\n
\nComo un actor relativamente nuevo en la compleja tarea de asegurar que las elecciones se disputen en un campo parejo en t\u00e9rminos financieros y que no sean caldo de cultivo para la corrupci\u00f3n, Chile est\u00e1 proponiendo reformar su legislaci\u00f3n en una apuesta por incrementar la transparencia.<\/B><\/I><\/p>\n
En 1860, Abraham Lincoln habr\u00eda gastado USD 100.000 en su elecci\u00f3n como presidente de Estados Unidos. En el 2004, George W. Bush recaud\u00f3 USD 270 millones y la Comisi\u00f3n Federal de Elecciones de Estados Unidos espera que, en la carrera presidencial del 2008, los candidatos apunten a cifras que superen los USD 500 millones cada uno.<\/p>\n
Los crecientes costos electorales son una preocupaci\u00f3n mundial y Chile no es la excepci\u00f3n. Seg\u00fan el Servicio Electoral (SERVEL), la agencia estatal responsable de supervisar las elecciones, la carrera presidencial del 2005 cost\u00f3 cerca de USD 27 millones. Y, aunque la cifra podr\u00eda parecer modesta si se compara con los est\u00e1ndares estadounidenses, no es tan distinta -a un valor de USD 1,65 por habitante- si se mide per c\u00e1pita.<\/p>\n
En las elecciones, la cantidad que se gasta puede ser tan preocupante como la forma en que se recauda el dinero. Los altos gastos no s\u00f3lo facilitan la corrupci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n pueden inclinar el campo de juego, excluyendo a candidatos capaces, pero menos dotados financieramente. <\/p>\n
Sin embargo, como la libertad de expresi\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 en juego, no es f\u00e1cil saber d\u00f3nde trazar la l\u00ednea. En 1971, bajo el mandato del presidente Richard Nixon, Estados Unidos introdujo uno de los primeros intentos modernos por regular el financiamiento de campa\u00f1as.<\/p>\n
Adem\u00e1s de limitar las donaciones, exigir la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n y proveer financiamiento p\u00fablico a las elecciones presidenciales, tambi\u00e9n limitaba el gasto de los candidatos. Sin embargo, en 1976, la Corte Suprema revoc\u00f3 el l\u00edmite al gasto porque restring\u00eda la expresi\u00f3n -\u201cpr\u00e1cticamente todos los medios para comunicar ideas en la sociedad de masas de hoy requieren el gasto de dinero\u201d, sentenci\u00f3- aunque acogi\u00f3 las dem\u00e1s provisiones de la ley y aplica l\u00edmites a los candidatos que aceptan financiamiento p\u00fablico. <\/p>\n
En Chile, hasta hace unos pocos a\u00f1os el financiamiento de campa\u00f1as no estaba regulado y era ampliamente identificado como una de las manchas, que enlodaba la s\u00f3lida reputaci\u00f3n de Chile en t\u00e9rminos de transparencia y probidad. Eso cambi\u00f3 en el 2003 cuando, a la luz de un esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n en el Ministerio de Obras P\u00fablicas y Transportes, el gobierno -con el respaldo de la oposici\u00f3n- present\u00f3 un proyecto de ley para limitar el gasto en las campa\u00f1as, regular las donaciones y proveer algo de financiamiento estatal.<\/p>\n
Esta nueva ley, vigente desde las elecciones municipales del 2004 y las presidenciales y parlamentarias del 2005, fue un \u00fatil primer paso. Ninguno de los candidatos en la carrera presidencial del 2005, por ejemplo, super\u00f3 el l\u00edmite legal impuesto al gasto.<\/p>\n
Sin embargo, la ley adolece de una serie de importantes debilidades, incluida particularmente la limitada capacidad del SERVEL para supervisar de manera efectiva. Esto qued\u00f3 de manifiesto cuando las acusaciones que indicaban que dineros asignados a Chiledeportes -la agencia gubernamental de promoci\u00f3n del deporte- se hab\u00edan usado para fines electorales en el 2005, terminaron revelando que una serie de facturas presentadas al SERVEL como parte de las cuentas de campa\u00f1a correspond\u00edan a empresas fantasma, pero no hab\u00edan sido detectadas por la entidad fiscalizadora. <\/p>\n
REGLAS BASE<\/font><\/B><\/p>\n En lo que respecta a las fuentes de financiamiento de campa\u00f1a, la ley del 2003 no opt\u00f3 por la divulgaci\u00f3n total de la informaci\u00f3n. En cambio, prefiri\u00f3 la simetr\u00eda en el acceso a la informaci\u00f3n, donde tanto el candidato como la opini\u00f3n p\u00fablica, o ninguno de ellos, conocen el origen de una donaci\u00f3n.<\/p>\n En el caso del tipo de aporte \u00fanico m\u00e1s importante -las denominadas \u201cdonaciones reservadas\u201d- no se informa ni a la ciudadan\u00eda ni al candidato de la fuente de los fondos. En virtud de este veh\u00edculo, los donativos se hacen a trav\u00e9s del SERVEL que los distribuye a los candidatos de conformidad con las instrucciones entregadas por el donante.<\/p>\n Adem\u00e1s, en una apuesta por nivelar el campo de financiamiento, la ley permite que los candidatos consigan pr\u00e9stamos a fin de financiar los gastos de campa\u00f1a. De hecho, los cr\u00e9ditos correspondieron al 64% del financiamiento de la elecci\u00f3n del 2005, mecanismo que emple\u00f3 particularmente la Presidenta Michelle Bachelet. <\/p>\n \u201cEste mecanismo funciona muy bien\u201d, se\u00f1ala Blanca Palacios de SERVEL. \u201cLa campa\u00f1a de la Presidenta Bachelet se financi\u00f3 casi por completo de esa forma\u201d. <\/p>\n \u201cEs bueno que los candidatos tengan que asumir deuda por su campa\u00f1a\u201d, admite Tom\u00e1s Duval, analista pol\u00edtico del Instituto Libertad, centro de estudios de oposici\u00f3n, \u201cpero necesitamos saber cu\u00e1ndo y c\u00f3mo la pagan\u201d. <\/p>\n Ah\u00ed es donde ayuda el financiamiento estatal. En virtud de la ley del 2003, el Estado chileno reembolsa a los candidatos tras la presentaci\u00f3n de sus cuentas de campa\u00f1a, pag\u00e1ndoles poco menos de USD 1 por cada voto recibido y, en la elecci\u00f3n del 2005, esto represent\u00f3 cerca del 45% del gasto electoral total. <\/p>\n No obstante, Duval est\u00e1 en contra de que se otorgue m\u00e1s financiamiento estatal a la pol\u00edtica. \u201cEsto entrega una se\u00f1al perversa a los partidos; donde se vuelven dependientes del financiamiento p\u00fablico en lugar de depender de la gente\u201d, acota. <\/p>\n M\u00e1s preocupante es la transparencia en el financiamiento de campa\u00f1as, donde se necesitan mayores esfuerzos para garantizar que los fondos p\u00fablicos no terminen en las arcas de las campa\u00f1as, afirma Duval. \u201cDurante la elecci\u00f3n presidencial, Chiledeportes recibi\u00f3 dinero para proyectos, el que fue a parar al financiamiento de campa\u00f1as; eso es malo e ilegal\u201d, sostiene.<\/p>\n A trav\u00e9s de una iniciativa de transparencia gubernamental, lanzada en noviembre, el gobierno de Bachelet intenta evitar tales negligencias. \u201cNuestro objetivo es transformar estos incidentes lamentables en una oportunidad para tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar que no vuelvan a ocurrir\u201d, se\u00f1ala Rafael Blanco, secretario ejecutivo de la Agenda Pro Transparencia y Probidad del gobierno. <\/p>\n Un proyecto de ley actualmente ante el Congreso har\u00eda m\u00e1s estricta la regulaci\u00f3n del financiamiento electoral, ampli\u00e1ndolo para incluir donaciones realizadas fuera de los per\u00edodos de campa\u00f1a y creando un registro de proveedores de campa\u00f1a, con el fin de evitar la presentaci\u00f3n de facturas de empresas fantasma. Asimismo, crear\u00eda una nueva divisi\u00f3n supervisora al interior del SERVEL, encabezada por un funcionario designado de manera independiente. <\/p>\n NUEVAS SALVAGUARDAS<\/font><\/B><\/p>\n Existe consenso sobre la necesidad de fortalecer al SERVEL. \u201cCarece de poder para regular; s\u00f3lo puede hacer lo que la ley dice y eso es menos de lo que deber\u00eda\u201d, admite Palacios. <\/p>\n Por ejemplo, puede solicitar informaci\u00f3n financiera de otras agencias estatales, pero la ley no establece un plazo para su respuesta. En la pr\u00e1ctica, se\u00f1ala Palacios, eso significa que no tienen ninguna obligaci\u00f3n de entregar la informaci\u00f3n. <\/p>\n Duval sugiere que el modelo a seguir debiera ser la Comisi\u00f3n Federal de Elecciones de Estados Unidos (FEC, por su sigla en ingl\u00e9s), creada en 1975 para administrar y aplicar la Ley Federal de Campa\u00f1as Electorales. Encargada de supervisar las donaciones y de auditar a los receptores, la FEC est\u00e1 conformada por seis comisionados designados por el presidente y confirmados por el Senado.<\/p>\n En virtud de la actual legislaci\u00f3n chilena, todos los candidatos y partidos deben presentar las cuentas al SERVEL dentro de los 15 d\u00edas posteriores a la elecci\u00f3n, el que a su vez tendr\u00e1 15 d\u00edas para revisarlas y publicarlas. \u201cTenemos que colocarlas en Internet, incluso aunque tengan problemas, junto con nuestras observaciones\u201d, a\u00f1ade Palacios. <\/p>\n \u201cLas cuentas presentadas [por los candidatos] no proporcionan un an\u00e1lisis acabado del gasto\u201d, replica Duval. \u201cHay un serio problema respecto de c\u00f3mo se gastan los fondos de campa\u00f1a\u201d, sostiene. <\/p>\n Un mayor uso de la tecnolog\u00eda podr\u00eda ayudar a incrementar la transparencia. Una sugerencia es que, a fin de reducir la posibilidad de que se presenten facturas falsas, SERVEL debiera adoptar un sistema de factura electr\u00f3nica similar al que introdujo exitosamente el Servicio de Impuestos Internos (SII). <\/p>\n \u201cNecesitamos usar m\u00e1s tecnolog\u00eda e incorporar sistemas modernos para facilitar nuestro trabajo\u201d, concuerda Palacios, \u201cy tambi\u00e9n es necesario que se organicen mejor los plazos con que trabajamos, porque a veces son incompatibles\u201d. <\/p>\n Asimismo existe consenso sobre una serie de otras propuestas presentadas por el gobierno para limitar la \u201cintervenci\u00f3n electoral\u201d del gobierno en funciones. Esta pr\u00e1ctica -por ejemplo, la inauguraci\u00f3n de proyectos de obras p\u00fablicas antes de una elecci\u00f3n- es utilizada por gobiernos de todo el mundo y es pr\u00e1cticamente imposible de erradicar, pero fue una queja importante de la oposici\u00f3n durante la elecci\u00f3n presidencial del 2005 y, en particular, durante la segunda vuelta de la misma.<\/p>\n En esta \u00e1rea, el gobierno ofreci\u00f3 restringir sus campa\u00f1as de publicidad durante los per\u00edodos de elecciones. Adem\u00e1s, prohibir\u00eda la recaudaci\u00f3n de dinero a nombre de candidatos y partidos pol\u00edticos en las agencias estatales. <\/p>\n Tambi\u00e9n propone incrementar las sanciones para las infracciones a la ley. En virtud del proyecto, los candidatos ser\u00edan financieramente responsables y, en el peor de los casos, se arriesgar\u00edan a perder el cargo. <\/p>\n No obstante, no hay consenso sobre otra de las propuestas del gobierno: prohibir que las empresas hagan donaciones. Seg\u00fan la ley vigente, las compa\u00f1\u00edas no s\u00f3lo est\u00e1n facultadas para hacer donaciones, sino que tambi\u00e9n pueden descontar impuestos por hacerlo. <\/p>\n \u201cNo hay ninguna raz\u00f3n, aparte de su evidente capacidad financiera, que justifique la participaci\u00f3n de las empresas en el financiamiento de la pol\u00edtica; no tienen derecho a votar ni tienen, en su calidad de organizaciones, una opini\u00f3n pol\u00edtica\u201d, argumenta Blanco. <\/p>\n Distintos pa\u00edses tienen diferentes normativas en esta \u00e1rea y, por ejemplo, el Reino Unido permite que las empresas locales y las asociaciones comerciales hagan donaciones, mientras que en Estados Unidos s\u00f3lo pueden hacerlo a trav\u00e9s de fondos constituidos especialmente para este fin. Sin embargo, en Chile, la oposici\u00f3n preferir\u00eda en t\u00e9rminos generales que se autorice a las empresas a seguir contribuyendo. <\/p>\n En consecuencia, el proyecto enfrentar\u00eda dificultades en el Congreso, pero por otro lado como muestra la experiencia internacional, no hay una respuesta correcta en materia de financiamiento electoral, s\u00f3lo se han logrados soluciones imperfectas, a veces con dificultad, a trav\u00e9s del debate y el compromiso. In 1860, Abraham Lincoln reportedly spent US$100,000 on his election as president of the United States. In 2004, George W. Bush raised US$270 million and the U.S. Federal Election Commission expects that, in the 2008 presidential race, the candidates will be looking at figures in excess of US$500 million apiece.<\/p>\n Spiraling election costs are a concern around the world, and Chile is no exception. According to the Electoral Service (SERVEL), the state agency responsible for supervising elections, its 2005 presidential race cost some US$27 million. And, although that may look modest by U.S. standards, it is – at US$1.65 per inhabitant – not so different in per capita terms. <\/p>\n In elections, the amount spent can be as much a concern as the way it is raised. Not only does high spending facilitate corruption, but it can also tilt the playing field, excluding capable but less financially-endowed candidates. <\/p>\n But, with freedom of expression also at stake, it is not easy to know where to draw the line. In 1971, under President Richard Nixon, the United States introduced one of the first modern attempts to regulate campaign finance.<\/p>\n As well as capping donations, requiring their disclosure and providing for public funding of presidential elections, it also limited candidates\u2019 expenditure. However, in 1976, the Supreme Court overturned the cap on expenditure as restricting expression – \u201cvirtually every means of communicating ideas in today’s mass society requires the expenditure of money,\u201d it ruled – although it did uphold the law\u2019s other provisions, and limits do apply to candidates who accept public funding. <\/p>\n In Chile, campaign finance wasn\u2019t regulated at all until just a few years ago and was widely identified as one of the blots on Chile\u2019s otherwise strong reputation for transparency and probity. That changed in 2003 when, in the wake of a corruption scandal in the Ministry of Public Works and Transport, the government, with the support of the opposition, presented a bill to cap campaign spending, regulate donations and provide some state funding.<\/p>\n This new law, in force for the municipal elections of 2004 and the congressional and presidential elections of 2005, was a useful first step. None of the candidates in the 2005 presidential race, for example, exceeded the legal cap on expenditure.<\/p>\n However, the law suffers from a number of important weaknesses, including particularly SERVEL\u2019s limited capacity for effective supervision. This was highlighted when accusations that money assigned to Chiledeportes, the government\u2019s sports promotion agency, had been used for electoral purposes in 2005 also led to revelations that a number of invoices presented to SERVEL as part of campaign accounts were from phantom companies, but had not been detected by the agency. <\/p>\n GROUND RULES<\/font><\/B><\/p>\n As regards sources of campaign funding, the 2003 law didn\u2019t go for total disclosure. Instead, it opted for symmetry in access to information, with both the candidate and the public, or neither, knowing the origin of a donation.<\/p>\n In the case of the single most important type of contributions – the so-called \u2018reserved donations\u2019 – neither the public nor the candidate is informed of the source. Under this vehicle, donations are made via SERVEL which distributes them to candidates in line with the donor\u2019s instructions. <\/p>\n In addition, in a bid to level the financial playing field, the law allows candidates to borrow in order to finance campaign expenses. Indeed, credit accounted for 64% of financing in the 2005 election, a mechanism used particularly by President Michelle Bachelet. <\/p>\n \u201cThis mechanism functions very well,\u201d says SERVEL\u2019s Blanca Palacios. \u201cPresident Bachelet\u2019s campaign was almost entirely financed that way.\u201d <\/p>\n \u201cIt\u2019s good that the candidates have to take on debt for their campaign,\u201d agrees Tom\u00e1s Duval, a political analyst at Instituto Libertad, an opposition think-tank, \u201cbut we need to know when and how they pay it back.\u201d <\/p>\n That is where state financing helps. Under the 2003 law, the Chilean state reimburses candidates against presentation of campaign accounts, paying them just under US$1 for each vote received and, in the 2005 election, this represented some 45% of total electoral spending. <\/p>\n However, Duval is against further state financing of politics. \u201cThis gives a perverse sign to parties; they would become dependent on public finance rather than being dependent on the people,\u201d he says. <\/p>\n Of more concern is campaign finance transparency where Duval argues that greater efforts are needed to ensure that public money does not end up in campaign coffers. \u201cDuring the presidential election, Chiledeportes received money for projects which found its way into campaign finance; this is bad and illegal,\u201d he states.<\/p>\n Through a transparent government initiative, launched in November, the Bachelet administration is seeking to guard against such malpractices. \u201cOur aim is to transform these lamentable incidents into an opportunity to take the corrective measures necessary to ensure they do not recur,\u201d says Rafael Blanco, executive secretary of the government\u2019s Probity and Transparency Agenda. <\/p>\n A bill currently before Congress would tighten regulation of electoral finance, extending it to include donations made outside campaign periods and creating a register of campaign suppliers in order to avoid the submission of invoices from phantom companies. In addition, it would create a new supervisory division within SERVEL, headed by an independently-appointed official. <\/p>\n NEW SAFEGUARDS<\/font><\/B><\/p>\n There is consensus on the need to strengthen SERVEL. \u201cIt lacks the power to regulate; it can only do what the law says and that is less than it should be,\u201d admits Palacios. <\/p>\n It can, for example, request financial information from other state agencies, but the law establishes no deadline for their response. In practice, says Palacios, that means they are under no obligation to provide the information. <\/p>\n Duval suggests that the model should be the U.S. Federal Election Commission (FEC), created in 1975 to administer and enforce the Federal Election Campaign Act. Charged with supervising campaign donations and auditing recipients, the FEC is formed by six commissioners appointed by the president and confirmed by the Senate.<\/p>\n Under Chile\u2019s current law, all candidates and parties must submit accounts to SERVEL within 15 days of the election, which then has 15 days to review and publish them. \u201cWe have to put them on Internet, even if they present problems, together with our observations,\u201d says Palacios. <\/p>\n \u201cAccounts presented [by candidates] do not provide a deep analysis of expenditure,\u201d retorts Duval. \u201cThere is a real problem with how campaign funds are spent,\u201d he maintains. <\/p>\n Greater use of technology could help increase transparency. One suggestion is that, in order to reduce the possibility of false invoices being presented, SERVEL should adopt a system of electronic invoices similar to that successfully introduced by the National Tax Office (SII). <\/p>\n \u201cWe need to use more technology and incorporate modern systems to facilitate our work,\u201d agrees Palacios, \u201cand the deadlines we work with also need to be better organized as they are sometimes incompatible.\u201d <\/p>\n There is also consensus on a number of other proposals put forward by the government to limit \u2018electoral intervention\u2019 by the incumbent administration. This practice – for example, the inauguration of public works projects in the run-up to an election – is used by governments worldwide and is virtually impossible to eradicate, but was an important opposition complaint during the 2005 presidential election and, particularly, the second-round run-off ballot.<\/p>\n In this area, the government has offered to restrict government advertising campaigns during election periods. In addition, it would prohibit collections of money on behalf of candidates and political parties in government agencies. <\/p>\n It is also proposing to increase sanctions for infringements of the law. Candidates would, under the bill, become financially answerable and, in the worst cases, risk loss of office. <\/p>\n However, there is not consensus about another of the government\u2019s proposal – to prohibit companies from making donations. Under the current law, companies are not only entitled to make donations, but can also claim tax breaks for doing so. <\/p>\n \u201cThere is no reason, apart from their evident financial capacity, that justifies the participation of companies in financing politics; they don\u2019t have a right to vote nor do they, as organizations, have a political opinion,\u201d argues Blanco. <\/p>\n Different countries have different rules in this area and, for example, the UK allows local companies and trade unions to make donations while, in the United States, they can only do so through specially-constituted funds. However, in Chile, the opposition would generally prefer companies to be allowed to continue to contribute. <\/p>\n As a result, the bill may have a rocky passage in Congress but then, as international experience shows, there is no right answer on electoral finance – only imperfect solutions achieved, sometimes with difficulty, through debate and compromise.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como un actor relativamente nuevo en la compleja tarea de asegurar que las elecciones se disputen en un campo parejo en t\u00e9rminos financieros y que no sean caldo de cultivo para la corrupci\u00f3n, Chile est\u00e1 proponiendo reformar su legislaci\u00f3n en una apuesta por incrementar la transparencia.A relative newcomer to the complex task of ensuring that elections are fought on a level financial playing field and are not a breeding ground for corruption, Chile is proposing to reform its legislation in a bid to increase transparency.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"template":"","news_tax":[],"user_type":[],"class_list":["post-3780","news","type-news","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n
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\nA relative newcomer to the complex task of ensuring that elections are fought on a level financial playing field and are not a breeding ground for corruption, Chile is proposing to reform its legislation in a bid to increase transparency.<\/B><\/I><\/p>\n