination among foreign investors, for whom the rules of the game could change after more than 20 years of collaboration, without any clear justification. This is the position of Miguel Zamora, Partner-Director of the Taxation Area of legal firm Noguera, Larraín & Dulanto. He states that, “It is not understood why today, a business owner, (whether) German, Japanese or from the USA, is being charged a total tax of 44.45% by Chile, but if they are Canadian, Spanish or French, the tax rate is almost ten points lower”. Zamora is categorical in adding that, “it is unsustainable and generates bad incentives. Chile, as a small economy, open to the world, cannot afford these types of distortions”.
Despite the relevant specialized literature determining that the decision to invest in a country is not usually motivated by tax concerns, once the investor has decided to do so, the tax rate can indeed influence the choice of country in which the investment is to be made. In fact, it is exactly on this point that expert concern is focused. Hugo Hurtado from Deloitte says, “I’m worried about the new bills, because I see countries that previously prioritized Chile, but that today are starting to consider Colombia and Peru as options. If faced with countries with similar levels of macroeconomic stability, transparency and political stability, it’s possible that investments will be directed towards other countries in the region in search of better (tax) rates, which although may be steep, don’t reach 44.45%”.
It should be noted that in the case of the United States, the situation is even more complicated, as the country has a unilateral credit system with a maximum limit of 35%. With a tax rate of 44.45%, this difference translates directly into a lower return on investment.
While there are numerous opinions regarding possible solutions to this issue, all agree that there is no magic formula. As such, an alternative way out should be sought. If this does not happen, and as Kathleen Barclay has pointed out, “if this agreement is lacking, the effective rate for US investors could reach up to 44%, making investment in Chile all the more unattractive”. This is a scenario which, of course, no one wants.
FATCA
Following estimations that tax evasion results in losses of US$100 billion every year, on 18 March 2010 the United States Congress passed the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). This legislation aims to establish whether US citizens with foreign investments are evading taxes.
The corresponding treaty was signed by Chile in March 2014. It means that Chilean financial institutions are now obliged to provide information to the US government regarding accounts and/or products which might be held by US taxpayers in Chile. Furthermore, the Act establishes that in the case of a client refusing to authorize the provision of this information, financial institutions must close the respective account(s) and report the situation to the US government, including the name of the taxpayer.
This agreement gave rise to a global exchange of information between financial institutions and the US tax authority. It should be noted that it relates to general rather than specific client information, so as not to breach current Chilean banking privacy laws.