Con el enfoque de que no se construya nada cerca de nadie, lo que se conoce en ingl\u00e9s con el t\u00e9rmino BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone), se ha presionado a las autoridades a intervenir. En un caso a mediados de 2010, el presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era solicit\u00f3 personalmente a GDF Suez que detuviera la construcci\u00f3n de la central termoel\u00e9ctrica Barrancones que se iba a construir cerca de Punta de Choros, \u00e1rea marina protegida ubicada en la Regi\u00f3n de Coquimbo en el norte de Chile.<\/span><\/p>\n \u201cEl problema es el rechazo que provocan los proyectos en muchas comunidades. Hay una necesidad de que las instituciones tengan una mayor legitimidad\u201d, afirma Ren\u00e9 Muga, presidente de la Asociaci\u00f3n Gremial de Generadoras de Chile.<\/span><\/p>\n Sin embargo, Chile ha logrado avances en mejorar sus instituciones ambientales. Esto puede remontarse hasta mediados de la \u00faltima d\u00e9cada cuando Chile buscaba convertirse en miembro de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE). Una de las recomendaciones de la OCDE en ese entonces fue que Chile necesitaba un \u00f3rgano capaz de hacer cumplir las regulaciones ambientales.<\/span><\/p>\n En el 2010, el mismo a\u00f1o en que Chile se uni\u00f3 a la OCDE, el Gobierno del presidente Pi\u00f1era cre\u00f3 el Ministerio del Medio Ambiente. Este reemplaz\u00f3 a la antigua Comisi\u00f3n Nacional de Medio Ambiente (Conama) y ahora comparte la responsabilidad de desarrollar pol\u00edticas ambientales con el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el que incluye a nueve ministros desde Hacienda hasta Miner\u00eda. Chile tambi\u00e9n comenz\u00f3 a desarrollar una serie de nuevas instituciones ambientales que fueron aprobadas bajo el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.<\/span><\/p>\n La nueva Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha asumido el rol regulador de Conama en materia de cumplimiento y aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n. Formada en diciembre del a\u00f1o pasado, tiene la facultad de imponer multas de hasta US$10 millones por infracciones medioambientales. Uno de los primeros actos de la Superintendencia fue multar a la canadiense Barrick Gold por m\u00faltiples violaciones en el proyecto minero Pascua Lama cerca de Vallenar, en la zona central Chile.<\/span><\/p>\n No obstante, las empresas podr\u00e1n apelar las decisiones de la Superintendencia a trav\u00e9s de nuevos tribunales ambientales especializados. Estos tribunales pueden acoger casos en contra del Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA), que administra el Sistema de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental, y casos relacionados con supuesto da\u00f1o ambiental.<\/span><\/p>\n Con el tiempo habr\u00e1 tres \u2013uno en Antofagasta (conocido como el Primer Tribunal), uno en Santiago (el Segundo) y uno en Valdivia (el Tercero)\u2013 con jurisdicci\u00f3n en las zonas norte, centro y sur del pa\u00eds, respectivamente. No obstante, por ahora, solo uno est\u00e1 en operaci\u00f3n, el Segundo Tribunal en Santiago que comenz\u00f3 a recibir causas en marzo.<\/span><\/p>\n Barrick, a trav\u00e9s de su filial Minera Nevada, fue la primera compa\u00f1\u00eda en presentar una demanda ante el tribunal. Si bien retir\u00f3 el caso en mayo tras anunciar que pagar\u00e1 una multa reducida, se han presentado otras cinco demandas, cuatro de ellas contra el SEA. La quinta es una acci\u00f3n del gobierno que alega contaminaci\u00f3n en una planta de compostaje.<\/span><\/p>\n Fiscalizaci\u00f3n Judicial<\/span><\/strong><\/p>\n Los tribunales son el resultado de una concesi\u00f3n pol\u00edtica, sostiene el subsecretario del Medio Ambiente de Chile, Ricardo Irarr\u00e1zabal. El problema inicial fue la falta de una agencia gubernamental para monitorear las infracciones ambientales. Pero el poder de la Superintendencia gener\u00f3 el temor de una extralimitaci\u00f3n del Gobierno. Legisladores conservadores insistieron en la creaci\u00f3n de los tribunales ambientales como un recurso legal para las sanciones del SMA. \u201cEn el fondo t\u00fa tienes que generarle un contrapeso a la administraci\u00f3n p\u00fablica. Porque en el fondo hay una suerte de asimetr\u00eda entre el administrado y la administraci\u00f3n. El que tiene la mayor posibilidad de ganar es la administraci\u00f3n. Por eso se requiere un control jurisdiccional, en este caso el tribunal ambiental, sobre la administraci\u00f3n\u201d, afirma Irarr\u00e1zabal.<\/span><\/p>\n Irarr\u00e1zabal indica que la Superintendencia corrige una \u201cfalta de legitimidad\u201d en las instituciones ambientales de Chile y que los Tribunales Ambientales son un componente clave para asegurar que todos los actores, incluidas las compa\u00f1\u00edas y los grupos ambientalistas, respeten sus decisiones.<\/span><\/p>\n Chile no es el primer pa\u00eds en introducir cortes especializadas en cuestiones medioambientales. Adem\u00e1s de algunos tribunales estatales, la Junta de Apelaciones Ambientales de Estados Unidos de la Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental (EPA, por su sigla en ingl\u00e9s) ha estado en funcionamiento desde el a\u00f1o 1992. La cantidad de este tipo de tribunales en el mundo tambi\u00e9n se ha incrementado en los \u00faltimos a\u00f1os a medida que los pa\u00edses lidian con desaf\u00edos ambientales cada vez m\u00e1s complejos.<\/span><\/p>\n En Chile, cada tribunal tendr\u00e1 tres ministros, que incluyen dos abogados y un licenciado en ciencias con especializaci\u00f3n en materias medioambientales, con dos sustitutos. La Alta Direcci\u00f3n P\u00fablica, el servicio de reclutamiento de funcionarios p\u00fablicos de Chile, propone los nombres de los potenciales ministros a la Corte Suprema, que revisa los candidatos y env\u00eda los nominados al presidente. Finalmente, los nombres pasan al Senado para su ratificaci\u00f3n. Los ministros ocupar\u00e1n el cargo por seis a\u00f1os y pueden ser reelegidos por otro per\u00edodo.<\/span><\/p>\n Abogados, funcionarios de gobierno y desarrolladores de proyectos esperan que la separaci\u00f3n de los tribunales de los roles de evaluaci\u00f3n ambiental, decisiones pol\u00edticas y aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n conducir\u00e1 a una institucionalidad m\u00e1s fuerte, menos decisiones arbitrarias y normas m\u00e1s claras para los inversionistas.<\/span><\/p>\n \u201cEsa separaci\u00f3n claramente hace un sistema que en teor\u00eda funciona mejor y tiene mejor credibilidad y legitimidad\u201d, dice Muga. \u201cNo es algo de inmediato, necesita tiempo\u201d.<\/span><\/p>\n Claudia Galleguillos, directora de proyectos de gesti\u00f3n h\u00eddrica del instituto de innovaci\u00f3n y transferencia tecnol\u00f3gica Fundaci\u00f3n Chile, sostiene que los tribunales permitir\u00e1n decisiones m\u00e1s consistentes y m\u00e1s s\u00f3lidas desde el punto de vista t\u00e9cnico. \u201cUna demanda por da\u00f1o ambiental, cuando cae en un tribunal normal, es muy dif\u00edcil hacer la evaluaci\u00f3n, porque [los jueces] no tienen el conocimiento cient\u00edfico para llevarlo como tal\u201d, asevera. Se\u00f1ala que otro aspecto de los nuevos tribunales que deber\u00eda hacerlos mejor par lidiar con casos ambientales es que permitir\u00e1n que expertos externos participen. Conocidos comoamici curiae, o \u201camigos de la corte\u201d, estas personas que no son partes involucradas en la causa pueden presentar sus opiniones, observaciones o sugerencias con el patrocinio de un abogado.<\/span><\/p>\n Sin embargo, abogados y otros especialistas en medio ambiente tienen sus aprehensiones sobre la efectividad de los tribunales.<\/span><\/p>\n Jurisdicci\u00f3n Limitada<\/span><\/strong><\/p>\n Los tribunales no son solo para compa\u00f1\u00edas. Los ciudadanos tambi\u00e9n pueden utilizarlos en casos de supuesta negligencia ambiental, pero principalmente ser\u00e1n una ruta de apelaci\u00f3n para las empresas m\u00e1s que para las comunidades afectadas, indica Ezio Costa, abogado ambiental de la Fiscal\u00eda del Medio Ambiente (FIMA), organizaci\u00f3n sin fines de lucro de derecho ambiental.<\/span><\/p>\n Para empezar, las demandas sobre supuestas violaciones de derechos constitucionales, tales como el \u201cderecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci\u00f3n\u201d consagrado en el Art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n de Chile, todav\u00eda van directo a la Corte de Apelaciones. \u201cDesde el punto de vista de la gente, no hay muchas maneras de llegar al tribunal ambiental\u201d, dice Costa. Un grupo de una comunidad debe pasar por un proceso administrativo de apelaciones antes de que su causa pueda pasar al tribunal. Continuar\u00e1 guiando a los demandantes a las Cortes de Apelaciones en lugar de a los Tribunales Ambientales, se\u00f1ala.<\/span><\/p>\n \u201cDepende de c\u00f3mo vayan las resoluciones\u201d, comenta. \u201cHoy en d\u00eda, conf\u00edo m\u00e1s en la Corte [de Apelaciones]. No sabemos como fallar\u00e1 el tribunal, porque no ha emitido ni una sola resoluci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n Juan Carlos Urquidi, abogado de la consultora ambiental SustentaRSE en Santiago, va m\u00e1s all\u00e1 al calificar de \u201cconfuso\u201d el razonamiento jur\u00eddico tras los tribunales. Urquidi dice que son fundamentalmente defectuosos y que tendr\u00e1n que redise\u00f1arse para garantizar una operaci\u00f3n eficiente.<\/span><\/p>\n El problema es que sus resoluciones, en algunos casos, pueden llevarse a las Cortes de Apelaciones de Chile y a la larga a la Corte Suprema de modo que su poder es limitado. “Su jurisprudencia tendr\u00e1 muy poco valor si las causas siempre terminan en los tribunales ordinarios de justicia”, se\u00f1ala.<\/span><\/p>\n No obstante, la esperanza es que con el tiempo, como ha ocurrido con otros tribunales especiales de Chile como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que revisa las causas antimonopolio, los tribunales llegar\u00e1n a respetar los fallos de los Tribunales Ambientales, se\u00f1ala Ren\u00e9 Muga. Se Buscan Abogados<\/span><\/strong><\/p>\n Otro problema, que ha demorado la creaci\u00f3n de los tribunales en Antofagasta y Valdivia, es que el Gobierno ha tenido problemas para encontrar abogados calificados dispuestos a asumir el trabajo por el sueldo que se ofrece, dice Urquidi.<\/span><\/p>\n \u201cMe llamaron firmas de reclutamiento de personal tratando de convencerme de que postulara y dije que no\u201d, se\u00f1ala. Afirma que dadas las normas de conflicto de intereses \u201ces m\u00e1s f\u00e1cil ser aceptado por la NASA [la agencia aeroespacial estadounidense]\u201d.<\/span><\/p>\n Pero el tribunal de Santiago tiene jurisdicci\u00f3n nacional hasta que se conformen los otros tribunales y la Corte Suprema actualmente est\u00e1 evaluando a los nominados para el tribunal de Valdivia.<\/span><\/p>\n Si bien la formaci\u00f3n de los tres tribunales podr\u00eda demorarse, Costa afirma que a la larga podr\u00edan ayudar a reducir las disputas judiciales.<\/span><\/p>\n \u201cEn la medida que empecemos todos a confiar en la SMA, y en las medidas que la superintendencia impone, van a bajar -yo creo- los conflictos\u201d, manifiesta. En otras palabras, si los chilenos ven que el Gobierno est\u00e1 velando por el cumplimiento de la normativa ambiental, estar\u00e1n menos motivados a oponerse a todo desarrollo, incluidos los nuevos proyectos mineros y energ\u00e9ticos.<\/span><\/p>\n Queda por ver si los tribunales cumplir\u00e1n con su promesa de entregar supervisi\u00f3n judicial a las instituciones ambientales de Chile, pero sus potenciales ventajas incluyendo los menores costos de litigio y una toma de decisiones predecible son innegables.<\/span><\/p>\n Steven Bodzin trabaja como periodista freelance en Santiago<\/span><\/strong><\/p>\n <\/p>\n Big energy projects in Chile have ground to a standstill in recent years. New plants are badly needed to lower energy costs and meet the country\u2019s growing demand, but environmental lawsuits have halted thousands of megawatts worth of new generation, from the HidroAys\u00e9n hydroelectric project in Patagonia to the Castilla coal-fired project in northern Chile.<\/p>\n Worryingly for investors, new projects have faced stiff opposition even after obtaining environmental approval. This has led to some projects, such as Castilla, being blocked in the Supreme Court with billions of dollars worth of investments at stake.<\/span><\/p>\n Sometimes referred to as BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone), this approach has put pressure on the authorities to intervene. In one case in mid-2010, President Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era personally asking GDF Suez to halt construction of the Barrancones coal-fired power plant that was to be built near the Punta de Choros protected marine area in Chile\u2019s Coquimbo Region.<\/span><\/p>\n \u201cThe problem is that new projects have been rejected in many communities. There is a need for institutions that have greater legitimacy,\u201d says Ren\u00e9 Muga, president of Chilean Association of Power Generators.<\/span><\/p>\n But Chile has made progress in improving its environmental institutions. This can be traced back to the middle of last decade when Chile sought membership in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). One of the OECD\u2019s recommendations at the time was that Chile needed a body capable of enforcing environmental regulations.<\/span><\/p>\n In 2010, the same year Chile joined the OECD, the government of President Pi\u00f1era created a new Environment Ministry. This has replaced the old National Commission for the Environment (Conama) and now shares responsibility for developing environmental policies with the Council of Ministers for Sustainability, which includes nine ministers from Finance to Mining. Chile also began developing a series of new environmental institutions that were approved under the government of former President Michelle Bachelet.<\/span><\/p>\n The new Superintendency for the Environment, orSuperintendencia del Medio Ambiente(SMA), has taken over Conama\u2019s regulatory role in compliance and enforcement. Formed in December last year, it has the power to levy fines as large as US$10 million for environmental infractions. One of the first acts of the Superintendency was to fine Canada\u2019s Barrick Gold for multiple violations at the Pascua Lama mining project near Vallenar in central Chile.<\/span><\/p>\n But companies will be able to appeal the Superintendency\u2019s decisions through new specialized Environmental Tribunals. These courts will also hear cases against the Environmental Evaluation Service (SEA), which administers the Environmental Impact Assessment System, and cases regarding alleged environmental damage.<\/span><\/p>\n There will eventually be three \u2013 one in Antofagasta (known as the First Tribunal), one in Santiago (the Second), and one in Validivia (the Third) \u2013 with jurisdiction in the northern, central and southern parts of the country respectively. For now though, only one is in operation \u2013 the Second Tribunal in Santiago that began hearing cases in March.<\/span><\/p>\n Barrick, through its subsidiary Minera Nevada, was the first company to file a claim with the tribunal. Although it withdrew its case in May after announcing it will pay a reduced fine, five more suits have been filed, four of which are against the SEA. The other is a government action alleging pollution at a compost facility.<\/span><\/p>\n Judicial oversight<\/span><\/strong><\/p>\n The courts are the result of a political compromise, says Chile\u2019s Undersecretary for the Environment, Ricardo Irarr\u00e1zabal. The initial problem was the lack of a government agency to police environmental infractions. But the power of the Superintendency raised the specter of government overreach. Conservative lawmakers insisted upon the creation of the environmental tribunals as a legal recourse for SMA sanctions. \u201cYou need a counterweight for public administration,\u201d says Irarr\u00e1zabal. \u201cThere\u2019s an asymmetry between the administrator and the administrated. The one most likely to win is the administration, so judicial oversight is called for.\u201d<\/span><\/p>\n Irarr\u00e1zabal says the Superintendency corrects a \u201clack of legitimacy\u201d in Chile\u2019s environmental institutions, and the Environmental Tribunals are a key component to ensure all actors, including companies and environmental groups, respect its decisions.<\/span><\/p>\n Chile is not the first country to introduce specialized environmental courts. In addition to some State tribunals, the US Environmental Appeals Board of the Environmental Protection Agency (EPA) has been operating since 1992. The number of these types of tribunals around the world has also increased in recent years as countries deal with increasingly complex environmental challenges.<\/span><\/p>\n In Chile, each tribunal will have three judges, including two lawyers and an environmental scientist, with two alternates. Chile\u2019s civil service recruitment department, the Alta Direcci\u00f3n Publica, proposes the names of potential judges to the Supreme Court, which vets candidates and sends nominees to the President. Finally, the names go to the Senate for ratification. The judges will serve for six years and can be reelected for one additional period.<\/span><\/p>\n Lawyers, officials and project developers hope that the separation of the tribunals from the roles of environmental evaluation, enforcement and policy decisions will lead to stronger rule of law, fewer arbitrary decisions, and clearer rules for investors.<\/span><\/p>\n \u201cThis separation makes a system that in theory functions better and has more credibility,\u201d says Muga. \u201cIt\u2019s not immediate, it will take time.\u201d<\/span><\/p>\n Claudia Galleguillos, director of water management at the technology transfer and innovation institute Fundaci\u00f3n Chile , says the courts will allow for more consistent, technically sound decisions. \u201cIn a case over environmental damage, for example, when it goes to a normal court, it\u2019s very difficult to evaluate because (the judges) don\u2019t have the scientific knowledge to help them decide,\u201d she said. She says another aspect of the new courts that should make them better at dealing with environmental cases is that they will allow outside experts to participate. Known asamici curiae, or \u201cfriends of the court\u201d, these people who aren\u2019t parties to the case can have a lawyer enter their opinion, observations or suggestions.<\/span><\/p>\n But lawyers and other environmental specialists are withholding judgment about the effectiveness of the tribunals.<\/span><\/p>\n Limited jurisdiction<\/span><\/strong><\/p>\n The tribunals are not just for companies. Citizens can also use them in cases of alleged environmental negligence, but they will mostly be a route of appeal for companies rather than affected communities, says Ezio Costa, an environmental lawyer with the non-profit environmental legal organization Fiscal\u00eda del Medio Ambiente (FIMA). For one thing, suits over alleged violations of constitutional rights, such as the \u201cright to live in an environment free from contamination\u201d enshrined in Article 19 of the Chilean constitution, still go straight to the Court of Appeals.<\/span><\/p>\n \u201cThere aren\u2019t many ways for people to bring a case to this court,\u201d says Costa. A community group must go through an administrative appeals process before its case can go to the court. He will continue to guide plaintiffs to the Courts of Appeal rather than the Environmental Tribunals, he said.<\/span><\/p>\n \u201cIt depends on how the decisions go,\u201d he said. \u201cToday, I trust the (appeals) court more. We don\u2019t know how the tribunal will decide because they haven\u2019t made a single decision.\u201d<\/span><\/p>\n Juan Carlos Urquidi, a lawyer with the environmental consultancy SustentaRSE in Santiago, goes further, calling the legal reasoning behind the tribunals \u201cconfusing\u201d. He says they are fundamentally flawed, and will have to be redesigned to guarantee efficient operation.<\/span><\/p>\n The problem is that their decisions, in some cases, can be taken to Chile\u2019s Courts of Appeal and eventually to the Supreme Court so their power is limited. “Their jurisprudence will have very little value if the cases always end up in the ordinary courts of justice,” he says. However, the hope is that over time, as with Chile\u2019s other special tribunals like theTribunal de Defensa de la Libre Competencia, which hears antitrust cases, the courts will come to respect the decisions of the Environmental Tribunals, says Ren\u00e9 Muga.<\/span><\/p>\n Lawyers wanted<\/span><\/strong><\/p>\n Another problem, which has delayed the creation of the tribunals in Antofagasta and Valdivia, is that the government has struggled to find qualified lawyers willing to take on the job for the pay being offered, says Urquidi.<\/span><\/p>\n \u201cI was called by headhunters trying to convince me to apply and I said no,\u201d he said. Given the conflict of interest rules, he says, \u201cIt\u2019s easier to be accepted by NASA (the US National Aeronautics and Space Administration).\u201d<\/span><\/p>\n But the Santiago tribunal has national jurisdiction until the other courts are formed, and the Supreme Court is currently considering nominees to the Valdivia tribunal.<\/span><\/p>\n Although it may take time for all three tribunals to be formed, Costa says they could eventually help to reduce legal disputes.<\/span><\/p>\n \u201cAs we start to trust the SMA and the measures it imposes, that will reduce conflicts,\u201d he says. In other words, if Chileans see the government is enforcing environmental rules, they will be less motivated to oppose all development, including new energy and mining projects.<\/span><\/p>\n It remains to be seen if the courts will deliver on their promise of providing judicial oversight of Chile\u2019s environmental institutions, but their potential advantages including reduced litigation costs and predictable decision-making can\u2019t be denied.<\/span><\/p>\n Steven Bodzin is a freelance journalist based in Santiago<\/span><\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" <\/p>\n Grandes proyectos de energ\u00eda en Chile han llegado a un punto muerto en los \u00faltimos a\u00f1os. Se necesitan desesperadamente nuevas centrales para reducir los costos de la energ\u00eda y satisfacer la creciente demanda del pa\u00eds, pero demandas ambientales han detenido miles de megavatios de nueva generaci\u00f3n, desde el proyecto hidroel\u00e9ctrico HidroAys\u00e9n en la Patagonia hasta el proyecto termoel\u00e9ctrico Castilla en el norte de Chile.<\/p>\n <\/p>\n Grandes proyectos de energ\u00eda en Chile han llegado a un punto muerto en los \u00faltimos a\u00f1os. Se necesitan desesperadamente nuevas centrales para reducir los costos de la energ\u00eda y satisfacer la creciente demanda del pa\u00eds, pero demandas ambientales han detenido miles de megavatios de nueva generaci\u00f3n, desde el proyecto hidroel\u00e9ctrico HidroAys\u00e9n en la Patagonia hasta el proyecto termoel\u00e9ctrico Castilla en el norte de Chile.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"template":"","news_tax":[],"user_type":[],"class_list":["post-5047","news","type-news","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n![](\"\/sites\/default\/files\/Ricardo_Irarrazabal_1.jpg\")
<\/span><\/p>\n![](\"\/sites\/default\/files\/CLAUDIA_GALLEGUILLOS.jpg\")
<\/span><\/p>\n![](\"\/sites\/default\/files\/EZIO_COSTA_1.jpg\")
<\/span><\/p>\n![](\"\/sites\/default\/files\/Juan_carlos_Urquidi.jpg\")
<\/span><\/p>\n![](\"\/sites\/default\/files\/Ricardo_Irarrazabal_2.jpg\")
<\/span><\/p>\n![](\"\/sites\/default\/files\/CLAUDIA_GALLEGUILLOS_0.jpg\")
<\/span><\/p>\n![](\"\/sites\/default\/files\/EZIO_COSTA_1_0.jpg\")
<\/span><\/p>\n![](\"\/sites\/default\/files\/Juan_carlos_Urquidi_0.jpg\")
<\/span><\/p>\n