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\nEn opini\u00f3n de muchos, las normas medioambientales chilenas han operado bastante bien, desde hace poco m\u00e1s de diez a\u00f1os, cuando fueron promulgadas. Sin embargo, en la actualidad enfrentan un nuevo desaf\u00edo: salir ilesas del fuerte y creciente escrutinio p\u00fablico.<\/B><\/I><\/p>\n
Para los est\u00e1ndares internacionales y aun latinoamericanos, Chile fue uno de los \u00faltimos en adoptar normas medioambientales. S\u00f3lo en 1994, el marco legal de la reglamentaci\u00f3n ambiental entr\u00f3 en vigencia y se cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Y solamente desde 1977, los estudios de impacto ambiental han sido obligatorios para los grandes proyectos de inversi\u00f3n.<\/p>\n
Desde entonces, mucho se ha logrado, pero tambi\u00e9n ha cambiado. La creciente integraci\u00f3n chilena -reflejada en sus tratados de libre comercio con la mayor\u00eda de los pa\u00edses m\u00e1s industrializados- ha significado una mayor presi\u00f3n e incentivos para cumplir con las normas vigentes en esos pa\u00edses Y la opini\u00f3n p\u00fablica chilena ha cambiado, prestando una atenci\u00f3n m\u00e1s clamorosa a los asuntos ambientales.<\/p>\n
De manera que, despu\u00e9s de transcurrida una d\u00e9cada, luego de su introducci\u00f3n, \u00bfc\u00f3mo est\u00e1n operando las normas medioambientales chilenas? \u00bfEst\u00e1n brindando una protecci\u00f3n efectiva para el medio ambiente y la salud de la poblaci\u00f3n? \u00bfY est\u00e1n siendo efectivas para las compa\u00f1\u00edas que intentan desarrollar nuevos proyectos de inversi\u00f3n? <\/p>\n
El Senador Antonio Horvath, miembro del partido de oposici\u00f3n Renovaci\u00f3n Nacional, adopta un punto de vista cr\u00edtico. \u201cEl sistema naci\u00f3 con defectos; sus autoridades carecen de poder, autonom\u00eda y recursos\u201d, asevera \u00e9l. La correcci\u00f3n de estos defectos es el objetivo de un proyecto de ley que est\u00e1 actualmente en el Senado y del cual el congresista es uno de sus autores.<\/p>\n
Pero Jaime Dinamarca, gerente de operaciones y de medio ambiente de la Sociedad de Fomento Fabril \u2013 SOFOFA tiene un punto de vista muy diferente. \u201cLos resultados han sido excepcionales para un pa\u00eds con un ingreso per c\u00e1pita de USD 5.000\u201d, afirma \u00e9l.<\/p>\n
Agrega que en ese sentido, una reciente revisi\u00f3n del rendimiento medioambiental chileno, efectuado por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE), fue injusta. A pesar de que en el informe elogi\u00f3 los logros chilenos, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 \u201cla brecha existente en la escasa convergencia de Chile con los est\u00e1ndares ambientales de los pa\u00edses de la OCDE, en especial, en el contexto de los tratados de libre comercio y de los convenios ambientales multilaterales\u201d.<\/p>\n
Pero, expresa Dinamarca, que las normas ambientales son locales y que se supone que el pa\u00eds era evaluado de acuerdo con ellas y con sus avances. Es decir, que la comparaci\u00f3n v\u00e1lida no es en relaci\u00f3n a d\u00f3nde est\u00e1n situados actualmente los pa\u00edses de la OCDE, sino d\u00f3nde estaban cuando ten\u00edan un ingreso de USD 5.000. Y en algunas \u00e1reas, tales como en el tratamiento de aguas servidas, Chile ya est\u00e1 sobre los est\u00e1ndares promedio de los pa\u00edses de la OCDE.<\/p>\n
Este punto es acogido favorablemente por Guillermo Garc\u00eda, co-presidente del Comit\u00e9 del Medio Ambiente de AmCham. \u201cChile debe emular las tendencias mundiales, pero las normas ambientales, por lo general, son dise\u00f1adas en los pa\u00edses ricos que ya han resuelto muchos problemas, en cambio Chile tiene que seleccionar sus prioridades\u201d, indica \u00e9l.<\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, y tal como lo se\u00f1ala Garc\u00eda, las nuevas normas ambientales a veces pueden ser una forma disfrazada de proteccionismo. En este contexto, los exportadores chilenos necesitan mantener sus ojos abiertos; despu\u00e9s de todo, existe una gran cantidad de historias acerca de organizaciones ambientales locales, que reciben financiamiento de industrias del exterior, que compiten con las exportaciones chilenas.<\/p>\n
No obstante, e igualmente preocupante para las compa\u00f1\u00edas chilenas, es que existe una percepci\u00f3n dentro del pa\u00eds -alimentada por las recientes dificultades de la planta de celulosa de Valdivia, de la Compa\u00f1\u00eda Forestal Arauco- que las normas no est\u00e1n protegiendo efectivamente el ambiente. El sistema est\u00e1, en otras palabras, fallando en un \u00e1rea clave: no ha logrado una plena legitimidad p\u00fablica.<\/p>\n
Dos modelos<\/B><\/font><\/p>\n \u201cSeg\u00fan la SOFOFA, \u00e9se es el tal\u00f3n de Aquiles del sistema\u201d, dice Dinamarca. Y para las compa\u00f1\u00edas, son malas noticias, ya que esto significa que un proyecto de inversi\u00f3n, despu\u00e9s de haber completado exitosamente todos los tr\u00e1mites reglamentarios, a\u00fan puede enfrentar una enorme barrera de oposici\u00f3n.<\/p>\n Esto es muy cierto, en todo el mundo. Y estar\u00eda errado llegar a la conclusi\u00f3n de que las normas ambientales chilenas est\u00e1n en crisis, argumenta Ricardo Katz, director gerente de Gesti\u00f3n Ambiental Consultores, una firma consultora del medio ambiente, con sede en Santiago. <\/p>\n \u201cCuando estoy trabajando en proyectos en otros pa\u00edses latinoamericanos, echo de menos la forma en que el sistema opera en Chile\u201d, informa \u00e9l. Y agrega que eso incluye la forma en la cual son inspeccionadas las compa\u00f1\u00edas, una de las \u00e1reas que es criticada con m\u00e1s frecuencia en Chile.<\/p>\n \u201cDar respuesta a los problemas expresando que deber\u00edamos cambiar la ley, no es la reacci\u00f3n correcta\u201d, insiste Katz, quien tambi\u00e9n es investigador en el Centro de Estudios P\u00fablicos, centro de investigaci\u00f3n local (en ingl\u00e9s think tank<\/I>) con sede en Santiago. E intentar cambiar la ley en un a\u00f1o electoral, ser\u00eda una equivocaci\u00f3n especialmente mala, manifiesta Guillermo Garc\u00eda.<\/p>\n Algunos de los reclamos acerca de la norma ambiental chilena, tienen su ra\u00edz en el hecho de que existen dos escuelas de pensamiento sobre la materia: una que piensa que la \u00fanica respuesta es una regulaci\u00f3n severa; y otra, que piensa que, a pesar de que es necesaria un cierto tipo de normativa, se debe brindar el mayor espacio posible a las fuerzas del mercado.<\/p>\n Estas dos escuelas de pensamiento ayudan a explicar porqu\u00e9 un proyecto de ley que introduce la comercializaci\u00f3n de emisiones sobre una escala nacional, ha fracasado en su paso para convertirse en ley, aunque ya se ha usado exitosamente en Santiago para combatir la contaminaci\u00f3n del aire. El proyecto de ley -que forma parte de la Agenda Pro-Crecimiento, lanzada por el gobierno el a\u00f1o 2002, sobre la base de recomendaciones del sector privado- ha estado en poder del Congreso desde mediados del 2003, pero tiene escasa perspectiva de una pronta aprobaci\u00f3n; ir\u00f3nicamente, desde que Chile ha emergido como un importante actor en el mercado internacional de los bonos de carbono.<\/p>\n La comercializaci\u00f3n de las emisiones, es la medida individual m\u00e1s importante que Chile podr\u00eda adoptar para mejorar su rendimiento ambiental, manifiesta Jaime Dinamarca. Pero, debido a que en parte es un mecanismo de mercado, enfrenta oposici\u00f3n de parte de las organizaciones medioambientales y de sus simpatizantes en el Congreso, quienes repetidamente, lo consideran como un equivalente a \u201cvender el aire que respiramos\u201d.<\/p>\n El debate entre estas dos escuelas de pensamiento, data de inicios de los \u201890, cuando el plan inicial de Chile -reflejado en el planteamiento pro normativa- era crear un Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, en dicho evento, se opt\u00f3 por el denominado \u201cmodelo de coordinaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Bajo este modelo, la autoridad ambiental -CONAMA- sirve primariamente como un puente entre el sector privado y las diferentes autoridades p\u00fablicas que intervienen en las decisiones ambientales. De manera interesante, el modelo chileno ha sido adoptado posteriormente por otros pa\u00edses latinoamericanos, se\u00f1ala Ricardo Katz.<\/p>\n Pero seg\u00fan en Senador Horvath, el rol de coordinaci\u00f3n de la CONAMA es uno de los \u201cdefectos de nacimiento\u201d del sistema. \u201cExiste un problema subyacente de jerarqu\u00eda; debido a que la CONAMA s\u00f3lo coordina y no tiene autoridad sobre los diferentes ministerios\u201d, argumenta \u00e9l. Ello tambi\u00e9n puede, seg\u00fan algunos observadores, ayudar a explicar porqu\u00e9 los directores de CONAMA tienen la tendencia de permanecer tan corto tiempo en el cargo.<\/p>\n Buenos vecinos<\/B><\/font><\/p>\n El modelo de coordinaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 en la ra\u00edz de otro factor que socava la legitimidad p\u00fablica de las decisiones ambientales: el hecho de que ellas son percibidas como producto de motivaciones pol\u00edticas, m\u00e1s que t\u00e9cnicas. Un blanco frecuente de estas cr\u00edticas es el consejo de ministros, que es el \u00faltimo tribunal de apelaci\u00f3n -aparte de las cortes mismas- sobre disputas medioambientales.<\/p>\n \u201cObservemos el proyecto Trillium en Tierra del Fuego; eventualmente \u00e9ste fracas\u00f3, pero fue aprobado por el consejo de ministros en contra de las objeciones de las propias agencias t\u00e9cnicas del gobierno\u201d, recuerda Horvath. Y agrega, que el problema comienza en las mismas agencias t\u00e9cnicas, debido a que sus directores son nombrados pol\u00edticamente y sus cargos dependen de la buena voluntad de sus jefes.<\/p>\n Pero Ricardo Katz est\u00e1 en desacuerdo con este diagn\u00f3stico. Los temas ambientales inevitablemente son pol\u00edticos y es correcto que esto deber\u00eda reflejarse en el proceso de toma de decisi\u00f3n, sostiene \u00e9l. Y, a pesar de que un proyecto que cumple con la correspondiente norma puede ser rechazado, un proyecto que falla en su cumplimiento, no puede ser aceptado, se\u00f1ala \u00e9l.<\/p>\n En el sector privado, existe un consenso ampliamente difundido acerca de que la confiabilidad en los mecanismos del mercado es mejor que una regulaci\u00f3n estricta. \u201cEl mercado es m\u00e1s eficiente que una normativa y puede reaccionar m\u00e1s r\u00e1pidamente a necesidades cambiantes\u201d, se\u00f1ala Guillermo Garc\u00eda, quien adem\u00e1s de ser presidente adjunto del Comit\u00e9 de Medio Ambiente de AmCham, es uno de los dos representantes del sector del comercio en el Consejo Consultor Nacional de CONAMA.<\/p>\n Pero si el hecho de obtener un permiso ambiental no necesariamente otorga a un proyecto de inversi\u00f3n, legitimidad p\u00fablica, \u00bfqu\u00e9 pueden hacer las compa\u00f1\u00edas? \u201cDeben relacionarse con la comunidad, sobre la base del contacto d\u00eda a d\u00eda y ganar sus cada de sus vidas en funcionamiento y, tambi\u00e9n, deben recordar que los temas ambientales son din\u00e1micos\u201d, responde Garc\u00eda.<\/p>\n Esto es algo que ha descubierto la compa\u00f1\u00eda minera canadiense Barrick Gold. El 2001, Barrick obtuvo la aprobaci\u00f3n ambiental para el desarrollo del yacimiento Pascua-Lama en la III Regi\u00f3n del Norte de Chile, pero en vista de una ca\u00edda en los precios del oro, decidi\u00f3 no seguir adelante con el proyecto. En Diciembre pasado, present\u00f3 un estudio de impacto ambiental para un proyecto que es m\u00e1s grande, pero no radicalmente diferente y le est\u00e1 siendo m\u00e1s bien dif\u00edcil obtener la aprobaci\u00f3n.<\/p>\n En la pr\u00e1ctica, la oposici\u00f3n ambiental a nuevos proyectos, tambi\u00e9n ha pasado a ser un canal para muchas otras demandas: mayor autonom\u00eda regional o, por ejemplo, mejores instalaciones para el cuidado de la salud. \u201cCONAMA no ha tenido \u00e9xito para filtrar las preocupaciones ciudadanas no concernientes a lo ambiental\u201d, manifiesta Ana Luisa Covarrubias, directora del programa ambiental de Libertad y Desarrollo, centro de investigaci\u00f3n local (en ingl\u00e9s think tank<\/I>) con sede en Santiago.<\/p>\n Nuevos colegios o instalaciones para el de la salud, no obstante que ellos pueden servir como compensaci\u00f3n para las externalidades negativas de un proyecto, realmente no constituyen una responsabilidad de la compa\u00f1\u00eda, se\u00f1ala ella. \u201cLa responsabilidad social corporativa es fant\u00e1stica, pero es voluntaria y es algo que es m\u00e1s dif\u00edcil para las peque\u00f1as empresas\u201d, afirma.<\/p>\n Pero es una responsabilidad de la compa\u00f1\u00eda el ser un buen vecino en la comunidad en la cual opera, argumenta la directora ejecutiva de CONAMA, Paulina Saball. \u201cUn proyecto no s\u00f3lo tiene que generar utilidades y puestos de trabajo; debe lograr una real inserci\u00f3n en la comunidad y cuando digo esto no quiero decir migajas sobre la mesa\u201d, advierte ella. \u201cNo estamos hablando simplemente acerca de un club deportivo\u201d, insiste ella.<\/p>\n Decisiones duras<\/B><\/font><\/p>\n Pero el tema de la legitimaci\u00f3n p\u00fablica tambi\u00e9n hace surgir la pregunta acerca de si la legislaci\u00f3n ambiental chilena ofrece las oportunidades apropiadas para la participaci\u00f3n ciudadana. Nuevamente, el Senador Horvath es cr\u00edtico. \u00c9l argumenta que \u201c\u00e9ste es un caso de David y Goliat\u201d. <\/p>\n Ricardo Katz reconoce que existe un problema. \u201cExiste una importante asimetr\u00eda en relaci\u00f3n con el acceso a la informaci\u00f3n; los ciudadanos tienen s\u00f3lo 60 d\u00edas para presentar objeciones a un estudio de impacto ambiental, que puede ser complejo y tener hasta cientos de p\u00e1ginas\u201d, indica \u00e9l. <\/p>\n Las compa\u00f1\u00edas tienen un aporte que efectuar en esta \u00e1rea, argumenta Saball. \u201cEllas deben crear confianza a trav\u00e9s de la transparencia y del acceso a la informaci\u00f3n; el ocultamiento de datos es una de las cosas m\u00e1s perjudiciales que una empresa puede hacer\u201d, manifiesta ella.<\/p>\n Pero el dinero tambi\u00e9n logra una participaci\u00f3n m\u00e1s eficaz. Esto queda claro en el caso del proyecto Pascua-Lama de Barrick, que ha pasado a tener un lugar destacado, debido, en parte, a que sus oponentes -dentro de los que se encuentran los agricultores, que exportan uva de mesa- gozan de condiciones muy rentables en el hemisferio norte, durante la \u00e9poca de Navidad y cuentan con los recursos para financiar sus propios consejeros ambientales.<\/p>\n Un fondo p\u00fablico -una proposici\u00f3n que aparentemente tendr\u00eda un amplio apoyo- ser\u00eda una manera f\u00e1cil para facilitar la participaci\u00f3n ciudadana. Pero tratar los dem\u00e1s temas subyacentes que afectan el rendimiento de la legislaci\u00f3n ambiental chilena, ser\u00e1 menos simple. Se requieren algunas decisiones pol\u00edticas duras, en vez de aquellas estrictamente ambientales.<\/p>\n \u201cNo es correcto que proyectos individuales deban enredarse en decisiones tales, como por ejemplo, si un \u00e1rea en particular deber\u00eda estar reservada para la producci\u00f3n de vino o si \u00e9sta puede ser utilizada para plantas termoel\u00e9ctricas\u201d, argumenta Katz. Este tema tambi\u00e9n fue tratado en el reciente informe de la OCDE, que recomend\u00f3 la integraci\u00f3n de las preocupaciones ambientales en la planificaci\u00f3n regional y municipal de uso de la tierra.<\/p>\n El Senador Horvath sugiere llevar esto un paso m\u00e1s delante. Cada regi\u00f3n -as\u00ed como la regi\u00f3n de Ays\u00e9n, que \u00e9l representa-, tendr\u00eda que acordar la forma en la cual su territorio debe ser destinado a diferentes actividades. La planta de celulosa de Valdivia, argumenta \u00e9l, fue construida en el sitio equivocado, lo que no habr\u00eda sucedido si previamente hubiese existido un acuerdo sobre el uso de la tierra. <\/p>\n Pero no todos est\u00e1n de acuerdo con la idea de zonificaci\u00f3n. \u201cChile garantiza la libertad para ejecutar lo que uno desea en su propiedad, siempre y cuando no se infrinja la ley\u201d, se\u00f1ala Jaime Dinamarca de SOFOFA. \u201cSi los productores de vino no quieren una planta el\u00e9ctrica en su valle, ellos deber\u00edan comprar toda la tierra\u201d, recomienda \u00e9l.<\/p>\n Las diferencias de opini\u00f3n acerca de la autonom\u00eda regional tambi\u00e9n son un problema en las decisiones ambientales. \u00bfSe deber\u00eda permitir, por ejemplo, al consejo de ministros de Santiago, decidir en contra de los deseos de una regi\u00f3n, previamente expresados por sus autoridades del gobierno local?<\/p>\n Despu\u00e9s de todo, la represa hidroel\u00e9ctrica de Ralco, en la VIII Regi\u00f3n, en el sur de Chile, es sobre todo en beneficio de Santiago, y no de las regiones en s\u00ed. Pero nuevamente esto es un tema pol\u00edtico y no ambiental.<\/p>\n Por supuesto que las normas ambientales chilenas tambi\u00e9n enfrentan desaf\u00edos muchos m\u00e1s banales. Con un presupuesto anual de s\u00f3lo USD 18 millones -una cifra que ha permanecido constante durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os-, la CONAMA posee recursos limitados. Y, esta es la raz\u00f3n que se arguye para justificar la demora en la redacci\u00f3n de las normas ambientales, que ayudar\u00edan a simplificar muchas decisiones y a incrementar la efectividad de la protecci\u00f3n ambiental. Y, tambi\u00e9n, ello contribuye a una situaci\u00f3n, en la cual las grandes firmas son usualmente sometidas a una frecuente inspecci\u00f3n, mientras que sus contrapartes m\u00e1s peque\u00f1as, pueden incluso, no ser inspeccionadas jam\u00e1s.<\/p>\n Y, a pesar de que se considera que los funcionarios ambientales chilenos est\u00e1n bien calificados, David y Goliat tambi\u00e9n constituye un problema en esta \u00e1rea. \u201cEllos env\u00edan personal a estudiar al extranjero y a continuaci\u00f3n, son contratados por compa\u00f1\u00edas privadas\u201d, indica Covarrubias. <\/p>\n Pero los desaf\u00edos cruciales son los asuntos pol\u00edticos subyacentes. A menos que ellos sean tratados, las normas ambientales seguir\u00e1n siendo el blanco de las cr\u00edticas y las dos escuelas de pensamiento continuar\u00e1n empujando en diversas direcciones, rest\u00e1ndole m\u00e9rito a su legitimidad. Y eso ser\u00eda por supuesto, malas noticias para muchos nuevos proyectos de inversi\u00f3n. By international and even Latin American standards, Chile was a latecomer to environmental regulation. It was only in 1994 that the country\u2019s framework environmental law came into force and the National Commission for the Environment (CONAMA) was created. And it is only since 1997 that environmental impact studies have been obligatory for major investment projects. <\/p>\n Since then, much has been achieved, but much has also changed. Chile\u2019s increasing international integration – reflected in its free trade agreements with most of the major industrialized countries – has meant greater pressure and incentives to comply with standards in these countries. And, in Chile, public opinion has changed, paying ever more vociferous attention to environmental issues. <\/p>\n So just over a decade after its introduction, how is Chile\u2019s environmental regulation performing? Is it providing effective protection for the environment and the health of the population? And is it working for companies seeking to develop new investment projects? <\/p>\n Senator Antonio Horvath, a member of the National Renewal opposition party, takes a critical view. \u201cThe system was born with defects; its authorities lack power, autonomy and resources,\u201d he asserts. Correcting these defects is the aim of a bill, currently before Congress, of which Senator Horvath is one of the authors. <\/p>\n But Jaime Dinamarca, manager for operations and the environment at Chile\u2019s Manufacturers\u2019 Association (SOFOFA), takes a very different view. \u201cThe results have been exceptional for a country with a per capita income of US$5,000,\u201d he says. <\/p>\n In that sense, he adds, a recent review of Chile\u2019s environmental performance by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) was unfair. Although the report praised Chile\u2019s achievements, it also pointed to a \u201cgap regarding convergence with environmental standards of OECD countries, in particular in the context of free trade agreements and multilateral environmental agreements\u201d. <\/p>\n But the valid comparison, says Dinamarca, is not with where the OECD countries are today, but where they were when they had an income of US$5,000. And, in some areas – such as sewage treatment – Chile is already ahead of average standards in OECD countries today, he adds.<\/p>\n This point is echoed by Guillermo Garc\u00eda, co-chair of AmCham\u2019s Environmental Committee. \u201cChile has to emulate world trends, but environmental norms are generally devised in wealthy countries, which have already resolved many problems whereas Chile has to select its priorities,\u201d he notes.<\/p>\n Moreover, as Garc\u00eda points out, new environmental norms can sometimes be a disguised form of protectionism. In this context, Chilean exporters need to keep their eyes open – there are, after all, plenty of stories about local environmental organizations receiving financing from overseas industries that compete with Chile\u2019s exports. <\/p>\n However, just as worryingly for Chilean companies, there is a perception within the country – fuelled by the recent difficulties of the Arauco forestry company\u2019s Valdivia pulp plant – that regulation is not being effective in protecting the environment. The system is, in other words, failing in one key area – it has not achieved full public legitimacy. <\/p>\n Two models<\/B><\/font> <\/p>\n \u201cIn SOFOFA\u2019s view, that\u2019s the Achilles heel of the system,\u201d says Dinamarca. And for companies, it\u2019s bad news because it means that an investment project, after successfully completing all the regulatory hoops, can still face a barrage of opposition. <\/p>\n That is, of course, true around the world. And it would be wrong to draw the conclusion that Chile\u2019s environmental regulation is in crisis, argues Ricardo Katz, managing director of Gesti\u00f3n Ambiental Consultores, a Santiago-based environmental consultancy firm. <\/p>\n \u201cWhen I\u2019m working on projects in other Latin American countries, I miss the way the system works in Chile,\u201d he reports. And, he adds, that includes the way in which companies are inspected, one of the areas that is most frequently criticized in Chile.<\/p>\n \u201cTo respond to problems by saying that we should change the law is not the right reaction,\u201d insists Katz, who is also a researcher at the Centro de Estudios P\u00fablicos, a Santiago-based think tank. And attempting to change the law in an election year would be a particularly bad mistake, says Guillermo Garc\u00eda. <\/p>\n Some of the complaints about Chile\u2019s environmental regulation have their root in the fact that there are two schools of thought on the subject – one which believes that strong regulation is the only answer, and another which believes that, although some regulation is necessary, market forces should be given as much space as possible. <\/p>\n These two schools of thought help to explain why a bill that would introduce emissions trading on a national scale has failed to become law, although it has already been used successfully in Santiago to combat air pollution. The bill, which forms part of the Pro-Growth Agenda, launched by the government in 2002 on the basis of recommendations from the private sector, has been before Congress since mid-2003, but has little prospect of early approval – ironically, since Chile has emerged as an important player in the international carbon bond market. <\/p>\n Emissions trading is the single most important measure that Chile could take to improve its environmental performance, says Jaime Dinamarca. But, partly because it is a market mechanism, it faces opposition from environmental organizations and their sympathizers in Congress, who reportedly consider it equivalent to \u201cselling the air we breathe\u201d. <\/p>\n The debate between these two schools of thought goes back to the early 1990s when Chile\u2019s initial plan – reflecting the pro-regulation approach – was to create a Ministry of the Environment. However, in the event, it opted for the so-called \u201ccoordination model\u201d.<\/p>\n Under this model, the environmental authority – CONAMA – serves primarily as a bridge between the private sector and the different public authorities that intervene in environmental decisions. Interestingly, Chile\u2019s model has subsequently been adopted by other Latin American countries, notes Ricardo Katz.<\/p>\n But, according to Senator Horvath, CONAMA\u2019s coordinating role is one of the \u201cbirth defects\u201d of the system. \u201cThere\u2019s an underlying problem of hierarchy; because CONAMA only coordinates, it doesn\u2019t have authority over the different ministries,\u201d he argues. It may also, according to some observers, help to explain why CONAMA directors have tended to have such a short life. <\/p>\n Good neighbors<\/B><\/font><\/p>\n The coordination model is also at the root of another factor that undermines the public legitimacy of environmental decisions – the fact that they are perceived as politically, rather than technically, motivated. One frequent butt of this criticism is the council of ministers that is the last court of appeal – apart from the courts themselves – on environmental disputes. <\/p>\n \u201cLook at the Trillium project on Tierra del Fuego; it eventually failed, but it was approved by the council of ministers in the face of objections from the government\u2019s own technical agencies,\u201d recalls Horvath. And, he adds, the problem starts in the technical agencies themselves because their directors are political appointees, whose jobs depend on the goodwill of their bosses. <\/p>\n But Ricardo Katz disagrees with this diagnosis. Environmental issues are inevitably political and it\u2019s right that this should be reflected in the decision-making process, he maintains. And, although a project that complies with the corresponding regulation can be rejected, a project that fails to comply cannot be accepted, he points out.<\/p>\n In the private sector, there is widespread consensus that reliance on market mechanisms is better than heavy-handed regulation. \u201cThe market is more efficient than regulation, it can react more quickly to changing needs,\u201d points out Guillermo Garc\u00eda who, as well as co-chairing AmCham\u2019s Environmental Committee, is one of two business representatives on CONAMA\u2019s National Consulting Council. <\/p>\n But if obtaining an environmental permit does not necessarily give an investment project public legitimacy, what can companies do? \u201cThey have to relate to the community on a day-to-day basis and earn their permits every day of their working lives, and they have to remember that environmental issues are dynamic,\u201d responds Garc\u00eda. <\/p>\n That is something that Barrick Gold, a Canadian mining company, has discovered. In 2001, Barrick obtained environmental approval for the development of the Pascua-Lama deposit in northern Chile\u2019s Region III but, in view of a dip in gold prices, decided not to go ahead with the project. Last December, it presented an environmental impact study for a project that is larger, but not radically different, and is not finding it so easy to obtain approval.<\/p>\n Environmental opposition to new projects has also, in practice, become a channel for many other demands – greater regional autonomy or, for example, better healthcare facilities. \u201cCONAMA hasn\u2019t been successful in filtering out non-environmental citizen concerns,\u201d says Ana Luisa Covarrubias, director of the environmental program at Libertad y Desarrollo, a Santiago-based think tank. <\/p>\n New schools or healthcare facilities, although they may serve as compensation for a project\u2019s negative externalities, are not really a company\u2019s responsibility, she points out. \u201cCorporate social responsibility is fantastic, but it\u2019s voluntary and it\u2019s something that\u2019s more difficult for small companies,\u201d she says. <\/p>\n But it is a company\u2019s responsibility to be a good neighbor to the community in which it operates, argues CONAMA\u2019s executive director, Paulina Saball. \u201cA project not only has to generate profits and jobs, it has to achieve real insertion into the community and by that I don\u2019t mean the crumbs from the table,\u201d she warns. \u201cWe\u2019re not just talking about a sports club,\u201d she insists. <\/p>\n Tough decisions<\/B><\/font><\/p>\n But the issue of public legitimacy also raises the question of whether Chile\u2019s environmental legislation provides proper opportunities for citizen participation. Again, Senator Horvath is critical. \u201cIt\u2019s a case of David and Goliath,\u201d he argues. <\/p>\n Ricardo Katz recognizes that there is a problem. \u201cThere\u2019s an important asymmetry as regards access to information; citizens have just 60 days to present objections to an environmental impact study that is complex and can run to hundreds of pages,\u201d he notes. <\/p>\n Companies have a contribution to make in this area, argues Saball. \u201cThey have to build trust through transparency and access to information; concealing information is one of the most damaging things a company can do,\u201d she says. <\/p>\n But money also makes for more effective participation. That is clear in the case of Barrick\u2019s Pascua-Lama project, which has come to prominence partly because its opponents include grape farmers with a profitable niche in the northern hemisphere Christmas market, and the resources to finance their own environmental advisors. <\/p>\n A public fund – a proposal that would apparently have widespread support – would be an easy way to facilitate citizen participation. But addressing the other underlying issues that affect the performance of Chile\u2019s environmental legislation will be less simple. Some tough political – rather than strictly environmental – decisions are required. <\/p>\n \u201cIt\u2019s not right that individual projects should get entangled in decisions as to, for example, whether a particular area should be reserved for producing wine or whether it can be used for thermoelectric plants,\u201d argues Katz. This issue was also raised in the recent OECD report, which recommended the integration of environmental concerns in regional and municipal land-use planning. <\/p>\n Senator Horvath suggests taking that one step further. Each region – like the Ais\u00e9n region, which he represents – should agree on how its territory is to be allocated to different activities. The Valdivia pulp plant was, he argues, built in the wrong place, which wouldn\u2019t have happened if there had been a prior agreement on land use. <\/p>\n But not everyone agrees with the zoning idea. \u201cChile guarantees the freedom to do what you like on your own property, providing you don\u2019t break the law,\u201d points out SOFOFA\u2019s Jaime Dinamarca. \u201cIf wine producers don\u2019t want a power plant in their valley, they should buy all the land,\u201d he recommends. <\/p>\n Differences of opinion on regional autonomy are also an issue in environmental decisions. Should, for example, the council of ministers in Santiago be allowed to overrule the wishes of a region as expressed by their local government authorities? <\/p>\n After all, the Ralco hydroelectric dam in Region VIII of southern Chile, or the proposed power plants in Ais\u00e9n in the far south, are primarily for Santiago\u2019s benefit, not that of the regions themselves. But again that is a political, not an environmental, issue.<\/p>\n Of course, Chile\u2019s environmental regulation also faces many more mundane challenges. With an annual budget of just US$18 million – a figure that has remained constant for the last five years – CONAMA has limited resources. <\/p>\n This is blamed for slowing progress in writing the environmental standards that would help to simplify many decisions and increase the effectiveness of environmental protection. And it contributes to a situation in which large firms are usually subject to frequent inspection, while their smaller counterparts may not be inspected at all.<\/p>\n And, although Chile\u2019s environmental officials are considered technically well-qualified, David and Goliath is also a problem in this area. \u201cThey send staff abroad to study and then they get headhunted by private companies,\u201d notes Covarrubias. <\/p>\n But it\u2019s the underlying political issues that are the crucial challenge. Unless they are addressed, environmental regulation will remain a target of criticism and the two schools of thought will continue to pull in different directions, detracting from its legitimacy. And that would, of course, be bad for new investment projects.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En opini\u00f3n de muchos, las normas medioambientales chilenas han operado bastante bien, desde hace poco m\u00e1s de diez a\u00f1os, cuando fueron promulgadas. Sin embargo, en la actualidad enfrentan un nuevo desaf\u00edo: salir ilesas del fuerte y creciente escrutinio p\u00fablico.<\/p>\n Existe una percepci\u00f3n dentro del pa\u00eds -alimentada por las recientes dificultades de la planta de celulosa de Valdivia, de la Compa\u00f1\u00eda Forestal Arauco- que las normas no est\u00e1n protegiendo efectivamente el ambiente. El sistema est\u00e1, en otras palabras, fallando en un \u00e1rea clave: no ha logrado una plena legitimidad p\u00fablica.<\/p>\n En la pr\u00e1ctica, la oposici\u00f3n ambiental a nuevos proyectos, tambi\u00e9n ha pasado a ser un canal para muchas otras demandas: mayor autonom\u00eda regional o, por ejemplo, mejores instalaciones para el cuidado de la salud.Since its launch just over ten years ago, Chile\u2019s environmental regulation has by most accounts worked pretty well, but it now faces a new challenge – increasing public scrutiny.<\/p>\n There is a perception within the country – fuelled by the recent difficulties of the Arauco forestry company\u2019s Valdivia pulp plant – that regulation is not being effective in protecting the environment. The system is, in other words, failing in one key area – it has not achieved full public legitimacy.<\/p>\n Environmental opposition to new projects has also, in practice, become a channel for many other demands – greater regional autonomy or, for example, better healthcare facilities.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"template":"","news_tax":[],"user_type":[],"class_list":["post-3545","news","type-news","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n
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