El sistema en l\u00ednea de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental, operado por la CONAMA, ha asegurado que miles de nuevas minas, cultivos de salm\u00f3n, desarrollos inmobiliarios, plantas madereras y otros proyectos construidos en Chile durante los \u00faltimos 12 a\u00f1os hayan cumplido con las regulaciones ambientales del pa\u00eds.<\/p>\n
No obstante, una serie de controvertidos casos han puesto de manifiesto las debilidades del actual sistema.![\"Ana](\"http:\/\/amchamchile.cl\/sites\/default\/files\/Ministra_cafe_OK.JPG\")
<\/p>\n
En el 2005, las autoridades cerraron de manera parcial una nueva planta de celulosa cerca de la sure\u00f1a ciudad de Valdivia luego de que esta supuestamente superara los l\u00edmites de contaminaci\u00f3n, hecho que algunos vincularon a la desaparici\u00f3n de aves de caza de una reserva natural cercana.<\/p>\n
Luego, a comienzos del 2009, la Corte Suprema detuvo la construcci\u00f3n de un nuevo proyecto de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica a carb\u00f3n en la costa de la zona central de Chile, al resolver que su licencia ambiental hab\u00eda sido otorgada sobre terrenos destinados a la conservaci\u00f3n.<\/p>\n
En tanto, los esfuerzos por sanear el aire de las ciudades chilenas, en especial de Santiago, han fallado y en los \u00faltimos a\u00f1os, los niveles de contaminaci\u00f3n han subido en lugar de disminuir.<\/p>\n
Los chilenos tambi\u00e9n se est\u00e1n preocupando m\u00e1s sobre temas ambientales como el cambio clim\u00e1tico, la escasez de agua y la gesti\u00f3n de residuos, lo que ejerce presi\u00f3n para que el Gobierno act\u00fae.<\/p>\n
Legislaci\u00f3n Verde<\/strong> <\/p>\n Los pol\u00edticos de Chile han respondido. En su campa\u00f1a presidencial en el 2005, la entonces candidata Michelle Bachelet suscribi\u00f3 un acuerdo con l\u00edderes ambientalistas para crear un ministerio y un regulador ambiental en caso de ser elegida.<\/p>\n \u201cDados los desaf\u00edos ambientales que enfrenta Chile y el mundo (\u2026) necesitamos dar al medio ambiente un estatus pol\u00edtico m\u00e1s alto\u201d, indic\u00f3 Uriarte, quien fue nombrada Ministra de Medio Ambiente por Bachelet en el 2007 con el objetivo espec\u00edfico de conseguir que se aprobara una nueva legislaci\u00f3n.<\/p>\n No obstante, algunos en la comunidad empresarial sostienen que la reforma ambiental es innecesaria.<\/p>\n S\u00f3lo una peque\u00f1a fracci\u00f3n de los miles de proyectos presentados por la CONAMA durante los \u00faltimos 13 a\u00f1os ha tenido serias dificultades ambientales, afirm\u00f3.<\/p>\n \u201cSi 10 proyectos de 17.000 han tenido problemas, yo dir\u00eda que eso fue un \u00e9xito\u201d, sugiri\u00f3 para luego a\u00f1adir que el sector privado ve poca necesidad o espacio para mejorar la actual legislaci\u00f3n.<\/p>\n El problema es que muchos de los mecanismos establecidos en virtud de la legislaci\u00f3n de 1994 no se han implementado.<\/p>\n S\u00f3lo se han anunciado un pu\u00f1ado de est\u00e1ndares de emisiones incluido un nuevo l\u00edmite a las emisiones de material particulado respirable de centrales termoel\u00e9ctricas que est\u00e1n por entrar en operaciones este a\u00f1o. Asimismo, un propuesto esquema de negociaci\u00f3n de emisiones que fue pionero en su momento se ha pospuesto cuando tales mecanismos se han convertido en lugares comunes en el resto del mundo.<\/p>\n La ministra Uriarte reconoci\u00f3 los problemas para implementar la ley, pero refuta que ello ha sido una cuesti\u00f3n de recursos m\u00e1s que de voluntad.<\/p>\n Cerca del 70% del personal de la CONAMA est\u00e1 dedicado a manejar el sistema de evaluaci\u00f3n, lo que deja al 30% restante dividi\u00e9ndose su tiempo entre labores administrativas, regulaci\u00f3n y desarrollo de nuevas pol\u00edticas, se\u00f1al\u00f3 Uriarte. Separar el sistema de evaluaci\u00f3n del desarrollo de pol\u00edticas deber\u00eda permitir que los funcionarios del nuevo ministerio se concentren completamente en el desarrollo de las normas y est\u00e1ndares que Chile necesita para asegurar su desarrollo sustentable, asever\u00f3.<\/p>\n M\u00e1s a\u00fan, crear un ministerio asegurar\u00e1 que temas como el cambio clim\u00e1tico, la calidad del aire y la conservaci\u00f3n de la naturaleza se analicen al m\u00e1s alto nivel de Gobierno.<\/p>\n Con un ministro de Medio Ambiente en el gabinete, el debate entre el desarrollo econ\u00f3mico y el medio ambiente traer\u00e1 como resultado una elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas m\u00e1s equilibrada, argument\u00f3 Sara Larra\u00edn, directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable.<\/p>\n Larra\u00edn se\u00f1al\u00f3 a las demoras en la publicaci\u00f3n de l\u00edmites de emisiones para las centrales termoel\u00e9ctricas, lo que significa que la serie de nuevas centrales el\u00e9ctricas a carb\u00f3n que est\u00e1n en desarrollo tendr\u00e1n varios a\u00f1os para adherir a los est\u00e1ndares. Con un ministro de Medio Ambiente igual en rango al ministro de Energ\u00eda, esto no abr\u00eda ocurrido, asever\u00f3 Larra\u00edn.<\/p>\n Cumplimiento<\/strong><\/p>\n Crear nuevas pol\u00edticas es una cosa y hacer que se cumplan es otra, que es la raz\u00f3n por la que el debate reciente se ha concentrado en las facultades del nuevo regulador, la Superintendencia del Medio Ambiente.<\/p>\n Las responsabilidades regulatorias actualmente est\u00e1n dispersas entre una serie de servicios gubernamentales, entre los que se incluyen los servicios regionales de salud, en el caso de la contaminaci\u00f3n del aire, y el regulador de aguas, responsable de hacer un seguimiento de la calidad del agua en r\u00edos y lagos.<\/p>\n Dado que estas jurisdicciones a veces se traslapan, tales tareas a menudo se descuidan o se postergan debido a prioridades m\u00e1s apremiantes tales como hacer seguimientos a los brotes de gripe o asegurar los suministros de agua potable.<\/p>\n La falta de un adecuado cumplimiento tambi\u00e9n significa que las empresas que adhieren a las regulaciones ambientales enfrentan una competencia desigual de parte de rivales que violan las normas. <\/p>\n Sin embargo, estas labores ahora estar\u00e1n centralizadas en el nuevo regulador con facultades para revisar plantas, investigar supuestas violaciones a los normas de emisiones y aplicar multas donde sea necesario.<\/p>\n Seg\u00fan Hurtado, m\u00e1s visitas de inspectores no preocupan a los ejecutivos, pero la propuesta de que la nueva agencia tambi\u00e9n tendr\u00e1 poderes de fallo genera una significativa preocupaci\u00f3n, en especial cuando el castigo podr\u00eda incluir multas de hasta US$ 9 millones y, en casos reiterados, el cierre de las operaciones.<\/p>\n Dar a los inspectores la facultad de multar primero y hacer preguntas despu\u00e9s podr\u00eda dar como resultado el cierre de plantas a un costo considerable para las empresas debido a un razonamiento ambiental poco claro, argument\u00f3 Hurtado.<\/p>\n Transcurridos casi cinco a\u00f1os del caso de Valdivia, los tribunales a\u00fan no han hallado suficiente evidencia cient\u00edfica para presentar un caso en contra de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n \u201cSi alguien hubiera tenido estos s\u00faper poderes en ese entonces, podr\u00edan haber multado a la planta o haberla cerrado, aun cuando una investigaci\u00f3n cabal no ha demostrado ninguna vinculaci\u00f3n\u201d, sostuvo Hurtado.<\/p>\n Es cierto que los entes reguladores en otros sectores, como el bancario, ya cuentan con facultades para castigar a las empresas culpables, pero el regulador ambiental tendr\u00eda poderes m\u00e1s amplios que cubrir\u00edan todos los sectores de la econom\u00eda, coment\u00f3 Hurtado.<\/p>\n En un acuerdo de \u00faltimo minuto con senadores de la oposici\u00f3n, el Gobierno envi\u00f3 un proyecto de ley al Congreso en noviembre que crear\u00eda tribunales ambientales especiales a trav\u00e9s de los cuales las empresas podr\u00e1n impugnar las sentencias impuestas por el regulador.<\/p>\n Si bien no era parte de la propuesta original del Gobierno, la ministra Uriarte insisti\u00f3 en que los nuevos tribunales ser\u00e1n \u201cextraordinariamente beneficiosos para Chile\u201d, debido a que dar\u00e1n a las empresas un juicio justo. Jueces especializados en econom\u00eda y ciencias ser\u00e1n seleccionados para fallar en estos casos que de otra forma ser\u00edan manejados por jueces especializados en derecho penal o de familia.<\/p>\n Evaluaci\u00f3n de Proyectos<\/strong><\/p>\n La \u00faltima parte del triunvirato de instituciones creadas por la legislaci\u00f3n es un nuevo servicio independiente para manejar la evaluaci\u00f3n ambiental de nuevos proyectos, hasta ahora manejado por personas designadas por el Gobierno en el \u00e1rea en que el proyecto se emplaza.<\/p>\n Los estudios de impacto ambiental han sido obligatorios para proyectos importantes de inversi\u00f3n en Chile desde 1997 y Hurtado prev\u00e9 pocos cambios en el nuevo servicio de evaluaci\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, Jaime Dur\u00e1n, del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile, argumenta que la mayor autonom\u00eda detendr\u00e1 a proyectos convenientes en t\u00e9rminos pol\u00edticos que se aprobaban de manera forzada a pesar de sus dudosas credenciales ambientales.M\u00e1s a\u00fan, los proyectos tendr\u00e1n que presentarse en su totalidad, con lo que se termina la situaci\u00f3n actual en donde, por ejemplo, los estudios para importantes proyectos hidroel\u00e9ctricos se presentan sin considerar las l\u00edneas de transmisi\u00f3n necesarias para transportar la energ\u00eda a los consumidores.<\/p>\n Adem\u00e1s, la participaci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica en los estudios ambientales se ampliar\u00e1 a m\u00e1s proyectos y los desarrolladores tendr\u00e1n que explicar c\u00f3mo encaja su proyecto en el plan de desarrollo de suelos del Gobierno o de lo contrario no ser\u00e1n aprobados, sostuvo Uriarte.<\/p>\n Estas normas m\u00e1s estrictas deber\u00edan entregar una mayor certeza a los inversionistas y evitar as\u00ed las recientes situaciones en que proyectos con permisos ambientales vigentes han sido dejados en el limbo despu\u00e9s de que los tribunales o los legisladores han encontrado vac\u00edos en el proceso de aprobaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cEstas situaciones no se repetir\u00e1n\u201d, afirm\u00f3 Uriarte.<\/p>\n M\u00e1s vale p\u00e1jaro en mano\u2026<\/strong><\/p>\n El prolongado debate y la presi\u00f3n para asegurar la creaci\u00f3n de las nuevas instituciones durante el Gobierno de Bachelet, no dio tiempo para que todos los temas fueran cubiertos, pero \u201cm\u00e1s vale p\u00e1jaro en mano que ciento volando\u201d, coment\u00f3 Larra\u00edn.<\/p>\n Un tema particularmente complejo es el manejo de \u00e1reas protegidas por la Corporaci\u00f3n Nacional Forestal de Chile (CONAF), que tambi\u00e9n es un promotor de la industria forestal. El Gobierno tendr\u00e1 que dividir estas funciones que no pueden coexistir en una misma instituci\u00f3n, declar\u00f3 Uriarte.<\/p>\n El Gobierno tambi\u00e9n debe decidir qu\u00e9 \u00e1reas proteger y c\u00f3mo. El 17% del territorio de Chile ya est\u00e1 protegido en parques y reservas, porcentaje mucho m\u00e1s alto que en Estados Unidos o en la mayor\u00eda de los pa\u00edses de Europa, pero los expertos advierten que muchos ecosistemas est\u00e1n escasamente representados o no est\u00e1n protegidos en lo absoluto.<\/p>\n No obstante, el nuevo Gobierno de Chile tendr\u00e1 prioridades m\u00e1s apremiantes como convertir la nueva legislaci\u00f3n en instituciones operativas.<\/p>\n Si las nuevas instituciones se implementan en el esp\u00edritu de la ley, Chile podr\u00e1 desarrollar pol\u00edticas, aplicar regulaciones, castigar a quienes contaminen y evaluar nuevos proyectos de manera m\u00e1s eficiente y transparente.<\/p>\n Quedan muchos desaf\u00edos pendientes y preocuparse por el medio ambiente tiene beneficios m\u00e1s all\u00e1 de las consideraciones pol\u00edticas de corto plazo, sin embargo, la nueva legislaci\u00f3n representa un paso hacia un futuro m\u00e1s verde.<\/p>\n Tom Azzopardi<\/strong> se desempe\u00f1a como periodista freelance en Santiago<\/p>\n <\/p>\n Chile\u2019s government is poised to create an environment ministry and other institutions to resolve environmental issues more efficiently and give them greater weight in national debate. But will they resolve the problems they are designed to fix?<\/p>\n Fifteen years since Chile\u2019s framework environmental law came into force, the country is on the verge of a major reform that will change the way environmental regulations are developed and enforced. Last November, Congress approved legislation that will create the country\u2019s first environment ministry, a new national regulator and a new system for evaluating projects.<\/p>\n The country\u2019s existing environmental regulation dates from 1994 when Congress created the National Commission for the Environment (CONAMA), which coordinates environmental policy and standards amongst a number of ministries and other public services.<\/p>\n \u201cThis form of organizing the state in environmental issues has achieved important results since 1994,\u201d Environment Minister, Ana Lya Uriarte, told bUSiness CHILE.<\/p>\n The online environmental impact evaluation system, run by CONAMA, has ensured that the thousands of new mines, salmon farms, housing developments, lumber mills and other projects built in Chile over the last 12 years have complied with the country\u2019s environmental regulations.<\/p>\n But a series of controversial cases have highlighted weaknesses in the current system.<\/p>\n In 2005, authorities partially shut down a new pulp mill near the southern city of Valdivia after it allegedly exceeded pollution limits, a fact some linked to the disappearance of wildfowl from a nearby nature reserve.<\/p>\n Then, in early 2009, the Supreme Court halted construction of a new coal-fired generation project on central Chile\u2019s coast, ruling that its environmental license had been granted on land set aside for conservation.<\/p>\n Meanwhile, efforts to clean up the air in Chilean cities, most notably Santiago, have failed with pollution levels rising rather than falling in recent years.<\/p>\n Chileans are also becoming more concerned about environmental issues such as climate change, water shortages, and waste management, putting pressure on the government to act.<\/p>\n Green Legislation<\/strong><\/p>\n Chile\u2019s politicians have responded. In her 2005 presidential campaign, then-candidate Michelle Bachelet signed an agreement with leading environmentalists to create a ministry and an environmental regulator if elected.<\/p>\n \u201cGiven the environmental challenges facing Chile and the world\u2026 we need to give the environment a higher political status,\u201d said Uriarte, whom Bachelet named Environment Minister in 2007 with the specific aim of pushing through new legislation.<\/p>\n But some in the business community say environmental reform is unnecessary.<\/p>\n According to Javier Hurtado, who is director of research at the Chilean Construction Chamber (CChC) and represented the private sector in negotiations with the government, talk of weakness in the system has been exaggerated.<\/p>\n Only a tiny fraction of the thousands of projects submitted to CONAMA over the last 13 years have run into serious environment difficulties, he said.<\/p>\n \u201cIf ten projects out of 17,000 have had problems I would say that was a success,\u201d he suggests, adding that the private sector sees little need or room to improve on current legislation.<\/p>\n The problem is that many of the mechanisms established under the 1994 legislation have not been implemented.<\/p>\n Just a handful of emission standards have been announced including a new limit on emissions of breathable particulate matter from thermoelectric plants due out this year. In addition, a proposed emissions trading scheme that was pioneering in its time has been shelved when such mechanisms have become commonplace in the rest of the world.<\/p>\n Minister Uriarte admits to problems implementing the law, but counters it has been a question of resources rather than will.<\/p>\n Around 70 percent of CONAMA\u2019s staff is dedicated to managing the evaluation system, leaving the remaining 30% to divide their time between administrative duties, regulation, and developing new policies, Uriarte said.<\/p>\n Separating the evaluation system from policy development should allow officials at the new ministry to concentrate fully on developing the norms and standards Chile needs to ensure its sustainable development, she said.<\/p>\n Moreover, creating a ministry will ensure issues like climate change, air quality and nature conservation are discussed at the highest level of government.<\/p>\n With an environment minister in the cabinet, the debate between economic development and the environment will result in more balanced policymaking, argues Sara Larra\u00edn, executive director of the NGO Chile Sustentable.<\/p>\n She points to the delays in publishing emissions limits for thermoelectric plants, which mean that the wave of new coal-fired power stations in development will have several years to adhere to the standards. With an environment minister equal in rank to the energy minister, this would not have happened, said Larra\u00edn.<\/p>\n Enforcement<\/strong><\/p>\n Creating new policies is one thing and enforcing them is another, which is why recent debate has focused on the powers of the new regulator, the Superintendencia del Medio Ambiente.<\/p>\n Regulatory responsibilities are currently dispersed between a range of government services including regional health services, in the case of air pollution, and the water utility regulator, responsible for monitoring water quality in rivers and lakes.<\/p>\n Given these sometimes overlapping jurisdictions, such tasks are often neglected or shelved due to more pressing priorities such as monitoring flu outbreaks or ensuring drinking water supplies.<\/p>\n The lack of adequate enforcement also means companies that adhere to environmental regulations face unfair competition from rivals that break the rules.<\/p>\n However, these tasks will now be centralized in the new regulator with powers to search plants, investigate alleged violations of emissions norms, and impose fines where necessary.<\/p>\n According to Hurtado, more visits from inspectors do not worry executives, but the proposal that the new agency will also have sentencing powers is cause for significant concern, especially when punishment could include fines up to US$9 million and, in repeat cases, business closure.<\/p>\n Giving inspectors the power to fine first and ask questions later could see plants being shut down at considerable cost to companies on unclear environmental reasoning, argues Hurtado.<\/p>\n Almost five years on from the Valdivia case, courts have still not found sufficient scientific evidence to mount a case against the company.<\/p>\n \u201cIf someone had these superpowers at the time, they could have fined or closed the plant, even though a full investigation has not proven any link,\u201d Hurtado said.<\/p>\n It\u2019s true that regulatory entities in other sectors, such as banking, already have powers to punish guilty companies, but the environmental regulator would have broader powers covering all sectors of the economy, said Hurtado.<\/p>\n In a last minute compromise with opposition senators, the government sent a bill to Congress in November that would create special environmental courts through which companies will be able to challenge sentences imposed by the regulator.<\/p>\n Although not part of the government\u2019s original proposal, Minister Uriarte insists the new courts will be \u201cextraordinarily beneficial for Chile,\u201d since they will give companies a fair trial. Judges specialized in economics and science will be picked to rule in these cases which would otherwise be handled by judges trained in criminal or family law.<\/p>\n Project Evaluation<\/strong><\/p>\n The final leg of the triumvirate of institutions created by the legislation is a new independent service to manage the environmental evaluation of new projects, until now handled by government appointees in the area where the project is located.<\/p>\n Environmental impact studies have been obligatory for major investment projects in Chile since 1997, and Hurtado sees little change in the new evaluation service.<\/p>\n But Jaime Duran, of the University of Chile\u2019s Environment Center (CENMA), argues that increased autonomy will stop politically-convenient projects being forced through despite dubious environmental credentials.<\/p>\n Moreover, projects will have to be presented in their entirety, ending the current situation where, for example, studies for major hydroelectric projects are submitted without considering the transmission lines necessary to transport the energy to consumers.<\/p>\n In addition, public participation in environmental studies will be extended to more projects and developers will have to explain how their project fits in with the government\u2019s land development plan or else they will not be approved, said Uriarte.<\/p>\n These stricter rules should provide greater certainty to investors, avoiding the recent situations in which projects with environmental permits in place have been left in limbo after the courts or legislators have picked holes in the approval process.<\/p>\n \u201cThese situations will not be repeated,\u201d Uriarte said.<\/p>\n A Bird in the Hand<\/strong><\/p>\n Prolonged debate and pressure to ensure the creation of the new institutions during the Bachelet government, did not allow time for all issues to be covered, but \u201cbetter a bird in the hand than two in the bush,\u201d said Larra\u00edn.<\/p>\n A particularly thorny issue is the management of protected areas by national forestry corporation (CONAF), which is also a promoter of the forestry industry. The government will have to split these functions which cannot co-exist in a single institution, Uriarte said.<\/p>\n The government must also decide which areas to protect and how. Seventeen percent of Chile\u2019s territory is already protected in parks and reserves, a far greater percentage than in the U.S. or most European nations, but experts warn many ecosystems are underrepresented or not protected at all.<\/p>\n Nevertheless, Chile\u2019s new government will have more pressing priorities like turning the new legislation into functioning institutions.<\/p>\n If the new institutions are implemented in the spirit of the law, Chile will be able to develop policies, enforce regulations, punish polluters and evaluate new projects more efficiently and transparently.<\/p>\n Many challenges remain and caring for the environment has benefits beyond short-term political considerations, but the new legislation is a step towards a greener future.<\/p>\n Tom Azzopardi<\/strong> is a freelance journalist based in Santiago<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" <\/p>\n El Gobierno de Chile se dispone a crear un Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones para resolver los temas ambientales de manera m\u00e1s eficiente y darles mayor peso en el debate nacional. 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De acuerdo con Javier Hurtado, quien es gerente de estudios de la C\u00e1mara Chilena de la Construcci\u00f3n (CChC) y represent\u00f3 al sector privado en las negociaciones con el Gobierno, los comentarios sobre la debilidad del sistema han sido exagerados.<\/p>\n![\"Sara](\"http:\/\/amchamchile.cl\/sites\/default\/files\/sara_larrain.jpg\")
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